[Preocupados por la velocidad de la investigación, los responsables políticos buscan vías alternativas para establecer normas sobre la edición del genoma y otras tecnologías.]
En el exterior de la Tercera Cumbre Internacional sobre Edición del Genoma Humano, los manifestantes portaban pancartas en las que se podía leer “Stop a los bebés de diseño” y “Nunca más a la eugenesia”, pidiendo la prohibición de la edición del genoma humano. Fue un recordatorio de los dilemas éticos que pueden plantear la ciencia de los embriones y la edición del genoma.
En la reunión, celebrada en marzo en el Instituto Francis Crick de Londres, quedó claro que el ritmo de la ciencia que suscita estas preocupaciones se está acelerando. Los científicos informaron, por ejemplo, de que habían criado ratones utilizando óvulos creados a partir de células de ratones macho 1/. Al mes siguiente, investigadores chinos informaron 2/ de embarazos en monas tras transferir embriones artificiales, fabricados a partir de células madre, a úteros de monas, aunque los embarazos no pasaron de una fase muy temprana.
En la conferencia también intervino una mujer cuya anemia falciforme había sido tratada con éxito editando el código genético de las células productoras de sangre de su cuerpo.
Los organismos reguladores, cuyo trabajo consiste en establecer los límites de lo permisible, se esfuerzan por seguir el ritmo. “La aprobación de normativas no puede producirse a la misma velocidad que el desarrollo científico”, afirma Peter Thompson, director ejecutivo del Organismo de Fertilización Humana y Embriología del Reino Unido (HFEA, Human Fertilisation and Embryology Authority), un organismo gubernamental considerado pionero en la regulación de esta rama de la ciencia y la medicina.
El problema quedó patente hace cinco años, cuando el investigador chino He Jiankui anunció, en la Segunda Cumbre Internacional sobre Edición del Genoma Humano celebrada en Hong Kong, que había alterado el genoma de dos gemelas nacidas por fecundación in vitro (FIV), con el fin de hacerlas resistentes a la infección por el VIH. Su trabajo fue ampliamente condenado por los investigadores como irresponsable y, después de que un tribunal chino lo considerara una “práctica médica ilegal”, fue condenado a tres años de cárcel.
En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud desaconseja la edición del genoma humano hereditario (o germinal), pero no tiene competencias para hacerla cumplir, como tampoco las tiene ningún otro organismo internacional. Algunos organismos nacionales, como la HFEA, pueden crear normas para regular la investigación y sus resultados, pero esta supervisión centralizada es relativamente rara. La mayoría de los científicos cumplen las directrices formuladas por organismos profesionales como la Sociedad Internacional de Investigación con Células Madre (ISSCR, International Society for Stem Cell Research), pero estos principios no tienen fuerza legal ni mandato de la sociedad en general.
El reglamento ideal tendría que ser ágil y capaz de evolucionar con la ciencia, e incluiría opiniones públicas y de expertos. Pero no está claro que los procedimientos actuales puedan hacerlo, por lo que la HFEA se está planteando cambiar su funcionamiento para adaptarse al ritmo de la investigación. En febrero lanzó una consulta pública sobre ideas para “preparar el futuro” de la Ley de Fertilización Humana y Embriología, que rige la investigación sobre embriones y fertilidad en el Reino Unido.
Pero, ¿bastarán estos cambios para mantener el ritmo?
Decisiones delicadas
Las normas y leyes que regulan la ciencia con embriones han surgido a menudo de forma lenta y poco sistemática. Tras los primeros nacimientos por FIV en los años 70, el gobierno británico convocó a un grupo de expertos para estudiar cómo debía regularse la investigación con embriones; por ejemplo, durante cuánto tiempo podían cultivarse y estudiarse embriones humanos en el laboratorio. En 1984, el panel recomendó un límite de 14 días desde la fecundación, restricción que finalmente se convirtió en ley en el Reino Unido en 1990 y fue adoptada por varios otros países. La ISSCR también adoptó este límite en sus directrices hasta 2021, cuando propuso relajar la restricción en algunas circunstancias, en respuesta a la nueva capacidad de los investigadores para cultivar embriones hasta el límite y teniendo en cuenta los conocimientos potencialmente útiles que podrían obtenerse si se superara.
Al mismo tiempo, la ISSCR desaconsejó el uso de métodos como la CRISPR, una técnica que corta la secuencia de ADN en puntos concretos, o de técnicas de edición de “bases” y “prime editing” potencialmente más precisas, para alterar el genoma en embriones humanos, hasta que se conozcan mejor las cuestiones sobre su seguridad.
En la cumbre de Londres, la mayoría de los científicos parecían estar de acuerdo en que la edición somática, que crea cambios no heredables, está justificada para tratar enfermedades como la anemia falciforme, siempre que se demuestre su seguridad y eficacia.
El consenso es que la edición de la línea germinal requiere un manejo mucho más cauteloso, porque los cambios se transmiten a las generaciones futuras. Pero si algunos de los nuevos métodos de edición de precisión demuestran ser seguros en embriones humanos, afirma Robin Lovell-Badge, bióloga del desarrollo y de las células madre de Crick y una de las organizadoras de la cumbre, todo el campo “podría acelerarse muy rápidamente” y la demanda de edición de la línea germinal podría aumentar.
Regulación más ágil
La ciencia avanza deprisa, pero la normativa con frecuencia no. Para la HFEA, modificar la normativa suele requerir un cambio legislativo. “El problema es el desajuste inevitable entre un marco jurídico fijo, que cambia con lentitud, y el desarrollo constante de la ciencia”, explica Thompson.
Una forma de evitarlo, dice Thompson, es diseñar la legislación “primaria” de modo que pueda modificarse más fácilmente mediante legislación “secundaria”, que no requiere el mismo grado de control o aprobación parlamentarios. Este enfoque fue utilizado con éxito por la HFEA para conceder la aprobación de una técnica conocida como terapia de reemplazo mitocondrial en 2016.
Otro planteamiento que está estudiando la HFEA es el de la “caja de arena reguladora”: una especie de experimento controlado en el que se prueban nuevas formas de hacer las cosas en un entorno real a pequeña escala. Este proceso se desarrolló por primera vez en el sector financiero para probar herramientas de inversión nuevas y no probadas. La última consulta pública de la HFEA es un primer paso para calibrar el interés de la gente por este tipo de enfoques.
Sin embargo, algunas innovaciones científicas podrían quedar al margen. Por ejemplo, los modelos embrionarios: construcciones sintéticas, generalmente hechas a partir de células madre embrionarias o células madre derivadas de células somáticas adultas, conocidas como células madre pluripotentes inducidas (células iPS), que reproducen el desarrollo embrionario. No hay consenso sobre si deben considerarse auténticos organismos embrionarios o tipos de cultivo de tejidos. Los investigadores ya han cultivado estos modelos embrionarios in vitro hasta que los órganos empiezan a desarrollarse 3/, y el último estudio llevado a cabo en monos indica que los científicos pueden implantarlos e iniciar embarazos. Sin embargo, esto ocurre sin una normativa clara sobre lo que está permitido: “no están regulados en absoluto”, afirma Lovell-Badge.
La HFEA tiene competencias legales claras sobre algunas de estas tecnologías, pero en otros países la regulación evoluciona de forma más orgánica. En Estados Unidos, el gobierno no puede regular exclusivamente por motivos morales, pero ha prohibido de hecho la investigación que crea o destruye embriones humanos, restringiendo su financiación federal. La edición del genoma humano en la línea germinal también está bloqueada por una maniobra burocrática indirecta: no se pueden realizar ensayos clínicos sin la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), pero ésta tiene prohibido siquiera estudiar tales solicitudes.
Mientras tanto, los estados de EE.UU. pueden aprobar su propia legislación para controlar la investigación y los procedimientos médicos, creando un mosaico. Pero la bioética Alta Charo, de la Universidad de Wisconsin-Madison, cree que este sistema ad hoc tiene sus ventajas. “Tenemos un ‘laboratorio de los Estados'”, afirma. “Es muy desordenado e ineficiente, pero permite explorar opciones”.
En Japón, el especialista en bioética Tetsuya Ishii, de la Universidad de Hokkaido (Japón), afirma que este tipo de tecnologías se ven limitadas sobre todo por unas directrices que son “eficaces hasta cierto punto”, pero que no son jurídicamente exigibles, sobre todo en el caso de las terapias con células madre adultas. En cambio, la investigación y las terapias basadas en células iPS o células madre embrionarias reciben “mucha supervisión y regulación en Japón”, afirma el biólogo del desarrollo Cantas Alev, de la Universidad de Kioto.
La opinión pública
Cuando la ciencia avanza con rapidez, los responsables políticos pueden reaccionar, afirma Bartha Knoppers, especialista en los aspectos éticos y jurídicos de la genómica y las biotecnologías de la Universidad McGill de Montreal (Canadá). Esta mentalidad podría limitar indebidamente una ciencia que puede ser beneficiosa para la salud, afirma. Una parte fundamental de la toma de decisiones debería ser preguntar a los posibles beneficiarios. Pero “que los pacientes piensen que la regulación va demasiado rápido o no lo suficiente depende de la enfermedad de cada uno”, afirma Bettina Ryll, fundadora de la Red Europea de Pacientes con Melanoma, que intervino en la cumbre sobre edición genómica. Las personas con una enfermedad grave y progresiva estarán más dispuestas a aceptar riesgos, afirma.
Las consultas a las partes interesadas y al público en general pueden ser difíciles, costosas y lentas. Pero sin estas aportaciones, existe el peligro de que se produzca un desajuste entre la política y la opinión pública. Por ejemplo, algunas restricciones existentes, como la prohibición estadounidense de financiar con fondos federales la investigación con embriones humanos, no se han evaluado consultando a la opinión pública. “¿Esta [situación] representa la opinión pública?”, dice Charo. “Nadie lo sabe”.
Algunos investigadores, sin embargo, se preguntan por qué el tiempo es esencial. Sheila Jasanoff, de la Universidad de Harvard en Cambridge (Massachusetts), especialista en las repercusiones sociales y políticas de la ciencia y la tecnología, se opone a la idea de que la normativa deba modificarse para seguir el ritmo de un campo en rápida evolución. “¿Por qué el proceso lento y deliberativo se considera siempre problemático? Con esta filosofía en mente, en 2020, ella y el bioeticista Benjamin Hurlbut, de la Universidad Estatal de Arizona en Tempe, lanzaron el Observatorio Global para la Edición Genómica, cuyo objetivo es fomentar el diálogo sobre este y otros avances biotecnológicos relacionados entre diversos grupos de personas.
Sea cual sea la postura sobre la regulación, merece la pena conocer los avances que se avecinan. Algunas organizaciones internacionales y nacionales ya realizan este tipo de “exploración del horizonte” para las tecnologías en rápida evolución, aunque no está claro que ninguna haya considerado aún la ciencia de los embriones. Por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dirige un Observatorio de la Innovación del Sector Público, cuyo objetivo es elaborar orientaciones para los gobiernos y el sector público sobre las oportunidades y los riesgos de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (otro ámbito en el que los avances están superando la supervisión normativa).
Hank Greely, de la Universidad de Stanford (California), que investiga los aspectos jurídicos de la bioética, ha hecho un llamamiento para que se creen más grupos de este tipo, así como organismos de auditoría que controlen si se cumplen las normativas y si son adecuadas para los fines previstos 4/. La cuestión es quién financiaría y supervisaría tales proyectos, añade; podría considerarse que las industrias, los gobiernos y las instituciones científicas tienen intereses creados.
A fin de cuentas, garantizar que la ciencia se regule a tiempo y con eficacia consiste en mantener un contrato social sólido entre ciencia y sociedad. “¿Nos preguntamos continuamente si es aquí adonde queremos llegar? ¿A quién servirá?”, afirma Knoppers. “Se trata de mantener la vigilancia”.
Philip Ball
Referencias
- Murakami, K. et al. Nature 615, 900–906 (2023).
- Li, J. et al. Cell Stem Cell 30, 362–377 (2023).
- Amadei, G. et al. Nature 610, 143–153 (2022).
- Greely, H. T. Glob. Public Pol. Gov. 2, 266–282 (2022).
10/5/2023
Nature 617, 242-243 (2023)
doi: https://doi.org/10.1038/d41586-023-01550-8
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