Qué difícil es concretar cambios sociales de fondo, mucho más cuando las fuerzas políticas que dominan las decisiones legislativas están para mantener el statu quo, cuando los medios masivos de comunicación están en contra de esos cambios, cuando desde sectores académicos y gremiales surgen las “verdades” que descalifican las ideas del cambio y cuando la movilización social para presionarlos es limitada.
A la película de la reforma del sistema de salud que ya cumplió un año de haber sido presentada por el gobierno nacional al Congreso de la República, y que en el mes de marzo debe iniciar su tercer debate en la Comisión Séptima de Senado, luego de una largo y tortuoso paso por la Cámara de Representantes, se le suma en su trama de dilación la ponencia negativa al proyecto radicada por ocho de los catorce senadores de esa Comisión, con lo cual se daría el paso para su hundimiento y un final abrupto de esta historia cinematográfica.
Nadie esperaba, en esta trama, tal giro en el guión, pero lo cierto es que no es improvisado, así permite concluirlo la ponencia negativa que tiene 177 páginas con 20 apartados y un desarrollo argumentativo importante. Algo que no se hace de un día para otro.
El grupo de parlamentarios que firmaron la ponencia negativa pertenecen a los partidos Colombia Justa Libres (1), Centro Democrático (2), Partido Conservador (2), Partido Liberal (1), La U (1) y Partido ASI (1), es decir los partidos de siempre, los tradicionales y unos emergentes, que terminan siendo iguales.
Este grupo de parlamentarios, sostiene en la ponencia negativa que el impulso a la reforma al sistema de salud propuesta por el gobierno nacional desmejorará la salud de los colombianos; dará un cambio de un sistema de aseguramiento y gestión del riesgo a un sistema 100 por ciento estatal; los dineros de la salud, el presupuesto de la salud, solo los manejará el Estado; se perderá la experiencia y capacidades adquiridas por las EPS, eliminando, además, sus funciones; aumentará la inequidad en salud; se generará incertidumbre en cuanto a los procedimientos y responsabilidades de los Centros de Atención Primaria en Salud y las Redes, entre otros asuntos.
En este sentido, rechazan la propuesta de reforma al sistema de salud porque su aprobación sería un retroceso en términos de derechos adquiridos, una limitación a la libertad de elección de los usuarios en cuanto a proveedores de servicios de salud, sin definir adecuadamente la atención al paciente ni la entrega de medicamentos, lo que colocaría en peligro la salud y la vida de los connacionales, especialmente de aquellos que padecen enfermedades de alto costo.
También sostienen que la reforma carece de un aval fiscal y no existe claridad en la cuantificación de costos y fuentes de financiación. Así mismo, según su alegato, se ignoran los logros del actual sistema de salud, introduciendo incertidumbre sobre la atención al usuario; y que no garantiza la transparencia en el manejo de los recursos al centralizar los fondos de salud en una sola entidad pública (la Adres) sin las auditorías necesarias.
Estos adalides de la “democracia” sostienen que eliminar las EPS es un grave desacierto, que genera total incertidumbre por el pago de prestaciones económicas, medidas asistenciales y entrega de medicamentos y.
Por estas y otras razones, estos ocho senadores definieron que no apoyan la reforma que, según ellos, compromete los logros del sistema de salud colombiano, y pone en riesgo el bienestar y la salud de la población.
Ahora, lo que sí aceptan es que existen varios temas de mejora que requiere el sistema de salud, entre los cuales se encuentran: mejorar al personal de salud –en contratación, pagos y condiciones laborales–; agilidad en la entrega de medicamentos y autorizaciones de exámenes y atenciones médicas con especialistas; promoción, prevención y atención en el sector rural. creación del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud; crear un sistema único de información y exigirles óptima acreditación en salud a las EPS y garantía de pago a acreedores en caso de liquidación, para que cumplan de manera eficiente y oportuna con la garantía de la salud de la población nacional.
Es así como los parlamentarios de los partidos tradicionales pelaron el cobre. Primero el negocio –de las EPS–, luego la mejora en la garantía de un derecho humano fundamental. Deciden, en acuerdo a puerta cerrada, sin dar los debates en la Comisión, sin la posibilidad de una discusión a fondo de la propuesta de reforma. Así, conspirando contra el bienestar de quienes dicen defender, dan a conocer su decisión, con foto incluida que realza su victoria, cerrando toda posibilidad y descalificando rotundamente la propuesta.
Claro, lo que se trasluce de su posición y que es la pepa del asunto, es que no comparten la eliminación de las EPS, es decir, no comparten eliminar la intermediación financiera, que es la que garantiza el negocio, tal como fue concebido y desarrollado con la Ley 100 de 1993. ¿Quién va a renunciar al manejo de 83 billones de pesos anuales?
Y de seguro esto mismo vamos a ver en relación a la propuesta de reforma de pensiones, con los fondos privados de pensiones opuestos a soltar un negocio económico tan pulpo y rentable como este.
Todos, mujeres y hombres, de cualquier edad y condición social, estamos ante el reto de comprender esto. En la historia de nuestro país las elites económicas, enriquecidas con la usurpación de lo que nos pertenece a la totalidad nacional, no están dispuestas a ceder en nada, quieren los negocios totales para ellos, más aún cuando han podido consolidarlos.
Que el proyecto de reforma del sistema de salud hubiese dado los iniciales dos pasos en Cámara tuvo que ver con una habilidad política del Gobierno, cediendo algunas cosas en el proyecto, como no eliminar las EPS y cambiarles su carácter para pasarlas a Gestoras de Vida y Salud.
Un logro aparente, alcanzado, tal vez, en un momento de desunión de los partidos tradicionales. Pero pasados los meses, ellos y las elites económicas del aseguramiento en salud retoman fuerza y ganan la iniciativa, hasta imponer sus intereses de clase, con lo cual archivan el proyecto de reforma a la salud.
Así que esta es la realidad franca, así han pelado el cobre: primero ellos y sus negocios, luego la vida.
Al final, como ya lo habíamos recalcado en otras ediciones, faltó difusión y educación del proyecto de reforma, faltaron espacios para reunir la extensa red social construida en años de lucha en pro de un cambio del modelo de salud hoy imperante, faltó organización y movilización social. Es claro, los cambios reales, de fondo, no vendrán simplemente por tener un gobierno progresista en la conducción del país, mucho menos cuando en el Congreso las mayorías son de los partidos tradicionales, aliados de grandes conglomerados nacionales e internacionales, defensor de sus intereses particulares y promotor del lucro individual, para el cual lo público y colectivo, entre ello los derechos fundamentales, es secundario.
Son retos que ahora quedan a la orden del día para que en los años que restan del actual gobierno la reforma se haga realidad.
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