Las sistemáticas amenazas a la oposición por parte de Abelardo de la Espriella, quién se prepara para tomar la posesión presidencial el 7 de agosto, generan una situación de inseguridad para gran parte de la nación colombiana. La historia del país ha demostrado que la estrategia de criminalización y las prácticas del señalamiento recubrieron de acero una tierra en la que todavía laten las huellas de los asesinados y desaparecidos por la feroz persecución política emprendida contra el abanico del progresismo: una estela de ignominia perpetrada por paramilitares y agentes estatales.
La desinformación alentada por el futuro mandatario contra una parte del pueblo, y cimentada en una exacerbada violencia verbal, ha encendido las alarmas; algo lógico, conscientes de que la “emoción antisocial” que conforma el odio “conlleva el deseo de aniquilar o causar el máximo sufrimiento posible a las personas odiadas”, apuntó Ibáñez en La lógica del terrorismo.
A lo largo de las páginas de la obra Entre la Libertad y el Miedo, dedicadas “A los campesinos anónimos de Colombia perseguidos sin piedad cristiana porque amaban una cosa buena: la libertad”, Germán Arciniegas advertía, ya en los años 50, cómo la “violencia verbal” destruye la democracia. En su escrito denunciaba las agresiones semánticas arremetidas por Laureano Gómez contra los liberales, a quienes identificaba con lo amorfo, lo terrible, lo monstruoso, con la ira…, siendo en las oficinas de su periódico, El Siglo, donde se fraguó la célula de las violentas camisas negras. Arciniegas no silenció su preocupación: “Los miembros de aquella célula original han venido a ocupar ahora puestos de responsabilidad: son embajadores, representantes ante las Naciones Unidas, altos jefes de gobierno. Tienen en sus manos los resortes para la acción directa”.
Aquella vieja estrategia de estigmatización reaparece como una erupción volcánica cada vez que el progresismo expande sus alas. Lo comprobamos en 2021, en la mayor demanda social de la historia reciente de Colombia. El Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos verificó que esta movilización pacífica fue etiquetada durante el gobierno de Iván Duque de “terrorista, vandálica, criminal y asesina”: calificaciones que pretendían desviar el foco de los reclamos y justificar la criminal represión que se ordenó, extensible a promotores del diálogo, periodistas y defensores de Derechos Humanos.
La criminalización de la protesta que señaló a los manifestantes como delincuentes, narcoguerrilleros, narcoterroristas; conspiradores de un complot para hundir al país en el caos, en la barbarie y destrucción, nos remite a una cacofonía de las teorías conspiratorias que acusan al enemigo de ser una plaga que pretende sembrar el caos, la ruina, el derrumbe económico, atentar contra las infraestructuras…
Una consecuencia de la afición por las conspiraciones -anotan Óscar J. Jiménez y Luis D. Ibáñez en Terrorismo y sociedad democrática- es “la eventual confluencia de opiniones entre partidarios del terrorismo con inclinaciones ideológicas sumamente dispares”. Ello explica que el nazismo, franquismo y terrorismo yihadista, hayan coincidido en el relato conspiratorio de Los protocolos de los sabios de Sion.
Otro denominador común -remarca Amado Castro en la Ley del perseguidor- compartido por las redes terroristas judías, yihadistas y fundamentalistas cristianas de los Estados
Unidos son el “deber divino” y la creación del “nuevo orden”. También Hitler, Franco, Videla, Osama Bin Laden… y Netanyahu, han justificado sus crímenes de lesa humanidad y atentados terroristas en nombre de una sagrada misión.
Conforme a ello, los discursos de odio y la desinformación auspiciada por Abelardo de la Espriella, junto con su intento de apropiarse y politizar a las Fuerzas Armadas -además de pretender reinstaurar el polémico Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y desatar el peligro de la doble cara de la moneda que conllevaría la creación de “Bloques de Defensa para la Seguridad Ciudadana”-, traza un escenario propicio para el resurgimiento del paramilitarismo y del terrorismo de agentes estatales. Siendo así, se anticipa una situación que trae a la memoria el testimonio de Habid Souaïdia, ex oficial del ejército argelino y testigo en los años 90 de la represión emprendida contra la población civil: “Tenía entonces veinticuatro años y estaba dispuesto a combatir a los terroristas, pero todavía ignoraba que con el paso de los años acabaríamos actuando como ellos y convirtiéndonos en auténticos salvajes”.
La actual amenaza que se vierte sobre una inmensa parte de la sociedad colombiana de acabar acusada, por pensar diferente, de terrorista o narcotraficante; criminalizada para justificar su posible encarcelamiento, bombardeo, extradición o eliminación, proyecta un escenario de emergencia nacional en materia de Derechos Humanos. Un contexto donde la responsabilidad social de los medios de comunicación para contrarrestar y desmontar estas campañas de desinformación será fundamental para defender la vida.
No cabe duda de que el 20 de julio, conmemoración de rebosante simbolismo, de color y humanidad, de la Independencia, de la liberación de los grilletes, del respeto al crisol de pensamientos, será un termómetro de reflexión en los corazones de los distintos sectores; civiles y militares.
Mientras, frente al creciente intento de la ultraderecha mundial de instrumentalizar al ejército y a la policía, resuenan por el planeta aquellas palabras que Habid Souaïdia le dirigió, en sus memorias de la Guerra Sucia, a quien fue su superior: “Sepa que gracias a oficiales jóvenes como yo está usted en el poder y continúa masacrando a nuestro pueblo. Esa es la única cosa que jamás podré perdonarme”.
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