En tiempos de campaña electoral permanente, la crítica a los gobiernos progresistas comienza a ser tratada como una amenaza y no como una práctica necesaria para la transformación. Este artículo interroga el lugar real que se les concede a los medios independientes dentro del llamado “gobierno del cambio” y cuestiona la preferencia por amplificar los relatos de los medios hegemónicos. Más que una disputa comunicativa, lo que está en juego es si puede existir una transformación política sin conflicto, sin crítica y sin voces incómodas.
Vivimos tiempos de campaña permanente. Falta poco para nuevas elecciones y, sin embargo, parece que nunca dejamos de estar en campaña. Los días que transcurren se vuelven cada vez más determinantes y, con ellos, afloran los aplausos, las defensas cerradas o la propaganda –a favor o en contra– del progresismo que hoy gobierna. No son pocas las ocasiones en que se señala a quienes, supuestamente, “no apoyan lo suficiente” o “le hacen el juego” a los adversarios por ejercer la crítica. En este contexto, se vuelve urgente para el Gobierno presentar su mejor relato con miras a revalidar la continuidad de un próximo gobierno del cambio. Y para ello, la crítica no siempre es bienvenida: incomoda, estorba, introduce matices donde se reclama alineamiento. Aquí aparece un problema de fondo que no puede eludirse: ¿es posible un proceso de cambio sin crítica?, ¿la apuesta por la vía institucional termina convirtiendo la crítica en un obstáculo antes que en una condición de transformación?
El problema no es la crítica, es un progresismo que decidió incomodarse con ella. En nombre del llamado cambio se ha instalado la idea de que cuestionar al Gobierno equivale a hacerle el juego a la derecha, que señalar errores supone traicionar un proyecto político y que guardar silencio se convierte en una forma de responsabilidad histórica. Esta lógica, que se reproduce tanto en discursos oficiales como en amplios sectores militantes, transforma la crítica en algo poco favorable para su imagen y convierte la discusión política en un ejercicio de lealtad. En ese marco, la exigencia deja de ser comprender la realidad para transformarla y pasa a ser cerrar filas, administrar el relato y evitar cualquier fisura que incomode la imagen gubernamental.
Por ello, en procura de ahondar en estos entornos, resulta indispensable precisar qué se entiende aquí por crítica. Como puede desprenderse de la lectura del “Elogio del conflicto”, de Miguel Bensayag y Angelique del Rey*, no se trata de la queja inmediata, del reclamo visceral ni del simple desacuerdo coyuntural. Como tampoco de la idealización de un sujeto o de un referente, como lo escribió Estanislao Zuleta. La crítica a la que se apela es una práctica política orientada a develar la realidad, a mirarla en profundidad y a poner en evidencia contradicciones, límites y efectos no previstos de las decisiones de gobierno. Es una crítica que busca ampliar la comprensión colectiva y fortalecer los procesos de transformación, no debilitarlos. Reducirla a inconformidad irresponsable o a sabotaje político, es una forma de despojarla de su sentido histórico y de cancelar su función como herramienta de aprendizaje y corrección colectiva.
Esta concepción de la crítica solo es posible cuando existe autonomía. Allí donde la palabra se subordina al cálculo electoral, a la cercanía con el poder o al temor de romper alineamientos, la crítica se vacía de contenido y se convierte en autocensura. La autonomía no es neutralidad ni distancia cómoda, sino la capacidad de sostener una posición política sin supeditarla a la defensa del Gobierno, incluso cuando ese gobierno se presenta como propio o afín. Esta exigencia vale tanto para los movimientos sociales, los partidos, como para los medios independientes. Así como se cuestiona la cooptación de las organizaciones populares y su conversión en apéndices institucionales, también debe cuestionarse la expectativa de que los medios críticos administren silencios, moderen preguntas o miren hacia otro lado para no incomodar. Cuando se afirma que ya no se lee un medio porque critica al gobierno, o que sería mejor callar para no hacerlo quedar mal, lo que se está reclamando no es responsabilidad política sino renuncia a la autonomía, vía autocensura, así como desinformación de quienes acuden a esos medios como fuente de información.
Los medios independientes no existen para proteger gobiernos, convertidos en cajas de resonancia o en dispositivos de propaganda oficial, sino para interpelarlos, a la par de construir agendas paralelas que le garanticen a su audiencia acceso real a información confiable, así como liderar agendas de disputa de la opinión pública en un ejercicio comunicativo-cultural que vaya cimentando nuevos valores de todo orden para alentar el avance hacia una sociedad de iguales.
Los medios independientes no responden a intereses empresariales ni a agendas de poder. Y así actúan, no por equidistancia, sino por principios que orientan su función social. Su crítica no nace de la defensa de privilegios ni de la restauración del orden tradicional, sino de una apuesta por transformaciones profundas que no pueden sostenerse sobre el silencio ni la lealtad ciega. En este punto conviene aclarar el uso de categorías como izquierda y derecha. Aunque hoy estas distinciones estén cuestionadas y en ocasiones resulten ambiguas, siguen teniendo sentido para buena parte de quienes leen, por ejemplo, a desdeabajo. No se emplean en sus páginas como etiquetas morales, sino como referencias políticas que permiten diferenciar entre proyectos orientados a conservar el orden existente y los privilegios que lo sostienen, y proyectos que apuestan por transformaciones sociales que desbordan el horizonte del capitalismo. Desde ese lugar se formula esta crítica.
Esta discusión se vuelve aún más relevante cuando se reconoce, en el caso colombiano, que Petro tiene el gobierno, pero no el poder. Como ha sido constatable en el curso de 40 meses de gobierno, el poder real continúa concentrado en élites económicas, políticas y mediáticas que no han sido desmanteladas. Precisamente por ello, subordinar la crítica al Gobierno no fortalece los procesos de transformación, sino que los debilita. Cuando movimientos sociales y medios independientes renuncian a su autonomía a la espera de que el Gobierno actúe en su nombre, se produce una desmovilización que termina sustituyendo la organización y el conflicto por la expectativa y la lealtad. En ese contexto, el progresismo tiende a deslizarse hacia una lógica maniquea en la que toda crítica se traduce en descalificación política, donde no aplaudir equivale a estar del lado equivocado y donde la izquierda deja de ser un campo plural de debate para convertirse en una frontera moral.
La experiencia latinoamericana reciente ofrece suficientes advertencias. Los gobiernos progresistas lograron avances significativos, pero también acumularon problemas estructurales vinculados al personalismo, la dependencia del liderazgo, la relación ambigua con las élites y el debilitamiento de la autonomía popular. Lo más preocupante no es solo la existencia de estos problemas, sino su normalización bajo la idea de que no es el momento de discutirlos. El resultado ha sido la inmovilización política de amplios sectores sociales, que al sustituir la crítica por la lealtad terminan desarmados cuando los proyectos de gobierno se agotan o fracasan, mientras fuerzas reaccionarias logran capitalizar el desgaste.
En este marco se vuelve inevitable interrogar la relación del progresismo con la comunicación y, en particular, con los medios independientes. Esta tensión se hizo especialmente visible con lo que se conoció como la llamada ley de tercios. El Gobierno anunció una directiva presidencial orientada a destinar una parte de la pauta oficial a medios alternativos, comunitarios y digitales, presentándola como un gesto político a favor de la pluralidad informativa y la democratización de la comunicación. Sin embargo, más allá de su congelamiento o no puesta en práctica a lo largo del 2025, que fue cuando se habló oficialmente de ella, en la práctica esta iniciativa no se traduce en condiciones materiales reales para que la mayoría de medios independientes ganen potencia. Lo contratado con estos medios a final del 2025, no es suficiente para potenciar su refuerzo humano y técnico, y por esa vía mejorar en el cubrimiento diario de la realidad. Más parece una contratación de pauta para “cumplir”. Sin lograr superar lo heredado, con excepción de Rtvc, que sí recibe un apoyo significativo, las grandes cadenas monopólicas continúan concentrando los recursos públicos destinados a información y difusión.
Este hecho no puede leerse de manera aislada. Se articula con una práctica reiterada de los principales liderazgos del Gobierno y de amplios sectores de sus bases, que siguen otorgando centralidad casi exclusiva a los medios hegemónicos. Son estos medios los que acceden con regularidad a entrevistas, primicias y espacios privilegiados en la agenda oficial, mientras que los medios independientes quedan relegados a un lugar marginal, incluso cuando abren sus páginas al debate, al disenso y a la confrontación de relatos. La paradoja es evidente. En un país donde los sectores más ricos poseen canales de televisión, emisoras y periódicos, el progresismo termina amplificando una y otra vez esas mismas voces, como si no existieran otros espacios legítimos para la circulación de la palabra.
Aquí aparece un problema de fondo que no puede seguir evadiéndose. Apostar por medios alternativos no significa convertirlos en difusores de propaganda gubernamental, ni mucho menos subordinarlos a la lógica del aplauso. Para eso existen, o deberían existir, los medios propios de cada partido político. La función de los medios independientes es otra. Confrontar los relatos dominantes, incomodar las certezas, disputar sentidos y ampliar el campo de lo decible. Cuando un proyecto que se reclama transformador no crea condiciones reales para que estos medios existan, incidan y sean escuchados, alimentando el debate cotidiano, metiendo el dedo en la llaga, la construcción de una democracia más allá de lo formal-electoral, así como la democratización de la comunicación queda reducida a una consigna y el debate público vuelve a quedar atrapado en los marcos definidos por quienes históricamente han concentrado el poder mediático.
Defender la crítica y la autonomía frente al gobierno de turno no es una postura cómoda ni una estrategia de equidistancia. Es una apuesta política por procesos de transformación reales y no por relatos.
Podemos resumir, entonces las consecuencias de esta realidad: sin crítica no hay aprendizaje colectivo. Sin autonomía no hay movimiento social. Y sin medios realmente independientes, el llamado cambio corre el riesgo de convertirse en un ejercicio de autocelebración permanente, incapaz de reconocer límites, corregir rumbos y transformar las estructuras que dice cuestionar.
*Ediciones Desde Abajo, 2021.
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