Home » No más indiferencia, ¡la tierra ya!

No más indiferencia, ¡la tierra ya!

No más indiferencia, ¡la tierra ya!

La tensión era palpable en esta sala de conferencias, cuyo lujo y adornos desentonaban con la fuerza y la seriedad en los rostros de las líderesas de la Mesa de Incidencia Política para las Mujeres Rurales, reunidas una vez más el pasado 26 de marzo con el Ministerio de Agricultura con el propósito de presentar sus propuestas en relación al Plan Nacional de Desarrollo. Exigen que el Estado les reconozca y valore por lo que son: la base de la economía rural y del vínculo social en el campo colombiano y, a la vez, las víctimas sistemáticas de la violencia, del despojo de tierra y de la indiferencia.

Aplazando siempre el tema de las mujeres rurales por simple deseo y leyes sin contenido, el Ministerio de Agricultura sintetiza la realidad de la democracia colombiana, restringida, vacía, opuesta a implementar políticas públicas efectivas con y para el 51 por ciento de la población rural: las mujeres.

Reunidas en movimientos rurales para el reconocimiento de equidad de género, por el acceso a la tierra y a los espacios gubernamentales de decisión, las mujeres campesinas, afro-colombianas e indígenas, rompen poco a poco la invisibilidad, imponiéndose como actoras sociales y políticas de pleno derecho.

Desde los comités femeninos en el seno de las organizaciones rurales, así como desde organizaciones independientes para la defensa propia, y a lo largo de décadas de lucha, elaboraron agendas comunes para por fin acceder a vida digna y hacer valer su voz para la transformación de la compleja realidad del mundo rural colombiano hacia paz, justicia social y democracia.

Mujeres rurales, violencias comunes y la indiferencia

Unos de los primeros beneficios de su movilización es que ha posibilitado un esfuerzo serio de análisis de sus condiciones de vida y de sus reales aportes a la economía rural nacional, lo que permite hoy tener un panorama preciso de sus existencias, para que el desconocimiento de las mujeres rurales deje de ser un argumento ante la falta de políticas públicas rurales con enfoque de género.

Tres jornadas diarias
Lejos de los prejuicios sobre su pretendida pasividad, la investigación feminista muestra que el trabajo productivo rural es compartido de manera casi igual entre hombres y mujeres. Es decir, que además de producir 100 por ciento del trabajo doméstico (lavar la ropa, la casa, transformar los alimentos para cocinarlos…) y casi 100 por ciento del trabajo reproductivo (del cuidado de los hijos, de los viejos, incapacitados, enfermos y de la educación), las mujeres rurales también contribuyen con casi la mitad del trabajo productivo en el campo; por su parte el hombre cubre únicamente a la otra mitad.

Fuera de la carga enorme de trabajo que esto representa y de la ausencia total de tiempo libre, las campesinas se encuentran encerradas en un círculo vicioso de explotación y de indiferencia: no son remuneradas por la mayor parte de su labor, no pueden gozar de los frutos de su trabajo por no ser propietarias de las tierras en las que viven y trabajan, sin beneficiarse de algún reconocimiento social por su contribución al mundo rural. Esta situación de explotación permanece totalmente invisibilizada y las posibilidades de organizarse o fortalecer las organizaciones existentes choca contra estas triples jornadas que no les dejan tiempo para ello.

Pobreza y ausencia del Estado
De manera consecuente, las mujer campesinas están afectadas en mayor medida por la pobreza, de por sí muy importante en el mundo rural. Según los datos emitidos por la Mesa, provenientes del Dane, “en el 2011 el 46% de la población rural vivía en condición de pobreza siendo el 70% mujeres rurales”. Además, conviene destacar que ellas padecen de manera fuerte el desempleo –18 por ciento– contra un 3,7 por ciento para los hombres, y frecuentemente asignadas a empleos precarios poco remunerados y valorizados. En el mismo marco, es necesario insistir sobre las graves consecuencias sociales de las ausencia de servicios públicos como el agua, la salud, la educación, la falta de infraestructura y, obviamente, la falta de seguridad.

Conflicto y feminización de la violencia
La misma Mesa también mostró cómo el conflicto las afecta de manera multiplicada y especial. Un primer aspecto es que –aunque el mayor número de asesinatos afecta a los hombres– las mujeres sufren más el desplazamiento forzado (51,7 por ciento) además, deben asumir el rol de garantes de la sobrevivencia de las familias, comunidades y culturas, sometidas por ello a cargas de trabajo cada vez más importantes, sumergidas en situaciones de pobreza cada vez más profundas.

Otro aspecto importante de la violencia padecida debido al conflicto armado es que –como es recurrente en este tipo de conflictos–, la violencia sexual utilizada como “arma de guerra” (ONU) ha sido generalizada por todos los actores, en particular por los paramilitares. Así, según la Mesa, y aunque las cifras no son exactas debido a la relativa impunidad para tales crímenes: “del 70% del total de las mujeres víctimas de la violencia por el conflicto armado, el 15.8% sufrieron violencia sexual”.

Las luchas que permitieron emerger a las mujeres rurales como actoras sociales, también permitieron visibilizar y delimitar un grupo social marcado por dificultades sociales muy profundas, violencias compartidas por su condición social de mujeres populares y por una indiferencia que promueve la impunidad y la ausencia de una reacción política efectiva.

Cambiar su destino, y el del mundo rural colombiano

Otro argumento generalmente utilizado por el Gobierno para justificar su falta de acción política en el tema, además de acusarlas más o menos directamente de egoísmo (!), es pretender que las mujeres rurales –como lo insinúo el representante del Ministerio de la Agricultura durante el foro aquí retomado– no formulan propuestas concretas para el mejoramiento de sus condiciones de vida. Este mismo foro ha sido, en este sentido y una vez más, la oportunidad para que ellas muestren, contrario a la opinión de los funcionarios, una capacidad impresionante de síntesis, de claridad y de proposiciones no solamente para ellas mismas sino para el mejoramiento integral del mundo rural hacia más estabilidad social, equidad y democracia. Sus demandas se centran, así, en torno a tres aspectos mayores: el acceso a la tierra, el retorno del Estado y la participación política.

El acceso a la tierra
“La tierra es la vida, la sangre de las mujeres campesinas”, medio de trabajo y de vivienda, según Edilia Mendoza Roa, de la Anuc-ur, responsable del tema de tierras en la Mesa. La tierra constituye la base vital más y más cuestionada por los desplazamientos forzados, bien por el conflicto armado bien por los megaproyectos extractivistas y la enorme discriminación de género en su tenencia.

En varios sentidos, acceder a la tierra es central para las mujeres rurales:

Primero, representa su independencia económica: poder cosechar el fruto de su labor, también constituye un argumento de peso para concretar el poder de decisión en el seno de los comités rurales, y permite la independencia respecto a la pareja, en particular en el contexto caótico del conflicto.

Además, como nos lo explicó Edilia, el acceso de las mujeres a la tierra es crucial para los hijos e hijas, las familias y las comunidades que dependen de ellas: “Las mujeres estamos exigiendo 50% del acceso a las tierras. ¿Por qué? Porque necesitamos autonomía propia, pero también necesitamos generar condiciones y estabilidad familiar, social, económica y territorial a los hijos y las comunidades. No vamos a permitir que desaparezcan las veredas”.
Sin embargo, es importante destacar que estas exigencia no solo se presenta como una herramienta para el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres y de sus familias, sino como un instrumento de transformación integral del campo. La lucha de las mujeres rurales por la tierra es fundamentalmente la lucha por la defensa de un modelo local, familiar, respetuoso del medio ambiente contra la expansión en Colombia de un modelo extractivista sin control, que produce desplazamientos, pérdida de territorios, destrucción de comunidades y culturas, así como contaminación irreversible de tierras, aguas y aire.

La fuerza del discurso de estas mujeres radica en mostrar, con toda la simplicidad de la experiencia cotidiana, la profunda contradicción de la postura neoliberal desde los gobiernos colombianos que abandonaron sin control cantidades astronómicas de tierras a las pretendidas “locomotoras”, empresas de la agroindustria y de la gran minería, que pertenecen a una minoría ni siquiera colombiana, dejando abandonada la población rural que representa, además, la masa social de la economía agropecuaria local: “no hay restricción, no hay control de parte del Estado, no hay regulación para proteger los suelos aptos para la agricultura. ¡Pero es más importante los alimentos para un país que la plata para unos poquitos!” interpela otra activista.

Aunque a lo largo de sus luchas, las campesinas obtuvieron la promulgación de leyes para mejorar sus condiciones de vida, en particular a través del acceso a la tierra, en la práctica las mujeres rurales siguen extremamente discriminadas. La Mesa nos enseña que en cuanto a la titulación de tierras en el año 2013 fue de 73 por ciento para hombres y 27 para mujeres.

Cumplimiento de la ley, retorno del Estado y acompañamiento
La constatación radica en que no existieron presupuestos ni institucionalidad para que haya oferta real de tierra para estas mujeres. En este sentido, la primera cosa que ellas piden es nada más que la aplicación concreta de las leyes votadas para mejorar sus condiciones de vida a través del acceso a la tierra.

Por lo tanto, han mostrado que la sola entrega de tierras no podrá ser una política viable sin una acción integral del Estado relativa al territorio en términos de servicios públicos y de garantía de derechos, en particular a la salud y a la educación. Las mujeres del campo demandan un acompañamiento por profesionales rurales y un seguimiento para la sostenibilidad de sus proyectos individuales y colectivos. También piden que se concreten acciones de protección financiera para que puedan realmente acceder a créditos a bajos intereses, y la redistribución de al menos el 10 por ciento del presupuesto de inversión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para apoyar a la agricultura de las mujeres rurales (por ejemplo con un banco de semillas) y poder rescatar a campesinas endeudadas por desplazamiento, despojo o fenómenos climáticos.

En fin, ellas destacaron que es tiempo de reconocer el trabajo de cuidado, de valorizar y tomar en cuenta este esfuerzo y labores, actuando con horarios más flexibles para las personas cargadas de tales responsabilidades.

Reconocimiento político y participación política
Para que estas transformaciones sean posibles, es de suma importancia que las mujeres y sus organizaciones sociales obtengan reales espacios de representación y de participación política a un nivel nacional como regional, en los municipios y en las juntas directivas rurales. Por otro lado, exigen la formación de una institución de la mujer rural en el seno del Ministerio de Agricultura para realizar un trabajo público de investigación sobre la situación de las mujeres rurales. Exigen, adicionalmente, la formación de funcionarios en cuanto a las problemáticas locales de género, y que haya herramientas y presupuestos para que, por fin, puedan aplicarse de manera efectiva las políticas públicas permitiendo a las mujeres rurales obtener sus derechos.

 

Avances normativos y organizacionales

1973. Formación de los primeros comités femeninos en el seno de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc).

1984. Formulación de la primera “política nacional para la mujer campesina” (documento Conpes 2109) la cual reconoce por primera vez la vulnerabilidad de las mujeres rurales, el papel importante que representan en la economía rural y la importancia de una mayor participación en los espacios de decisiones.

1985. Creación de la Asociación Nacional de Campesinas e Indígenas de Colombia (Anmucic).

1988. La Ley 30 de reforma agraria implicó que los títulos de propiedad de la tierra se hiciesen en nombre de la pareja y no únicamente en nombre del jefe de hogar hombre.

1994. La ley 160 de reforma agraria aunque marcada por el neoliberalismo del gobierno Gaviria, reconoce la especial vulnerabilidad de las mujeres rural por causa del conflicto y preconiza un acceso preferencial a la tierra como solución.

1995. En reacción a la cuarta conferencia mundial de la mujer de Beijing, varias organizaciones rurales femeninas y mixtas van a reunirse y crear la Mesa de Incidencia Política de Mujeres Rurales de Colombia.

1999. Casi 200 organizaciones de mujeres –en gran parte rurales– se encontraron en asamblea nacional para hacer oír otra voz para la paz, la vida y contra la impunidad.

2002. La promulgación de la ley 731 que tiene por objetivo “mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales” en particular facilitando sus acceso al crédito y su participación.

2010. La ley de Víctimas y Recuperación de Tierras reconoce garantías especiales para las mujeres rurales

Información adicional

MUJERES RURALES, MOVILIZADAS PARA HACER OÍR SUS VOCES
Autor/a: Justine Festjens
País:
Región:
Fuente:

Leave a Reply

Your email address will not be published.