En la tarde del 5 de agosto de 2024, Sheij Hasina subió a un helicóptero militar y huyó de Daca (Bangladés) mientras cientos de miles de estudiantes y trabajadores se congregaban frente a su residencia. Quince años de un régimen cada vez más autoritario llegaron a su fin en cuestión de horas, derrocado por un levantamiento que había comenzado cinco semanas antes para protestar por las cuotas de empleo en el sector público; y que el Estado había intentado sofocar a sangre y fuego, matando a unas 1.400 personas antes de caer.
Trece meses después, en septiembre de 2025, la prohibición de las redes sociales sumió a Katmandú (Nepal) en la revuelta; en dos días, al menos 77 manifestantes habían perdido la vida y el primer ministro, K.P. Sharma Oli, había desaparecido; la sede de su partido estaba en llamas. Semanas después, los jóvenes malgaches que habían salido a las calles por los cortes de electricidad y la escasez de agua vieron cómo Andry Rajoelina, un presidente que, según se supo, tenía la nacionalidad de la antigua potencia colonial, abandonaba Antananarivo (Madagascar) a bordo de un avión militar francés. Tres años antes, la aragalaya (lucha) ya había sentado un precedente en la región, cuando los habitantes de Sri Lanka ocuparon el palacio presidencial de Colombo y se bañaron en la piscina de Gotabaya Rajapaksa mientras este huía del país que su familia había tratado como si fuera su finca.
A esto hay que sumar los intentos fallidos y los asedios: la toma del parlamento de Kenia en junio de 2024 a causa de un proyecto de ley presupuestaria redactado por el Fondo Monetario Internacional (FMI); el incendio de las asambleas regionales en Indonesia después de que un vehículo policial atropellara a un joven conductor de mototaxi; el movimiento Gen Z 212, organizado a través de Discord en Marruecos, que exigía hospitales en lugar de estadios para el Mundial de fútbol; los 18 meses de bloqueos estudiantiles en Serbia que, en junio de 2026, obligaron finalmente a Aleksandar Vučić a anunciar su dimisión; los estallidos en Perú, Filipinas, Togo, Timor Oriental y Mongolia. Si nos basamos en el indicador burdo de los gobiernos derrocados o sacudidos, las revueltas juveniles de 2022-2026 constituyen la ola de insurgencia popular más exitosa desde la descolonización.
Sin embargo, en casi todos los casos, ha sido otra fuerza la que se ha llevado la palma. En Daca, las elecciones de febrero de 2026 otorgaron una mayoría de dos tercios, no a los estudiantes que habían derramado su sangre en el levantamiento, sino al Partido Nacionalista de Bangladés, la maquinaria más antigua que aún sobrevivía del mismo orden político que el levantamiento de julio se había propuesto enterrar, con un partido islamista como principal oposición y el propio partido de los estudiantes relegado a un segundo plano.
En Antananarivo, el coronel cuya unidad se negó a disparar contra los manifestantes está consolidando ahora un régimen militar, deteniendo a los líderes del movimiento y recibiendo armas rusas. En Katmandú, las urnas han premiado a un partido anticorrupción formado por ingenieros y presentadores de televisión. En Nairobi, el presidente al que los jóvenes intentaron derrocar sigue en el cargo, y el proyecto de ley presupuestaria que le obligaron a retirar ha vuelto, cláusula por cláusula, en una legislación más discreta. La generación que demostró que podía vaciar el palacio no ha logrado, prácticamente en ningún sitio, ocuparlo después.
Reflexionemos sobre esa brecha entre la erupción y la herencia, sin caer en ninguno de los dos registros que dominan el comentario sobre la Generación Z. El primero celebra a la juventud como la conciencia de un mundo fracturado, moralmente íntegra, con fluidez digital e instintivamente internacionalista. El segundo la menosprecia: la juventud es impulsiva, fragmentada, hipersensible, incapaz de un compromiso duradero. Ambos tratan a la generación como una categoría moral y no como una ubicación social; ambos confunden un síntoma con una causa. La verdadera pregunta no es si esta cohorte es más radical o más superficial que sus predecesoras. Es por qué esta generación, en este momento, se ha visto obligada a adquirir visibilidad política, y por qué la visibilidad que ha ganado se traduce tan mal en poder.
Una generación llamada a la acción
Plantear la cuestión de este modo requiere tratar a la Generación Z como una categoría sociopolítica más que demográfica. La conciencia generacional no surge de fechas de nacimiento compartidas; se produce en la intersección de las condiciones materiales, el colapso institucional y el estancamiento histórico. Una cohorte se vuelve políticamente legible cuando se enfrenta al orden social en el punto en que sus contradicciones ya no pueden absorberse de forma privada.
La sociología generacional más antigua se cuidaba de distinguir entre una ubicación generacional (una exposición compartida bajo condiciones históricas) y una unidad generacional: una fracción de esa cohorte que se constituye políticamente, organizada en torno a una interpretación de su situación. Gran parte de la confusión en los comentarios contemporáneos proviene de la confusión entre ambos conceptos. La Generación Z designa una ubicación, no un sujeto. Si se forman sujetos en su seno, y de qué tipo, es precisamente lo que se está disputando en Daca, Belgrado y Antananarivo.
El propio lugar puede especificarse. Lo definen cuatro condiciones, distribuidas de forma desigual, pero reconocibles en todo el mundo. La primera es la inestabilidad económica permanente. A diferencia de generaciones anteriores, cuya radicalización se desarrolló en el seno de economías en expansión o, al menos, reformables, esta cohorte ha alcanzado la edad adulta en un capitalismo en el que la crisis ya no es la excepción, sino el principio organizador. Los salarios se estancan mientras que la productividad aumenta; la vivienda ha pasado de ser un bien social a convertirse en un activo especulativo; la educación, que antes se vendía como una escalera hacia el éxito, ahora funciona como un mecanismo de cobro de deudas que encadena el trabajo futuro a la explotación presente.
En el Norte global, esto se manifiesta en forma de precarización de un empleo que antes era seguro; en el Sur, a modo de informalidad masiva, desaparición del empleo formal y migración forzosa. Nepal exportó a más de una décima parte de su población a los mercados laborales del extranjero antes de su levantamiento; la revuelta de septiembre fue, entre otras cosas, una revuelta de las familias de los trabajadores exportados contra la clase política que vive de sus remesas.
La segunda condición es el colapso climático como situación vivida más que como riesgo futuro: calor extremo, cosechas fallidas, racionamiento de agua, desplazamientos. Vale la pena insistir en que el levantamiento malgache no se desencadenó por una abstracción llamada corrupción, sino por los cortes de electricidad y los grifos secos: el colapso de la infraestructura de reproducción social.
La tercera es la socialización pandémica. La covid-19 no se limitó a interrumpir la educación y el empleo de esta generación; funcionó como un acontecimiento pedagógico, evidenciando con brutal claridad qué vidas se consideraban prescindibles y qué trabajo se consideraba esencial, aunque desechable. Desmontó las últimas ilusiones sobre la capacidad del Estado precisamente en el momento en que esta cohorte se estaba formando su visión del mundo.
La cuarta es la formación en el seno de una infraestructura digital de propiedad privada; una condición a la que volveremos, porque habitualmente se describe erróneamente como una cuestión de “hábitos mediáticos” cuando, de hecho, se trata de una relación de clase.
A estas hay que añadir una quinta, tratada con demasiada frecuencia como una historia aparte: la crisis de la reproducción social recae en primer lugar sobre las mujeres, y las jóvenes han estado al frente de casi todas las revueltas del período; desde las oleadas feministas de América Latina hasta las colegialas que se enfrentaron a los gendarmes en Antananarivo. Allí donde los comentaristas veían una revuelta de la juventud, a menudo se encontraban ante una revuelta organizada gracias al trabajo y la rabia de las mujeres jóvenes, cuyo trabajo no remunerado absorbe cada dejación del Estado.
En conjunto, estas condiciones explican la paradoja central de este período: una generación llamada a la política por el agotamiento del sistema que heredó, más que una que se anunciara a sí misma. Durante décadas, la gobernanza neoliberal prosperó gracias a la despolitización: fragmentando las identidades colectivas, privatizando el riesgo y presentando la inseguridad como un fracaso personal. El resurgimiento de la juventud como actor político visible marca el límite de ese proyecto. Cuando la precariedad se vuelve permanente y el futuro se reduce a una supervivencia gestionada, la propia experiencia generacional se convierte en política, se pretenda o no.
1968 a la inversa
Cualquier análisis de estas revueltas invita a la comparación con las grandes rebeliones estudiantiles de finales de la década de 1960, y vale la pena hacer esa comparación, no para medir la autenticidad, sino para aclarar cómo la estructura del capitalismo ha redefinido lo que puede ser la revuelta juvenil.
Las revueltas de 1968 estallaron en el marco de una configuración específica: la producción fordista, un empleo relativamente estable, unos Estados del bienestar en expansión y unas universidades que crecían suficientemente rápido como para atraer a nuevas capas sociales cuyas expectativas superaban la capacidad del sistema para absorberlas. Es fundamental señalar que aquella generación se enfrentó al capitalismo no como un sistema en crisis terminal, sino como un régimen definido por la contradicción entre abundancia y jerarquía, productividad y alienación, democracia formal y guerra imperial. Su radicalismo se nutría de esa tensión.
Los y las estudiantes podían imaginarse a sí mismas como detonantes de una transformación más amplia porque las fuerzas más amplias existían: mayo de 1968 en Francia fue importante no porque paralizaran el país, sino porque su revuelta coincidió con la mayor huelga general de la historia de Europa. Y el ambiente ideológico que respiraban estaba impregnado de tradiciones socialistas y comunistas vivas. Incluso quienes se rebelaban contra los partidos oficiales lo hacían en diálogo con ellos; la espontaneidad se definía frente a la estructura porque la estructura estaba ahí para desafiarla.
Las revueltas actuales se desarrollan en un panorama que es casi el negativo fotográfico. El capitalismo al que se enfrenta esta generación ya no puede estabilizarse a base de crecer ni permite absorber la disidencia a través de reformas. La clase trabajadora no se presenta como una fuerza social concentrada, sino como una realidad fragmentada: informal, mediada por plataformas, migratoria y crónicamente subempleada. Los partidos de masas y los sindicatos, que en su día transmitían la teoría, la memoria y la estrategia de generación en generación, se han visto vaciados de contenido o convertidos en instrumentos de gestión. La frontera entre estudiante y trabajador, que aún tenía sentido en 1968, se ha desvanecido en la experiencia vital: los estudiantes ya son trabajadores, compaginan las clases con turnos de trabajo esporádico y anticipan la precariedad no como una fase, sino como un destino.
Esta inversión explica un enigma aparente. Los gobiernos caen ahora con mayor facilidad que entonces: De Gaulle sobrevivió a la revuelta de 1968; Hasina, Rajapaksa, Oli y Rajoelina no sobrevivieron a las suyas. Pero la caída cambia menos. Los regímenes de posguerra tenían algo que ceder, y ceder era su forma de sobrevivir: salarios, bienestar social, reforma universitaria. A los regímenes de la crisis permanente no les queda nada que ceder salvo lo personal. Así pues, lo que ceden es personal. Un presidente huye; la deuda permanece. Un gobierno dimite; el programa del FMI se mantiene. El Estado muda de piel y conserva su columna vertebral. Las revueltas de la década de 1960 se enfrentaron a un sistema suficientemente fuerte como para reformarse a sí mismo; las revueltas de la década de 2020 se enfrentan a uno suficientemente débil como para derrumbarse a nivel local, pero suficientemente estructurado para reconstituirse de inmediato, normalmente dejando a los insurgentes fuera.
La comparación, por tanto, no debería suscitar ni melancolía ni desdén. El radicalismo de 1968 no fue fruto de una conciencia superior; fue posible gracias a una configuración en la que el capitalismo aún tenía margen de maniobra y, por lo tanto, algo que perder. La revuelta de la Generación Z surge de un mundo en el que ese margen ha desaparecido en gran medida. Su intensidad no refleja la inminencia de la victoria, sino la profundidad del callejón sin salida; y la facilidad con la que derriba gobiernos no refleja la fuerza del movimiento, sino el vacío de aquello que derriba.
El registro de las erupciones
El período 2022-2026 ofrece ahora algo de lo que el debate sobre la política juvenil carecía desde hacía tiempo: un registro de secuencias completadas. Los levantamientos han seguido su curso; los períodos de transición han dado paso a elecciones o consolidaciones; se han recogido los frutos. Leer el registro caso por caso resulta más instructivo que cualquier teoría general, porque los casos divergen y esa divergencia sigue un patrón.
Bangladés: hereda el antiguo orden. El levantamiento de julio de 2024 fue el más masivo de toda la ola y pagó el precio más alto. Comenzó por las cuotas de empleo (es decir, por la distribución de los escasos puestos de trabajo formales en una economía basada en las fábricas textiles y la exportación de mano de obra) y se intensificó, bajo una represión sangrienta, hasta convertirse en una revuelta contra el régimen como tal. Que la liderara el movimiento estudiantil no sorprendió a nadie en Daca: en Bangladés, es la fuerza organizada más antigua de la política popular, con una genealogía que se remonta hasta los mártires de la lengua de 1952, pasando por el levantamiento masivo de 1969 y la caída de Ershad en 1990: un repertorio de derrocamientos de regímenes que el levantamiento de julio heredó y renovó conscientemente.
Cuando Hasina huyó, los asesores del movimiento formaron parte de un gobierno interino encabezado por Muhammad Yunus; se constituyó un Partido Nacional de Ciudadanos a partir de los líderes del levantamiento; se redactó una “Carta de julio”, que se sometió a referéndum. Sin embargo, cuando finalmente se celebraron las elecciones, en febrero de 2026, el Partido Nacionalista de Bangladés, que llevaba dos décadas fuera del poder, pero había mantenido intacta su maquinaria durante todos los años de exilio, se hizo con más de 200 de los 300 escaños, mientras que Jamaat-e-Islami emergió como la principal fuerza de oposición.
Los y las estudiantes que habían derrocado al régimen no pudieron convertir 18 meses de autoridad moral en una maquinaria electoral, porque una maquinaria es precisamente lo que no se puede improvisar: se construye, sumando distrito por distrito, a lo largo de décadas. El levantamiento despejó el terreno; las organizaciones más antiguas que sobrevivieron ocuparon ese espacio. Mientras tanto, en los meses posteriores a la caída de Hasina, por los cinturones industriales se extendieron oleadas de huelgas de trabajadores de la confección; un recordatorio de que la cuestión de clase, que el movimiento por las cuotas había planteado de forma indirecta, seguía abierta y sigue abierta bajo el nuevo gobierno.
Madagascar: heredan los cuarteles. La secuencia malgache es la más oscura y la que más aclara las cosas. También es la que cuenta con la memoria nacional más prolongada: fue un levantamiento estudiantil, el rotaka de mayo de 1972, el que derrocó la Primera República neocolonial, un precedente que todos los gobiernos malgaches posteriores han tenido motivos para temer. Un movimiento que surgió en Facebook e Instagram a raíz de los cortes de electricidad y la escasez de agua se convirtió en pocas semanas en una revuelta nacional; las fuerzas de seguridad mataron al menos a 22 personas; el punto de inflexión se produjo cuando la unidad CAPSAT del coronel Michael Randrianirina se negó a cumplir las órdenes de disparar y se puso del lado de la multitud.
Los y las manifestantes acogieron la deserción como una liberación; “por fin libres”, recordó haber gritado uno de los organizadores. En cuestión de días, Rajoelina había desaparecido, el Tribunal Constitucional había entregado el poder al coronel y el lenguaje de la revuelta se escuchaba desde el palacio presidencial. En cuestión de meses, la prometida transición inclusiva había dado paso a 600 nombramientos unilaterales, una ley presupuestaria aprobada a pesar de las objeciones del movimiento, la detención de líderes de la Generación Z acusados de conspiración, envíos de armas rusas e instructores del Cuerpo Africano protegiendo al nuevo presidente mientras preparaba su propia candidatura.
Los analistas acuñaron el término “golpevolución”, pero esta secuencia tiene nombres más antiguos: Egipto 2013, Sudán 2019. Cuando una revuelta carece de una fuerza organizada propia, la fuerza mejor organizada del país (que casi siempre es el ejército) la hereda. El ejército no tuvo que robar la revolución; simplemente ocupó un vacío que la revolución no pudo llenar.
Nepal: hereda el centro antipolítico. El levantamiento de Katmandú de septiembre de 2025 condensó toda la dinámica del periodo en dos días: la prohibición de las redes sociales como detonante, los servidores de Discord como salas de reunión, el parlamento en llamas, 77 muertos, un primer ministro derrocado. Era la tercera vez en cuatro décadas que la calle nepalí rediseñaba el Estado (tras el Jana Andolan de 1990, que puso fin a la autocracia del Panchayat, y la segunda de 2006, que acabó con la propia monarquía), pero la primera vez que se llevaba a cabo sin los partidos y sindicatos que habían liderado las dos anteriores.
Lo que siguió no tuvo precedentes: una primera ministra interina, la expresidenta del Tribunal Supremo Sushila Karki, elegida en parte mediante una encuesta en línea realizada por el propio movimiento, un experimento de plebiscito digital que fascinó a la prensa mundial. Pero cuando llegaron las elecciones, en marzo de 2026, la victoria aplastante fue para el Partido Rastriya Swatantra (RSP) de Balen Shah, el rapero convertido en alcalde de Katmandú: obtuvo 182 de los 275 escaños, casi la mitad de los votos proporcionales, la primera mayoría de un solo partido en la historia de la constitución federal de Nepal, con los antiguos partidos comunistas reducidos a meras sombras de lo que fueron y Oli perdiendo su propia circunscripción.
Se trató de una auténtica traducción electoral del levantamiento, el único caso en el que las urnas reflejaron casi directamente las protestas de las plazas. Pero lo hicieron bajo una clave concreta: lucha contra la corrupción, competencia tecnocrática y renovación generacional del personal. El programa del RSP promete un gobierno limpio y reformas favorables a las empresas dentro de la misma economía basada en las remesas, la misma estructura de deuda y la misma subordinación respecto a los vecinos más grandes. El contenido de clase del levantamiento (la revuelta de los hijos de los trabajadores emigrados) se ha traducido en una promesa de mejor gestión. Si esa traducción satisface o simplemente aplaza el problema es el próximo capítulo de la política nepalí.
Sri Lanka: hereda una izquierda organizada, porque ya existía. La aragalaya de 2022 es la excepción que confirma la regla, y la confirma por partida doble. Primero, en sentido negativo: cuando Gotabaya Rajapaksa huyó, el poder no pasó a las plazas ocupadas, sino a Ranil Wickremesinghe, seis veces primer ministro con un único escaño en el Parlamento, el propio mecánico del sistema, que rápidamente desalojó los campamentos y firmó el 17º programa del FMI para el país. La revuelta, al carecer de vehículo, quedó desposeída en cuestión de días.
Sin embargo, luego en sentido positivo: dos años más tarde, la alianza del Poder Popular Nacional (NPP), articulada en torno al JVP (un partido con medio siglo de organización, catástrofes y reconstrucción a sus espaldas), ganó la presidencia y, a continuación, una victoria aplastante en las elecciones parlamentarias, impulsada por un electorado cuyo sentido común había transformado la aragalaya. Las plazas no tomaron el poder, pero hicieron posible que una organización que las precedía lo tomara constitucionalmente. A pesar de que nuestra crítica al NPP en el gobierno (y al mantenimiento el marco del FMI, que invita a una crítica dura) sigue en pie, la lección estructural es clara: el único caso en el que algo parecido a una izquierda ha heredado un levantamiento es aquel en el que una izquierda con décadas de organización acumulada estaba preparada cuando se produjo el estallido. La herencia fue para quienes estaban preparados.
Kenia: contención y rebelión contra la deuda en su forma más pura. El levantamiento de Nairobi de junio de 2024 merece un lugar especial en los anales porque identificó al enemigo con una precisión que la mayoría de los movimientos nunca alcanzan. El proyecto de ley financiera contra el que se rebeló la juventud keniana no era una metáfora: era el instrumento nacional de un programa del FMI, un baremo de impuestos sobre el pan, las compresas higiénicas y el dinero móvil diseñado para pagar a los acreedores foráneos. El movimiento carecía de líderes y de afiliación tribal, lo que supuso una auténtica novedad en la política keniana; se organizó a través de X y TikTok, y triunfó brevemente: después de que los manifestantes irrumpieran en el parlamento el 25 de junio y la policía matara a decenas de personas a lo largo de las semanas de revuelta, el presidente Ruto retiró el proyecto de ley.
Entonces llegó la demostración de lo que significa ahora la contención. Los impuestos retirados volvieron gradualmente en forma de leyes posteriores; las figuras más visibles del movimiento comenzaron a desaparecer en coches sin distintivos, y decenas de personas fueron secuestradas por comandos de paisano; y las protestas conmemorativas de junio y julio de 2025 (celebradas, de forma significativa, en la Saba Saba, la fecha de la revuelta de 1990 que impuso la democracia multipartidista frente a la dictadura de Moi) fueron recibidas a tiros que causaron la muerte de decenas de personas más. Ruto sigue en el cargo. Kenia identificó al enemigo con mayor precisión que cualquier otro movimiento de la época y, a su vez, fue derrotado con mayor precisión, porque se puede asaltar el parlamento que aprueba una ley presupuestaria, pero no la deuda que la dicta.
Indonesia: la convergencia vislumbrada. En agosto de 2025 comenzó en Indonesia con la obscenidad de las dietas para vivienda de los parlamentarios, que equivalían a muchos múltiplos de un salario de Yakarta, y se convirtió en un movimiento de masas la noche en que un vehículo blindado de la policía atropelló a Affan Kurniawan, un ojol de veintiún años, conductor de mototaxi para una plataforma de reparto.
Lo que siguió fue la imagen más clara que ha producido este periodo de la clase trabajadora recompuesta en movimiento: miles de conductores de plataformas con chaquetas verdes, la fracción más visible del trabajo informal, circulando en caravana junto a los y las estudiantes, con su dolor y la rabia, unidas momentáneamente. La respuesta del Estado combinó concesiones (se suprimieron algunas prebendas, se ofrecieron disculpas)con represión y detenciones masivas: la respuesta de una clase dominante que recuerda 1998, cuando el movimiento estudiantil derrocaron a Suharto, y actúa en consecuencia. La convergencia no se consolidó en una organización; las plataformas que emplean a los conductores castigan a base de algoritmos precisamente la coordinación que el momento requería. Pero durante una semana, la clase que suele calificarse de “imposible de organizar” se organizó en torno a un mártir, y todas las clases dominantes del sudeste asiático tomaron nota.
Marruecos: la monarquía absorbe. La secuencia marroquí añade una variedad de medidas de contención que las repúblicas del panorama actual no pueden desplegar. GenZ 212, llamada así por el prefijo telefónico internacional, se reunió en un servidor de Discord que superó los 200.000 miembros y votaba cada noche sobre sus propias acciones; estalló a finales de septiembre de 2025, después de que ocho mujeres murieran tras someterse a cesáreas en un hospital público de Agadir, a poca distancia en coche de un estadio que se estaba renovando a lo grande para el Mundial de 2030. La consigna que surgió a raíz de ello, “Los estadios están aquí, pero ¿dónde están los hospitales?”, fue la crítica más contundente de la época a la acumulación mediante el espectáculo, y su detonante (la muerte de mujeres durante el parto‒ dejó claro lo que la mayoría de los estallidos llevaban implícito: que el frente más profundo de la crisis atraviesa la reproducción socia).
La respuesta del Estado combinó el repertorio habitual (tres muertos, más de 2.000 personas detenidas, inclusive menores, y más de 1.400 procesadas) con un instrumento del que no disponían ni Rajoelina ni Oli: un trono que se erige por encima del gobierno, capaz de absorber la revuelta sacrificando a ministros, anunciando presupuestos sociales y recibiendo peticiones dirigidas, con deferencia, al propio rey. Es el mismo mecanismo que llevó a la monarquía a superar la crisis del año 2011, y volvió a funcionar: se culpó al gobierno, se salvó al palacio y las reivindicaciones del movimiento se tradujeron en benevolencia real. Sin embargo, Marruecos también protagonizó uno de los gestos más sugerentes de este balance: a mediados de octubre, GenZ 212 suspendió sus propias protestas, anunciando la pausa como “un paso estratégico para reforzar la organización y la coordinación”, un movimiento que descubría, en tiempo real y en sus propias palabras, que la cuestión ya no es cómo estallar, sino cómo resistir.
Serbia: la resistencia como forma de organización. A contracorriente de toda la tendencia general se encuentra Belgrado. Cuando en noviembre de 2024 se derrumbó la marquesina renovada de la estación de tren de Novi Sad, causando la muerte de 16 personas, los y las estudiantes que salieron a la calle rechazaron las dos formas que la época había convertido en norma: la movilización relámpago sin líderes y el líder carismático. En su lugar, crearon plenos: asambleas en facultades bloqueadas, con portavoces rotativos, decisiones tomadas lentamente, marchas que se prolongaban durante meses en lugar de días.
Esta forma tiene su genealogía. El movimiento estudiantil de Belgrado también ocuparon su universidad en junio de 1968, denunciando a la “burguesía roja” del partido-Estado y obligando al propio Tito a responderles por televisión; la asamblea como órgano de poder desciende de la autogestión yugoslava y tuvo su ensayo más reciente en los plenos ciudadanos bosnios de 2014. Independientemente de que los estudiantes de hoy en día citen o no estos antecedentes, y de que su propia política sea deliberadamente no ideológica, se movilizan dentro de una cultura política que recuerda la asamblea como forma de ejercer el poder, no meramente de expresar opiniones. La memoria, también, es una forma de acumulación.
El movimiento utilizó los contratos de infraestructuras como punto de entrada para atacar la corrupción del Estado, forzó la dimisión del primer ministro en tres meses, soportó gases lacrimógenos, acusaciones de terrorismo y violencia organizada por parte de los partidarios del régimen durante un año y medio; y, en junio de 2026, el propio Vučić anunció su dimisión y la convocatoria de elecciones anticipadas. Se trata de la campaña de protesta más prolongada de Europa en una generación, y su duración no es ningún misterio: es el resultado directo de su forma organizativa.
El pleno distribuyó el trabajo de movilización que en otros lugares agota a un pequeño núcleo; la facultad bloqueada proporcionó al movimiento territorio y ritmo; el rechazo del hiperliderazgo privó al Estado de una cabeza que cortar. Los límites son igualmente instructivos. El horizonte de reivindicaciones del movimiento (elecciones, Estado de derecho, rendición de cuentas) se mantiene dentro del marco constitucional, y Vučić ha dimitido de la presidencia mientras maniobra abiertamente para volver como primer ministro; la lucha por la sucesión en Serbia no ha hecho más que empezar. Pero Belgrado ya ha desmentido la afirmación de que esta generación es intrínsecamente incapaz de perdurar. Una vez que toma forma, perdura.
El Norte global: visibilidad sin influencia. Las acampadas de solidaridad con Gaza que se extendieron por cientos de campus en 2024 pertenecen al mismo contexto, aunque su desarrollo fue diferente. No se enfrentaron a un Estado frágil, sino al entorno más fuertemente institucionalizado de ese contexto (las universidades integradas en regímenes de deuda, acreditación y seguridad) y la respuesta fue, en consecuencia, administrativa: más de 3.000 detenciones, expedientes y expulsiones; la maquinaria disciplinaria sustituyó a la maquinaria de la negociación. En Columbia, la policía entró en el campus por primera vez desde las ocupaciones de 1968, en la época de la guerra de Vietnam, un aniversario que mide con exactitud hasta qué punto se ha reducido la tolerancia de la universidad hacia su propia base estudiantil.
Si se miden por la desinversión lograda, las acampadas obtuvieron pocos resultados. Si se miden en términos de terreno ideológico, lograron un cambio mayor que cualquier otro movimiento de la época: rompieron un consenso de décadas en el núcleo imperial sobre lo que se podía decir respecto a Palestina, a costa de demostrar exactamente cuán poco peso tiene la claridad moral cuando no puede afectar a la acumulación.
Y detrás de ellos se alza la advertencia previa de Chile, donde el estallido de 2019 (la erupción que parecía tener más posibilidades de convertirse en una refundación) fue desviado hacia una asamblea constituyente cuyo borrador fue luego rechazado en referéndum, en 2022 y, de nuevo, en 2023, dejando en pie la constitución neoliberal contra la que se alzó. La erupción se canalizó hacia el procedimiento, y el procedimiento hacia la derrota.
Hay otro hilo conductor latinoamericano que cabe mencionar aquí, porque apunta en la dirección opuesta: las corrientes feministas. Los movimientos contra la violencia de género y a favor del derecho al aborto que se extendieron por Argentina y la región contaban con una fuerte presencia juvenil, se basaban en asambleas y, lo que es decisivo, fueron persistentes, acumulando fuerza a través de encuentros anuales, organización vecinal y campañas sostenidas hasta que, en Argentina, la propia ley cambió.
Son la demostración más destacada de este periodo de que los movimientos arraigados en la crisis de la reproducción social, organizados a través de asambleas pacientes en lugar de erupciones episódicas, pueden lograr victorias estructurales y sobrevivir a las reacciones contrarias. No es casualidad que la persistencia de la que carecen las revueltas juveniles la lograran primero los movimientos de mujeres organizadas en torno a la reproducción; la esfera en la que la crisis permanente se vive a diario y de la que no es posible desconectarse.
Leído en su conjunto, el balance revela una regularidad implacable. Los levantamientos varían enormemente; las herencias, no. Allí donde el movimiento carecía de una organización consolidada, la victoria fue para quien sí la tenía: el partido más antiguo (Daca), el ejército (Antananarivo), el mediador del sistema (Colombo, al principio), el centro antipolítico (Katmandú). Allí donde existía una organización consolidada (el medio siglo del JVP, los 18 meses de los plenos serbios, la década de las asambleas feministas), el movimiento se quedó con los frutos de su propio esfuerzo. La variable que determina las consecuencias no es el valor, la claridad ni la magnitud. Es lo que existía antes de que se llenara la plaza y lo que se construyó mientras estaba llena.
La cuestión de clase, puesta a prueba de nuevo
La apuesta inicial de este análisis era que la de la Generación Z es una condición de clase vivida sin lenguaje de clase; que la clase está en todas partes como experiencia y casi en ninguna como articulación, se siente pero no se organiza, se vive pero no se teoriza. Las revueltas de los últimos dos años han puesto a prueba esa afirmación y, en gran medida, la han confirmado, al tiempo que la han complicado en un aspecto importante.
Confirmado, porque en un caso tras otro el contenido de la revuelta fue inequívocamente material, incluso cuando su vocabulario era moral. Corrupción, la palabra clave desde Nairobi hasta Katmandú y Belgrado, es la forma en que una generación sin lenguaje de clase denomina la expropiación: la constatación de que el excedente social se está desviando hacia arriba, de que los impuestos financian a los acreedores y a los capitalistas en vez de los hospitales, de que los hijos e hijas de la clase política estudian en el extranjero gracias a las remesas de los hijos e hijas de la gente.
El movimiento keniano se rebeló contra un proyecto de ley presupuestaria, es decir, contra el servicio de la deuda. El movimiento nepalí se alzó contra los nepo kids, es decir, contra la apropiación privada de una economía basada en las remesas. El movimiento malgache se levantó contra los apagones, es decir, contra el colapso de la infraestructura de la reproducción social. El movimiento marroquí contrapuso los estadios a los hospitales, es decir, sometió a examen la acumulación mediante el espectáculo. En todos los casos, la crítica a la corrupción es una economía política desplazada, acertada en su instinto, pero desarmada en su forma, porque la corrupción implica que el sistema funcionaría si lo dirigieran personas más íntegras. Esa es precisamente la promesa sobre la que asciende un Balen Shah, y el techo contra el que sus votantes acabarán dándose de cabeza.
Complicado, porque el período también ha dado pie a convergencias reales, aunque fugaces, entre la revuelta juvenil y la clase trabajadora recompuesta; las convergencias que, según el análisis anterior, estaban estructuralmente bloqueadas. Las caravanas de ojol de Yakarta; los trabajadores del reparto informal y los vendedores ambulantes que alimentaron y protegieron las protestas de Nairobi; las oleadas de huelgas en el sector textil que siguieron a la caída de Daca; los sindicatos que se sumaron a las últimas fases de la aragalaya y los bloqueos serbios. La frontera entre estudiantes y trabajadores se ha difuminó en la experiencia vivida y, en esos momentos, también se derrumbó brevemente en la práctica política.
Lo que no ocurrió, en ningún sitio, fue la conversión de la convergencia en una organización común. Las plataformas de trabajo por encargo atomizan; la economía informal se dispersa; los sindicatos que sobreviven están vaciados de contenido o adoptan una postura defensiva. La clase recompuesta se encontró en las calles y no tenía ningún lugar donde seguir reuniéndose. Eso, y no la falta de conciencia, es el problema estratégico de este periodo: no enseñar a esta generación que es una clase (algo que por instinto ya sabe), sino construir las mediaciones a través de las cuales una clase dispersa por plataformas, fronteras y trabajo informal pueda actuar como una sola, mediaciones que aún no existen a gran escala.
La plataforma no es un bien común
Una de esas mediaciones que faltan se esconde a plena vista, erróneamente calificada de herramienta. Todos los relatos sobre estos movimientos se centran en su fluidez digital: los servidores de Discord de GenZ 212 y el levantamiento nepalí, la pedagogía en TikTok de la revuelta keniana, el internacionalismo de los hashtags que permitió a un organizador malgache afirmar que supo que había llegado su momento cuando vio arder Katmandú. Todo esto es real. Pero calificar las plataformas de infraestructura de los movimientos es repetir, en formato digital, el error más antiguo de la lucha agraria: confundir el campo del terrateniente con un bien común solo porque nos permite reunirnos en él.
Las plataformas en las que se desarrolla la vida política de esta generación no son un terreno neutral. Son cercados (de propiedad privada, generan rentas y están vigilados) y sus propietarios no son meros espectadores de los conflictos de clase que se escenifican en ellos, sino partes de dichos conflictos, integrados en los mismos circuitos de capital a los que se enfrentan los movimientos. La atención que generan los movimientos se cosecha en forma de ingresos; la coordinación que intentan llevar a cabo es legible para cualquier servicio de seguridad que cuente con una orden judicial o una orden de compra; la amplificación de la que disfrutan es una concesión algorítmica, revocable sin previo aviso.
El Estado nepalí lo entendió mejor que la mayoría de los comentaristas: desencadenó una insurrección al intentar prohibir las plataformas, un acto que los jóvenes interpretaron acertadamente como la confiscación de su sala de reuniones. Pero la lección más profunda apunta en otra dirección. Un lugar de reunión que puede ser confiscado por el Estado o reformateado por su propietario nunca fue realmente del movimiento. La misma arquitectura que permite que una revuelta cobre magnitud en cuestión de horas permite también que sea localizada en tiempo real, que se le prive de alcance con solo cambiar un ranking y, como demostraron los secuestros en Kenia, que se extraigan de ella listas de objetivos para más adelante.
La movilización de los nativos digitales no es, por tanto, simplemente política rápida; es política llevada a cabo en terreno expropiado, pagando un alquiler en forma de datos a una fracción del capital que, en última instancia, siempre se pondrá del lado del orden. Cualquier estrategia de organización duradera que no incluya la construcción de una infraestructura que el movimiento posea realmente (federada, encriptada, aburrida, poco rentable) es una estrategia para reunirse perpetuamente en terreno ajeno.
Represión, captura, absorción
Si estos movimientos se caracterizan por la intensidad más que por la resistencia, no es porque a esta generación le falte aguante. Es porque el entorno político se ha vuelto experto en contener la disidencia antes de que se acumule, y los últimos dos años ha puesto de manifiesto todo su repertorio.
La represión se ha vuelto preventiva y cada vez más extrajudicial. Los secuestros en Kenia (activistas detenidos por comandos de paisano, algunos devueltos destrozados, otros que no regresaron) marcan la frontera: un Estado que ya no se molesta en criminalizar la disidencia a través de los tribunales porque la desaparición sale más barata. Serbia acusó de terrorismo a los organizadores estudiantiles; la junta de Madagascar detiene precisamente a las figuras de la Generación Z en cuyo nombre afirma gobernar; el levantamiento de Bangladés se enfrentó, antes de triunfar, a la mayor masacre de la historia del país en tiempos de paz. La vigilancia está entretejida en las propias plataformas, de modo que la infraestructura de movilización hace las veces de infraestructura de la caza de personas.
La captura, según muestra el registro, se presenta en tres variedades. La captura militar, en la que las fuerzas armadas adoptan el levantamiento como legitimación para su propio golpe de Estado (Antananarivo, tras El Cairo y Jartum). La captura electoral por parte del antiguo orden, en la que los partidos que sobrevivieron en el congelador del autoritarismo se descongelan y recogen los votos que el levantamiento liberó: Daca. Y la captura tecnocrática, en la que el vocabulario anticorrupción de la revuelta se traduce en un programa de mejor gestión sin modificar las relaciones sociales (Katmandú, precedida de un centenar de experimentos municipales). Cada variante aprovecha el mismo vacío: una erupción que ha generado legitimidad sin producir una organización capaz de mantenerla.
La absorción, por último, sigue siendo el mecanismo más suave y continuo. Las ONG, las fundaciones y las instituciones liberales convierten la energía insurgente en proyectos, campañas y carreras profesionales; el lenguaje radical se rebautiza como inclusión y resiliencia; los organizadores más capaces del movimiento son contratados, uno a uno, para gestionar las reivindicaciones que en su día movilizaron. Los ciclos electorales convocan periódicamente la ira juvenil y la devuelven, ligeramente gastada.
Y bajo todo ello subyace el agotamiento: el burnout, no como un fallo psicológico, sino como una condición política, el resultado previsible de pedir a un pequeño núcleo desorganizado que sostenga, con tiempo donado y plataformas alquiladas, una confrontación con Estados y acreedores organizados a escala planetaria. El sistema ha aprendido a sobrevivir a la indignación, a esperar a que pasen las ocupaciones, a profesionalizar la disidencia y a criminalizar la persistencia. Lo que parece fatiga activista es el reflejo contable de una asimetría prolongada entre la movilización y el poder.
De mensajero a sujeto
Anteriormente se argumentó que la Generación Z no es el sujeto de la historia, sino su mensajero; que sus estallidos señalan el agotamiento de los viejos mecanismos de consentimiento sin constituir por sí mismos la fuerza que los sustituirá. Los dos años transcurridos desde entonces han transmitido el mensaje con una violencia que nadie predijo: cinco gobiernos derrocados, varios más asediados, el mapa político del sur de Asia, los Balcanes y el océano Índico redibujado por personas demasiado jóvenes para recordar la Guerra Fría. Resulta que el mensajero puede incendiar la oficina de correos. Lo que el mensajero aún no puede hacer es dictar la respuesta.
Pero este balance también refuta el fatalismo que esa conclusión podría suscitar, ya que contiene sus propios contraejemplos, y todos ellos convergen en una única variable. Sri Lanka demuestra que un levantamiento puede llevar al poder a una izquierda organizada, tras cincuenta años de trabajo de base por parte de dicha izquierda antes de que se produjera el levantamiento. Serbia demuestra que un movimiento juvenil puede mantener la confrontación durante 18 meses y forzar la dimisión de un autócrata, tras haber inventado formas asamblearias que distribuyen el trabajo, mantienen el control del territorio y se resisten a la desarticulación. Los movimientos feministas de América Latina demuestran que las luchas arraigadas en la reproducción social pueden acumularse a lo largo de una década y cambiar tanto la ley como el sentido común.
En todos los casos, la lección es la misma, y es la lección más antigua del movimiento obrero, que resurge en nuevas condiciones: la espontaneidad plantea la cuestión del poder; solo la organización puede responder a ella. Las erupciones han cumplido su función. Han destrozado la ilusión de que el orden actual es estable o legítimo, han devuelto la deuda, el clima, la guerra y la expropiación al ámbito de la elección política, y han demostrado, por quinta vez, que los palacios están más vacíos de lo que parecen. Pedirles que hagan más que eso, como erupciones, es pedirle al fuego que construya.
Lo que hay que construir son mediaciones adecuadas a la clase que realmente existe: formas que puedan unir al repartidor con el licenciado, al trabajador textil con el programador, al migrante con el que se quedó; que posean su propia infraestructura en lugar de alquilarla al enemigo; que puedan dosificar la lucha a lo largo de los años, como han aprendido a hacer los plenos y las asambleas feministas; que traten las elecciones como un terreno más entre varios, no como la cosecha en sí misma; y que vinculen los levantamientos nacionales con la arquitectura internacional de la deuda y el imperio que garantiza cada restauración nacional.
Ninguna generación puede construir esto por sí sola, y ninguna está exenta de hacerlo. Los y las jóvenes ya han hecho lo que hacen los mensajeros: han hecho que la crisis sea innegable y que el interregno sea visible. Que el interregno termine en herencia o en restauración lo decidirá lo que se organice ahora, en los años tranquilos entre erupciones, cuando las cámaras se hayan ido y las plataformas hayan pasado página.
El libro de cuentas, mientras tanto, sigue escribiéndose, y su próxima entrada puede ser la más importante. Mientras se redactan estas líneas, India, hasta ahora ausente de la secuencia, ha dado su primer paso: el Partido de las Cucarachas, una formación satírica surgida de la nada en las semanas posteriores a que el presidente del Tribunal Supremo de India calificara a los jóvenes desempleados de “cucarachas”; veinte millones de seguidores en un mes, máscaras de cucaracha y guías de examen con las esquinas dobladas en Jantar Mantar, un campamento que exige la dimisión del ministro de Educación por la filtración de los exámenes de acceso.
Todos los elementos de la gramática de este periodo ya están presentes: el insulto de la élite recuperado como identidad, la envergadura de la plataforma que supera a cualquier partido establecido y el detonante situado, como en Bangladés, a las puertas del escaso empleo formal, donde los años de preparación no remunerada de toda una generación pueden quedar anulados por un único examen filtrado. Si las cucarachas siguen siendo un meme, son absorbidas o comienzan a acumular fuerza es precisamente la pregunta que este artículo ha planteado ante cada caso anterior. La generación de jóvenes más numerosa de la historia la formulará frente al partido gobernante mejor organizado.
Las revueltas han planteado la cuestión del poder con una claridad que ningún manifiesto podía igualar. La respuesta no será generacional, ni tampoco será espontánea. Será organizada o no será.
Por, Sushovan Dhar, miembro de la redacción de Alternative Viewpoint.
Traducción: viento sur.
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