En un mensaje nocturno por la red social Twitter, cuando la inmensa mayoría de connacionales festejaban el final del 2022, el Presidente de Colombia anunció lo que no parecía probable en tan pocos meses de mandato: el cese de acciones armadas entre el gobierno colombiano y cinco agrupaciones armadas.
El logro es inédito, en tanto se acuerda el cese de acciones violentas entre el Gobierno y cada una de las partes incluidas en el mismo, entre ellas, quienes enfrentan al Gobierno y luchan por acceder al mismo por vía violenta, y otras que actúan como “señores de la guerra” por el control del negocio del narcotráfico y como actores paramilitares.
El acuerdo, con duración de seis meses, podrá extenderse por mucho más tiempo, dependiente de la verificación del cumplimiento de lo firmado, así como del avance de las negociaciones que ya están en curso entre el aparato estatal y cada una de las fuerzas incluidas en el acuerdo: Ejército de Liberación Nacional (Eln), la segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, disidencias de las Farc, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc o Clan del Golfo) y las Autodefensas de la Sierra Nevada.
“El objetivo de este cese del fuego será la suspensión de la afectación humanitaria de las comunidades étnico-territoriales y campesinas, y a la Nación en general, suspender acciones ofensivas y evitar incidentes armados entre la Fuerza Pública y las organizaciones al margen de la ley con las que se acordó dicho cese”, especificó el gobierno nacional.
Logra así el gobierno colombiano colocar en alto la bandera/propósito de Paz Total, uno de sus ejes centrales para el periodo 2022/2026, cuando deberá entregar las riendas del poder a quien le suceda. Quedan al margen de este logro variedad de organizaciones armadas, entre ellas unas desprendidas de las exFarc y otras con el sello de estar centradas en el negocio del narcotráfico.
Previo a este logro, el gobierno colombiano ha concretado avances con agrupaciones urbanas dedicadas a la delincuencia, algunas de ellas con asiento en la región pacífica.
Dentro de ese mismo ambiente de Paz Total, aunque sin ser parte de acuerdos con agrupaciones armadas, ni parte del conflicto armado y sí de la conflictividad social, el gobierno liderado por Gustavo Petro ha tomado la decisión de liberar a más de una docena de jóvenes conocidos como de Primera Línea y presos en el marco de las protestas que conmovieron al país en el 2021.
El acuerdo
En comunicado posterior al mensaje por la red social, el gobierno amplió lo anunciado y especificó que se establece un acompañamiento de un mecanismo de verificación nacional e internacional. Con inocultable confianza en su gestión y logro, el presidente colombiano sentenció en la red social: “La paz total será una realidad”.
Una confianza que ahora tendrá que materializarse en, por lo menos, en dos retos iniciales: 1. Cambios estructurales, tal y como lo demandan las agrupaciones guerrilleras de raíz social y de izquierda; 2. Quebrar el narcotráfico como negocio. Ni lo uno ni lo otro es fácil ni de corto plazo, lo que hace de la Paz Total un ideal que tal vez trascenderá al gobierno que la ha proyectado como uno de los propósitos centrales de su gestión.
Confianza que a su vez deberá materializarse en multitud de acciones y de políticas que impidan que la confrontación armada prosiga entre grupos de orientación ideológica dispar, así como entre algunos de estos que abrazan iguales causas y fuentes filosóficas y políticas. Confrontaciones y disputas con impacto sobre los liderazgos sociales como se desprende de las 94 masacres vividas en el país a lo largo del año que culmina, así como del asesinato de 189 líderes sociales y 42 firmantes de paz, según informa Indepaz.
Pero, a su vez, y como parte de la reorganización de fuerzas que un acuerdo de este tipo propicia, vendrán relocalizaciones y ampliación de sus regiones de impacto por parte de cada una de las fuerzas con que se logró el acuerdo, todas y cada una de ellas tratando de situarse en mejor manera para las negociaciones que llevan con el establecimiento. ¿Hasta dónde estarán dispuestas a aguantar esto las Fuerzas Armadas colombianas? ¿Cómo impondrán su dispositivo armado para impedir que ello suceda? ¿Y hasta donde conciliará con un escenario de fortalecimiento militar de quienes son fuerzas enemigas –el caso de las guerrillas– la oligarquía criolla?
Esto por una parte, pero por la otra los Estados Unidos seguirá con ojo agudo el factible fortalecimiento militar y ampliación de su control territorial por parte de quienes hacen parte del acuerdo; factor crítico que ampliará al muy posible crecimiento de las áreas sembradas de coca y su procesamiento y exportación ya transformada en cocaína. Tensiones desprendidas de esto con el gobierno que lidera Petro son previsibles y con ello maniobras para su desestabilización.
En todo caso, el anuncio de Petro y posterior comunicado oficial, deja claro que durante estos meses de gestión ha estado en acción una iniciativa diplomática constante por la paz, así se desprende de lo acordado que precisa que el proceso tendrá veeduría nacional e internacional a cargo de la Misión de Verificación de la ONU, MAPP/OEA, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica.
El Gobierno ha anunciado, a su vez, que expedirá un decreto específico por cada una de las organizaciones, en el que se determinará la duración y las condiciones del acuerdo. El inicio de estos pactos, que buscan contener la violencia, se extenderá hasta el 30 de junio de 2023, prorrogables según los avances en las negociaciones.
Se apaga el 2022 pero deja una gran tea con fuego de paz sobre el territorio nacional que por lo menos alumbrará a lo largo de los primeros 6 meses del naciente 2023, luz y energía que le darán un marco diferente a las elecciones territoriales que determinarán el impacto y poder real en todo el territorio nacional logrado por el Gobierno del Cambio y la capacidad de reacción de las fuerzas del establecimiento para contenerlo y evitar su continuidad más allá del 2026.
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