La resistencia en Jericó, Támesis y el suroeste antioqueño, no es un caso aislado. Se trata de un capítulo más en la larga confrontación entre comunidades campesinas y un modelo extractivista que opera con respaldo estatal y rostro multinacional.
“El despojo es hoy una función central del Estado. No se trata de un exceso, ni de un error, sino de una característica estructural del nuevo orden”
Raúl Zibechi y Decio Machado,
Estados para el despojo
La presencia de la multinacional AngloGold Ashanti en el suroeste antioqueño no es una excepción ni un error de planificación. Es, por el contrario, la expresión concreta de un modelo económico global basado en el despojo y la mercantilización de los bienes comunes. Allí donde hay riqueza hídrica, biodiversidad y territorios campesinos con bajo poder institucional, emergen los proyectos extractivos que prometen desarrollo, pero siembran división, control y destrucción. Fernando Jaramillo, coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó y miembro de la Alianza Suroeste, lo expresa sin rodeos: “La empresa no llegó sola: llegó con millones de dólares en la mano, con promesas de progreso, becas, patrocinios. Pero todo está condicionado a una cosa: que aceptemos su presencia”.
Desde 2004, cuando comenzaron las primeras exploraciones en Jericó y Támesis, helicópteros sobrevolando, maquinaria pesada y plataformas de perforación se convirtieron en parte del paisaje. Se calcula que solo en una de las montañas que une Támesis y Jericó se han instalado más de 100 plataformas de exploración. Pero mientras la empresa diseña mapas geológicos y calcula reservas de cobre, oro y plata, para los campesinos el territorio no es una abstracción: es vida concreta. Como afirma Herman Bernal, líder ambiental de Támesis: “Aquí no solo están buscando oro. Están desmontando nuestras economías campesinas, nuestra cultura, nuestro tejido social. Están borrando el territorio para reescribir con su lógica extractivista”.
Como plantean Zibechi y Machado: “los Estados ya no administran lo público para garantizar derechos, sino que actúan como oficinas de concesión para el capital transnacional”. Esa es precisamente la función que hoy asumen instituciones como la Anla (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) o las alcaldías locales frente a las empresas extractivas: no representan a los territorios, sino que los gestionan como activos disponibles para inversión.
AngloGold Ashanti ha desplegado una estrategia sistemática de cooptación. A través de su fundación ProJericó y otros canales, la empresa ha financiado actividades culturales, proyectos educativos, eventos religiosos y obras de infraestructura. Esta filantropía condicionada se traduce en control social, fragmentación comunitaria y una normalización del extractivismo como sinónimo de desarrollo. Jaramillo denuncia: “En Jericó, incluso el alcalde hace su rendición de cuentas con la empresa al lado. Toda la vida cultural del municipio está tocada por sus manos”. Esta estrategia de penetración cultural y simbólica no es un simple error ético de la empresa. Como lo indican Zibechi y Machado: “las empresas transnacionales necesitan construir consenso y legitimidad desde abajo, comprando lealtades y desplazando la soberanía comunitaria con dádivas, espectáculos o asistencia social condicionada”.
Uno de los impactos más profundos del extractivismo es la ruptura de la confianza comunitaria. Las veredas se polarizan, las familias se distancian, los vecinos se enfrentan. La minera entra en los territorios no solo con maquinaria, sino con el poder de dividir. Herman Bernal describe este proceso con dolor: “En las veredas hay campesinos que ya no se hablan. Porque unos trabajan con la minera y otros la resisten. La ruptura del tejido social es uno de los daños más dolorosos”. Bernal relata además cómo la empresa ha ingresado de forma clandestina a predios campesinos durante la noche, valiéndose de maquinaria, helicópteros y acuerdos con actores políticos locales. Frente a estos atropellos, la comunidad ha respondido con movilización, bloqueos, y lo más importante: con organización.
En zonas como La Soledad, Vallecito o La Hermosa, los campesinos han levantado redes de apoyo mutuo y de defensa colectiva del territorio. A través del Cinturón Occidental Ambiental (COA) y otras formas organizativas, se ha logrado sostener la resistencia durante más de una década. Una de las formas más agresivas de represión ha sido la criminalización de quienes se oponen. Once líderes y campesinos del suroeste han sido denunciados penalmente, acusados de delitos como secuestro simple, hurto calificado y concierto para delinquir. Todo por impedir el ingreso clandestino de maquinaria minera a sus territorios. Aunque el proceso judicial continúa, la defensa ha logrado demostrar la naturaleza legítima de las acciones de resistencia y el carácter comunitario de la protesta. No se trata solo de un proceso judicial: es un mensaje intimidante que busca desmoralizar a quienes defienden la vida. Frente a ello, las organizaciones han respondido con acompañamiento legal, presencia nacional e internacional, y visibilización constante.
Los autores lo señalan con contundencia: “La represión ya no es sólo policial o militar. Es judicial, institucional, mediática. El aparato estatal actúa como brazo armado del capital”. En ese sentido, las acusaciones a los campesinos no son actos aislados de abuso, sino parte de una estrategia más amplia para debilitar la resistencia y enviar un mensaje de miedo. Lo que ocurre en el suroeste antioqueño tiene resonancias en toda América Latina. En Honduras, Berta Cáceres fue asesinada en 2016 por oponerse a un proyecto hidroeléctrico. En Perú, Brasil y México, líderes indígenas y defensores ambientales han sido víctimas de amenazas, persecución o asesinato. Colombia, de hecho, ha sido catalogado por Global Witness como uno de los países más peligrosos del mundo para ser defensor ambiental. El patrón se repite: donde hay resistencia, hay represión. Pero también dignidad.
Casos como el de Cajamarca (Tolima), donde una consulta popular frenó el megaproyecto La Colosa –también de AngloGold Ashanti– demuestran que las comunidades pueden ganar. En Piedras, la defensa del agua también logró detener otro intento de imposición minera. Estos antecedentes son prueba de que la organización sí transforma. Frente a un modelo que despliega todo su poder económico, político y judicial, las comunidades del suroeste han demostrado que la organización es clave. Desde espacios locales como los comités ambientales, hasta articulaciones regionales como el Cinturón Occidental Ambiental (COA), las redes han logrado sostener la resistencia y mantener viva la memoria. Bernal insiste en que esta es una lucha que no depende de héroes solitarios, sino del tejido comunitario: “Esto no lo logra una persona sola. Esto se ha sostenido porque hay redes, porque nos escuchamos, porque tenemos claro lo que defendemos: el agua, la vida, la posibilidad de quedarnos en la tierra donde nacimos”.
Frente a este panorama, Zibechi y Machado apuestan por lo que llaman “sociedades en movimiento”, es decir, comunidades organizadas de forma autónoma, con estructuras propias de decisión, que no dependen del Estado ni del mercado. En Jericó, Támesis y otros municipios, esas formas ya existen: asambleas, redes de veredas, alianzas regionales que no solo resisten, sino que sueñan otros mundos posibles. La disputa que se libra hoy en Jericó, Támesis y otras zonas del suroeste antioqueño no es únicamente por unos metros cúbicos de suelo. Es una disputa por el derecho a decidir, por el derecho a habitar, a cuidar, a vivir en un territorio que no sea zona de sacrificio. Como lo advierte Eduardo Gudynas en Extractivismos y corrupción, estos procesos son: “formas de acumulación por desposesión donde la corrupción es el lubricante institucional que permite legalizar el saqueo”**.
“Estamos anclados a la tierra como un árbol a sus raíces. Eso que sentimos no lo puede medir un estudio de impacto ambiental. Eso no se cuantifica, pero lo vamos a defender con la vida”. El conflicto con AngloGold Ashanti no es un accidente. Es el rostro visible de un modelo que no respeta fronteras ni comunidades. Pero también es el escenario donde se forja otra posibilidad: la de un país donde el agua, la tierra y la dignidad no se venden, sino que se cuidan colectivamente.
Defender el territorio es, en el fondo, defender la vida.
** Para profundizar en esta problemática, recomendamos dos textos de Ediciones Desde Abajo:
• Estados para el despojo, de Raúl Zibechi y Decio Machado: una radiografía del papel de los Estados latinoamericanos como gestores del saqueo extractivista.
• Extractivismos y corrupción. Anatomía de una íntima relación, de Eduardo Gudynas: un análisis sobre cómo el extractivismo está atravesado por dinámicas de corrupción estructural.
Estas lecturas permiten contextualizar el caso del suroeste antioqueño y ampliar la mirada hacia las formas en que los pueblos defienden la vida frente a un modelo que busca aniquilarla.
- Equipo desdeabajo, Medellín.
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