El Observatori del Deute en la Globalizació constata que la extracción de litio acapara el agua y daña los ecosistemas en zonas de Chile y Argentina, entre otros países. La organización señala en un nuevo informe la necesidad de reducir la demanda de este mineral estratégico para la transición energética.
El litio, el metal menos pesado de la tabla periódica, es el oro blanco de la llamada transición verde. Tiene la capacidad de conducir calor y un elevado potencial electroquímico, condición necesaria para el funcionamiento de las baterías eléctricas. Se ha convertido en una materia prima muy útil para producir cátodos de baterías de vehículos eléctricos, para el almacenamiento de energía renovable y para las baterías de los productos electrónicos de consumo como teléfonos móviles y portátiles.
La descarbonización de la economía indispensable para frenar la crisis climática multiplica la demanda de unos minerales y tierras raras estratégicos. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima que la demanda que más ha crecido ha sido la del litio, que se multiplicará por 42 en solo dos décadas. La de cobalto lo hará por 25, la de níquel por 19, la de manganeso por 8 y las tierras raras por más de 7.
El informe La mina, la fábrica y la tienda que acaba de publicar el Observatori del Deute de la Globalització (ODG) analiza las dinámicas globales que aseguran el incremento de esta minería en numerosos países del Sur Global, la fabricación de tecnologías para la transición energética y su mercado para abastecer a los países del Norte Global. Chile tiene las mayores reservas actualmente reconocidas de litio y cobre, China de tierras raras y grafito, República Democrática del Congo de cobalto e Indonesia de níquel. China tiene una posición de dominio en el mercado de las tecnologías de la transición energética y ha conseguido movilizar alrededor del 80% de la inversión mundial.
Países como República Democrática del Congo, Mozambique, Perú, Ghana o Indonesia se dedican, principalmente, a extraer minerales y venderlos con un refinamiento/procesamiento básico. Otros países, como Chile, Bolivia, Argentina o Brasil extraen minerales y tienen distintos proyectos para avanzar hacia la industrialización, pero han topado con barreras internas. «Tienen un denominador común: se ven sometidos a la deuda externa o a los tratados de comercio e inversión, que funcionan como instrumentos para apuntalar su subordinación», indican desde el ODG. Por tanto, son empresas de otros países las que operan en el territorio.
El «triángulo del litio»
La triple zona fronteriza entre Bolivia, Chile y Argentina cuenta con salares y lagunas altoandinas que constituyen importantes fuentes minerales, principalmente de litio, potasio y boro. Esta zona es conocida por los inversores y financiadores de proyectos extractivos como el ‘triángulo del litio’. «Una denominación colonial que ejemplifica la desvalorización del territorio, la desnaturalización y su desacralización, reduciéndolo todo a un recurso del que se puede sacar rédito», explica la publicación del ODG.
Durante treinta días, el equipo del ODG visitó zonas de extracción minera de litio en el salar de Atacama, en Antofagasta (Chile), y de exploración para la minería del litio en el salar de Maricunga, en la región de Atacama. También han visitado los nuevos proyectos de hidrógeno verde en la costa de la región de Antofagasta, la extracción y procesamiento de cobre en Tierra Amarilla y Copiapó, situadas en la región de Atacama, y la explotación y procesamiento del litio en la Provincia de Catamarca (Argentina).
Allí han conocido a activistas y personas defensoras del medio ambiente que se organizan para hacer frente a la ofensiva minera, y alertan de los peligros que esta puede suponer para el entorno natural y su biodiversidad. «Estos salares son, sobre todo, ecosistemas únicos y ambientes naturales de gran complejidad y fragilidad, con una alta presencia de especies endémicas, que se están viendo afectados por la extracción de salmueras, de las que luego se concentra el litio y otros elementos», destacan.Guanacos de camino al paso fronterizo de San Francisco, que conecta Argentina y Chile, en la cordillera de los Andes. El Salar de Maricunga, en la Región de Atacama, Chile. Entrada de trabajadores de la empresa ZiJin, en las afueras del pueblo de Fiambalá, Argentina.
Residuos orgánicos resultado del proceso de desalinización en el puerto industrial de la ciudad de Mejillones, Chile.
«No es minería del litio, es minería del agua»
La extracción de litio por salmuera requiere de grandes cantidades de agua en una zona que sufre un gran estrés hídrico. Como el Salar del desierto de Atacama, la zona del planeta donde se registran los niveles más bajos de precipitación, con promedios que no superan los 10 litros por metro cuadrado al año. Pese a esta realidad, las empresas SQM y Albermarle produjeron un total de 18.000 toneladas de metal de litio en el Salar de Atacama con un consumo intensivo de agua.
Según la Agencia Internacional de la Energía, se calcula que para producir 1 tonelada de litio a partir de salmuera se necesita una media de 330.000 litros de agua. El proceso se efectúa con el bombeo de la salmuera mediante perforaciones, una salmuera que es enviada a unas piscinas de agua dulce, donde se evapora el líquido y
se concentran las sales. Una vez evaporada el agua, el litio se separa por precipitación de los demás compuestos como el magnesio, el calcio, el potasio o el sodio. Activistas defensoras del agua denuncian una falta de transparencia en la gestión del agua por parte de las empresas.
La minería acapara un agua que necesita la población. «No es minería del litio, es minería del agua», protesta Francisco Mondaca, de la Asociación Atacameña de Regantes y Agricultores de Toconao y Consejo de Pueblos Atacameños. En la comunidad situada en la parte sur del Salar de Atacama sus ahora trecientos habitantes puedan disponer de un caudal de no más de 4 litros por segundo, mientras enfrente están extrayendo más de 2.000 litros de agua por segundo para la extracción de litio. La problemática impacta en la agricultura local. «Mientras en las minas están utilizando litros y litros de agua al día, yo tengo que esperar un mes para poder regar mi campo, mediante el sistema de riego que tenemos estipulado, que es uno de los únicos de gestión comunitaria», denuncia Karen Luza, vecina de San Pedro de Atacama y activista por la defensa del agua.
El informe del ODG apunta también que la minería representa una amenaza para el emergente sector del turismo sostenible: «Los proyectos no tienen mucha trayectoria, no hay muchas investigaciones hechas sobre hidrología, ni se sabe cómo se va a comportar o cómo va a reaccionar. No nos pueden asegurar que no va a provocar daño en las cuencas de agua, en la fauna, especialmente en las chinchillas y las vicuñas, y en la afectación al paisaje», manifiesta Carlos Pizarro, activista y guía de turismo en Copiapó, Chile.
En definitiva, los impactos medioambientales y sociales de la actividad extractiva de minerales se agravan con el aumento de la demanda que está generando la transición verde. Esto afecta a afecta a las «zonas de sacrificio» como el desierto de Atacama, la región de Antofagasta o Catamarca, donde se ha impuesto el neocolonialismo. Zonas que la investigadora Maristella Svampa define como «territorios que viven la radicalización de una situación de injusticia ambiental donde la producción del espacio y las lógicas de control territorial dominante no contemplan la satisfacción de las necesidades sociales y económicas de la población y la sustentabilidad ambiental de los territorios».
Alternativas: acelerar otras transiciones
La publicación del ODG también propone medidas para reducir el impacto ambiental y la falta de justicia social de la transición energética. «Debemos cuestionar el sentido de urgencia que provoca que sean las grandes corporaciones las que mejor pueden afrontar semejante reto. Por supuesto, hay una necesidad de aceleración, pero bajo nuestro punto de vista, de otro tipo de transiciones», indican.
Apuntan que es necesario reducir la demanda de tecnologías en el norte global. Citan el informe Objetivo de emisiones cero con una mayor movilidad y una menor explotación minera del think tank Climate and Community Project que propone planificar tres políticas para contener la demanda de litio en 2050 en Estados Unidos: reducir el número de vehículos privados, reducir el tamaño de las baterías de los vehículos eléctricos y aumentar el reciclaje. Este análisis concluye que los EE.UU. pueden conseguir un modelo de movilidad de cero emisiones y a la vez limitar en más de un 85% la cantidad de litio necesaria proveniente de la extracción primaria.
Otro elemento que va encaminado a reducir la demanda de minería primaria es la minería urbana o secundaria, es decir, el reciclaje de los materiales que ya forman parte de las tecnologías que usamos o hemos desechado para la fabricación de nuevas tecnologías. El reciclaje de las tierras raras o del litio es prácticamente inexistente en la Unión Europea actualmente.
Para acelerar de la reducción de demanda señalan que se requiere una «verdadera planificación industrial pública que supere las políticas de estímulos financieros y garantías a las grandes empresas, como los fondos NGEU, el Plan Industrial del Pacto Verde o el IRA. «La planificación debería estar ligada a unos presupuestos de carbonoque determinaran, teniendo en cuenta la emergencia climática pero también la crisis de biodiversidad y el agotamiento de los recursos, qué sectores industriales deben decrecer y redimensionarse, y cuáles deben liderar la transición».
Desde el ODG reclaman acelerar una transición más justa en la que se repartan los trabajos que va a generar la transición energética. Además, sostienen que se debe cancelar la deuda externa de los países empobrecidos «por ilegítima, insostenible y por irrisoria comparada con la deuda ecológica». Por último, consideran que los tratados de comercio e inversión deberían suspenderse para favorecer «una mayor autonomía a las soberanías nacionales y populares».
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