América Latina y el Caribe enfrentan amenazas y consecuencias producto de la retoma de diferentes países por parte de gobiernos de derecha y ultraderecha que desarrollan estrategias de guerra contra la población, revirtiendo los avances en garantías sociales y en materia de derechos de los pueblos y derechos humanos que fuesen garantizados por el progresismo latinoamericano.
En países como Argentina, El Salvador, Ecuador y ahora Colombia, entre otros, la extrema derecha desarrolla formas de violencia asociadas a la negación y persecución de la acción política de las organizaciones sociales, apelando a distintas formas de criminalización.
La situación en el país mesoamericano es alarmante, la reforma constitucional que permite la reelección indefinida, un Estado de excepción permanente y generalizado ha permitido al gobierno de Nayib Bukele mantener estricto control sobre las acciones de las organizaciones y los movimientos sociales que se oponen a la destrucción de sus medios de subsistencia y de sus territorios codiciados por el modelo extractivista que el gobierno pretende reinstaurar en el país. La ley de agentes extranjeros ha permitido el empadronamiento de las organizaciones y la pérdida de autonomía y acción política no alineada a las imposiciones del oficialismo, conllevando al mismo tiempo el control gubernamental de la cooperación destinada a mejorar las condiciones de vida de la población como producto de procesos en búsqueda de la justicia ambiental1. En Argentina los retrocesos en materia social y ambiental han llevado a una crisis generalizada con consecuencias para la supervivencia de la clase trabajadora y de las/os más necesitados. En muchos otros países de la región la violencia y la represión contra la población arrecian –como sucediera en Bolivia durante las movilizaciones del 18 de mayo. Ecuador no es ajeno a este avance de la extrema derecha; el presidente Daniel Noboa ataca, constantemente, a las organizaciones y movimientos sociales que abogan por la reparación integral de sus derechos y territorios ante las actividades que empresas transnacionales desarrollaron y por las que fueron halladas responsables sin que hasta la fecha cumplan con ninguna de las determinaciones de la justicia ecuatoriana y sus más altas cortes.
Este artículo presenta un panorama de uno de los aspectos centrales de la impunidad transnacional en el Ecuador y el favorecimiento que dicho modelo criminal obtiene desde el gobierno de ultra derecha de Noboa, presentando la complejidad de la lucha por la justicia ambiental para las nacionalidades indígenas y pueblos campesinos del hermano país suramericano.
El caso Chevron en el Ecuador2
La petrolera Texaco, actualmente Chevron Corporation, realizó operaciones en la Amazonía Norte del Ecuador desde 1964 hasta 1990. Durante 26 años operó en más de 500.000 hectáreas de selva amazónica, entre los ríos San Miguel y Aguarico, que son afluentes del río Napo, que luego desemboca sus aguas en el Río Amazonas. La transnacional perforó 356 pozos, abrió 880 fosas para arrojar desechos tóxicos y construyó en la selva más de 1500 kilómetros de vías.
Chevron invadió el territorio de los Pueblos Indígenas originarios de la región amazónica, destruyendo una de las zonas más ricas en biodiversidad del Planeta. Afectó más de 500.000 hectáreas de uno de los bosques más mega diversos del mundo. Contaminó ríos, vertientes, agua subterránea; vertió más de 60 billones de litros de agua de formación, derramó más de 16,8 millones de barriles de petróleo, y quemó diariamente -en defectuosos mecheros- algo más de 10 millones de pies cúbicos de gas. Esa operación arruinó la vida de seis nacionalidades indígenas originarias que allí habitan y extinguió dos culturas ancestrales.
Pese a los más de 55 años que han pasado desde que se iniciaron las operaciones, y 33 desde que Chevron se fue de Ecuador, el legado destructor de la petrolera continúa arruinando la vida de los pueblos originarios, de los miles de campesinas/os que allí habitan, y de la naturaleza en todas sus manifestaciones. En la zona se sufre el índice de cáncer más alto del Ecuador cuyas víctimas son principalmente las mujeres, y el índice de abortos espontáneos es 150% más elevado que en el resto del país. También se provocó el empobrecimiento de la población local, el promedio de pobreza supera el 70%, el doble del promedio nacional.
Para buscar reparación, en 1993 las/os afectadas/os interpusieron una demanda en Nueva York, Estados Unidos (EE. UU.). Chevron argumentó ante las Cortes de Nueva York que ese no era el foro conveniente, que el litigio debía procesarse en las cortes del Ecuador. Luego de 10 años de litigio en los EE.UU., el caso se trasladó a Ecuador. En 2003 se inició el juicio en la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbíos, región Amazónica ecuatoriana. En 2011 el juez encontró a Chevron culpable y la condenó a pagar el costo de reparación del daño. Aunque la sentencia fue apelada, en 2012 la Corte de Apelaciones ratificó la condena. En 2013 la Corte Nacional de Justicia del Ecuador volvió a ratificarla, y, finalmente, en 2018 la Corte Constitucional, en última instancia y luego de escuchar los argumentos de la empresa, la dejó en firme. Esta sentencia es definitiva pues en el Ecuador no existe ley vigente que le permita a la petrolera revocarla. Chevron es culpable y tiene que pagar. La sentencia ordena reparar el daño causado por Chevron en la Amazonía ecuatoriana y en la vida de los Pueblos Indígenas.
Hasta el momento, Chevron no ha pagado un centavo a las/os afectadas/os, y, por si fuera poco, ha presentado tres demandas en contra del Estado ecuatoriano ante tribunales arbitrales internacionales. En 2009 planteó el tercer arbitraje basado en el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos. La petrolera acusó al país de denegación de justicia.
Luego de más de 15 años de litigio arbitral en la que las/os demandantes afectadas/os por Chevron no tienen derecho a comparecer ni a conocer el proceso, los árbitros emitieron un laudo arbitral en el que disponen: i) que el Estado ecuatoriano anule la sentencia del caso Chevron -que beneficia a los pueblos indígenas y campesinos de la Amazonia ecuatoriana; ii) que el Estado haga todo lo necesario para impedir que las/os demandantes del caso Lago Agrio puedan ejecutar la sentencia en Ecuador o en cualquier parte del mundo; iii) que las/os afectadas/os no puedan presentar nuevas demandas en forma individual contra Chevron; y, iv) que el Estado ecuatoriano le pague a la transnacional los costos judiciales y el daño moral que se le ha causado en los 29 años de proceso. Está claro que los sistemas de solución de disputas inversor-Estado (ISDS por sus siglas en inglés) han sido diseñados para proteger a las transnacionales y sus inversiones. No existe una corte de justicia internacional para proteger los derechos de los pueblos y sus derechos humanos frente a los crímenes de las ETN.
Adicional e infortunadamente, el 5 de febrero del 2026, en forma definitiva el panel de arbitraje internacional del caso Chevron contra el estado ecuatoriano determinó que Ecuador debe pagar a la transnacional, por “denegación de justicia”, una indemnización de 215 millones de dólares.
Apoyo gubernamental al poder corporativo contra los derechos de los pueblos
Constitucionalmente, Ecuador no hace parte de los ISDS; sin embargo, el gobierno de Noboa ha intentado imponer ilegalmente beneficios de este sistema para proteger a las empresas transnacionales, pasando por arriba de las definiciones de la justicia ecuatoriana, e intentado modificar el artículo 422 de la Constitución Política aprobada en 2008.
En 2024, Noboa convocó a un Referendo que entre los puntos de consulta incluía que Ecuador retomase su participación en el arbitraje internacional. El domingo 21 de abril el pueblo ecuatoriano dijo NO a esa pregunta, cerca del 65% de las/os ciudadanas/os votaron en contra. Atacando la expresa voluntad del pueblo, Noboa pretende vía decreto imponer los arbitrajes, además de una escalada de acciones en contra de las organizaciones sociales ecuatorinas, particularmente contra la Unión de Afectadas/os por Operaciones de la Texaco-Chevron [Udapt / Amigos de la Tierra Ecuador].
Aunque es histórico el ataque sistemático a la Udapt por su representación de las/os afectadas/os en el caso Chevron, en el mandato de Noboa la criminalización se ha acrecentado. En octubre de 2025 a la Udapt y otras organizaciones sociales les fueron bloqueadas sus cuentas bancarias, acusándoles de tener actividades ilegales y generando un manto de duda ante la opinión pública respecto a las actividades de las organizaciones. En el caso de la Udapt3 esta situación se dio luego del NO al punto del Referendo con el que se pretendía retornar al Ecuador al arbitraje internacional, y frente al que Udapt realizó una exitosa campaña en las Provincias amazónicas de Orellana y Sucumbios, afectadas directamente por la explotación petrolera. La organización también ha sido objeto de seguimientos, difamación en contra de sus integrantes, agresiones y amenazas físicas y verbales, y todo un dispositivo de criminalización que se corresponde con las actuaciones de regímenes totalitarios.
Frente al laudo arbitral que ordena al Ecuador pagar 215 millones de dólares a Chevron, aunque la transnacional no ha pagado lo determinado por la justicia, el gobierno de Ecuador lo celebró como una supuesta victoria ante la pretensión de Chevron de recibir una indemnización superior a los 3 mil millones de dólares. En lugar de abogar por los derechos de los pueblos y exigir a la petrolera el pago de los 9,500 millones de dólares que deben a las/os afectadas/os, al gobierno de Noboa le parece victorioso pagar cientos de millones de dólares a un agente que destruyó la vida de su población. Las/os afectadas/os exigen el embargo de ese dinero para que les sea entregado como parte de la deuda que con ellos tiene la transnacional.
Perspectivas de solidaridad internacionalista
Ante la injusticia propia de la utilización del derecho privado como vector de legitimación de la violencia contra los pueblos afectados por el modelo extractivista y los agentes corporativos que lo ejecutan y se lucran de la devastación ambiental, Amigos de la Tierra América Latina y la Udapt vienen desarrollando una “Campaña para enfrentar la impunidad y el poder de Chevron en el Ecuador”, que tiene correlatos en otras partes del mundo –pues es reconocido, por ejemplo, el papel de Chevron en el genocidio palestino a través de su relación con el Estado sionista de Israel.
La Campaña constituye un llamado global a la solidaridad internacionalista con los pueblos ecuatorianos afectados, y conjuga acciones nacionales, regionales e internacionales que en primer lugar demuestran a los pueblos indígenas y campesinos que no están solos; de otra parte, genera acciones de visibilización internacional y de presión al gobierno de Noboa para que cumpla la voluntad del pueblo y no la de sus jefes corporativos. El proceso de lucha y resistencia está también integrado por el trabajo que por 12 años ha exigido la aprobación de un Tratado Vinculante sobre empresas transnacionales en materia de derechos humanos para que las transnacionales tengan obligaciones directas y los derechos humanos tengan primacía sobre los acuerdos comerciales; también se articula con la campaña global para enfrentar los ISDS como herramienta que garantiza la impunidad corporativa transnacional y favorece una mafia de derecho privado que acorrala a los Estados obligándoles a violar los derechos de los pueblos y garantizar la explotación territorial para no ser demandados. Recientemente, atendiendo a esta perspectiva global, el gobierno colombiano saliente, en cabeza del presidente Gustavo Petro, manifestó la necesidad de la salida del país de dicho sistema de arbitraje internacional, tal como lo hiciera Ecuador en momentos de gobierno progresista.
Ante las persecuciones, campañas de desprestigio, y la criminalización en todas sus formas, continúa la lucha por el acceso a la justicia y a la reparación. Udapt junto a las comunidades y pueblos afectados ha resistido por más de 30 años y no están dispuestos a claudicar. Creen firmemente que han logrado sentar precedentes jurídicos y desenmascarar aún más la arquitectura de impunidad corporativa, y seguirán batallando para lograr que se repare la Amazonía, de la mano de la solidaridad internacionalista de los pueblos que luchan por la justicia ambiental.
1 Más información en: https://atalc.org/2025/09/25/solidaridadinternacionalistasalvador/
2 Para una revisión exhaustiva de los elementos centrales del caso puede visitarse: https://atalc.org/2023/02/27/obstaculos-para-enfrentar-el-poder-transnacional-en-america-latina-y-el-caribe/
3 Más información en: https://atalc.org/2025/10/14/basta-de-persecucion-a-udapt-amigos-de-la-tierra-ecuador/
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