¿Cómo explicar que Terry Cole, director actual de la Administración de Control de Drogas (DEA), elogió recientemente la labor de Omar García Harfuch, mientras en los mismos días el secretario de Estado, Marco Rubio, amenazaba con enviar tropas a México para combatir al narcotráfico? El reconocimiento de Cole al secretario mexicano de Seguridad y Protección Ciudadana sucedió en la 40 Conferencia Internacional para el Control de Drogas, celebrada entre el 18 y 20 de agosto en Buenos Aires.
Desde su fundación en 1973, las relaciones entre la DEA y las otras agencias de seguridad estadunidenses no han sido fáciles y, frecuentemente, han desembocado en situaciones conflictivas. Hay historiadores que atribuyen uno de los motivos de su creación a la aparición en 1972 del libro del historiador Alfred W. McCoy: La política de la heroína en el sudeste asiático. La investigación muestra como la aerolínea secreta de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Air America, era utilizada para transportar opio y heroína desde Laos a la costa este de Estados Unidos, mientras se protegía a los capos asiáticos de las drogas, los cuales empleaban los dividendos para combatir a las guerrillas comunistas. La publicación del texto desató un escándalo de varias semanas y desafió al Congreso. McCoy fue llevado a declarar frente a una comisión especial de senadores y diputados que habían dispuesto una indagatoria al respecto. Mientras la CIA promovía el cultivo y la venta de opiáceos en las selvas de Laos y Camboya, las policías de las ciudades de Nueva Jersey, Nueva York y Massachusetts se veían sobrepasadas por el rápido crecimiento de los grupos delictivos.
Aunque en circunstancias distintas, años después ese mismo conflicto entre la DEA y la CIA se repetía en las costas de Centroamérica. La presidencia de Reagan, que tenía vedada la venta de armas a los contras de Nicaragua, orquestó clandestinamente una triangulación entre Irán, Israel y México, en la que el opio iraní se vendía en las calles de Los Ángeles para obtener fondos destinados a armar a los grupos paramilitares que asediaban a la revolución sandinista. Es el momento del asesinato en México de Kiki Camarena, un agente de la DEA que había descubierto por azar la operación. Se culpó a los cárteles mexicanos, pero hoy sabemos que fue un crimen perpetrado por las agencias de seguridad comandadas por la propia Casa Blanca.
Más recientemente, en Afganistán los talibanes suprimieron la producción de hachís y heroína. Tres años después de la invasión de la alianza entre Europa y Estados Unidos en búsqueda de Bin Laden, el país se convirtió en el principal productor en el mundo. La queja provino esta vez directamente de la DEA. Nadie quiso escucharla.
Con esta misma pauta, la administración de Trump ideó una “nueva política” hacia América Latina. Sólo que el encargado de ponerla en práctica fue precisamente Marco Rubio, el secretario de Estado. En palabras de Maureen Tkacik, editora de investigación en The American Prospect: “Él es el arquitecto de la parte más cínica de la estrategia de Trump: el esquema de colocar a los capos de los cárteles de las drogas y sus compinches en la cima de los gobiernos de América Latina en nombre del combate a los cárteles de las drogas”.
En septiembre del año pasado, Rubio vindicó la labor del presidente ecuatoriano Daniel Noboa por “haber logrado en el combate contra el narcotráfico en tan sólo dos años lo que ninguna administración previa”. Cinco meses antes, una investigación encontró que el negocio de frutas de la familia Noboa había transportado, entre 2020 y 2022, 700 kilos de cocaína a Europa envueltos en hojas de plátano. Lo mismo sucedió con el convicto Juan Orlando Hernández, que regresó indultado a Honduras para apoyar el ascenso del derechista Nasry Asfura. Ni hablar de la tenaz defensa que hizo Rubio de Álvaro Uribe en los años 90, a quien el Pentágono describió alguna vez como uno de los principales narcoterroristas de Colombia.
Y la lista es larga. Los ya investidos como presidentes de ellos acudieron a la cita en Doral, Florida, donde se anunció la creación del Escudo de las Américas, una alianza que se propone proteger a los ciudadanos de cada país del “flagelo de la narcoviolencia”, constituida precisamente por algunas de las figuras más violentas del trasiego latinoamericano. “Imperialismo a la antigua”, comentaron algunos de los principales periódicos de la región. Un nuevo cártel, pero de presidentes, cabría agregar.
El respaldo de Cole (actual jefe de la DEA) a García Harfuch representa, en cierta manera, un mensaje dirigido a Rubio de que la agencia antidrogas no planea enviar a sus hombres a México. Ya lo hizo durante el sexenio de Felipe Calderón y el resultado fue un desastre. También un mensaje del “Estado profundo” a la Casa Blanca en torno a su política frente a México.
A la presidenta Claudia Sheinbaum, a García Harfuch y a la judicatura los esperan meses difíciles. En un momento de absoluto declive del rating de Trump, con elecciones intermedias en puerta, la detención súbita de una decena de presuntos narcotraficantes mexicanos aparecería como trofeo mediático sin igual, en lo que lo último en que se piensa es cómo apoyar a la sociedad mexicana frente a la violencia que la agobia. Por esto, el caso de Sinaloa se ha transformado en una situación particularmente delicada. Un tema que abordaremos en el siguiente capítulo de este texto.
27 de agosto
Por, Ilán Semo / I
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