Es un llamado que debió hacerse hace 10 meses, y aunque tarde por fin le llegó su día. En convocatoria liderada por la Central Unitaria de Trabajadores –CUT– se convocó al país a marchar el día siete de junio en defensa de las reformas presentadas al Congreso de la República por el actual gobierno.
Un llamado con retrazo ostensible. No es una exageración. Y no lo es porque ningún cambio estructural, como ningún derecho fundamental, se logra sin la movilización permanente de la sociedad. Algo que quedó en vilo luego de la segunda vuelta electoral en la cual salió victorioso el hoy presidente Gustavo Petro
En Colombia, pasadas las elecciones, sucedió algo que no podía ser: los movimientos sociales, y la izquierda en general, por temor a criticar el gobierno –pues ello “fortalece a la oposición”– optaron por el silencio, por la pasividad, por la desmovilización, esperando que toda acción de cambio procediera desde el alto gobierno, guardando, además, silencio ante medidas impulsadas por éste y con las cuales no hay identidad total.
Un proceder con el cual quedaban supeditados, sin autonomía, ante el accionar político que pudiera desprenderse desde Presidencia. Un actuar, por demás, que le mermaba toda autoridad ética a esos movimientos sociales los cuales, protestaron sin reserva alguna con toda convicción, cuando otros gobiernos pretendieron aplicar medidas de ajuste económico, como el alza en los precios de los combustibles, por ejemplo. Pero esos mismos movimientos sociales, hoy, cuando el gobierno que aplica esas medidas económicas es amigo, entonces se tragan el malestar, no critican y mucho menos protestan.
De esa manera, con silencio incomprensible, se desdibuja la autornomía que, al menos de parte de los movimientos sociales, debiera tenerse con respecto al gobierno, con el cual puden identificarse pero no doblegare, no renunciar a la autonomía –que es su puente de conexión con la totalidad social.
Un proceder, por demás, de espaldas ante la historia, la misma que ha dejado como lección para toda la humanidad, que el enfrentamiento entre la continuidad y el cambio, entre los de arriba y los de abajo, no cesa, es permanente, y no puede resolverlo la presidencia de un país. Desde arriba es posible obtener algunos logros, algunos avances, pero no lo fundamental, toda vez que las negociaciones –gobernabilidad– permiten alcanzar reivindicaciones parciales –el ajuste de una norma, una reforma de menor rango, el giro parcial en política económica y financiera, etcétera– pero de su mano no llegará lo estructural.
Y así es porque a toda acción viene una reacción. A todo intento de reforma le corresponde, por tanto, una contrarreforma o el correspondiente bloqueo para impedir que se torne en realidad. Es una disputa al interior del establecimiento en la cual participan todos los facatores de poder, entre los cuales la Presidencia es uno de ellos, pero otros descansan en los poderes legislativo, judicial, militar, y otros más.
Por lo tanto, es una pugna que no puede dejarse se resuelva por arriba –gobernabilidad–, mucho menos cuando el resultado electoral que ungió como Presidente a Gustavo Petro arrojó como foto un país partido en tres: los once millones que votaron por el cambio liderado por el Pacto Histórico, los 10 millones que dieron el sufragio a un personaje que ofrecía un cambio impreciso –Rodolfo Hernández–, que en segunda vuelta reunió los votos de la continuidad o el oficialismo y, también, los cerca de 20 millones que no concurrieron a las urnas.
Por lo tanto, el triunfo electoral no alcanza a conjugar un significativo cambio político, cultural, social, que estuviera viviendo el país. En la totalidad votante por el cambio no se conjuga un sujeto político que reuna al país, y sí reune, el descontento social de un empobrecimiento potenciado por el covid-19, además de un hastío del actor juvenil con un país manipulado, asesinado, robado, por los sectores tradicionales del establecimiento. De alguna manera, al estallido social de los años anteriores le siguió el estallido electoral, pero, al igual que el estallido social, al electoral le sigue la desmovilización. ¿Por qué? Porque es un estallido y no una revolución. Es algo momentáneo, no algo permanente. Hay sifnos de ruptura, deseos, pero sin capacidad ni disposición para que esta se concrete, precisamente porque no existe el actor social que la jalone, que sostenga la disputa en el mediano y largo plazo, que vaya más allá de la rabia, de la inconformidad.
Es por ello que era indispensable implementar desde el primer día de gestión del nuevo gobierno una iniciativa política, cultural, simbólica que potenciará la acción continua de quienes le habían apoyado; una acción, al mismo tiempo, para convocar a los que habían votado por su contricante, invitándolos a ser parte del cambio, asumiendo parte de sus reivindicaciones, poniéndolas en juegos; y, de igual manera, una acción que concitara a la otra tercera parte del país a no guardar silencio, a superar la indiferencia, a unir sus energías al necesario cambio demandado en las urnas.
Pero no ocurrió así. Lo que prevaleció fue una negociación por arriba, una distribución de ministerios y otros puestos, moneda de garantia para que los partidos tradicionales apoyaran en el Congreso las reformas prometidas en campaña. Una negociación en la cual los actores sociales quedaron por fuera. Como también quedó por fuera el país que apoyó al candidato perdedor, así como el país indiferente.
Entonces, sobre todo para estos últimos, en tanto lo que prevalecía era el acuerdo por arriba, lo que ahora tenían ante sí era un gobienro no del cambio, como pretende su slogan, sino un gobierno “de los mismos con las mismas” –guardadas las diferencias, tendríamos que decir desde una lectura independiente.
Al así suceder, dos terceras partes del país quedaron como simples observadores de lo que estaba sucediendo, de las discusiones en el Congreso, de las maniobras de unos y otros por impulsar o contener una u otra reforma. Y entre los que entraron en pasividad, como simples espectadores, los movimientos sociales, desdibujados, perdidos en el temor a actuar, a criticar, a proponer, a dejar en claro que comparten las pretensiones de cambio del gobierno en ejercicio pero, además de ser así, que desean ir más allá, pues así lo demanda el sueño de mejor país.
Una realidad que, una vez rota la gobernabilidad negociada por el alto gobierno, evidenció la soledad del poder que cubría al Presidente. Soledad que trató de superar con los balconazos, con muy pobre o nulo resultado. No podía ser de otra manera: las sociedades no se mueven por decreto, en ello pesan factores de diverso orden, todos o la mayoría de ellos despreciados por el privilegio de un diseño político desde arriba. Así, contrario a lo deseado, lo cosechado es todo lo contrario.
Es en este punto de la coyuntura nacional que la CUT cita a la movilización del día siete, la misma que es retomada de inmediato por Gustavo Petro que confirma que se sumará a la misma. Una aceptación que, por el peso y el significado político de quien se “suma”, y muy seguramente sin pretender disputarle el liderazo a quienes convocaron, sí da pie para que los medios oficiosos de comunicación digan que la movilización está citada por Presidencia. Clara manipulación con propósitos también claros.
Pero estamos en medio de un proceso. Toca esperar que los actores sociales, una vez pasada esta jornada de movilización, procesen las enseñanzas dejadas por los diez meses del gobierno del cambio y, ojalá, cambien de proceder. Y concluyan que el mejor apoyo que puede prestársele a un gobierno amigo es el de la critica, la movilización, la exigencia de ir más allá de lo pretendido por él. Un proceder que también los reviste de ética para poder liderar la protesta ante futuros gobiernos no amigos
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