La posibilidad de que una mujer indígena, formada en la resistencia y en el cuidado colectivo, llegue a la vicepresidencia de la república tiene al establecimiento en pleno haciendo gala de su racismo, clasismo y aporofobia. Se niegan a aceptar que el poder hoy tenga otro rostro, otro acento y otra historia.
Hay nombres que no sólo nombran personas, sino que condensan historias enteras; Aída Quilcué es uno de esos nombres. Nombrar Aída es invocar siglos de exclusión, pero también de resistencia; es traer a la conversación nacional una Colombia que ha sido sistemáticamente ignorada, cuando no despreciada. Por eso, su presencia como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda no es un gesto decorativo ni una apuesta cosmética por la diversidad; es un movimiento tectónico en el orden social que este país ha naturalizado durante décadas. Lo que su figura provoca no es únicamente una discusión electoral, sino una interpelación moral, histórica y simbólica a un país que durante mucho tiempo ha preferido no mirarse de frente.
Porque Colombia no es sólo desigual en términos económicos. Es, sobre todo, un país jerarquizado en lo simbólico porque hay voces que históricamente han sido consideradas legítimas y otras que han sido reducidas al ruido de fondo. En esa arquitectura del poder, las mujeres indígenas han ocupado el último escalón. No sólo por ser mujeres, no sólo por ser indígenas, sino por la intersección de ambas condiciones en una sociedad atravesada por el clasismo, el racismo y el centralismo. Aída irrumpe justamente ahí. No llega desde el permiso de las élites ni desde la validación de los circuitos tradicionales del poder. Llega desde otro lugar; ella llega desde la organización comunitaria, desde la defensa del territorio, desde una forma de entender la política que no pasa por la acumulación individual sino por el cuidado colectivo.
Durante años, la política colombiana ha operado bajo una idea estrecha de lo que significa “estar preparado”. Se asume que gobernar es, ante todo, manejar ciertos códigos; es hablar de determinada manera, haber transitado por ciertas instituciones, pertenecer, aunque sea simbólicamente, a determinados círculos. Todo lo que quede por fuera de ese molde es rápidamente descalificado. Pero esa idea de preparación no es neutra. Es una construcción de poder. Por eso, cuando se pone en duda la capacidad de Aída Quilcué para ejercer un cargo de alta responsabilidad, lo que en realidad se está defendiendo no es un estándar técnico, sino un privilegio histórico. Se está diciendo, sin decirlo abiertamente, que hay formas de conocimiento que cuentan y otras que no.
Y, sin embargo, basta mirar su trayectoria para desmontar ese prejuicio. Desde el Consejo Regional Indígena del Cauca, Aída ha sido parte de una de las experiencias de gobierno más complejas y menos comprendidas del país. El Cric no es una ONG ni un simple espacio de representación, es una estructura política con normas, autoridades, mecanismos de deliberación y sistemas de justicia propios; es, en muchos sentidos, un ejercicio de soberanía en condiciones adversas. Allí, gobernar no es un concepto abstracto. Es una práctica cotidiana que implica tomar decisiones colectivas, mediar conflictos, sostener el tejido social en medio de la violencia y negociar con un Estado que históricamente ha sido ausente o agresivo. Eso también es gobernar, y tal vez sea una de las formas más exigentes de hacerlo.
Pero hay otra dimensión que vuelve su figura aún más potente y es su condición de mujer. En un país donde la política sigue siendo, en gran medida, un espacio masculinizado, la presencia de Aída Quilcué no sólo amplía la representación, sino que cuestiona las lógicas mismas del poder. No se trata únicamente de que una mujer llegue a un cargo alto, sino de qué tipo de mujer, desde qué lugar y con qué experiencia. Porque no es lo mismo una mujer que ha transitado los mismos circuitos que los hombres de siempre, que una mujer que ha tenido que abrirse camino en medio de múltiples formas de exclusión. Aída encarna esa diferencia. Su liderazgo no se ha construido desde la imposición, sino desde el cuidado, desde una ética de lo colectivo que desafía la lógica individualista que ha dominado la política tradicional. En su trayectoria hay una forma distinta de entender el poder, porque no se entiende el poder como dominación, sino como responsabilidad.
Lo que ha pasado desde que su nombre comenzó a sonar con fuerza para una fórmula vicepresidencial ha sido, además, revelador de las heridas más oscuras de este país. La reacción de ciertos sectores no ha sido la de una crítica política legítima, sino la de un reflejo sumamente arraigado en el racismo, el clasismo y esa vieja aporofobia que en Colombia suele disfrazarse de opinión pública. La sola posibilidad de que una mujer indígena ocupe uno de los lugares más altos del poder ha desatado una incomodidad que desborda cualquier discusión programática. No cuestionan únicamente una candidatura, cuestionan el derecho mismo de ciertos cuerpos, de ciertos acentos y de ciertas trayectorias a ser leídos como legítimos dentro del Estado.
Por eso reaparecen, una vez más, los ataques, la burla y la difamación. Por eso resurgen con insistencia las narrativas que buscan asociar a los movimientos indígenas con la insurgencia o con actores armados ilegales, como si la complejidad de los territorios pudiera reducirse a una acusación fácil. Esa operación no sólo es intelectualmente deshonesta; es cruel porque desconoce una realidad dolorosa que las comunidades han padecido durante décadas y es que el abandono histórico del Estado ha dejado vastos territorios a merced de actores armados que se disputan la vida cotidiana de quienes allí habitan. En muchos casos, las comunidades indígenas no han elegido convivir con la guerra sino que han sido arrinconadas por ella. Y entre la vida y la muerte, la gente elige la vida.
Eso no convierte a los pueblos indígenas en guerrilleros, ni a sus organizaciones en extensiones de estructuras armadas. Lo que revela, más bien, es cómo la ausencia estatal, la pobreza estructural y la violencia han sido aprovechadas para someter voluntades, instrumentalizar luchas legítimas y sembrar sospechas sobre quienes, en realidad, han sido víctimas persistentes del conflicto. Reducir esa tragedia a una etiqueta infamante no sólo borra la responsabilidad histórica del Estado, sino que también perpetúa la estigmatización de quienes han resistido, muchas veces solos, la expansión de la guerra sobre sus territorios.
Hay, además, un miedo más hondo, más turbio, que rara vez se nombra porque toca fibras íntimas. No es únicamente el temor a que cambien las reglas del poder, ni siquiera el miedo clásico de las élites a perder privilegios. Es algo más difícil de admitir. Justamente es el miedo a reconocerse en Aída Quilcué. Porque Aída no irrumpe como una figura completamente ajena; irrumpe, más bien, como un espejo. Uno que devuelve una imagen que muchos han pasado la vida entera tratando de pulir, de blanquear, de ocultar.
En Aída habitan los gestos, los cuerpos y las memorias de esas mujeres que sostuvieron este país sin haber sido nunca nombradas sujetas políticas. Sí, la abuela que madrugaba antes que todos, la que organizaba la vida alrededor suyo sin pedir reconocimiento, la que crio generaciones enteras en medio de la precariedad y el abandono del Estado. Y es precisamente ahí donde se produce la incomodidad. Porque reconocer a Aída como una figura legítima de poder implica aceptar que esa historia: la historia de la de las abuelas, la de los márgenes, la de lo popular, lo indígena, lo negado; no es un pasado superado, sino el fundamento mismo de lo que somos.
Por eso la reacción no es sólo política; es visceral. Por eso aparece el matoneo disfrazado de opinión, la burla envuelta en ironía, el racismo que se justifica como “crítica válida”. Porque lo que está en juego no es simplemente su capacidad, sino lo que su figura desordena en el imaginario colectivo. Aída no sólo entra a un espacio que históricamente le fue negado. Aída arrastra consigo todo aquello que ese espacio ha querido mantener afuera.
Y entonces la reacción es defensiva. Vienen a desacreditar, a minimizar, a ridiculizar. No tanto para sacarla a ella, sino para restablecer una distancia simbólica que su sola presencia pone en crisis. Porque si Aída es posible, es legítima, si Aída puede gobernar, entonces muchas de las certezas sobre las que se ha construido el orden social colombiano empiezan a tambalear.
Aída, en ese sentido, no sólo disputa el poder. Ella disputa la memoria, la identidad y la manera en que este país se mira o se niega a mirarse en el espejo.
Hay una dimensión adicional que no puede quedar por fuera cuando se habla de Aída Quilcué, porque en ella no sólo se condensa la exclusión histórica, sino también la experiencia más descarnada de la violencia política en Colombia. Su trayectoria no está marcada únicamente por la lucha organizativa y la defensa del territorio, sino por una herida que es, al mismo tiempo, íntima y nacional como lo es el asesinato de su esposo a manos del Ejército. No se trata de una sospecha ni de una narrativa partidista. La justicia lo estableció y el propio Estado colombiano tuvo que pedir perdón por lo ocurrido, reconociendo la gravedad de un crimen que no fue un exceso aislado, sino la expresión de una violencia institucional que durante años convirtió a líderes sociales, indígenas y campesinos en objetivos de persecución.
Ese hecho, por sí sólo, debería bastar para comprender la dimensión ética y política de su liderazgo. Aída no habla de la guerra desde la comodidad de la teoría, ni desde la distancia del análisis. La ha vivido en el cuerpo, en la memoria y en la historia de su familia. Ha conocido de primera mano lo que significa que el Estado, llamado a proteger, se convierta en agresor. Y, aun así, ha insistido en la organización, en la palabra y en la defensa de la vida como horizonte político. En un país donde la violencia suele reproducir más violencia, optar por transformar el dolor en acción colectiva es una forma radical de resistencia.
Tal vez por eso incomoda tanto. Porque su figura no sólo interpela a las élites tradicionales o a quienes no conciben el poder por fuera de sus códigos; también confronta al país con su propia historia de impunidad. La presencia de Aída en la esfera pública obliga a recordar que muchas de las heridas que hoy se intentan invisibilizar tienen responsables concretos, instituciones concretas y silencios cuidadosamente administrados. Su sola voz es memoria viva de un país que todavía no termina de asumir la profundidad de sus crímenes.
Y como si esa carga no bastara, la violencia contra ella no se ha limitado al ámbito político. También ha alcanzado la esfera más íntima y cruel y esa es su esfera familiar. Se le ha juzgado, incluso, por el hecho de que su hija trabaje con el Estado, como si la trayectoria política de una mujer tuviera que ser permanentemente evaluada no por sus ideas, no por su experiencia, no por su capacidad, sino por los vínculos de su entorno. Esa forma de escrutinio no es inocente, es un acto deliberado por ensuciarla y deslegitimarla.
A los hombres en política rara vez se les exige responder por la vida laboral de sus hijos, de sus esposas o de sus familias. A las mujeres, en cambio, se les examina desde una lógica moralizante, como si su legitimidad pública dependiera de una pureza imposible que debe extenderse incluso a las decisiones de quienes las rodean. Es una forma sutil de disciplinamiento.
Con Aída, ese juicio adquiere además un componente racial y de clase particularmente violento porque no sólo se le exige demostrar una y otra vez que merece estar ahí, sino que se busca minar su legitimidad desde cualquier flanco disponible: su origen, su voz, su familia, su historia personal, su dolor. Como si el país no soportara la idea de que una mujer indígena no sólo resista la violencia, sino que además tenga la autoridad moral y política para disputar el poder.
En el fondo, lo que les molesta no es únicamente su presencia, sino la potencia simbólica de todo lo que encarna. Es una mujer que sobrevivió al crimen de Estado, que transformó el duelo en organización política y que hoy, lejos de pedir permiso, se instala en el centro mismo de la discusión nacional. Esa trayectoria desmonta de raíz la narrativa de la marginalidad pasiva. Aída no es el retrato de la víctima inmóvil; es la prueba de que incluso desde el lugar más golpeado por la violencia puede emerger un liderazgo capaz de reconfigurar el horizonte democrático del país.
Mientras pensaba como dar cierre a esta columna leí en Twitter que a la discusión se ha sumado en las últimas horas un cuestionamiento que, en realidad, vuelve a revelar las jerarquías simbólicas sobre las que este país sigue pensando el poder. Esa idea de que Aída Quilcué “no ha estudiado”, es justamente la crítica presentada como si fuera un argumento técnico porque parte de una premisa profundamente limitada y es que la única forma legítima de formación es la que otorga la educación formal, particularmente la universitaria. Detrás de esa afirmación hay una visión elitista y centralista del conocimiento, según la cual sólo cuenta aquello que ha sido certificado por las instituciones tradicionales del establecimiento. Sin embargo, en el caso de una lideresa como Aída, esa lectura desconoce que existen otras formas de formación política, ética y organizativa que no pasan necesariamente por un título académico, pero que no por ello son menores. Su trayectoria en el territorio, en el resguardo, en la minga y en la defensa colectiva de la vida constituye una escuela política en sí misma. Allí se aprende a mediar conflictos, a construir autoridad, a sostener comunidad en medio de la violencia y a tomar decisiones con consecuencias reales sobre la vida de miles de personas, por eso, reducir la preparación al diploma es desconocer que hay saberes que se forjan en la experiencia histórica de los pueblos y que, en contextos como el colombiano, han resultado muchas veces más complejos que los aprendizajes institucionalizados.
Tal vez, además, hay en su propia forma de entender la educación una distancia crítica frente a la idea de que el único conocimiento válido es el que se alinea con el aparato estatal o con las lógicas del establecimiento. Para muchas comunidades indígenas, la formación no se agota en el paso por la universidad, sino que está anclada a la transmisión intergeneracional de la memoria, la palabra y la experiencia colectiva. Eso no significa negar el valor de la educación superior, sino cuestionar la arrogancia con la que algunos sectores equiparan un título con la inteligencia y un diploma con la capacidad política. La pregunta no debería ser si Aída tiene un certificado universitario, sino qué tipo de experiencia y qué tipo de conocimiento ha acumulado a lo largo de su vida pública. Y ahí su recorrido habla con contundencia, porque pocas escuelas son más exigentes que liderar procesos sociales en el Cauca, resistir la violencia armada, representar a comunidades históricamente excluidas y sostener una voz política propia frente al Estado. Eso también es formación, y quizás una de las formas más rigurosas de preparación para gobernar.
* Politóloga, analista y asesora política.
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