En un contexto marcado por la expansión de los mercados de carbono y la discusión sobre su regulación en Colombia, esta reseña examina los principales aportes de la investigación “Mercantilizar la vida: mercados de carbono en la Amazorinoquía”, la cual cuestiona el alcance de estos mecanismos frente a la crisis climática y aporta elementos para comprender sus implicaciones sobre los territorios, las comunidades y el debate en torno a la justicia ambiental y los modelos de desarrollo.
La plataforma Red Llanos & Selva1, compuesta por organizaciones sociales, corporaciones jurídicas y defensores de derechos humanos, lanzó el informe “Mercantilizar la vida: mercados de carbono en la Amazorinoquía”, cuya investigación estuvo a cargo de Andrea Echeverri Sierra2. El documento se presenta como resultado de un estudio sobre los mercados voluntarios de carbono en los departamentos de: Vaupés, Guainía, Guaviare, Putumayo, Casanare, Meta, Arauca y Vichada. El trabajo busca comprender de manera crítica qué son los mercados de carbono y cómo funcionan. Además, hace una revisión del estado de estos mercados en Colombia, particularmente, en los departamentos priorizados.
Para ello utilizaron fuentes secundarias a través de repositorios, reportajes periodísticos, y publicaciones de organizaciones sociales y ambientales. De igual forma, se accedió a fuentes primarias a través de derechos de petición, consultas a documentos oficiales y entrevistas con comunidades, investigadores y funcionarios públicos. También se realizó trabajo de campo con el objetivo de revisar los principales estándares usados en Colombia para certificar proyectos de carbono.
Durante su reciente expansión, los mercados de carbono se han fortalecido económicamente. Entre el 2016 y el 2026, el precio medio del carbono para los sistemas de comercio de emisiones (ETS) pasó de US$9 a US$283 por tonelada de CO2 emitida. Por su parte, los ingresos procedentes de la fijación de precios del carbono se triplicaron, pasando de menos de 30.000 millones de dólares en 2016 a más de 107.000 millones de dólares en 20254.
De igual forma, su cobertura geográfica ha aumentado; según reportes del Banco Mundial, en el 2004 el Sistema de Comercio de Emisiones cubría sólo el 7% de las emisiones mundiales, en el 2024, cubría el 24%. En su último informe, se resaltó el desempeño de países como Colombia, Brasil, Chile, India y Turquía, que están logrando avances en la implementación de precios al carbono5. No obstante, se ha cuestionado la elevada concentración geográfica tanto de los Mercados Voluntarios de Carbono (MVC) como de los proyectos vinculados al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).
Según el “Informe sobre los países menos adelantados 2024: Aprovechar los mercados del carbono para el desarrollo”, sólo Bangladesh, Camboya, República Democrática del Congo, Malawi, Uganda y Zambia representaban más del 75% de todos los créditos de carbono emitidos en mercados voluntarios. Asimismo, concentraban el 80% de los créditos bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)6. De igual manera, los países latinoamericanos han tenido una participación considerable en el MDL, generando certificados de reducción de emisiones que superan los 350 millones de toneladas de CO2 equivalente. En términos de volumen de proyectos, Brasil, México, Colombia y Perú lideran en la región, con una oferta concentrada sobre todo en energía hidroeléctrica y eólica, biomasa, captura de gas en vertederos y control de emisiones de metano7.
En un contexto en el que los mercados de carbono siguen aumentando su relevancia económica y su cobertura geográfica resulta esencial comprender su lógica y funcionamiento. Precisamente allí se sitúa el aporte del informe, que propone examinar críticamente qué son y cómo funcionan los mercados de carbono, quiénes son los actores involucrados en ellos, cuáles son sus objetivos, beneficios y necesidades. Asimismo, devela algunas de las contradicciones que operan dentro del sistema y cuáles son sus efectos sobre los territorios y las comunidades que los habitan. En este sentido, se pone en cuestión si los mercados de carbono resultan ser un mecanismo efectivo y eficiente para desacelerar el cambio climático o si, por el contrario, su propia lógica interna legitima y reproduce el modelo de producción y explotación capitalista que origina buena parte de la crisis ambiental.
Esta discusión adquiere especial relevancia en Colombia, donde el gobierno nacional ha impulsado durante los últimos años un proceso de fortalecimiento del marco regulatorio de los mercados de carbono. En junio de 2026, el Ministerio de Ambiente sometió a consulta pública un proyecto de decreto destinado a establecer reglas para este tipo de mercado, incorporando disposiciones sobre monitoreo, reporte y verificación; el funcionamiento del Registro Nacional de Emisiones (Renare); la participación en el artículo 6 del Acuerdo de París; y nuevas exigencias para los proyectos de carbono8.
El proyecto ha suscitado observaciones de gremios empresariales, que advierten sobre posibles cargas regulatorias desproporcionales e incertidumbre para el desarrollo de proyectos de carbono. Según estos sectores, ello podría traducirse en mayores costos de implementación, en el incremento de trámites administrativos, y en mayores tiempos en la ejecución de estas iniciativas. No obstante, el sector empresarial no se opone a la expedición de un marco regulatorio. Por el contrario, sus observaciones buscan ajustar el proyecto para que las nuevas obligaciones sean proporcionales, otorguen mayor seguridad jurídica y no afecten la competitividad del mercado9.
En este escenario, el informe de la Red Llanos & Selva aporta elementos sustanciales para un debate que actualmente tiene implicaciones políticas e institucionales. En él se plantea que los mercados de carbono no son una respuesta real frente a la crisis climática pues tienden a reducir el problema a mecanismos eminentemente técnicos, como los cálculos de emisiones, los modelos de medición o los sistemas de certificación. En consecuencia, se dejan de lado los cambios estructurales necesarios en la economía, los patrones de producción y consumo, así como en las relaciones de poder que contribuyen a reproducir la crisis ambiental10.
Para la autora, el discurso sobre el carbono ha desplazado la atención de la responsabilidad que tienen las grandes empresas y países contaminantes, hacia el cálculo de la cantidad de carbono emitido y capturado. Según esta lógica, una tonelada de carbono emitida es equivalente a una tonelada de carbono capturada11. Es decir, que si una empresa o país emite la misma cantidad de carbono que ayuda a capturar, entonces su actividad no resulta nociva para el medio ambiente. De esta forma, el modelo de producción queda disfrazado bajo un “capitalismo verde” que legitima y justifica la explotación y contaminación del ambiente.
En efecto, según la investigación, compañías como Exxon Mobil, Shell, Chevron, Coal India o Saudi Aramco –que figuran como las mayores responsables de emisiones a nivel mundial– aparecen como las principales compradoras de créditos de carbono, algunos de ellos en Colombia. De esta forma, según Echeverri, se permite que las compañías continúen desarrollando actividades altamente emisoras mientras compensan parte de sus emisiones mediante créditos de carbono, lo que además les posibilita proyectar una imagen de sostenibilidad ambiental12. Desde esta óptica, este mecanismo puede comprenderse como una estrategia de “green washing” en la que las empresas hacen creer que sus productos, servicios o políticas corporativas son ecológicas y respetuosas con el medio ambiente, cuando en realidad no lo son.
Mientras tanto, la crisis ambiental se sigue profundizando y el incremento de la temperatura global continúa aumentando. En este escenario, son las comunidades y los territorios más empobrecidos quienes tienen que cargar con los efectos devastadores del cambio climático. Aunado a esto, los mecanismos con los que operan los bonos de carbono en muchas ocasiones terminan impactando negativamente a las comunidades. Informes nacionales e internacionales alertan sobre compras de tierra a precios injustos o con presiones indebidas, desplazamientos de familias campesinas o indígenas, contratos con obligaciones desproporcionadas, restricciones sobre el uso del territorio, entre otros13.
En sintonía con la investigación realizada por el Cinep en el Chocó14, ambas investigaciones encontraron que proyectos como Redd+15han replicado prácticas de los modelos de explotación de la naturaleza: opacidad en las negociaciones, acuerdos poco claros y engañosos, afectaciones a la autonomía, pérdida de control territorial y subordinación de las comunidades frente a los intereses privados. Casos como el de Acatisema16 en la selva de Matavén o el del Consejo Indígena del Pirá Paraná y Acaipi17 ilustran los conflictos que este tipo de proyectos han generado. Frente a esto, la Corte Constitucional, en la sentencia T-248 de 2024, ordenó proteger el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades. Amparando los derechos: a la autodeterminación, a la autonomía y al autogobierno; al territorio colectivo; y a la consulta previa18.
En conjunto, el informe constituye un aporte importante para comprender la expansión de los mercados de carbono en Colombia y los conflictos que pueden surgir alrededor de ellos. Su principal fortaleza radica en articular discusiones globales sobre la crisis climática con experiencias concretas de comunidades y territorios de la Amazorinoquía. Si bien privilegia una mirada crítica sobre estos mecanismos y profundiza menos en las posiciones que los defienden, ofrece herramientas valiosas para reflexionar sobre los alcances, límites y consecuencias de las soluciones de mercado frente al cambio climático, específicamente sobre los bonos de carbono.
De igual forma, en un momento en que el país discute la construcción de un nuevo marco regulatorio para estos mercados, la investigación ofrece insumos relevantes para un debate que involucra no sólo cuestiones técnicas y ambientales, sino también tensiones políticas y sociales relacionadas con la justicia ambiental, los derechos territoriales y los modelos de desarrollo.
1 Organizaciones que integran la Red Llanos y Selva: -Corporación vínculos; Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, Corporación Jurídica Yira Castro, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Pastoral Social Diócesis de Granada en Colombia, CINEP-PP, Corporación Vida y Paz, Pastoral Social Regional Suroriente Colombiano, Corporación Claretiana Norman Pérez Bello y Humanidad Vigente Corporación Jurídica-
2 Ambientalista feminista con 15 años de experiencia en ONG’s y movimientos sociales en la lucha por la defensa de todas las formas de vida. Es socióloga, especialista en educación y gestión ambiental.
3 World Bank, State and Trends of Carbon Pricing 2026 (Washington, DC, 2026), https://doi.org/10.1596/978-1-4648-2348-0.
4 World Bank Group, Direct Carbon Pricing Covers Nearly One Third of Global Emissions, (Washington, DC), 19 de mayo de 2026, https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2026/05/19/direct-carbon-pricing-covers-nearly-one-third-of-global-emissions.
5 World Bank Group, Global Carbon Pricing Revenues Top a Record $100 Billion, (Washington, DC), 21 de mayo de 2024, https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2024/05/21/global-carbon-pricing-revenues-top-a-record-100-billion.
6 UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development / UN Trade and Development), The Least Developed Countries Report 2024: Leveraging Carbon Markets for Development (Ginebra (Geneva) / Nueva York: United Nations (UN), 2024), https://unctad.org/system/files/official-document/ldc2024_en.pdf.
7 Center for Clean Air Policy (CCAP); Secretaría de ONU Cambio Climático — Centro de Colaboración Regional para América Latina (RCC América Latina), El progreso de la operacionalización del Artículo 6 en América Latina (Center for Clean Air Policy (CCAP) y RCC América Latina, CMNUCC, 2024), https://fedemaderas.org.co/wp-content/uploads/2025/01/Documento-Operacional-sobre-el-progreso-de-la-operacionalizacion-del-Articulo-6-en-America-Latina.pdf.
8. Proyecto de Decreto por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 22 de la Ley 2169 de 2021, en lo relacionado con el desarrollo, las condiciones, los criterios y el marco institucional requerido para los mercados de carbono en Colombia (2026).las condiciones, los criterios y el marco institucional requerido para los mercados de carbono en Colombia (2026
9 Generadoras, «Comentarios al decreto marco sobre los mercados de carbono en Colombia», 17 de junio de 2026, https://andeg.org/wp-content/uploads/2026/07/061-2026_Comentarios_Decreto_Mercados_Carbono-2.pdf.
10 Andrea Echeverri S, Mercantilizar la vida: mercados de carbono en la Amazorinoquía (Red Llanos y Selva, 2026).
11 Andrea Echeverri S.
12 Andrea Echeverri S.
13 Andrea Echeverri S, 35.
14 Vorágine, En Chocó los bonos de carbono esconden un “extractivismo verde sofisticado”, 13 de mayo de 2026, https://voragine.co/historias/investigacion/en-choco-los-bonos-de-carbono-esconden-un-extractivismo-verde-sofisticado/.
15 Los proyectos REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques), es un mecanismo internacional impulsado por las Naciones Unidas que busca que comunidades de todo el mundo reciban compensaciones económicas cuando logren demostrar que están protegiendo los bosques. Luego de un proceso de verificación del trabajo de conservación, se emiten bonos de carbono para ser vendidos en el mercado global.
16 Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas de la Selva de Matavén.
17 Asociación de Capitanes y Autoridades Tradicionales Indígenas del Río Pirá Paraná.
18 Sentencia T-248 de 2024, T-9.312.858 (Sala Segunda de Revisión 25 de junio de 2024), https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/ficha-sentencia/46657/0/texto/0.
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