Tanto el masivo paro cafetero que se desarrolló entre el 25 de febrero y el 8 de marzo de éste año, como la sorpresiva aparición de pancartas contra Monsanto en muchas fincas campesinas el 25 de mayo, como muestra de identificación con el día mundial en contra de esa multinacional, eran síntomas claros de que el paro campesino, citado para el 19 de agosto, tenía fuertes motivaciones estructurales. A nadie debería haber sorprendido, entonces, la dinámica que alcanzó, sin embargo, lo inesperado vino del lado de la solidaridad que el movimiento despertó en las ciudades, y de forma particular en algunas capas de jóvenes de los grupos medios, en los que se pudo percibir un cierto tufillo de paternalismo.
La muestras de extrañeza por la reacción del campesinado, lo que prueban es el sesgo con el que nuestro imaginario vela la realidad histórica, pues desde la huelga en las bananeras de la United Fruit Company en 1928, que se saldó con una masacre de la que no se pudieron contar sus muertos, pasando por la fundación de las guerrillas clasistas en los años sesentas, los campesinos han mostrado siempre una capacidad de respuesta y resistencia, que se comparta o no en cuanto a las formas, ha sido prueba fehaciente de su entereza en las luchas.
“La clase incómoda”
En 1972 el sociólogo lituano Teodor Shanin publica su libro “la clase Incómoda”, en el que revive la discusión que se dio en la Rusia revolucionaria, luego de 1917, y en la que se destacaron nombres como los de Alexander Chayánov y el mismo Lenin, sobre la pertinencia de la continuidad de la economía campesina o de su disolución para dar paso a la emergencia de un proletariado agrícola o a la organización de cooperativas agrarias. La traducción al inglés, en 1966, del libro de Chayánov “La organización de la unidad económica campesina”, inició un verdadero boom de estudios del campesinado, que en América Latina tendría en la revista Estudios Rurales Latinoamericanos, a uno de sus más importantes difusores. El interés provino no sólo de la realidad de la existencia de un campesinado numeroso y funcional, sino de que el debate político en la izquierda latinoamericana, acerca del papel de los campesinos, tuvo un antecedente temprano en la década de los veinte, cuando el pensador peruano José Carlos Mariátegui luchó contra la ortodoxia y sostuvo contra ésta que la destrucción del latifundio y la provisión de tierra a indígenas y campesinos era una tarea obligatoria de los socialistas.
La incomodidad que el campesino procura a los ortodoxos proviene de su condición particular de dueños de tierra (no importa que sea en pequeña escala), instrumentos de trabajo y una supuesta tendencia al individualismo y al conservadurismo, que los hace clasificables, para ellos, como “pequeña burguesía”. Su permanencia, contra todo pronóstico histórico, ha desafiado y molestado a la derecha y a la parte más ortodoxa de la “izquierda desarrollista” que los considera una rémora del pasado y los asocia a la imagen del “atraso”. La definición de campesino también agotó mares de tinta y dio lugar a debates extensos que jamás terminaron por zanjarse, salvo en algunas generalidades que hoy parecen suficientes para no tener que reiniciar la polémica, como que lo importante no es su condición o no de dueños de la tierra, sino que se trate de un trabajador directo que incluso si contrata mano de obra ocasionalmente no lo hace como sustituto de la propia sino como su complemento.
Desde finales de los ochenta del siglo pasado, el interés de académicos y políticos sobre el campesinado decae, quizá porque los sucesivos fracasos de los intentos de reforma agraria y el abrazo del ultraliberalismo terminaron por agotar la creencia que modernización y desarrollo debían pasar por un sector rural funcional al capital local en cuanto productor de materias primas y alimentos baratos. La idea de que las reformas agrarias son empobrecedoras porque al fraccionar la tierra se le resta posibilidades a las economías de escala, terminó siendo aceptada por tirios y troyanos, y la imposición de los monocultivos para la exportación se convirtió en la nueva religión. Sin embargo, la contumaz realidad hoy nos dice no sólo que la eficiencia de los monocultivos de gran escala no parece tan real cuando se analizan el mediano y largo plazo sino que los pequeños productores no han desaparecido y que sobre sus espaldas recae buena parte de la seguridad alimentaria, presente y futura, del planeta.
Lo pequeño, más que hermoso es necesario
El Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (ETC), muestra como la agricultura a pequeña escala produce al menos el 70% de los alimentos de la población mundial. En América Latina, 17 millones de unidades campesinas producen el 51% del maíz, 77% del frijol y 61% de la papa que consume la región. De igual forma, se estima que el 80% de la tierra que se usa en la agricultura es cultivado en pequeñas unidades, lo que es una muestra clara de la persistencia del campesinado en la estructura rural.
Pero, quizá lo más importante, y que se escapó a todas las discusiones sobre la economía campesina tanto en la década del veinte como en las de los setenta y ochenta del siglo pasado, fue el papel de guardián de la diversidad biológica que desempeña este tipo de economía, y que como en el presente se ha demostrado, representa un seguro hacía adelante, pues la tendencia uniformadora y simplificante del capitalismo presiona por cultivar un número muy limitado de especies. De 5.000 especies de plantas que según ETC han domesticado los agricultores tradicionales, tan sólo 150 se producen comercialmente en el mundo, y de éstas sólo 12 (maíz, arroz, trigo, soya, papa, patata dulce, plátano, sorgo, yuca, mijo, girasol y canola) concentran la casi totalidad del volumen producido. De las 40 especies de ganado domesticado por la economía tradicional que dispone de 7616 variedades, sólo 5 especies se producen de forma comercial, de las que sólo 5 variedades son predominantes.
Dicho lo anterior, no es difícil imaginar lo que sucedería si la agricultura comercial termina eliminado el campesinado. Hace 20 años, India poseía 30.000 variedades de arroz, hoy sobrevive tan sólo una docena, pues las de alta productividad sustituyeron las demás. En USA se estimaba la existencia de 7. 000 variedades de manzana en el siglo pasado, hoy algunos calculan que están disponibles 2.500 de las que tan sólo 100 se cultivan comercialmente. Quizá previendo lo peor, las entidades multilaterales crean en 2004 el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos (GCDT por sus siglas en inglés) y en 2008 se inaugura el Depósito Mundial de Semillas de Svalbard (SGSV), con 100 millones de muestras y una capacidad de 2.000 millones en total. Los cálculos hechos desde principios de los noventa consideran que la pérdida de diversidad genética en los principales cultivos del mundo alcanza una tasa de alrededor del 2% anual.
La erosión genética, que es el nombre que se da a la pérdida de biodiversidad, pese al grado de conocimiento que se tiene sobre la problemática y a los esfuerzos que se han hecho no parece reversarse, pues según la FAO la agregación de datos a nivel mundial, pareciera señalar que la capacidad de fitomejoramiento no cambió de manera significativa durante los últimos 15 años.
De la revolución verde al modelo Monsanto
Si bien el intento de someter la agricultura a los principios que rigen la industrialización se inició desde la segunda década del siglo XX, es en los años cuarenta cuando se da el salto definitivo hacía el modelo industrializador, con la llamada “revolución verde”. Esta consistió, en lo esencial, en alcanzar altos niveles de productividad física a través de la mecanización de procesos como la siembra y la cosecha, el uso de agroquímicos, el “mejoramiento” de las semillas (selección de las de mayor rendimiento físico) y el uso intensivo del agua. Los padrinos de la idea fueron el vicepresidente de Estados Unidos, Henry Wallace, y el presidente de la Fundación Rockefeller, Raymond Fosdick en 1941, siendo el cerebro ejecutivo, el ingeniero agrónomo Norman Borlaug.
Dio la casualidad que el mencionado vicepresidente era dueño de Pioneer Hi-Bred, firma dedicada a la explotación e investigación agrícola que tenía como principal producto el maíz híbrido. Por eso, no parece simple coincidencia que fruto del acuerdo Wallace-Rockefeller, el primer paso que se da en la extensión de la visión de USA sobre la agricultura, sea la fundación del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), que en la actualidad ha sumado como nuevos patrocinadores a la Fundación Bill y Melinda Gates, Carlos Slim y el Banco Mundial.
En sus inicios, los aumentos en productividad física fueron innegables, lo que facilitó la penetración del modelo en los países de la periferia. Sin embargo, con el tiempo las “plagas”, es decir insectos o plantas que compiten con el cultivo, se volvieron resistentes a los químicos, obligando a un uso cada vez más intenso de estas sustancias, que no sólo ha hecho más costosos los productos sino que contamina los ecosistemas y amenaza la salud de los consumidores. La Organización Mundial de la Salud calcula que en 2012 un número aproximado de 5 millones de personas al año sufrieron elevados niveles de intoxicación debido a diferentes agrotóxicos, con un saldo de 900.000 fallecidos.
En países como Colombia, que es uno de los que más venenos utiliza por unidad de área (15,3 kgs/Ha.), pese al crecimiento histórico de los rendimientos físicos, los costos por unidad de producto siguen muy por encima del promedio mundial, facilitando la competencia de las importaciones legales o del contrabando. Además de la erosión genética, la erosión física de los suelos, los altos costos por el uso creciente de químicos, la dependencia del precio de los alimentos del volátil precio del petróleo y el uso intensivo del agua, terminaron desnudando la inconveniencia de asimilar la reproducción controlada de lo vivo a la racionalidad de la fábrica.
El desarrollo de la genética orienta, entonces, la atención hacia la trasformación de las especies, con la introducción de genes exóticos. Los organismos genéticamente modificados (OMG), conocidos también como transgénicos, se quieren vender como el nuevo milagro en la producción de alimentos. Sin embargo, los genes patentados hasta ahora se limitan a conferir resistencia a “plagas” de insectos o a herbicidas de las mismas empresas productoras. La promesa de cultivos con condiciones realmente ventajosas, como una mayor riqueza en nutrientes, tal el caso del llamado arroz dorado, que ha estado en desarrollo desde 1992, aún no se produce para consumo humano. Además, las pruebas sobre efectos secundarios en la salud de las personas generan fuertes dudas sobre su inocuidad.
Nuestros campesinos
El campesinado colombiano ha sido históricamente objeto tanto de la violencia oficial como la provocada por los empresarios privados apoyados por el Estado. En la última etapa de la guerra, como es de sobra conocido, se desplazaron por lo menos 4 millones de campesinos, la mayoría a manos del latifundismo armado, que ha extendido sus propiedades apoyado en el terror. Pese a eso, la pequeña propiedad no sólo sigue siendo dominante en cuanto a número, sino que éste es creciente. En 1956, las explotaciones menores de 10 hectáreas representaban el 62, 6% del total de unidades productivas, mientras que en 1970 aumentaban a 73,1% y a partir del 2000 ese porcentaje gira alrededor del 82%.
En 1938 la población rural representaba el 70% del total; en 1950 descendió al 62% y en 1970 ya era minoritaria (43%) sumando cerca de 11 millones y medio de personas. Esa cifra ha permanecido más o menos constante en valores absolutos, aunque en términos porcentuales representa en la actualidad el 23,7%. Sin embargo, y pese a las presiones de la violencia ejercida sobre los pobladores rurales, en la última década el campesinado parece haberse consolidado numéricamente. Si observamos el cuadro, podemos ver que pese a un ligero descenso del número total de trabajadores rurales entre 2002 y 2010, los que se emplean en la agricultura aumentan, así como aquellos que trabajan por cuenta propia. Este último dato es un indicador que apoya la idea de una recomposición de la economía campesina. De hecho, desde la década de los noventa, la participación de las unidades campesinas en el cultivo del café, que sigue siendo el más importante del país, pasó del 45 al 80% en el presente, cubriendo la huida de las unidades empresariales luego de la destorcida de los precios y la demanda que siguieron a la ruptura de los acuerdos reguladores del mercado del grano en el plano internacional.
A la reciente huelga campesina se sumó la indignación que despertó el video 970 en el que se mostraba la destrucción de semillas por orden del ICA, y gracias al que se pudo conocer, por parte del gran público, la ley 970 de 2010, que tiene por objeto “regular” el comercio de las semillas en Colombia. Dicha ley, de hecho, priva a los campesinos del derecho a intercambiar y autoabastecerse de ese insumo básico en la agricultura para dar paso a la exclusividad de las “semillas certificadas”, es decir, a las producidas comercialmente. El congelamiento de la ley, luego del escándalo desatado, no es garantía de su desmonte, por lo que la amenaza sobre la autonomía campesina se mantiene. La aprobación en el Congreso de la República de la ley 1518 de abril 23 de 2012, mediante la cual se aceptaban las imposiciones del Convenio Internacional para la protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 1991), que significa, ni más ni menos, que el reconocimiento de las patentes sobre especies vivas (derechos de los obtentores) y que fue declarada inexequible en diciembre de ese año por la Corte Constitucional, es una muestra del peligro que representa para nuestra biodiversidad la arraigada lambonería de las clases dirigentes y su predisposición a aceptar cualquier exigencia del capital internacional.
Se podría esbozar una sonrisa ante la reacción de los comentaristas oficiosos, sino fuera indignante que frente a los reclamos de los campesinos, se atreven a afirmar que en la crisis nada tienen que ver los TLCs, pues estos, según el nuevo razonamiento, son neutros en términos de efectos sobre la producción nacional. La academia, por su parte, autista y presa absoluta del Pensamiento Único, babea e ignora las nuevas problemáticas. La reacción de Santos, minimizando a los campesinos y nombrando como su interlocutor directo a un palmicultor, amigo de las alianzas productivas, en las que el campesino se entrega a una relación monopsónica, en la que su único posible comprador le impone el precio, hace pensar que se priorizará la represión sobre el diálogo y que como en la época del Plan Lazo, cuando se creyó que se daría fin a los reclamos campesinos a balazos, el Estado lo que hizo fue introducirnos en la vorágine de una guerra que el año entrante cumplirá medio siglo de haberse desatado, y por la que las clases dirigentes nunca han querido responder.
Se equivocaría también la izquierda si de forma miope busca capitalizar de manera grupista y partidaria el despertar campesino. El futuro de nuestra biodiversidad, única riqueza real con la que contamos, pues nuestro espacio geográfico es megadiverso, está en juego, por lo que preguntas sobre la sujeción a los tratados sobre biodiversidad agrícola, las formas de participación en los bancos de germoplasma, el estado de nuestros inventarios de especies y las formas de protegerlas de la expropiación por parte de las multinacionales no son cosas de poca monta. Los riesgos de una fuerte erosión genética, producto del modelo de monocultivos transgénicos que parece ser el elegido por los grupos dominantes, hace que la discusión sobre el campesinado tenga que ir más allá de la discusión sobre el monto de aranceles a los insumos, los precios de sustentación, los ingresos de divisas o la dicotomía latifundio-minifundio. Tampoco se trata únicamente de los problemas de la autoexplotación o el de la tendencia estacionaria de éste tipo de economía, pues, sin que dejen de ser importantes, lo que ya no se duda es que el futuro de una oferta de alimentos diversa, depende de los pequeños productores. Reclamemos, pues, zonas de reserva campesina, y no sólo en áreas marginales sino cerca de las ciudades, pues seguridad y soberanía alimentaria reales dependen de su existencia.
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