Si los defensores colombianos del statu quo fuesen paladines de la institucionalidad, hoy también estarían condenando un ataque en contra del derecho internacional, el cual, además, ha pasado por alto al propio Congreso de los Estados Unidos. En estos momentos resulta urgente revitalizar a la institucionalidad internacional, pues, como señaló en su momento Estanislao Zuleta, esta representa una conquista parcial de los pueblos del mundo en movimiento, y garantiza, hasta cierto punto, la posibilidad de tramitar conflictos de manera no violenta, en especial no militar. No se trata de una defensa abstracta de las formas y las instituciones, sino de un fortalecimiento popular, ojalá una reinvención, de aquellos elementos que constituyen un freno al militarismo. De lo contrario, solo nos quedan los argumentos de la violencia armada, una gramática donde los “fuertes” imperan y el resto nos convertimos en carne de cañón, en cuerpos útiles a propósitos ajenos.    

Si los defensores colombianos del statu quo fuesen realmente paladines de la institucionalidad, hoy no podrían guardar silencio ni refugiarse en ambigüedades calculadas, pues estarían obligados a condenar con la misma vehemencia un ataque frontal contra el derecho internacional que, además, ha pasado por alto incluso los procedimientos y contrapesos del propio Congreso de los Estados Unidos. Su coherencia discursiva exigiría reconocer que no se trata de un asunto marginal ni de una simple disputa geopolítica ajena, sino de una vulneración abierta de los marcos normativos que dicen defender cuando estos les resultan funcionales. La selectividad moral con la que suelen invocar la ley y las instituciones deja al descubierto que, más que una defensa principista de la institucionalidad, lo que opera es una adhesión interesada a un orden que se legitima mientras no incomode relaciones de poder ya establecidas.

En estos momentos resulta urgente revitalizar a la institucionalidad internacional, no como un fetiche jurídico ni como un conjunto de procedimientos vaciados de contenido político, sino como un terreno de disputa históricamente conquistado. Como apuntó en su momento Estanislao Zuleta, esta institucionalidad representa una conquista parcial de los pueblos del mundo en movimiento, fruto de luchas, derrotas y aprendizajes colectivos, y no un regalo otorgado graciosamente por las potencias dominantes. En ese sentido, su valor radica en que aún garantiza, aunque de manera limitada y siempre frágil, la posibilidad de tramitar conflictos de forma no violenta, en especial no militar, abriendo espacios para la palabra, la mediación y el reconocimiento de la alteridad. Renunciar a ella o dejarla erosionar sin resistencia equivale a desarmar uno de los pocos dispositivos que todavía permiten frenar la normalización de la guerra como lenguaje político legítimo.

No se trata, por tanto, de una defensa abstracta de las formas y las instituciones, desligada de los pueblos que las hicieron posibles y que pueden reinventarlas, sino de un fortalecimiento popular consciente, ojalá una reinvención profunda, de aquellos elementos institucionales que históricamente han operado como freno al militarismo y a la lógica de la fuerza. Cuando estas mediaciones se debilitan o se vacían de sentido, el horizonte que se impone es el de los argumentos de la violencia armada, una gramática brutal en la que los llamados fuertes dictan las reglas y el resto quedamos reducidos a piezas reemplazables, a carne de cañón, a cuerpos instrumentalizados para propósitos que nos son ajenos. Defender y transformar la institucionalidad es, en última instancia, una apuesta por la vida y por la posibilidad misma de un mundo donde el conflicto no se resuelva sistemáticamente a través de la destrucción de la alteridad.

* Politólogo. Doctor en filosofía. Docente de la Universidad Nacional de Colombia.