Enfocamos en este artículo la realidad socioeconómica y política de Buenaventura, un territorio estratégico para Colombia, pero marcado por profundas desigualdades socioeconómicas y la exclusión. Un territorio que se desenvuelve en la paradoja de proveer grandes ingresos al país y vivir las mayorías de su población en la pobreza y la miseria. Las promesas incumplidas del poder central, la violencia estructural y la crisis ambiental que afecta a la región, así como las resistencias levantadas por su población para enfrentar esta realidad, también hacen parte del escrito.
Buenaventura, un territorio clave en la geografía de Colombia, está marcado por profundas contradicciones. A pesar de su importancia estratégica para la economía nacional, generando más de 7 billones de pesos anuales para el fisco nacional, la realidad de su población, gran parte de ella con escasos ingresos, es dramática. A pesar de manejarse acá cerca del 60 por ciento del comercio exterior del país, más del 50 por ciento de quienes lo habitan viven en condiciones de pobreza, y casi un 40 por ciento en pobreza extrema. La desigualdad es evidente: a pesar de su papel fundamental en la economía global, los servicios básicos como agua potable, salud, educación y acceso a recreación aún son quimeras con que se acuestan y levantan sus gentes.
No es de extrañar, por tanto, que en este contexto de inequidad, la violencia sea pan de cada día, registrando índices de homicidios entre los más altos del país, con tasas que en algunos años superan los 100 homicidios por cada 100.000 habitantes. Por ejemplo, en 2023 se registraron 136 muertes, mientras que en 2024 fueron 76, y en enero de 2025 se contabilizaron 111; violencia no solo afecta a la población en general, sino que se intensifica según género: más del 60 por ciento de las mujeres han sufrido violencia física, psicológica o sexual, y las líderes sociales y comunitarias enfrentan amenazas, persecuciones y asesinatos.
Particularmente, las mujeres negras padecen violencia estructural, combinada con discriminación por su identidad étnica, género y clase social. Las amenazas contra las líderes sociales, especialmente las mujeres afrodescendientes, son sistemáticas, sintiéndose en muchas ocasiones desprotegidas por las instituciones oficiales. A pesar de la existencia de la Unidad Nacional de Protección (UNP), las mujeres negras y campesinas reciben menos recursos y atención en comparación con los hombres, quienes en su mayoría pertenecen a sectores con mayores privilegios.
La violencia estructural se ve acompañada, además, por un grave deterioro ambiental. La ciudad y región que alberga una de las zonas más biodiversas del planeta, enfrenta una creciente destrucción de su naturaleza debido a los proyectos extractivos. La minería ilegal mecanizada y la explotación desmedida de sus recursos naturales han acelerado la deforestación y la contaminación de fuentes hídricas con mercurio, afectando gravemente las nueve cuencas hidrográficas del territorio (Naya, Yurumanqui, Cajambre, Mallorquín, Raposo, Anchicayá, Dagua, Calima y San Juan), y 250 microcuencas. Los primeros siete ríos nacen en el pie de monte de la Cordillera Occidental, a la altura del Parque Nacional Natural Farallones, la octava emerge en el municipio de Calima Darién y la novena cuenca nace en San Juan, en el límite de los departamentos del Valle y Chocó.
A pesar de semejante abundancia del vital líquido, la mayoría de viviendas no cuentan con acceso a este servicio básico. Persiste tanto esta paradójica realidad que nos permite pensar que es un mecanismo más para derrotar a su población, “invitándola” a que abandone su territorio. Simple violencia encubierta.
A pesar de las adversidades, quienes aquí residen resisten. A lo largo de los años, diversas organizaciones sociales y comunitarias han luchado por el reconocimiento y la exigibilidad de sus derechos. El Paro Cívico de Buenaventura y la Fundación Socioambiental Aribi son solo algunos ejemplos de las luchas emprendidas por dignidad, paz y protección del territorio, como de organizaciones que hacen parte de esas dinámicas.
Realidad socioeconómica y contradicción estructural
En este plano, la situación de quienes viven en la principal ciudad portuaria de Colombia sobre el Pacífico, refleja una profunda contradicción estructural. A pesar de todo su aporte a la economía nacional, importantes segmentos de su población enfrentan condiciones de vida extremas, caracterizadas por pobreza, exclusión social y falta de acceso a servicios básicos. La situación es aún más compleja debido a la violencia, la precariedad laboral y la falta de inversión en el desarrollo urbano y social. Es una realidad estructural.
En esta ciudad la pobreza no solo se mide por los ingresos de la población, sino también por el acceso a servicios esenciales como agua potable, electricidad, alcantarillado, educación de calidad, salud y vivienda digna. Barrios como San José, La Playita, Punta del Este y Pampa Linda, son ejemplos claros de tamaña realidad, con viviendas construidas con materiales precarios. Esta precariedad en la infraestructura crea un círculo vicioso de exclusión, donde la pobreza y la falta de oportunidades se perpetúan.
Además, la alta tasa de desplazamiento forzado en la región, producto de la violencia de actores armados legales e ilegales, agrava aún más esta situación. Miles se ven obligadas a abandonar sus hogares y a vivir en condiciones aún más difíciles. A pesar de que las víctimas del conflicto armado reciben algún tipo de reconocimiento, el 90 por ciento de su población se considera objeto de alguna forma de violencia, lo que evidencia la profundidad del conflicto y el sufrimiento generalizado que se padece en el territorio.
Por si fuera poco, los precios de los productos básicos se ven incrementados debido a la extorsión de grupos armados, lo que agrava aún más la crisis económica de los habitantes.
Inequidad en la distribución de la riqueza: La contradicción más evidente que acá reina es la inequidad en la distribución de la riqueza generada por la actividad portuaria. Los puertos de Buenaventura, como tcbuen, la Sociedad Portuaria, y el Puerto Industrial Aguadulce, generan miles de millones de pesos al país, pero las comunidades locales no se benefician de manera proporcional de ello. Las grandes empresas que operan ahí no invierten en la ciudad ni en la mejora de su infraestructura, lo cual ha dejado a las comunidades más vulnerables luchando por sobrevivir sin acceso a los recursos necesarios para mejorar su calidad de vida.
En este marco vivencial, uno de los problemas más apremiante para sus pobladores es la precariedad laboral y la discriminación social. Aunque los puertos son vitales para la economía nacional, la mayoría de los trabajos en la región son informales, mal remunerados y carecen de garantías laborales. Los trabajadores portuarios, en su mayoría, enfrentan jornadas laborales extenuantes, que pueden durar entre 12 y 14 horas diarias.
El caso de los trabajadores subcontratados, como los estibadores, es particularmente grave. Ellos operan bajo la figura de cooperativas y tercerización, colocados en una situación de total vulnerabilidad. A menudo deben esperar largas horas para que les asignen una tarea y, aunque su jornada laboral es extensa, su salario es muy bajo y no refleja el tiempo total de trabajo. Muchos de ellos ni siquiera tienen garantizados los derechos básicos laborales, como seguridad social y prestaciones. Sobre el particular, Petronilo Garcés, uno de los tantoscoteros de oficio que trabajan en el Puerto, ante nuestra pregunta de cómo es si jornada diaria, comenta: “Cada día me levanto a las 4 am,y al mismo tiempo mi esposa, quien prepara el desayuno y el almuerzo para mi jornada. Salgo a pie hacia el Puerto y allí me toca esperar hasta las 8:00 am para iniciar labores, en ocasiones sin certeza de cuándo comenzará. Dependo de una cooperativa –de esas que tercerizan oficios– quien me dice lo que toca hacer cada día en el muelle.
¿Qué si tengo estabilidad en el trabajo? No, ni yo ni ninguno de mis compañeros. Además, tenemos que pagar la seguridad social y la ARL, algo que nos quita gran parte de lo que recibimos como salario”.
Como puede deducirse, Petronilo y su esposa enfrentan no solo la precariedad laboral, sino también la incertidumbre de no saber si la siguiente jornada les garantizará remuneración suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Mientras tanto, las cooperativas siguen operando sin asumir la responsabilidad social de ofrecer condiciones de trabajo más dignas. Petronilo se enfrenta a jornadas extenuantes de trabajo sin salario fijo, vulnerable ante la discrecionalidad de los empleadores. (Ver recuadro, Explotados, más que explotados)
La discriminación también es un tema clave. Las mujeres afrodescendientes y rurales tienen acceso limitado a trabajos formales y bien remunerados, a pesar del crucial papel que juegan en la economía local. Además, las comunidades étnicas, como las del Bajo Calima, enfrentan la negativa de las grandes empresas a contratarlas para puestos de alto rango, escudados en que no tienen la formación adecuada para asumir cargos operativos o administrativos, lo que perpetúa la exclusión laboral de estas comunidades.
Violencia y conflicto social: la violencia en Buenaventura y región circundante no solo es un conflicto armado o criminal, sino una táctica sistemática de desterritorialización, cuyo objetivo es despojar a su población de sus derechos y recursos.
Es lo que está sucediendo en los territorios ancestrales, por ejemplo el consejo comunitario de Yurumanqui, uno de los más fuertes en organización social y lucha por la dignidad de su gente y su territorio, y que en la actualidad está siendo literalmente vaciado: para el año 2020, la cuenca en que está situado contaba con 10 comunidades y 5.401 personas y en la actualidad solo permanecen 2.182, las demás han sido desplazadas hacia diferentes lugares, Buenaventura, Cali, y otras ciudades, grandes o pequeñas. Resumimos esta realidad en el cuadro siguiente:
La paz negativa y el conflicto armado: Durante décadas, esta ciudad ha experimentado lo que se conoce como “paz negativa”: la ausencia de conflicto abierto, pero con ausencia grave de justicia y derechos garantizados. Esta forma de “paz” ha permitido que actores violentos, como los grupos armados ilegales, controlen el territorio sin que el Estado intervenga de manera efectiva para proteger a la población. (Ver recuadro: Bandas urbanas).
Esta ausencia de intervención estatal, sumada a la corrupción y la violación de derechos humanos, perpetúa la violencia estructural, que ahora reemplazada por un conflicto armado directo. La disputa entre grupos armados legales e ilegales deja también el miedo como secuela, al igual que la ruptura del tenido social: cientos de familias se cuentan entre las desterradas y desarraigadas, fenómeno que se presenta como desplazamiento interno (inter barrial e inter veredal); pero también acontece desde la ciudad hacia la parte rural e, incluso, hacia otras ciudades y otros países.
El rol del Estado y la opresión. El Estado colombiano, en lugar de actuar para proteger a la población de Buenaventura, ha contribuido a su opresión. Los bonaverenses viven bajo un régimen de negligencia y corrupción. El Estado no solo los ha dejado que sufran la violencia directa, sino que también les ha negado las condiciones mínimas de vida. Esta violencia estructural, sumada a la violencia armada, representa un tipo de totalitarismo en el que el Estado no solo despoja, sino que también oprime, asesina y niega el derecho a vivir dignamente.
La resistencia ante la opresión: A pesar de las múltiples formas de violencia que enfrentan, los bonaverenses no se han rendido. Su lucha por la supervivencia y por sus derechos ha sido un testimonio de resistencia. A lo largo de años, la comunidad ha organizado expresiones sociales de identidad, como el Paro Cívico realizado en mayo de 2017, impulsado por más de 240 organizaciones, entre ellas la fundación socioambiental Aribi, en el que exigieron la mejora de sus condiciones de vida y el reconocimiento de sus derechos básicos. (Ver Recuadro, Un paro por la vida).
Dignidad con aroma a Pacífico: para las comunidades que aquí habitan, la dignidad no es solo un concepto abstracto; es una lucha diaria por el reconocimiento y respeto a su humanidad y a su identidad étnica. Se basa en la reivindicación de derechos fundamentales, y la libertad para vivir conforme a sus tradiciones. La dignidad les significa poder ser quienes son, sin que su forma de alimentarse, vestir o comunicarse sea objeto de estigmatización o discriminación. La autonomía cultural, la capacidad de decidir sobre sus vidas y sus comunidades, y la participación activa en la toma de decisiones políticas son esenciales para que este pueblo pueda vivir con libertad y respeto.
La dignidad también se vincula con la lucha contra la marginalización y la opresión estructural que ha marcado su historia de vida. El pueblo afrocolombiano ha sido históricamente excluido de los grandes procesos de desarrollo, y la dignidad implica no solo una reivindicación social, sino también un grito de justicia frente a esa exclusión. Vivir sin ser abusados, sin ser humillados, es un derecho que las comunidades exigen y que no están dispuestas a sacrificar. Este concepto es mucho más que un derecho individual, sin duda es colectivo e involucra a toda la comunidad.
Crisis ambiental y extractivismo: La región sobre la que está situada esta ciudad es abundante en biodiversidad como en recursos naturales, y desde hace años enfrenta una grave crisis ambiental impulsada por la minería ilegal mecanizada que amenaza su sostenibilidad. En la zona rural, las comunidades negras e indígenas, organizadas en consejos comunitarios y cabildos luchan por defender su territorio, mientras que en la zona urbana predominan las comunidades negras, con negociantes blancos-mestizos dominando el comercio.
La minería ilegal mecanizada es la principal causa de la destrucción de este territorio. Con el uso de maquinaria pesada –como dragas, elevadores y retroexcavadoras–, estan devastando ecosistemas vitales, contaminando ríos y cuencas hidrográficas con mercurio, y afectando la salud de las comunidades, entre ellas negras e indígenas que dependen de estos recursos naturales para su supervivencia y calidad de vida.
La minería conlleva, además, otros impactos sociales, esta vez de la mano de grupos armados que ejercen la violencia física, sumienda a la población en la zozobra, el miedo, la drogadicción, la prostitución, la deserción escolar, y mucho más. Todo esto conforma una realidad que demanda la implementación de un modelo de desarrollo sostenible y el respeto de los derechos de las comunidades. La minería ilegal mecanizada debe ser erradicada y sustituida por alternativas económicas que respeten la biodiversidad y el territorio. Las comunidades afrodescendientes e indígenas deben ser reconocidas como las guardianas del territorio, y sus voces deben ser escuchadas en la toma de decisiones.
La resistencia social por la vida
Las organizaciones comunitarias: un frente unido en la lucha. En Buenaventura 244 organizaciones comunitarias registradas en la ciudad, con un liderazgo local reconocido en áreas como medio ambiente, educación, derechos humanos, servicios públicos, entre algunas de las áreas de su actividad, han sido fundamentales en la defensa del territorio y los derechos de las comunidades negras e indígenas. Estas organizaciones han estado en la primera línea de denuncia de las injusticias que afectan a la población, especialmente en lo que respecta a la falta de acceso a servicios esenciales y el despojo de tierras por parte de empresarios y actores ilegales de todo tipo. Además, han jugado un papel crucial en la articulación de las demandas de las comunidades ante el Estado, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos firmados y luchando por el reconocimiento de los derechos de las comunidades afrodescendientes e indígenas, y demás pobladores de la ciudad puerto. Sus iniciativas han sido esenciales para que los reclamos de los bonaverenses se escuchen y se reconozca la magnitud de las injusticias que enfrentan.
El papel de las mujeres en la resistencia: Un aspecto fundamental de la resistencia local ha sido el papel de las mujeres afrodescendientes e indígenas, urbanas y rurales. A pesar de las múltiples formas de violencia que afrontan, ellas han estado en la vanguardia de la lucha, defendiendo sus derechos y los de sus comunidades. En los barrios periféricos y en las zonas rurales han sido organizadoras, líderes comunitarias y defensoras del territorio, enfrentando no solo la violencia estructural sino también la violencia de género y los desafíos impuestos por el sistema patriarcal.
Su participación activa en los movimientos sociales ha sido crucial para visibilizar las problemáticas que enfrenta la población de Buenaventura, especialmente en lo referido al acceso a derechos fundamentales, la protección del territorio, la cultura y la vida. Las mujeres han demostrado que la resistencia no solo es una cuestión de supervivencia, sino también de lucha por la igualdad, la justicia y la dignidad.
La realidad que vive el pueblo bonaverense, histórica y no solo coyuntural, demanda más que promesas del alto gobierno y de los poderes económicos locales –con sus raíces internacionales–, medidas que propicien cambios estructurales. Mientras ello no sea así, el empobrecimiento y la miseria que afecta a miles de familias, así como la violencia que desangra a la ciudad-puerto, continuarán siendo noticia diaria. Hay que pasar la página, y una primera medida para ello es cumplir con todos los acuerdos firmados en el paro. Por algo se empieza.
1 Online, marzo 8 de 2025.
* Lideresa:social y comunitaria, Defensora de Derechos Humanos y de la Naturaleza.
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