El 2014 es el año internacional de la agricultura familiar, su objetivo es visibilizar y reposicionar la importancia de este tipo de agricultura para la seguridad y soberanía alimentaria en el mundo. Esta es una buena noticia para Colombia, pues el 80 por ciento de los agricultores del país se encuentran en esta categoría, garantizando en su labor diaria –sin incluir el café– el 57% de la producción nacional. Además, es justamente este grupo de productores uno de los núcleos con menos ayuda estatal. Sin embargo, resulta paradójico que en el marco del año de la agricultura familiar, así definido por Naciones Unidas, Colombia continúe negociando acuerdos comerciales que proyectan repercusiones negativas para el agro. Es el caso de los acuerdos comerciales de la Alianza del Pacífico AP, los cuales constituyen un nuevo golpe para el pequeño productor nacional.
Si bien algunos sectores pueden alegar que obtienen múltiples ventajas tras la incorporación a esta Alianza, no es difícil identificar que los argumentos del gobierno y de Fedesarrollo están centrados en las ventajas políticas y del sector financiero, con la consolidación del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), y dejan a un lado la preocupación por el sector agropecuario.
Recordemos que el campo colombiano está empujado a una zona marginal, los indicadores sociales develan que el nivel de vida en estas áreas es mucho más bajo que en las zonas urbanas. Además, diversos problemas de infraestructura, y de acceso a los factores productivos, están enquistados en la estructura agraria colombiana impactando de forma negativa su productividad y desarrollo.
Es en este escenario que firman el acuerdo comercial de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú), que junto a los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, queda convertido en un nuevo paso hacia la consolidación del modelo económico de libre mercado. Es por esto que vale la pena analizar los impactos que esta Alianza traerá para el campo nacional.
Es necesario señalar, primero, que existe una perspectiva de bajo crecimiento de las actividades agropecuarias, realidad asociada al deterioro en la rentabilidad y la persistencia para algunos productos agropecuarios de precios bajos en el mercado internacional, lo que genera una situación de inestabilidad para los productores, quienes –en el caso específico de Colombia– y pese a esta vitalidad poseen un limitado poder de negociación debido a la presencia de monopolios y oligopolios que controlan los precios de compra de la producción agrícola.
Ante este panorama, el acuerdo comercial con la AP trae consigo la desgravación arancelaria de los productos agrícolas mediante la implantación de plazos de desgravación, eliminando así las barreras a la entrada y a la salida de bienes y servicios.
Esta nueva apertura del mercado preocupa a los agricultores, pues además de la competencia de Estados Unidos, la Unión Europea, las presiones del contrabando y los problemas estructurales del campo, se suman ahora nuevos países para competir.
Ante esto el Gobierno afirma que consideró 74 productos sensibles para tener un tratamiento especial en la disminución de aranceles (obviando que 204 son los bienes que se encuentran en esta situación, lista que en su mayoría no contempla los productos agrícolas).
Frente al establecimiento de plazos muertos, según lo pactado, los cronogramas de desgravación parten desde el 2014, como fecha determinada para garantizar que la desgravación avance y se aplique apenas se apruebe el Acuerdo.
Por otro lado, con la eliminación de las tasas arancelarias Colombia pierde la herramienta que le da el sistema andino de franjas de precios, dejando a los productos del sector agropecuario con un mayor grado de vulnerabilidad.
Tras esta eliminación los productores nacionales deben correr con el riesgo adjunto a la volatilidad de los precios de sus productos lo cual, lejos de generar competitividad, los deja en un estado precario para la competencia.
Finalmente, señalar, que el Acuerdo Marco no contempla mecanismos de defensa como lo son las salvaguardias y los derechos antidumping, y que por tratarse de un acuerdo plurilateral no cuenta con la posibilidad de utilización de los instrumentos de salvaguardia consagrados en la Organización Mundial de Comercio; incluso hay que resaltar que Colombia nunca ha recurrido a estos mecanismos.
De esta manera, y ante esta realidad, puede decirse que contrario a lo definido por Naciones Unidas para el campo y la agricultura, el 2014 será el año de entierro de la agricultura familiar colombiana, la que, ante el abandono del Estado y las adversidades estructurales, se verá asfixiada por la competencia, ante el beneplácito oficial que resume su apreciación de la agricultura familiar en la frase de Rubén Darío Lizarralde: “abandonar la agricultura medieval” que alude, sin duda, a este tipo de práctica.
Leave a Reply