A noventa años del estallido de la Guerra Civil Española, las barricadas de 1936 no son una reliquia del pasado, sino un eco que retumba en las grietas del presente. Mirar hacia atrás implica reconocer que esa intensa confrontación que sacudió al país ibérico (1936-1939) no fue simplemente un choque militar entre facciones, sino una fractura sistémica de la modernidad europea; una “última gran causa” que funcionó como preámbulo de las catástrofes del siglo XX y como el escenario donde, por primera vez, el modelo democrático-liberal se vio acorralado por el fascismo y el comunismo en un mismo territorio (Blanco Rodríguez, 2007).
El laberinto republicano: el nacimiento de una fractura
Para comprender el estallido de 1936, debemos situar a España en el convulsivo escenario de la Europa de entreguerras. La década de 1930 no fue un tiempo de calma, sino de fracturas globales. Tras la Gran Depresión de 1929, el modelo democrático-liberal se tambaleaba en todo el continente mientras los totalitarismos, ya fueran fascistas o comunistas, se presentaban como soluciones expeditivas y brutales a la crisis sistémica del capitalismo (Paxton, 2019). En este contexto de polarización extrema, la España de 1931, al proclamar la Segunda República tras el desplome de una monarquía anacrónica y carente de apoyos reales, se convirtió involuntariamente en el primer gran campo de batalla donde estas ideologías antagónicas medirían sus fuerzas antes de su gran contienda en la Segunda Guerra Mundial.
La República nació, por tanto, bajo la sombra de un doble desafío: debía modernizar un país profundamente desigual y, al mismo tiempo, protegerse de un entorno internacional cada vez más hostil. El país que heredaron los republicanos era una nación donde la miseria secular del campesinado, atrapado en un sistema latifundista que negaba cualquier progreso social, chocaba frontalmente con los privilegios de una oligarquía que veía en la democratización una amenaza a su existencia (Acuña Méndez, 2015). Esta inestabilidad no era una simple desorganización administrativa, era ante todo una crisis de legitimidad profunda. Mientras los sectores liberales, imbuídos en un optimismo reformista, intentaban una transición hacia una democracia parlamentaria clásica, las bases obreras exigían cambios estructurales que los marcos institucionales no lograban procesar. Como señala Acuña Méndez (2015), la República careció de una arquitectura institucional robusta para contener las presiones sociales, permitiendo que la polifonía política –esa fragmentación operativa entre anarquistas, socialistas, comunistas y nacionalistas– fragmentara la resistencia cuando el golpe de Estado militar tomó forma en 1936.
Esta parálisis política se alimentó de visiones sobre la modernidad que resultaban irreconciliables. Mientras la burguesía liberal y los sectores reformistas soñaban con un Estado constitucional según el modelo europeo, los movimientos de base proletaria, inspirados por el eco global de la Revolución Rusa y por una tradición libertaria profundamente enraizada, interpretaban la República como la antesala de una reconfiguración total de la propiedad y del poder. Según la tesis de Paxton (2019), la República española quedó atrapada entre la ineficacia de sus propias instituciones parlamentarias y la creciente agresividad de movimientos antisistema –tanto de derecha como de izquierda– que, ante la incapacidad de resolver la crisis económica y social, encontraron en el autoritarismo o la revolución radical las únicas vías de salida (Paxton, 2019).
Frente a este escenario, emergió la coalición golpista de corte autoritario y nacional-católico, que se autodenominó “Movimiento Nacional”. Esta fuerza no fue un bloque monolítico, sino una alianza reactiva que unió a los falangistas –con su retórica de unidad nacional y regeneracionismo autoritario–, a los terratenientes tradicionales, a la jerarquía eclesiástica y a sectores de un ejército que se percibía a sí mismo como la “columna vertebral” de la patria (Beevor, 2005; Paxton, 2019). En ese marco, las razones del golpe no fueron meramente defensivas, los sublevados buscaban frenar una supuesta “bolchevización” de España, pero fundamentalmente intentaban restaurar un orden jerárquico y tradicional que consideraban erosionado por las libertades republicanas (Paxton, 2019). Su comportamiento durante la contienda se caracterizó por una represión sistemática y metódica, destinada a eliminar cualquier vestigio de la experiencia democrática y revolucionaria, un fenómeno que clasifica dentro de las tácticas de domesticación del disenso propias de los regímenes autoritarios en formación.
El quiebre: los “Hechos de Mayo”
Para comprender la magnitud de lo ocurrido en mayo de 1937. Es necesario situar a Barcelona como una ciudad que desde julio de 1936 se había transformado en el laboratorio social más radical de Europa. Tras la derrota del golpe militar, las fuerzas obreras –dominadas por la Central Nacional de Trabajadores-CNT (anarcosindicalistas) y respaldadas por grupos como el Partido Obrero Unificado Marxista-POUM (comunistas anti-estalinistas)– tomaron el control de los servicios públicos, las fábricas y los transportes, convirtiendo la autogestión obrera en la norma cotidiana. En este escenario, el edificio de la Telefónica, ubicado en la céntrica Plaza de Cataluña, se había convertido en el sistema nervioso de la ciudad. Su importancia no era sólo técnica, implicaba mucho más, quien controlaba la Telefónica controlaba la información, la vigilancia de las comunicaciones y, en última instancia, el pulso político de la metrópoli.
Sin embargo, para el Gobierno Central y el Gobierno de Catalunya, esta situación era intolerable. En su afán por ganar la guerra mediante un ejército regular y un Estado unificado, el control de las infraestructuras estratégicas por parte de comités obreros era visto como una rémora que impedía la eficacia militar y la legitimación internacional ante las potencias occidentales. La tensión alcanzó su punto de ruptura el 3 de mayo de 1937, cuando las fuerzas gubernamentales intentaron desalojar a los trabajadores de la CNT que custodiaban el edificio de la Telefónica. Lo que comenzó como una operación policial para “recuperar” un activo estratégico, se convirtió en una chispa que incendió las calles de Barcelona.
Los sucesos que siguieron no pueden interpretarse como una simple escaramuza. Fueron el clímax de una crisis de hegemonía donde colisionaron dos modelos irreconciliables: el de un Estado centralizado que aspiraba al monopolio de la fuerza, y el de un movimiento obrero que concebía el control de los medios de producción como la base innegociable de su proyecto revolucionario. El Partido Comunista Español (PCE) y los sectores gubernamentales, bajo la égida de la Internacional Comunista (bajo control de la URSS, y por tanto de Stalin), abogaban por una “democracia de nuevo tipo”, postergando la revolución hasta la victoria militar y priorizando la moderación política. En contraste, las corrientes anarquistas y comunistas antiestalinistas, imbuidos en la convicción de que guerra y revolución eran procesos indisolubles, argumentaban que desmantelar las estructuras de poder tradicional era el único camino para garantizar la lealtad y el ímpetu de las masas.
La guerra y la revolución se volvieron dos fuerzas que intentaban ocupar el mismo espacio. Estos sucesos fueron el clímax de una crisis de hegemonía donde la represión de los focos revolucionarios no sólo debilitó la moral, sino que alteró la arquitectura republicana. Como documenta Beevor (2005), esta ruptura interna fue el preludio de una política de supresión sistemática de las alternativas sociales. El gobierno republicano, operando bajo el cerco del Pacto de No Intervención, se subordinó a la ayuda soviética, sacrificando la pluralidad revolucionaria por una estructura estatalista (Acuña Méndez, 2015). El resultado final de este proceso fue una España profundamente dividida, donde el centralismo, en su afán de ganar la guerra, terminó desmovilizando al actor principal que había salvado a la República en 1936: el pueblo organizado (Vilar, 2005).
Este proceso de agotamiento progresivo fue el preludio inevitable del fin de las ilusiones revolucionarias hacia 1939. La derrota de la Segunda República no puede explicarse únicamente como un fracaso militar en el frente; fue, en esencia, la consecuencia de una fragmentación política interna. La imposibilidad de conciliar la justicia social con las urgencias de un aparato estatal en crisis fracturó la resistencia frente al avance del bloque nacionalista (Beevor, 2005; Vilar, 2005).
Antifascismo y el latido latente del anarquismo
A noventa años del estallido de la Guerra Civil, la conmemoración del conflicto ha trascendido la efeméride para situarse en el centro de una disputa política contemporánea. En este escenario, el anarquismo reaparece no como un objeto arqueológico, sino como una fuerza latente y motora. La propuesta teórica de Felipe Corrêa (2020) resulta esencial para superar la interpretación del anarquismo como un movimiento condenado a la ineficacia o al activismo superficial. Corrêa plantea una relectura del anarquismo que rescata la noción de poder popular no como un fin en sí mismo, sino como una metodología de acumulación de fuerza social. Este planteamiento es fundamentalmente crítico: se distancia tanto del insurreccionalismo espontaneísta que fracasó en su intento de tomar el poder por la fuerza, como de las vanguardias leninistas que terminaron suplantando al movimiento obrero por estructuras burocráticas centralizadas (Corrêa, 2020).
La propuesta de Corrêa (2020) articula tres ejes estratégicos que desafían las inercias políticas. En primer lugar, la autonomía de clase, que exige construir el movimiento popular fuera de la tutela del Estado y los partidos; esta no es una abstracción, sino una lección histórica aprendida de forma traumática durante el ataque a la conformación y existencia de la segunda república española (1931-1939) (Acuña Méndez, 2015). En segundo lugar, la acción directa, que emula la experiencia de las colectivizaciones de 1936, no como réplica museística sino como pedagogía cotidiana de la autogestión (Corral Sanchez, 2016). Finalmente, la organización específica mediante “agrupaciones de tendencia”, que actúan como levadura en los movimientos sociales, asegurando la coherencia ideológica sin dominar a las bases (Corrêa, 2020).
Estos ejes representan una alternativa robusta frente a la atomización social que el fascismo —entendido como una “modernidad alternativa, regresiva”— aprovecha ante el descrédito de las instituciones democráticas (Paxton, 2019). Ante la fragilidad que registra el mundo actual, la respuesta libertaria –fortalecer el tejido social mediante el federalismo– es una praxis de vigencia innegable (Corrêa, 2020; Paxton, 2019). Esta postura confronta la noción de que el poder es sinónimo de dominación, proponiendo, a la luz de pensadores como Bakunin y Malatesta, resignificar el poder como una herramienta de autogestión colectiva necesaria para la transformación social (Corrêa, 2020).
Estudiar la Guerra Civil Española hoy requiere trascender tanto la nostalgia acrítica como el revisionismo propagandístico. Solo recuperando la lección de las colectivizaciones de 1936 y analizando el quiebre de la retaguardia, el pensamiento anarquista puede ofrecer una alternativa coherente ante los nuevos autoritarismos. Como señalaba Durruti, “llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones”, y la lucha por ese mundo no es un recuerdo, es una praxis que crece en este instante, esperando el momento de volver a las barricadas, ya sea de piedra o de ideas.
Acuña Méndez, A. E. (2015). Anarquistas y Comunistas en la Guerra Civil Española: Una Alianza Fracasada. [Tesis de grado, Pontificia Universidad Javeriana].
Beevor, A. (2005). La Guerra Civil Española. Editorial Crítica.
Blanco Rodríguez, J. A. (2007). La historiografía de la guerra civil española. Hispania Nova, (7).
Corrêa, F. (2020). Hacia un pueblo fuerte: Anarquismo, organización y poder popular. Descontrol Editorial.
Paxton, R. O. (2019). Anatomía del fascismo. Capitán Swing.
Vilar, P. (2005). La Guerra Civil Española. Editorial Planeta.
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