Quito. 20 de agosto de 2026. Estados Unidos inició operaciones militares directas contra los carteles criminales en las rutas del narcotráfico en el norte de Ecuador, cerca a la frontera con Colombia, como parte del acuerdo Escudo de las Américas, una coalición antidrogas integrada por una veintena de países de Latinoamérica y el Caribe, propuesta por el presidente Donald Trump y acogida por su homólogo Daniel Noboa.
“Estamos con el séptimo grupo del ejército de los Estados Unidos trabajando en conjunto en la lucha contra el narcoterrorismo”, dijo este jueves 20 de agosto el gobernador de la provincia de Esmeraldas, Juan Jaramillo, que evitó proporcionar los datos de cuántos militares estadunidenses están desplegados en la zona y desde cuándo.
Estas operaciones se dan cuando este miércoles se hicieron públicas las cifras de muertes violentas en el primer semestre de 2026, que ya constituyen la segunda etapa más grave en la historia de este país andino con 4 mil 882 asesinatos entre enero y junio, según los datos del Ministerio del Interior. La distribución geográfica de los homicidios de este año demuestra que la criminalidad se concentra con mayor fuerza en la región litoral y en las zonas clave para las rutas del narcotráfico.
En este contexto, este martes arribó al Ecuador del jefe del Comando Sur, Francis Donovan, para coordinar con el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo y con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado, las acciones y estrategias que se mantienen en secreto. Según Lofredo este jueves llegaron dos barcos de guerra y tres helicópteros Black Hawk estadunidenses para controlar puntos marítimos y ciudades costeras, como la violenta ciudad de Manta. “Vamos a aumentar por tres nuestras capacidades de interdicción en la zona marítima”, indicó en un vídeo difundido en redes sociales.
El gobierno de Noboa hizo público este miércoles un decreto que permite a los militares estadounidenses y a empresas contratadas por el Departamento de Defensa del régimen de Trump estar en suelo ecuatoriano hasta 180 días sin visa y con inmunidad migratoria.
Detrás de Guayas y Pichincha, la provincia de Esmeraldas es la tercera más afectada del país por asesinatos, secuestros y extorsiones, además de ser la zona por donde los grupos del narcotráfico usan los puertos del Pacífico para exportar droga hacia Estados Unidos y Europa.
Protestas sociales se intensifican
Tras el rechazo del Consejo Nacional Electoral de dar paso al proceso de revocatoria del mandato de Noboa, varias organizaciones sociales han iniciado protestas, tal como la que ayer protagonizaron decenas de familiares de personas privadas de libertad se agolparon en las afueras de la llamada cárcel de El Encuentro para denunciar falta de alimentos, medicamentos y atención médica, además de restricciones para comunicarse con los internos y acceder a sus abogados.
Asimismo, los trabajadores agrupados en el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) instalaron convenciones nacionales esta semana para estructurar jornadas de movilización civil en rechazo a las reformas económicas de Daniel Noboa, pero los llamados aún se encuentran en fase de planificación estratégica y no en ejecución pública.
Casi en simultáneo, indígenas Waorani exigieron el cierre definitivo del bloque petrolero 43-ITT, ubicado en la Amazonia, argumentando que han pasado tres años desde que los votantes aprobaron en un referendo para detener su explotación y no se ha respetado la voluntad popular.
Por otro lado, organizaciones campesinas e indígenas como la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras y la Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi se declararon en alerta y rechazo tras dictarse prisión preventiva contra el dirigente indígena Guido Perugachi, bajo la acusación de haber provocado disturbios en el paro nacional de septiembre del año pasado. Aunque sus bases han manifestado que protegerán la autonomía territorial de sus comunidades y evalúan medidas políticas, no han bloqueado carreteras ni marchado hacia las grandes ciudades.
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