El debate político nacional debe transitar de la indignación moral sobre “manzanas podridas”, hacia un análisis sistémico de la corrupción legalizada. Solo mediante una transformación estructural que blinde lo público frente a los intereses privados, será posible convertir al Estado en una auténtica palanca de democracia popular.
En los últimos años, el discurso político en Colombia alrededor del problema de la corrupción se volvió fundamental para cualquier persona con la pretensión de ocupar un cargo público de representación popular, y la razón es que empezó a ocupar un lugar central en la conversación pública de las personas que votan, de la mano de las reivindicaciones sociales.
Es sobre la ola anticorrupción que figuras como Sergio Fajardo y Claudia López se hicieron presidenciables. Fue, de hecho, la consulta anticorrupción que López promovió con Angélica Lozano la que la convirtió en segura alcaldesa de Bogotá, después de haber sido fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo y quedar a solo 400 mil votos de Gustavo Petro y Ángela María Robledo en 2018.
Pero, como todo problema político, y sobre todo los estructurales como este, es un problema de poder; y las fórmulas de solución que se ofrecen están cruzadas por las ideologías, los intereses y los liderazgos que las formulan.
Para esta campaña presidencial, en donde Iván Cepeda y Aída Quilcué se enfrentan a dos versiones de la misma extrema derecha, la fórmula del Pacto Histórico habla –a diferencia de años anteriores, cuando la corrupción era un problema moralizante que se reducía a manzanas podridas– de la macrocorrupción como la problemática prioritaria a atacar desde la jefatura del Estado colombiano en el periodo 2026–2030.
¿Dónde está la diferencia? Pues que el enfoque liberal supone que la lógica de lucrarse de los recursos públicos robándoselos es la principal variable de la corrupción que atraviesa el aparato estatal, aunque claramente es la que mejor entiende cualquier ciudadano. Eso ya es un delito; si ese fuera el problema, la solución está en que la rama judicial reduzca a su mínima expresión sus márgenes de impunidad.
Pero el enfoque de la macrocorrupción no va por ahí. El enfoque de la macrocorrupción pasa por entender las lógicas sistémicas del problema de la corrupción como algo estructural que atraviesa lo público en Colombia. Ese enfoque lo ha abordado el presidente Petro durante toda su vida política, al enfocarse en hacerle control político a esas grandes figuras que han utilizado el aparato del Estado para su beneficio propio, o el de sus familias o estructuras clientelares, torciendo la norma o legislando a favor de esos intereses. Por eso el caso Chambacú, el libro que escribió sobre el caso del Banco del Pacífico y sus valientes denuncias sobre la parapolítica.
Ese enfoque de la macrocorrupción está en el centro de la pretensión del gobierno del cambio y transformar el Estado, para que los recursos públicos dejen de enriquecer grandes capitales privados y se destinen, única y exclusivamente, a mejorarle la vida a la mayoría de colombianos y colombianas; porque macrocorrupción también es captura estatal de las instituciones públicas para el beneficio privado o, en otras palabras, corrupción legalizada.
Corrupción legalizada es la Ley 100 de 1993, que montó un sistema de seguridad social que no garantiza el derecho a la salud de la mayoría de los colombianos, aunque aparezcan todos en los sistemas de las EPS como sus afiliados, mientras se destinan 100 billones de pesos anuales a cuadrar los balances de los grandes capitales que son propietarios de esas gestoras financieras. Corrupción legalizada es la que permitía, antes de la reforma pensional, que dos fondos de pensiones concentraran la mayoría de los cotizantes pero que no pensionaran a la mayoría de las personas en Colombia. Corrupción legalizada es que la Ley 80 de 1993, conocido como el Estatuto General de Contratación, se haya montado para que construir vías en Colombia sea fácil y posible para Corficolombiana –a pesar de su relación probada con Odebrecht– y sea ilegal para una junta de acción comunal.
En países como el nuestro, en donde la democracia no es régimen sino procedimiento y las desigualdades económicas y sociales son tan profundas, no podemos seguir permitiendo que la corrupción se reduzca a casos particulares de gente que siempre estará ahí; porque no hay un solo país en el mundo en el capitalismo –ni siquiera los que han legalizado la pena de muerte para los corruptos– que, persiguiendo un corrupto a la vez, resuelva el problema estructural de la corrupción.
Lo que sí es posible a mediano plazo, con un proyecto político comprometido con que lo público le sirva al público, es transformar el Estado para que las instituciones estén blindadas de su captura estatal por intereses privados. Ese clase de blindaje, articulado con una propuesta robusta de austeridad republicana, hará de esa caja de cristal que debe ser el Estado –y palanca democrática popular sólida– un instrumento posible si, y solo si, se sustenta en un sustrato denso y profundo de democracia popular como régimen político de los sectores que hoy se ven representados en el gobierno del Pacto Histórico.
* Shameel Thahir Silva. X: @ShameelThahir.
Analista y asesor político.
¡SUSCRÍBASE!
Leave a Reply