El presidente Daniel Ortega declaró el 19 de julio que ya no habrá elecciones que permitan a la oposición llegar al gobierno. Esto no es nada nuevo. Después de que el Frente Sandinista recuperara la presidencia en 2007, el histórico comandante Tomás Borge dijo: “Aquí puede pasar de todo, menos que el Frente Sandinista pierda el poder. Yo le decía a Daniel Ortega: podemos pagar cualquier precio; lo único que no podemos perder es el poder, y haremos lo que sea necesario”. A partir de ese momento, en cada una de las elecciones siguientes empeoraron las condiciones de participación de los partidos de la oposición, hasta que en 2021 todos los posibles candidatos presidenciales fueron encarcelados, expulsados del país y suprimieron la personalidad jurídica de todos los partidos independientes.
Justo después de la declaración del copresidente Ortega, la también copresidente Murillo intentó corregir la impresión de que se van a abolir las elecciones y explicó que habrá elecciones, pero de una forma más adecuada para Nicaragua. Toda esta confusión pone de manifiesto dos aspectos clave: por un lado, la pareja copresidencial no quiere organizar elecciones libres, pluralistas y competitivas. Pero, por otro, quiere cambiar su forma, ya altamente y visiblemente manipulada, porque incluso esos fraudes perfectos suponen un peligro para su régimen dictatorial: ya que no les otorgan ninguna legitimidad, ni dentro del país ni a nivel internacional.
En esta situación, un elemento realmente nuevo es que la falta de libertad en Nicaragua ha vuelto a ser tema de debate en la política y en las noticias internacionales. Durante muchos años, la represión política y todas las atrocidades de la dictadura de Ortega-Murillo contra su propio pueblo fueron ignoradas por los medios internacionales. Esquerda.net ha sido una de las muy pocas plataformas que siempre ha informado de forma crítica y diferenciada sobre los acontecimientos políticos en Nicaragua.
Tras el ataque militar estadounidense contra Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, el 3 de enero de 2026, la retórica de Washington se dirigió en gran medida también contra Cuba y Nicaragua. Según la nueva estrategia de seguridad de la administración Trump, el enfoque de la política exterior de Washington debía orientarse hacia la recuperación de la influencia predominante de Estados Unidos —económica, política y militar— en el continente americano. Por eso, se esperaba que en las semanas o meses siguientes se llevara a cabo una operación de este tipo también contra Nicaragua.
Pero, de forma inesperada, Trump decidió desatar la guerra contra Irán, lo que obviamente hizo que América Latina pasara a tener, al menos temporalmente, una prioridad secundaria en la política exterior de EE UU.
Una «operación Maduro» contra Ortega y Murillo sería “tremendamente popular” (Dora María Téllez) dentro de Nicaragua, y aún más entre la diáspora de nicaragüenses exiliados, refugiados políticos y migrantes por motivos de pobreza. La gran mayoría de la población no quiere una nueva guerra, ni una guerra civil ni una guerra de intervención extranjera. Pero está desesperada por la brutalidad del régimen dictatorial y por la pasividad internacional a la hora de defender los derechos democráticos y humanos más básicos del pueblo nicaragüense. Por eso, hay mucha gente que mira con cierta esperanza las actividades políticas y económicas de EE UU. No son pocos quienes se pronuncian abiertamente a favor de una intervención militar estadounidense.
Todas las redes sociales de la oposición reflejan, y al mismo tiempo alimentan, con fuerza estos sentimientos populares y están llenas de comentarios y especulaciones sobre los próximos pasos de Washington en este conflicto. Estas noticias suelen presentar las diversas iniciativas estadounidenses como medidas encaminadas a restablecer unas condiciones libres y democráticas en Nicaragua. Pero, ¿están justificadas esas esperanzas?
Trump ya ha demostrado en varias ocasiones qué es la democracia para el. En enero de 2021 instó a asaltar la Casa Blanca porque no quería reconocer su derrota electoral. Tras la destitución y el secuestro de Maduro, declaró que el control sobre las reservas de petróleo de Venezuela era mucho más importante que el restablecimiento de la democracia en ese país.
El 5 de agosto se reunió de forma extraordinaria el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para abordar la situación política de Nicaragua. Al principio, diez Estados presentaron una propuesta de declaración que condenaba la intención del régimen orteguista de abandonar las elecciones y pedía que se respetaran los derechos políticos y las libertades fundamentales del pueblo de Nicaragua. Esta iniciativa contó con el apoyo de Brasil, Canadá, Chile, Colombia y otros países más. Pero esto no fue suficiente para EE UU. Por eso presentaron su propia propuesta, que declaraba la crisis política en Nicaragua como una amenaza para la paz y la seguridad del hemisferio. Este texto fue respaldado por todos los gobiernos de derecha de América Latina, pero México y Brasil no estuvieron de acuerdo con este recrudecimiento verbal. Aunque el texto aún excluía cualquier intervención armada, calificar la crisis de Nicaragua como un problema de seguridad continental podría aprovecharse en cualquier momento para pedir una operación militar conjunta contra Nicaragua. Ese peligro se hizo aún más evidente con las palabras del representante estadounidense Michael Kozak en esa reunión: “Se acabó el tiempo de las declaraciones sin acciones”.
La dictadura de Ortega y Murillo lucha desesperadamente por sobrevivir. El imperialismo trumpista quiere recuperar su hegemonía absoluta sobre el continente americano. En esta situación difícil y contradictoria, la izquierda tiene dos tareas complicadas: por un lado, tiene que apoyar la lucha del pueblo nicaragüense por la libertad y la democracia en su país, aunque las fuerzas de derecha también quieran sumarse a esta causa. Por otro lado, tiene que rechazar de forma inequívoca cualquier intervención militar extranjera, aunque se disfraze de acción democrática o humanitaria.
El derecho internacional es tan importante como los derechos humanos. No se puede construir una sociedad justa sin la plena garantía de los derechos políticos y humanos. Un mundo pacífico no es posible sin el pleno respeto al derecho internacional.
18/8/2026
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