11 de julio de 2026. Estados Unidos está ensayando un nuevo modelo de acumulación económica que marca un corte histórico con la forma neoliberal y globalista que predomino durante los últimos 40 años.
No es el clásico capitalismo de Estado, porque no crea empresas estatales de envergadura. Tampoco es un Estado como mera herramienta de los capitalistas, pues no es la competencia entre ellos la que regula las decisiones gubernamentales. Lo que hoy vemos emerger en EE. UU. es un Estado que usa todo su poder económico (aranceles, inversión púbica, deuda, guerras y chantaje político) para dirigir y comandar a aquellos sectores empresariales que habrán de ser el núcleo de la acumulación y del crecimiento económico nacional.
Todo comenzó a manifestarse al momento de la crisis de 2008. La burbuja inmobiliaria estadounidense, que desencadenó la crisis financiera mundial y la Gran Recesión, solo pudo ser atenuada por la inyección de dinero del Banco Central (Fed), equivalente al 6,5% del PIB. En 2020, el nuevo “salvataje” para las empresas privadas llegó al 25% (FMI, Monitor Fiscal, 2021). Claramente, los mercados necesitan de la prótesis gubernamental para ampararse y crecer.
Luego vinieron los aranceles, no solo contra la economía industrial más importante (China), sino también contra todo el mundo. Para 2026, los aranceles promedio que ha impuesto EE. UU. son del 13%. Para China, del 33%; para la UE, del 15%. Hace 20 años no pasaban del 1,4% (Banco Mundial, 2025)
Pero lo más relevante de este neoproteccionismo exacerbado es su uso coercitivo. Está siendo utilizado para obligar a países y empresas transnacionales a invertir en EE. UU. en áreas que el gobierno considera prioritarias, a cambio de no ser asfixiadas con nuevos aranceles.
En 2025 Trump logró el compromiso de cerca de 9 billones de dólares de inversión, a cargo de los Emiratos Árabes, Qatar, Japón, Arabia Saudí, Corea del Sur y la Unión Europea; y de empresas como Apple, que se ha comprometido a invertir en territorio estadounidense 600.000 millones, o Nvidia, con 500.000 millones en chips e inteligencia artificial. Otros 500.000 millones en IA provienen de OpenAI y Softbank.
Si a estas alturas de los acontecimientos los padres fundadores del liberalismo ya deben estar revolcándose en sus tumbas, no sé qué harán al enterarse de que, en el altar de la “seguridad nacional”, EE. UU. hoy abandera la cruzada de las “políticas industriales” o de intervencionismo estatal para apuntalar el desarrollo de industrias locales sobre la base a subvenciones, créditos baratos, exenciones fiscales o transferencias directas.
Joe Biden aprobó la Ley IRA, que dispone de hasta 500.000 millones de dolares para el traslado de cadenas de suministros energéticos a EE. UU. La Ley Chips dispone de 280.000 millones para apoyar la meta de autosuficiencia tecnológica en la elaboración de microprocesadores. La Ley de Infraestructura y Empleo moviliza 2.2 billones de dólares para la construcción de infraestructura federal para “hacer competitiva la industria nacional”.
La administración Trump ha avanzado aún más. Ha asignado al Eximbank, el Departamento de Energía y a la Corporación Financiera de desarrollo Internacional (DFC) la tarea de invertir en “proyectos que contrarresten la presencia china en regiones estratégicas y fortalezcan la cadena de minerales críticos”. La DFC tiene un portafolio de 40.000 millones de dólares en más de 50 países, con preferencia en África y Europa del Este, en proyectos de minerales críticos, energía e infraestructura. Para 2026 tiene a disposición otros 205.000 millones. Ello ha permitido que, después de décadas, EEUU haya superado a China como principal inversor en África en 2025.
El método de financiación preferido es el de la compra de paquetes accionarios de las empresas. Es el caso de la empresa estatal congoleña Gécamines, para el cobre y el cobalto, o Serra Verde, en Brasil, con una inversión de 565 millones de dólares para extraer tierras raras magnéticas. En Mozambique, se han vuelto socios de una planta de procesamiento de grafito. En Kazajistán, con 900 millones del Eximbank, se han hecho de la propiedad de una mina de tungsteno. Al interior de EE. UU. el gobierno ha adquirido participación en Thacker Pass, una mina de litio, y ha dispuesto de 1.600 Millones para apoyar a la empresa USA Rare Earths en una cadena de valor “desde la mina hasta el imán”.
Pero el apoyo estatal no es solo financiero, es también de garantía de retorno y apalancamiento. Se fijan precios mínimos de compra y una segura valorización en la bolsa. Por ejemplo, la compra estatal del 10 % de la empresa de microprocesadores Intel logró que su valor de mercado pasara en pocas semanas de 176.000 a 543.000 MMUS. Aunque en menor escala, lo mismo ha sucedido con otras empresas como Lithium Americas o MP Materials.
Este dirigismo estatal para apuntalar o direccionar empresas privadas en áreas estratégicas de rivalidad estructural con China queda evidenciado con mayor claridad en las recientes acciones gubernamentales con respecto a SpaceX y Anthropic. La primera, de propiedad de Elon Musk (dedicada al lanzamiento de cohetes espaciales reutilizables, incluyendo misiones a marte, internet global y turismo espacial) hizo una espectacular salida a la bolsa de valores para capitalizarse el 11 de junio, logrando recaudar 75.000 MMUS, pese a tener una facturación solo de 18.700 MMUS y una pérdida de 4.900 MMUS el 2025. Horas antes, intempestivamente, Trump anunciaba que no habría más ataques a Irán ya que estaban aprobados los puntos de acuerdo entre ambas partes. Las bolsas de valores saltaron de júbilo y, “casualmente”, las acciones de SpaceX también.
En el caso de Anthropic (empresa de Inteligencia Artificial que ha desarrollo el asistente Claude y modelos avanzados de ciberseguridad) se trata de castigo y devaluación. Al negarse a trabajar con el gobierno en temas de armas autónomas y vigilancia nacional, la administración Trump la excluyó temporalmente de cualquier contrato federal, hasta que hallaron un acuerdo de mutuo beneficio.
A diferencia del capitalismo de Estado de los años 50 y 60, el Estado estadounidense no es propietario de las áreas económicas de mayor acumulación y prioridad estratégica. Pero tampoco deja que el mercado defina las áreas de mayor dinamismo, como en épocas del neoliberalismo. Aquí se amalgaman ambas fuerzas en un modelo híbrido donde el privado es el actor económico -de la acumulación y frente a los trabajadores- pero el Estado es el que define -en torno a prioridades geopolíticas- qué sectores son el eje del nuevo modelo de acumulación capitalista. Hemos pasado del Estado soporte de los mercados al Estado protagonista, creador y cogestor de los mismos.
Si tomamos en cuenta que China, la otra gran potencia mundial, tiene también al Estado como el planificador de la acumulación, del mercado, del libre comercio y del equilibrio entre empresa privada y empresa pública, es por demás evidente que el neoestatismo es la marca de la nueva época económica que, a tropezones, comienza a despuntar.
Pero en América Latina el panorama tiende a catastrófico por la involución política que atraviesa. Los gobernantes conservadores que hoy comienzan a prevalecer, en una exhibición de crueldad histórica contra sus pueblos, se aferran al cadáver putrefacto de un neoliberalismo marginal que solo puede deparar convertir a sus países en irrelevantes vasallos proveedores de materias primas, sin opción alguna a la soberanía o la industrialización.
* Este artículo se publica en simultáneo con Diario Red de España.
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