Quito. Domingo 28 de junio de 2026. El asesinato de Monika Silva, activista de origen polaco y residente en la provincia costera de Santa Elena, el pasado 8 de junio, provocó la reacción de varios organismos internacionales de defensa de los derechos humanos y el repudio de distintos sectores políticos por el tratamiento del gobierno de Daniel Noboa al determinar de antemano que se trataba de un suicidio.
El hecho acentuó las sospechas de acciones violentas en una zona con alto interés económico por parte de grupos empresariales vinculados con el entorno político y familiar del presidente de Ecuador.
La relatora de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Andrea Bolaños, cuestionó la falta de protección estatal y la criminalización de los activistas y defensores de los derechos humanos.
En su cuenta de la red social X, instó “al Estado ecuatoriano a que garantice el derecho a promover, defender y proteger los derechos humanos; cese la persecución, criminalización y vigilancia de personas defensoras; garantice su protección efectiva contra amenazas, violencia e intimidación”.
Silva denunció hallazgos de cargas de cocaína en contenedores de Noboa Trading, la empresa frutícola de la familia del mandatario ecuatoriano. El 2 de abril pasado, ella entregó documentos del caso a la embajada de Estados Unidos porque temía un atentado contra su vida. Previamente, había denunciado tráfico de tierras y corrupción local por la venta irregular de más de mil 600 hectáreas de tierras municipales, a favor de altos funcionarios de la provincia y legisladores del movimiento político del mandatario.
Asimismo, en varias entrevistas expuso redes de tráfico de influencias que involucraban a familiares de autoridades en la Contraloría, Fiscalía y ministerios estatales.
Los informes forenses determinaron esta semana que se trató de asesinato por un fuerte golpe en la cabeza y signos de estrangulamiento, cuando antes las autoridades ecuatorianas aseguraron que fue un suicidio. Sin embargo, la fiscalía investiga el caso como presunto feminicidio.
La relatora de la ONU señaló que sigue de cerca este suceso y que después de que las autoridades forenses sostuvieron que las circunstancias de la muerte de la activista no concuerdan con un suicidio, el suceso “adquiere una gravedad particular”.
La representación de la Unión Europea en Quito, la embajada de Polonia en Perú, acreditada también para Ecuador, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitaron a las autoridades que el caso sea investigado de manera rápida, exhaustiva, independiente y transparente.
Leave a Reply