Radiografía de la historia y estructura social que somos

Estimados/as lectores/as compartimos la serie de artículos más leídos durante el 2023. Una relectura necesaria de hechos y proyecciones de diferentes temas tanto nacionales como internacionales. Esperamos que su lectura sea de utilidad.

¿Cómo es la sociedad colombiana? ¿Cómo está organizada y cuáles son sus características y tendencias humanas, sociales, políticas, económicas, laborales y ambientales? Una visión integral desplegada a lo largo de las siguientes páginas nos acerca a tal realidad.

El acercamiento a la realidad social en general, y a la de Colombia en particular, el interés por penetrar en sus diversas características, dinámicas, indicadores, ritmos, potencialidades, principios, intereses y conflictos, para no quedar entrampados en visiones superficiales, de corto plazo ni mecanicistas, demanda el interés y esfuerzo por armar, como si de un puzle se tratara, cada una de las partes en un todo relacionado.

Este ejercicio, partiendo para ello de la utilización de diversidad de ciencias, estadísticas, recursos metodológicos y enfoque estructural-histórico, es el que materializa y queda resumido en el presente suplemento. El resultado final es la fotografía y narrativa integral del país que somos y habitamos, y luchamos por enrutar en sus dinámicas cotidianas hacia uno regido por principios de democracia, paz, solidaridad y dignidad humana. Presupuestos indispensables de lo cual deberá ser la garantía de una economía sostenible y sociedad incluyentes y que tengan como centro de su ejercicio la felicidad y bienestar de todos los seres humanos que habitan el país y, a su par, el más libre ejercicio de la política como expresión de creatividad, solidaridad y convivencia colectiva libre entre iguales. Potenciadoras, tanto economía como política, de una interrelación con la naturaleza y todos los seres vivos que la habitan y en la que el antropocentrismo al servicio del capital quede reducido al cuarto del olvido.

Otros muchos retos, exigencias y acciones, son también parte de ello. Acerquémonos a esta realidad, y que el debate, el diálogo y los consensos nos permitan penetrar, a partir de la evidencia empírica de nuestra realidad como país, en los conceptos acá plasmados. A la par de potenciar un accionar cada vez más dinámico de los agentes sociales por el cambio y la transformación consciente y responsable.

Territorio, regiones y cultura

El territorio colombiano ocupa 0,2 por ciento de la superficie planetaria, alberga 11 por ciento de la diversidad biológica terrestre, su población equivale a 0,7 del total mundial, el PIB anual aporta 0,3 de la producción global y concentra el 0,6 de las personas de la humanidad que viven bajo condiciones de pobreza. Su Estado nacional colombiano se halla, económicamente, vinculado al mercado del sistema capitalista mundial y, políticamente, dentro del marco de los 193 Estados que son miembros de las Naciones Unidas. En la división internacional del trabajo y del poder geopolítico, Colombia es un país periférico; centro y periferia forman un único sistema, dinámico y dialéctico por su propia naturaleza.

El país es un complejo biofísico y sociocultural que se extiende en un área total de 2.070.408 Km², 1.141.748 de los cuales corresponden al territorio continental y los restantes 928.660 Km² a los espacios marinos (contiene tres áreas costeras: costa Pacífica, costa Caribe continental y costa Caribe insular). La ubicación geográfica del territorio colombiano, en la esquina noroccidental de América del Sur, lo ubica como un lugar geoestratégico de conexión terrestre dentro del continente y marítima con Europa, Asia y Oceanía.

Colombia se divide en seis regiones geográficas: Caribe, Insular, Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonía, cada una con diferentes espacios menores de características físicas e identidades socioculturales particulares. La región geográfica agrupa todos los rasgos de relieve, clima, suelo, vegetación, junto con las actividades socioculturales que los pobladores llevan ensamblados en un paisaje visible, formando un todo orgánico, donde los grupos humanos que los habitan lo moldean, pero a su vez estos reciben influencia del ambiente; entonces, ser humano y naturaleza se imbrican a lo largo del tiempo formando una región geográfica. Las transformaciones de la economía y de la infraestructura vial, además de la ubicación de los polos de desarrollo y las instituciones que concentran el poder, con sus respectivos radios de dominio e influencia (funcionamiento espacial y regiones nodales), tienen también un impacto notorio sobre la estructura regional geográfica (ver mapa de regiones).

Cada región geográfica, además, realza por las particularidades y vocación de uso que posee su tierra. Vocación de uso que es empleada para denotar la clase mayor de uso que una unidad de tierra está en capacidad natural de soportar con características de sostenibilidad, avaluada sobre una base biofísica. La vocación de uso de las tierras en Colombia, según cinco grandes categorías es: agrícola (8,8%); agroforestal (18,8%); conservación (43,1%); forestal (18,8%); ganadera (9,1%); cuerpos de agua (1,4%) (Ver mapa de usos del suelo).

Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), el 30 por ciento del área del país, 34,3 millones de hectáreas, padece de algún conflicto en la calidad de sus suelos, resultado del uso inadecuado o la falta de prácticas que estimulen el aprovechamiento de este recurso, ya sea por la sobreutilización o la subutilización. En particular, solo el 22,7 por ciento del área que tiene vocación agrícola se utiliza para la agricultura; en contraste, más de 37 millones de hectáreas se utilizan para ganadería, esto es, cerca de 4 veces por encima del área que está en capacidad natural de soportar con características de sostenibilidad este uso de la tierra. El hato propiedad de los ganaderos es de 30 millones de cabezas de ganado (ver mapa cobertura de la tierra).

Los procesos de degradación del suelo más relevantes en Colombia son la erosión, el sellamiento de suelos, la contaminación, la pérdida de la materia orgánica, la salinización, la compactación y la desertificación; procesos que afectan en gran medida a las regiones Caribe, Andina y Orinoquia y que comienzan a ser significativas en la Amazonia y en el litoral Pacífico. Entre las causas de la degradación y la gestión insostenible de los suelos en el país se tienen: la creciente demanda de bienes y servicios de los suelos, el desconocimiento de las funciones e importancia del mismo y de alternativas para su recuperación, restauración y rehabilitación, procesos de planeación y de ordenamiento del territorio que no tienen en cuenta las características de los suelos, debilidad en los procesos de seguimiento a su calidad, desarticulación institucional y carencia de normas e instrumentos para la gestión sostenible del mismo (ver mapa problemáticas ambientales).

Poblamiento

Las primeras evidencias de poblamiento en el territorio colombiano datan del año 12460 antes de nuestra época. Desde 1492, empezó la larga noche de violencias que generó uno de los genocidios más atroces de la humanidad: la población colombiana originaria a la llegada de la invasión europea sumaba alrededor de 4 millones, el 90 por ciento de la cual murió a causa de la guerra, por las enfermedades virales propagadas por los conquistadores, al despojo, la expoliación y la consecuente pérdida de medios de producción, la opresión y la pobreza, la servidumbre y la inhumana explotación laboral.

Más cerca de los tiempos que corren, entre 1850 y 1900 la población asentada acá pasó de 2,2 millones a 4,2 millones. Para mediados del siglo XX, el número de habitantes llegó a 11,3 millones. Durante el período 1950-2023, la población se multiplico 4,62 veces hasta alcanzar la cifra actual de 52.156.254 de personas. Para el año 2050, de acuerdo con las proyecciones del Dane, la población alcanzará la cifra de 62 millones de personas, 51,9 por ciento mujeres y 48,1 hombres.

En este proceso, el patrón de distribución poblacional ha estado influenciado por diversos fenómenos asociados con el funcionamiento y dinámica socioeconómica del país, además del desplazamiento forzado generado por el conflicto armado interno, donde la tendencia general ha sido hacia la concentración de la población en las zonas urbanas y principales centros económicos e institucionales del país.

La distribución de la población no es uniforme en todo el territorio nacional, paralelamente al fenómeno de urbanización se presenta un desequilibrio acentuado respecto al número de habitantes comparativamente entre regiones. La región Andina que concentra el 30 por ciento de la superficie del país es la región con mayor cantidad de habitantes (76 por ciento de la población) y mayor actividad económica del país (aporta el 78,8% del PIB), por ella pasan tres cordilleras que pertenecen a una división de la cordillera de Los Andes (Cordillera Occidental, Cordillera Central y Cordillera Oriental) y comprende, además, los valles de los ríos Magdalena y Cauca. El resto se distribuye en los departamentos de la región Caribe (18% de la población y ocupa el 11,6% del territorio nacional), en tanto que en las regiones del Pacífico, Orinoquía y Amazonía, que son territorios escasamente ocupados y suman el 52 por ciento del espacio, solo se encuentra el 6 por ciento de connacionales.

Pese a que la estratificación por el color de la piel se supone un asunto superado por la historia, en nuestro país, aún en la tercera década del siglo XXI, su población continua identificándose como perteneciente a una “raza”; así, de manera libre y subjetiva, en sus imaginarios y creencias la mayoría se considera como mestiza: 53,2 por ciento respecto al total; los demás habitantes se autorreconocen como blancos (32,9%), afrocolombianos (9,4%), indígenas (4,4%) y Rrom o gitanos (0,006%). El racismo, la exclusión y la discriminación recíproca, como un legado colonial, perviven de manera velada y silenciosa en la consciencia nacional y las relaciones socioeconómicas, políticas y culturales.

Entre finales de los años 1950 y la década de los 60 hubo un punto de quiebre en la distribución urbano-rural de la población, como efecto de la polarización social y la violencia institucional reaccionaria, política, religiosa y clasista desatada (intencionalidad planeada de asesinar física o simbólicamente a los opositores o “enemigos”), en un primer momento contra el gaitanismo y en segundo momento contra el campesinado liberal o de izquierda, y que generó un amplio despojo de tierras por parte de terratenientes y sus aliados, concretándose así una adicional especie de “acumulación originaria de capital” que aún permanece impune, y a su par un intenso desplazamiento interno que lleva a que miles de miles huyan hacia alguno de los cinco principales centros urbanos del país y sus zonas metropolitanas (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga). Un ritmo de reubicación poblacional que se prolonga por olas, según los ciclos del conflicto armado que desde entonces marca nuestra cronología.

Para el año 2022, el 16,3 por ciento de las personas vive en Bogotá, Distrito Capital. Otro 61 por ciento de connacionales habita en las cabeceras municipales y demás ciudades capitales de los 32 departamentos del país. En el mundo rural se encuentra el 22,7 por ciento de los habitantes: 7,1 por ciento en los centros poblados y 15,6 en las zonas rurales dispersas. En los municipios Pdet (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) pertenecientes a 16 subregiones que cubren 170 municipios, priorizados por ser los territorios más afectados por el conflicto armado, con altos índices de pobreza, presencia de economías ilícitas y debilidad institucional, habita el 12,8 por ciento de la población (ver gráfico 1: Distribución étnica-cultural, según libre autorreconocimiento, y de la población en el territorio).

Gráfico 1

Este conjunto diverso de autoreconocimientos y de distribución de la población en las diferentes regiones geográficas ha permitido la configuración de una diversidad étnica y cultural de la población, representada en la variedad de cosmovisiones, niveles de consciencia, estilos de vida, actitudes morales, lengua, costumbres, hábitos, creencias, valores, tradiciones, folklore, preferencias políticas y gobiernos, formas de utilización y aprovechamiento de la naturaleza, modos de producción y conformación de los diferentes paisajes. La condición de nación multiétnica está plenamente aceptada en la Constitución de 1991 que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la sociedad colombiana (artículo 5º). Entre estos grupos puede mencionarse el isleño, costeño, guajiro, paisa, opita, santandereano, cundiboyacense, llanero, amazónico, valluno, pastuso, chocoano y rolo.

El desarrollo económico ocupa un lugar central en la explicación de lo que hay de específico en cada nación o región geográfica. Con toda modificación en las condiciones de vida, en las relaciones sociales, en la existencia social, cambian también las ideas, las nociones, los valores y las concepciones, en una palabra la conciencia de los seres humanos.

Las revoluciones industriales y los concomitantes procesos de modernidad-modernización se han incorporado con diferentes ritmos y gradualidades, estableciendo un desarrollo desigual y combinado sobre las regiones y poblaciones. El centro de gravedad de la sociedad colombiana, desde el punto del desarrollo y los niveles de conciencia, es un complejo y heterogéneo mosaico imbricado en culturas y visiones del mundo arcaica (instintiva), mágica (animista), mítica (pertenencia) y racional instrumental (formal-lógica-empírica), con sus correspondientes grados de consciencia individual, narcisista, egocéntrica y etnocéntrica, operando en estadios tecno-económicos e institucionales hortícolas-recolector, agropecuario, minero, industrial, terciario e informático-científico, y sobre espacios provinciales y regionales. El grado de heterogeneidad y complejidad económica, social, cultural, política y ambiental es muy profundo y fragmentado en Colombia, no obstante, de acuerdo con la ley del desarrollo desigual y combinado descrita por Marx en la Introducción general a la crítica de la economía política (1857), en cualquier forma de sociedad existe un modo de producción dominante que impone sus reglas sobre las restantes formas económicas pretéritas o arcaicas, modificando así sus particularidades y características; para el caso colombiano el modo hegemónico es el capitalismo periférico. En general, las ideas dominantes tienden a ser la ideología de la clase dominante. A su vez, el capitalismo no puede existir sino a condición de revolucionar incesantemente los instrumentos de producción y, por consiguiente, las relaciones de producción, y con ello todas las relaciones sociales y espaciales (ver mapa de regiones culturales).

La configuración regional y la diversidad cultural, política y económica ha favorecido una estructura “federalizada” del poder político en Colombia. Si bien existe un imaginario colectivo de nación y la Constitución Política es el marco legítimo de gobierno, su referencia es una alusión cómoda que sirve de careta al caudillismo, a las oligarquías regionales y a toda clase de intereses mezquinos de las agrupaciones ideológicas, los gamonales o “caciques” locales y los clanes familiares que manejan con alto grado de autonomía y arbitrariedad las instituciones y recursos públicos, condicionan la orientación política local y controlan los botines electorales para el beneficio de determinados partidos y candidatos. Los líderes políticos tienen, por lo general, una visión mezquina provincial, regional o local, del poder y el desarrollo, y en estas circunstancias, los estadistas con proyecto nacional o mirada contemporánea del mundo brillan por su ausencia, dejando al país huérfano de un proyecto nacional y abandonado al oleaje y cambios de la geopolítica y los cambios globales.

La distribución primaria de los medios de producción siempre ha sido un producto de la lucha de clases, es decir, de acciones violentas. Toda lucha de clases es una lucha política. El poder político es la violencia organizada de una clase social para la opresión de otra. Lo que primó en el territorio colombiano tras la invasión europea fue la expoliación a la población aborigen de sus medios de producción, obligándolos a vivir bajo condiciones de indigencia, en contraste con la gran propiedad y la concentración de la tierra en manos de grupos de hacendados y familias terratenientes que mantenían estrechas relaciones e intereses con las instituciones del poder. El gran capital y la gran propiedad devoran, conforme a la ley del más fuerte, a los más débiles: es la centralización y concentración de la economía y el poder político.

En este proceso, las tierras costeras y de los valles interandinos, desde el inicio, se constituyen en regiones de grandes latifundios. Este modelo de economía y propiedad se extendió luego a todo el territorio nacional. Para la clase dirigente criolla la propiedad territorial y su concentración en grandes unidades se considera la más segura inversión, la fuente de prestigio social y poder político, y la manera más expedita de acumular capital para valorizar sin pagar en impuestos el costo social de oportunidad. Cuando el Estado promueve tímidas políticas de reparto de tierras, la respuesta por parte de la oligarquía latifundista ha sido desatar los recurrentes períodos de violencia y los procesos de contrarreforma agraria. Violencia, pobreza y acumulación por desposesión han sido, hasta nuestros días, una de las grandes fuentes de desplazamiento forzado de la población campesina y comunidades étnicas.

Colombia tiene la distribución más desigual de la tierra del mundo (1% de los propietarios controlan el 81% de la tierra con vocación agrícola); desde la década de los 80, ocho millones de hectáreas han sido acaparadas, muchas de ellas despojando violentamente a más de ocho millones de campesinos. Buena parte de estas tierras, incluyendo el Amazonas, están dedicadas a la ganadería extensiva, haciendo de la expansión pecuaria una estrategia de ocupación de los territorios, hasta el punto que en Colombia un millón de familias campesinas tienen menos tierra que una vaca. Muchos de los grandes terratenientes tienen un inmenso poder político y están incrustados en el aparato del Estado, el cual usan para perpetuar este estado de cosas mediante el conflicto, asociados a los narcotraficantes, los paramilitares y los “señores” de la guerra.

La sociedad capitalista genera desigualdad y pobreza. Al otro extremo de la concentración del ingreso y la riqueza se encuentra la aglutinación de la pobreza y la miseria. Todo esto supone la devastación ambiental y el empobrecimiento de la mayoría. El excedente de campesinos expulsados de las mejores tierras son forzados, en ausencia de una reforma agraria, a desplazarse hacia la periferia de los centros urbanos o a talar bosques altos de montaña y selvas amazónica y pacífica, así como a alterar el sistema de ciénagas y humedales que regulaban los flujos en invierno. Las consecuencias son la erosión presente de un 40 por ciento de los suelos y la pérdida de 3’182.876 hectáreas de bosque en solo el transcurso de las dos últimas décadas. La distribución de la población rural, los conflictos en el uso de la tierra y el desplazamiento forzado hacen a Colombia extremamente vulnerable a los fenómenos del cambio climático.

De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Colombia es el país con más desplazados internos del mundo1. En paralelo, el desplazamiento suscitó un proceso de pauperización masiva: se pasó de un escenario en el cual el 51 por ciento de las familias desplazadas eran pobres y el 30,5 indigente, a otro en el que el 96,6 de estas familias son pobres y 80,7 indigentes2.

Producto de esta acumulación por despojo, la concentración de la propiedad de la tierra es desproporcionadamente elevada. El índice de Gini ha sido uno de los indicadores más usados para referirse al nivel de desigualdad en la distribución de la tierra. La estimación para Colombia del indicador es de 0,8789; este valor se encuentra en el rango de 0,6 a 1, el cual corresponde a una alta desigualdad en la distribución de la propiedad rural y a transformarse en un factor permanente de conflicto social. Lejos de tenerse una distribución igualitaria, en la que el 10 por ciento de los propietarios tienen el 10 por ciento de área, se observa que el 1 por ciento de las fincas reúne predios superiores a las 500 hectáreas y concentran el 81 por ciento de la tierra; en contraste, el 80 por ciento de las fincas tienen menos de 10 hectáreas y apenas llegan a ocupar el 5 por ciento de la superficie rural (ver Tabla 1 y mapa concentración de la tierra).

Es así como el país tiene y prolonga una gran deuda histórica con el campesinado. Pese a todo lo anotado, la población campesina continúa produciendo casi la mitad de los alimentos de consumo directo en el país. Si hasta 1989 Colombia se autoabastecía de alimentos, hoy, después de las reformas neoliberales y la apertura económica, se importan el 40 por ciento de estos (13 millones de toneladas anuales; el 57,5% corresponden con la necesidad de abastecer la demanda de proteína animal; una quinta parte de la canasta básica de las familias es importada), en buena parte gracias a los tratados de libre comercio. Desde la perspectiva de los movimientos campesinos, la implementación de la soberanía alimentaria debe incluir la justicia social (restitución y distribución de tierras), la justicia ecológica y la paz (justicias restaurativas y condiciones de vida digna).

En este marco, el gobierno del “Pacto Histórico” (2022-2026) se comprometió con realizar una reforma agraria. En la cuestión agraria, solo hay una disyuntiva: expropiar la tierra o comprársela a precio comercial a los terratenientes. No obstante, la materialización de la “lexis” mediante la “praxis” “petrista” tiene como componente principal el acuerdo entre el Gobierno y la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) para comprar 3 millones de hectáreas a sus actuales propietarios. El presidente Gustavo Petro explicó que cada hectárea estaría entre $10 y $20 millones; eso quiere decir que dicho plan costaría entre $30 y $60 billones que se pagarían con títulos de deuda pública o créditos externos. El documento, que se concretó el 6 de octubre de 2022, hará parte del tercer componente de la reforma agraria del Gobierno del presidente Gustavo Petro; el primero es la entrega de títulos de propiedad de 681.372 hectáreas a campesinos, indígenas y afrodescendientes, el segundo, será el arrendamiento a organizaciones campesinas de 125.000 hectáreas de tierras confiscadas a narcotraficantes, que son propietarios de grande extensiones, paso que se dará una vez se completen los trámites legales con la Sociedad de Activos Especiales (SAE), institución que administra bienes sujetos a expropiación por ser su propiedad de origen ilegal.

Estimativos realizados afirman que en Colombia, entre siete y diez millones de hectáreas fueron adquiridas de manera fraudulenta o violenta por distintos grupos ilegales o gremios político-económicos, principalmente mediante el despojo o desplazamiento forzado de campesinos, durante los peores años del conflicto armado. Adicionalmente, expertos en el tema agrario señalan que el imperativo inicial de la reforma agraria es resolver los conflictos de uso del territorio, para adaptar el país al cambio climático. Paralelo a este, desconcentrar la propiedad mediante una combinación de instrumentos: El primero es cobrar el verdadero costo de oportunidad del monopolio de la tierra, en impuestos, a los grandes propietarios extensivos, para obligarlos a producir, arrendar, vender o entregar una parte de la tierra como pago del impuesto. El segundo, complementario al anterior, el gobierno debe usar su facultad legal de extinguir el dominio de las tierras ociosas para ingresarlas al fondo para distribución, en cumplimiento de la función social que la Constitución asigna a la propiedad. El tercero es investigar el origen, cambios de propiedad y legalidad de las tierras que los ganaderos venderán al gobierno.

Población y dialéctica del desarrollo

La tendencia a que la población rural y el sector agropecuario pierdan importancia en la distribución espacial de los habitantes y en el PIB en la medida que se avanza en el proceso de desarrollo, es común al patrón de crecimiento de la mayoría de las naciones del mundo. En este sentido, la experiencia nacional muestra que el sector disminuye su participación en la economía, no porque haya descendido su producción en términos absolutos, sino por el mayor ritmo de crecimiento y la consolidación de los sectores secundario y terciario; proceso que se da de manera concomitante con la urbanización y el intento de colocar al país a la altura de los tiempos. La declinación del sector primario y el lábil desarrollo del sector secundario han generado una hipertrofia del sector terciario.

La violencia en las zonas rurales, la acumulación por expoliación de tierras, el abandono en que el Estado mantiene a la población campesina y los pueblos originarios y la presión que el gran capital ejerce sobre el campesinado en particular y las actividades agrarias en general, constituyen las fuentes principales de expulsión de la población rural y de la caída de la importancia de las actividades agropecuarias tradicionales en el PIB colombiano.

En el año 1912, la población colombiana sumaba 5.072.604 personas. La población rural concentraba cerca de tres cuartas partes del total y la contribución del sector agropecuario al PIB total era equivalente: 70,3 por ciento (hasta el año 1938 representó más de la mitad del PIB nacional: 50,2%). La población colombiana fue hasta el año 1962 mayoritariamente rural, lo que corresponde a una estructura económica en la cual las actividades principales eran la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca (gráfico 2).

Para ese mismo año el número de habitantes del país fue de 16.571.226 y la distribución urbano-rural era equilibrada: 50,1 por ciento habitaba las zonas rurales; entre tanto, la contribución del sector agropecuario al PIB había descendido a 30 por ciento. En 2022, el número de personas llegó a 51.609.474, en las zonas rurales se encuentra el 23,7 por ciento del total de habitantes y el valor de la producción agropecuaria solo representa el 6,3 por ciento del PIB, lo que manifiesta la baja productividad relativa del campo frente a la economía urbana.

Población y crecimiento económico. En el período 1950-2022 el país experimentó un aumento de su población de 4,6 veces y durante el mismo lapso el valor del conjunto de los bienes y servicios producidos (PIB) se multiplicó por 17,3; en consecuencia, el PIB per cápita se multiplicó por 3,8 veces.

La tasa promedio de crecimiento anual del PIB (4,2%) duplicó a la población (2,2%) durante el período 1906-2022. No obstante, la inestabilidad en la dinámica económica, debida a los ciclos de expansión y contracción, genera que el coeficiente de variación sea 20,1 puntos porcentuales más alto en la evolución histórico del PIB (59%) respecto a la dispersión de los datos observados en el crecimiento poblacional respecto al valor promedio (38,9%). Nada más cíclico, inestable e incierto que la economía.

En consecuencia, el crecimiento del PIB ha evolucionado entre un mínimo negativo de 6,8 por ciento y un máximo positivo de 10,6 (durante la crisis y postcrisis debida a la pandemia por covid-19), mientras que el mínimo en la tasa de crecimiento poblacional ha sido de 0,9 por ciento (en la segunda década del siglo XXI) y un máximo de 4,1 (a principios de la década de 1970) (ver tabla 2 y gráfico 3).

La sociedad se encuentra en proceso de envejecimiento. El descenso de la fecundidad y el aumento de la esperanza de vida contribuyen a la disminución de la proporción de los menores de 12 años, adolescentes (12 a 17 años) y jóvenes (18 a 28 años) en el total poblacional. Durante el período 1985-2020 los menores de 12 años pasan de representar en la estructura demográfica del país el 28,9 por ciento al 18,7; la participación relativa de los adolescentes y jóvenes se reduce progresivamente de 34,8 por ciento a 28,3; Los mayores de 28 años pasaron de 36,3 en 1985 a 52,9 en 2020 (gráfico 4).

En consecuencia, Colombia pierde los beneficios del Bono demográfico (BD), debido a los cambios en la tasa de dependencia demográfica [BD=f (ΔTDD)]. El BD hace referencia al periodo durante la transición demográfica en que la proporción de personas en edad de trabajar –PET (potencialmente productivas)– crece en relación con la proporción de aquellas en edades potencialmente dependientes (PD); por tanto, TDD=población menor de 15+mayor de 59 años/población entre 15 y 59 años. Durante este proceso se diferencian tres fases del BD que en conjunto delinean una “U”: bono 1: período en que la relación de dependencia es decreciente; bono 2: período en que la relación de dependencia alcanza el mínimo o punto de inflexión; bono 3: período en que la relación de dependencia es creciente desde el valor mínimo alcanzado hasta llegar a un máximo valor. La primera fase del bono se dio aproximadamente entre 1965 y 1997; la fase dos ocurrió entre 1998 y 2018; la tercera fase transcurre a partir de 2019.

Desarrollo y conflicto

Los conflictos sociopolíticos son inherentes al cambio socioeconómico. Las dinámicas de desarrollo encuentran grandes dificultades como consecuencia de la inestabilidad social o política generada por el conflicto que, como se sabe, es una expresión de la heterogeneidad de las colectividades humanas debido a sus múltiples visiones del mundo, intereses antagónicos entre las clases sociales, culturas y creencias diversas, expectativas divergentes, necesidades, demandas y problemas de exclusión entre los distintos grupos que la conforman.

El conflicto evidencia la desigualdad y exclusiones de que son víctimas ciertos miembros de la sociedad, y que resultan de sus intercambios con otra categoría social, definida como adversaria, peligrosa, explotadora, dominante o victimaria. El proceso de modernización de la sociedad colombiana, a partir de mediados del siglo XX, evidencia un creciente malestar en tanto el modelo de desarrollo no ha sido incluyente y sólo ha favorecido a una tercera parte de la población, realidad que expresa un modelo de desarrollo generador de una profunda desigualdad social, ciclos recurrentes de violencia, pobreza y mala calidad del trabajo o tasas crecientes de desempleo en desconexión con el crecimiento de la producción social y el desarrollo global (gráficos 5 y 6).

De acuerdo con la radiografía de homicidios elaborada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la violencia homicida dejó al país para el año 2022 un total de homicidios de 13.332 personas. Según la entidad oficial, en 2022 se cometieron, en promedio, 37 homicidios cada día, un hecho que además de enlutar a miles de familias, tiene varias particularidades que son motivo de alerta para las entidades de orden territorial y nacional. Medicina Legal detalló que en 2021 hubo 36 asesinatos por día, mientras que en 2020 fue de 30 y en 2019 se contabilizaron 32. La comparación 2023-2022 muestra que la tasa de homicidios bajaría en -0,7 puntos por cada cien mil habitantes, de 25,3 a 24,6 (gráfico 5). Las mayores tasas de homicidios se presentan en las regiones donde ocurren enfrentamientos entre grupos armados por el control de territorios, o son escenario de economías ilícitas como la droga, el oro y el contrabando. Persiste la violencia en El Catatumbo, El Bajo Cauca Antioqueño, Arauca, en el Putumayo, el Valle del Cauca, El Andén del Pacífico desde Nariño hasta el Chocó y la Amazonía.

Estos indicadores dejan ver las patologías del estilo de desarrollo implementado en Colombia durante los últimos 73 años. En particular, se registra una correlación positiva entre la iniquidad social, de una parte, y el crecimiento económico por habitante y el aumento en las tasas de desempleo, de otra. El crecimiento del PIB per cápita registra una asociación negativa con las tasas de desempleo, pobreza y homicidios. La tasa de homicidios refleja una asociación positiva con el deterioro del mercado laboral y negativa con el incremento del ingreso por habitante, la pobreza y la iniquidad. Los niveles de pobreza disminuyen cuando mejora la justicia social y hay mejores oportunidades laborales (tabla 3). En general, todos los indicadores analizados expresan sus persistencias cíclicas y amplios rangos entre los valores mínimos y máximos.

Durante el período 1950-2022, el incremento anual medio del PIB por persona ha sido de 1,9 por ciento con un coeficiente de variación de 141,1 por ciento; el rango de variación es de 17,7 puntos porcentuales, con un mínimo de -8,6 en el año 2020 y un máximo de 9,1 en 2021 (tabla 4).


La tasa de desempleo promedio en los 73 años analizados es cercana al 10 por ciento y el coeficiente de variación tiene un valor de 39,9 por ciento; el rango de variación es de 16,8, un valor mínimo de 2,9 en el año 1955 y un máximo de 19,7 en 2000.

El coeficiente de desigualdad promedio registra un nivel conflictivo de 0,52; el coeficiente de variación es de 9,31 por ciento. El rango de variación es de 0, 21 por ciento, el valor mínimo es de 0,40 durante la primera mitad de la década de 1950 y un máximo de 0,61 en el año 1963.

El riesgo general de sufrir una muerte violenta como resultado de un homicidio es de 40 por cada 100.000 habitantes, en tanto, es de 6,1 en el resto del mundo. El coeficiente de variación es de 42,2 por ciento, el rango de variación es de 63,2 puntos porcentuales, con un valor mínimo de 18 por cada 100.000 habitantes en el año 1973 y un máximo de 81,2 en 1990.

El nivel promedio de pobreza por ingresos insuficientes es de 58,4 por ciento durante el período 1950-2022. El coeficiente de variación (% desviación estándar/media) es de 24,9 por ciento: El rango de variación de la incidencia de la pobreza durante los 73 años analizados es de 52,3 puntos porcentuales, con un valor mínimo de 34,7 por ciento registrado en el año 2018 y un máximo de 87,0 en los años 1953-54 (tabla 4).

Dinámica poblacional, migraciones y desarrollo

Exportar pobres, ¡un negociazo!
Los más pobres han construido nuestras ciudades, alimentado al país con la siembra de sus campos y sostenido parte de la economía, no solo con su enganche en miles de empresas locales, más el rebusque diario, sino, además, con el envío de miles de dólares producto de su trabajo en otros países, a los que emigran debido a la negación de sus derechos fundamentales en su lugar de nacimiento.

El envío de divisas por parte de los trabajadores colombianos desde el exterior en 2022 marca un récord sin precedentes en la historia: 9.176 millones de dólares, equivalentes a 3,3 por ciento del PIB. Durante el periódo 2000-2022, el valor de las remesas se mutiplicaron 8 veces. Esta entrada se posiciona como una de las que más genera ingresos al país, después de las exportaciones de petróleo. Un informe del 2021 de Oxford Economics afirma que, dado el “efecto multiplicador” de las remesas, por cada dólar enviado a los países receptores hay un aumento adicional de US$0,40 en el PIB. Otro estudio del 2014 entre 77 países receptores afirma que existe una marcada correlación entre las remesas y la reducción de la pobreza: un aumento del 10 por ciento en los flujos de remesas reduce la tasa de pobreza en 3 por ciento.

Estos ingresos, denominados remesas, favorecen el consumo de los hogares, reducen la pobreza, apoyan la reactivación de la economía, disminuyen el déficit de cuenta corriente de la Nación, el Estado aumenta sus ingresos por impuestos a las personas naturales y elevan significativamente las utilidades del sector financiero (los bancos y entidades de giros se quedan con el 6% del monto de las remesas).

En medio de la negación de sus derechos fundamentales, que conllevan obstáculos para acceder a trabajo y salario digno, vivienda, educación, pero también como víctimas de la violencia, un poco más de cinco millones de connacionales han tenido que emigrar al extranjero. Este fenómeno se inició en Colombia en la década de los 60 y 70 del siglo pasado con destino a Estados Unidos, Canadá, España, México, Costa Rica, Venezuela, Ecuador y países del cono sur. La cascada de divisas en creciente año tras año demuestra dos realidades: i) la exportación de fuerza de trabajo, además de suavizar los niveles de desempleo, pobreza e inconformidad social y con ello dilatar las presiones sobre quienes gobiernan, es un buen negocio para el país, como que, ii) los pobres son quienes han hecho y siguen construyendo a Colombia.

Población y desarrollo
Las variables poblacionales interactúan recíprocamente con las variables del desarrollo socioeconómico. Las décadas de alto desarrollo después de la 2ª Guerra Mundial trajeron un crecimiento inesperado en la población mundial, y de Colombia en particular: durante el período 1950-2022 se multiplico 4,6 veces el número de sus habitantes, pasando de 11,3 a 51,6 millones de personas.

La variación de la población es producto de la cantidad acumulada históricamente a principio de cada de año, más la suma anual del número de nacimientos vivos y la resta de las defunciones; este resultado es afectado por el saldo de las migraciones netas: quienes se van a vivir al extranjero y quienes ingresan de otros países y fijan su residencia en el país (gráfico 7). El desarrollo y la modernización reducen la tasa de mortalidad mucho antes de reducir la tasa de natalidad; como resultado, el desarrollo puede acrecentar el PIB y al mismo tiempo reducir el PIB per cápita.

En esta constante, durante el período 2000-2022 nacieron en Colombia 15,6 millones de personas, esto es, un promedio de 678 mil por año; la tasa media anual de nacimientos fue de 1,52 por ciento (en el año 2000 la tasa fue de 1,9 y en 2022 descendió a 1,2). En estos 23 años del período analizado, fallecieron 5,4 millones de personas, el promedio anual fue de 232 mil muertes por año (por causas internas o enfermedades y causas externas, como homicidios, accidentes y suicidios); la tasa anual de defunciones fue de 0,51 por ciento en promedio (durante buena parte de las dos primeras décadas del siglo XXI se mantuvo oscilando entre 0,4-0,6 y aumentó a 0,8 por ciento durante el pico de la pandemia provocada por el covid-19, en 2022 bajó nuevamente a 0,6 fallecimientos por cada cien personas).

En el período 1950-2022 el país experimentó un aumento de su población de 4,6 veces y de 17,3 durante el mismo lapso del valor del conjunto de los bienes y servicios producidos (PIB); en consecuencia, el PIB per cápita se multiplicó por 3,8 veces.

Diáspora colombiana y remesas
Como remesas se entienden las transferencias corrientes por parte de emigrantes a su país de origen, este ingreso se registra en la cuenta corriente de la balanza de pagos. En particular, son el principal componente de la subcuenta de ingreso secundario o transferencias corrientes.

Diáspora implica la dispersión de un pueblo o comunidad humana por diversos lugares del mundo. La migración en Colombia está ligada a la dinámica de una sociedad que se transforma en función del contexto, de las fluctuaciones de la economía y de las condiciones de variabilidad sociopolítica y conflictos que caracterizan al país. Hasta mediados de la segunda década del siglo XXI, el saldo migratorio era negativo, salían más connacionales a vivir y trabajar en el extranjero que quienes llegaban a fijar su residencia en el país.

El nuestro se ha caracterizado a lo largo de la historia por ser un país que exporta mano de obra: 3.378.345 registraban en el 2005 como residiendo de manera permanente en el exterior; más recientemente, de acuerdo con estimaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, esta cifra ronda los 5 millones de sus miembros. Colombia se considera como uno de los países de mayor migración dentro de la región.


Por su parte, la inmigración hacia Colombia ha estado más limitada y sólo hasta hace diez años se incrementa la presencia de extranjeros. En cuanto a las personas procedentes de otros países, estos tienen origen de la República Bolivariana de Venezuela, Ecuador, Estados Unidos de América y España; en conjunto suman cerca de 2,7 millones de personas, principalmente de origen venezolano (93%), Estados Unidos (2%), Ecuador (1,5%). En particular, Migración Colombia reportó que ya son casi 2,5 millones de venezolanos los que están radicados acá, de los cuales el 96 por ciento han regularizado su situación y están en trámite de ello y apenas 300.000 siguen irregulares.

El flujo migratorio de connacionales hacia el exterior se intensificó a finales de la década de 1990, lo que podría explicar el crecimiento de remesas que ayudan al sostenimiento de miles de sus familias. Durante el período 2000 y 2022, las remesas suman 107.797 millones de dólares estadounidenses (gráfico 8).

Los flujos de remesas hacia América, Latinoamérica y el Caribe aumentaron a USD 131 000 millones en 2021, lo cual representa un incremento del 25,3 por ciento con respecto a 2020, a causa de la fuerte recuperación del empleo de los trabajadores extranjeros en Norte América y Europa. Entre los países que registraron tasas de crecimiento de dos dígitos se encuentran Guatemala (35%), Ecuador (31%), Honduras (29%), México (25%), El Salvador (26%), República Dominicana (26%), Colombia (24%), Haití (21%) y Nicaragua (16%).

El estado colombiano no cuenta con una política expresa frente a este flujo de giros de dinero desde el exterior. No hay certeza sobre cuántos son los colombianos que viven en el exterior ni sobre el monto de transferencias que sería consistente con el número de emigrantes. Algunos sospechan que a través del mecanismo de las remesas se laven dineros provenientes de actividades ilegales, particularmente del narcotráfico. La posición oficial es pragmática: voltear la mirada para otro lado, evitar las preguntas incómodas y en silencio llenar alegremente los bolsillos de dólares: ¡la exportación de la pobreza es un negociazo para el país!

Sistema económico y mercado laboral


De más a menos. En su informe “Pers-pectivas económicas mundiales” de enero de 2023, el Banco Mundial pronostica que el PIB colombiano pasará de 10,6 por ciento en 2021 a 8,0 en 2022 y descenderá a solo 1,3 en 2023. Para 2024 se estima que la producción crezca 2,8 de acuerdo con estas estimaciones, en un contexto de cambio disruptivo, como lo plantea el nuevo gobierno. Es este un indicador útil para medir la producción de una economía, por sí mismo y en forma aislada, sin distinguir entre cantidad y calidad. Según advertencia de Kusnetz3, no es adecuado para calcular el bienestar de la población o su desarrollo. Es diferente crecimiento a desarrollo.

Economía política. El mercado mundial es el árbitro principal de la sociedad capitalista. Para comprender su dinámica es útil asirse de la economía política, ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, la distribución, la circulación y el consumo de los bienes materiales que satisfacen necesidades humanas en las sociedades capitalistas.

Cuando se analiza la economía, se aborda la producción en un estadio determinado del desarrollo social, de la producción de individuos en sociedad. La producción, la distribución, el intercambio y el consumo constituyen las articulaciones de una totalidad; diferenciaciones dentro de una unidad (por ello es absurdo, engañoso, manipulador o ingenuo estudiar la distribución de manera independiente o aislada, por fuera de esta unidad). Entre los diferentes momentos tiene lugar una acción recíproca; esto ocurre siempre en conjuntos orgánicos. Adicionalmente, en las sociedades capitalistas la división del trabajo está tan desarrollada que todos los trabajos constituyen en su conjunto un sistema de producción4.

Prospectiva del PIB global y nacional
El término periferia tiene sentido en la dialéctica antinómica «centro-periferia»; alude a fenómenos de carácter político, económico, social, cultural y ambiental que tienen implicaciones espaciales en la geopolítica global. Dualidad jerárquica del sistema económico-financiero internacional en la cual Colombia es calificada como nación periférica. La dinámica de largo plazo del país es dependiente y está imbricada en los ciclos globales. En estadística, se considera que dos variables cuantitativas están correlacionadas cuando los valores de una de ellas varían sistemáticamente con respecto a los valores homónimos de la otra; la relación entre el crecimiento del PIB mundial y el de la economía nacional es fuerte y positivo: 0,64 (las variables están asociadas en sentido directo; cuanto más cerca de +1, más alta es su asociación). Las fases de los ciclos, expansión, contracción y crisis, se esparcen del centro a la periferia de manera explosiva y amplificada (gráfico 9).

Durante el período 1960-2024 (incluyendo las estimaciones del PIB para los años 2023-24 del Banco Mundial), el promedio de crecimiento mundial de la economía de 3,4 por ciento y el de Colombia 3,9 (tabla 5). La inestabilidad de la economía nacional es mayor, el coeficiente de variación (% desviación estándar/media) es de 66,2 por ciento en comparación al mundial de 53,4. En consecuencia, el rango de variación del PIB, durante los 65 años analizados, es de 9,8 puntos porcentuales en el mundo y de 17,4 en el país. El valor mínimo del PIB mundial es de -3,2 por ciento registrado en 2020 y el máximo de 6,6 en 1964; en Colombia el mínimo observado fue de -6,8 por ciento en el año 2020 y el máximo de 10,6 en 2021.

Como parte de esta dinámica, en 2023 una alta proporción de los 193 países que integran el mundo se asomará a la recesión o acabará cayendo en ella, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), que estima en 1,7 por ciento su previsión de crecimiento para el 2023, una situación que, a excepción del primer año de pandemia, no se daba desde 2010 (-3,2% en 2020, 5,9% en 2021 y 2,9% en 2022). Los riesgos que ya han ralentizado la evolución económica mundial van a persistir y pueden empeorarla.

En su informe de perspectivas económicas globales publicado en noviembre de 2022, el FMI advierte que al menos un tercio de las economías mundiales entrarán en 2023 en recesión técnica, es decir tendrán al menos dos trimestres consecutivos de contracción de su producto interior bruto (PIB). La invasión rusa de Ucrania, que sigue “desestabilizando poderosamente” la economía mundial y ha llevado a Europa a una “crisis energética severa”, así como la espiral de inflación en todo el mundo, el enfoque monetarista de los bancos centrales que utilizan el alza de las tasas de interés para controlar la desbocada en los precios y la ralentización de la economía de China, son para el Fondo los factores que están marcando la evolución económica mundial y seguirán haciéndolo en el futuro próximo. En 2024 se prevé una ligera recuperación del PIB mundial a 2,7 por ciento.

En ese contexto, el crecimiento del PIB colombiano pasará de 10,6 por ciento en 2021 a 8,0 en 2022 y descenderá a sólo 1,3 en 2023, según proyecciones del Banco Mundial. Y para 2024 se estima que la producción nacional crezca 2,8 por ciento, debido todo ello a los riesgos asociados con un contexto internacional adverso, al agotamiento de los impactos de la demanda represada pospandemia, a los efectos de la mayor inflación sobre el ingreso real, al menor impulso fiscal y a la postura restrictiva de la política monetaria.

Un marco en el cual, durante el segundo semestre de 2022 la economía nacional empezó a transitar una etapa de moderación. No solo algunos de los sectores productivos ya están disminuyendo sus tasas de crecimiento, sino que también otras actividades comenzaron a mostrar una variación negativa como por ejemplo el sector agropecuario, debido a las afectaciones por la temporada invernal y los colapsos viales. Esta desaceleración terminará asimismo impactando la capacidad de la economía de seguir generando más puestos de trabajo.

No es casual, por tanto, que los pronósticos de los analistas apunten a la agudización de este freno de la reactivación que conduciría a bajos niveles de crecimiento para el año 2023. A lo anterior se añade el deterioro de varios indicadores de la confianza de empresarios, industriales y jefes de hogar ante el desempeño de la economía en los próximos doce meses. La desaceleración se suma a las preocupaciones por las altas tasas de interés y de impuestos, el elevado costo de vida, el desempleo, la inseguridad y el empobrecimiento de la clase trabajadora.

El todo y las partes


El PIB y el método del valor agregado por grandes sectores. Las actividades económicas son aquellas que crean valor agregado mediante la producción de bienes y servicios en las que intervienen la tierra, el capital, el trabajo y los insumos intermedios. El análisis de la evolución de la estructura nacional para el período 1925-2022 se realiza de manera agregada en tres sectores (gráfico 10): el primario, articula las actividades agropecuarias y la totalidad de los sectores extractivos, suele ser una característica definitoria de la economía de los países subdesarrollados o periféricos; secundario, concepto ligado al de industria o actividad manufacturera, la construcción y la generación de energía y suministro de electricidad, gas y agua, produce bienes elaborados o semielaborados a partir de materias primas, esto, mediante procesos de transformación que requieren la utilización de capital, tecnologías complejas y trabajo cualificado; terciario, es el sector económico que engloba las actividades relacionadas con los servicios no productores o transformadores de bienes materiales, generan servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de las personas o las empresas, incluye subsectores como comercio, transporte, comunicaciones, centro de llamadas, finanzas, turismo, hotelería, ocio, cultura, espectáculos, la administración pública y los denominados servicios públicos que los presta el Estado o la empresa privada (sanidad, educación, seguridad, asistencia social), entre otros. Como queda claro, este último sector es el campo de la actividad humana cuyo resultado no consiste en productos materiales sino en servicios.

El sector primario colombiano tuvo un alto protagonismo durante la primera mitad del siglo XX (en un rango de 50 a 63%). El descenso en su contribución a la economía nacional a lo largo del siglo XX simboliza los cambios disruptivos más significativos en la estructura social, teniendo en cuenta que el cambio en las fuerzas de producción provoca profundas transformaciones culturales, en la consciencia colectiva y en las relaciones sociales. En 2022, la contribución de este sector al PIB es de 16,9 por ciento, sostenido en las actividades extractivas y los altos precios internacionales de los productos minero-energéticos.

Para abordar el sector secundario recordemos que la Revolución científico-tecnológica acaecida en Inglaterra desde la segunda mitad del siglo XVIII marcó el despegue de la industrialización moderna a escala mundial, proceso que en Colombia se inició al finalizar el siglo XIX con las ramas productivas del sector temprano esto es, transformación de materias primas de origen agropecuario, de consumo masivo, destinadas a satisfacer el mercado interno. Solo hasta la segunda mitad del siglo XX empezó a tomar cuerpo la industria productora de bienes intermedios (materias primas de origen industrial), bienes de consumo durable y, en menor medida, bienes de capital (máquinas, equipos, herramientas), industrias que por su mayor complejidad tecnológica, sus escalas mínimas de producción y altos requerimientos de capital, tiende a desarrollarse más tardíamente. Este desarrollo se realizó en el marco de la política de sustitución de importaciones que estuvo vigente hasta finales de la década de 1980 y que combinaba estrategias de alta protección a la producción nacional y programas de fomento y crédito subsidiado. En el año 1974, el sector industrial registró su nivel máximo de contribución al PIB nacional con 28,3 por ciento; en 2022 aporta el 22,1 por ciento.

Con la caída continua en la participación relativa del sector primario en el PIB y la lenta desindustrialización después de la década de 1970, el sector que concentra y lidera el crecimiento económico en Colombia es el terciario. Debido a la expansión y rápido crecimiento del Estado respecto al PIB global del país, al comercio, el transporte, las comunicaciones, el turismo y la hotelería, los servicios y el liderazgo del capital financiero, a partir de 1975 este sector aporta más de la mitad del PIB nacional (56,1%), concentrando dos tercios en 2022.

Método del Gasto. El gasto de consumo final es el rubro principal que estructura y dinamiza el PIB en Colombia; el promedio del período 2005-2021 es de 82 por ciento (tabla 6). El gasto de consumo final engloba dos conceptos: Gasto de consumo final individual de los hogares (media de 67,5%) y Gasto de consumo final del gobierno general (media de 14,5%). La inversión (Formación bruta de capital) aporta en promedio el 22,2 por ciento del PIB desde el punto de vista del gasto. La demanda interna (suma del gasto de consumo final e inversión) representa el 104,2 por ciento del PIB; debido al déficit comercial (las importaciones superan en valor a las exportaciones) de -4,2 por ciento en el promedio 2005-2021, al restarlo del total de la demanda interna, la estructura del PIB se ajusta al 100 por ciento.

La significativa dinámica del PIB en la pospandemia se ha visto reflejada en el expansivo comportamiento de la demanda de los hogares que no da tregua y crece por encima del promedio de la economía. En otras palabras, el consumo de los hogares sigue disparado y, ese exceso de demanda, se traduce inmediatamente en mayor inflación. Una demanda que no es homogénea, toda vez que como reflejo de una sociedad capitalista, depende y refleja la clase social a la que pertenezcan los hogares. Como es reconocido por diversidad de estudios, Colombia es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo, por lo que apenas un 2,7 por ciento de los hogares o un 1,6 de las personas clasifican como clase alta, con una participación de 15,0 por ciento en el total de ingresos. El 70 por ciento de la población transcurre la existencia bajo condiciones de vulnerabilidad o pobreza y obtiene apenas una tercera parte del ingreso total de los hogares. La mayoría de su población carece de propiedad o si la tiene es de ínfimo valor; también sus ingresos son escasamente un mínimo de lo necesarios para la supervivencia.

Método del Ingreso. En su condición de país periférico, al atraso del desarrollo capitalista y su estructura laboral (para el total nacional, en el trimestre Julio – septiembre 2022 la proporción de ocupados informales fue 58,3%, y la mayoría de la fuerza de trabajo labora en actividades de cuenta propia: 43%), la participación de la “Remuneración de los asalariados” es de solo una tercera parte del PIB, en promedio durante el período 2005-2021 (Gráfico 11). El excedente de explotación bruto e ingreso mixto bruto concentra en promedio el 55 por ciento del PIB. Los impuestos menos subvenciones sobre la producción y las importaciones, desde el punto de vista de los ingresos, tiene una apropiación por parte del Estado del 11,6 por ciento.

Mercado laboral. La población económicamente activa (PEA) comprende a las personas que durante un período de referencia se encuentran trabajando (ocupados) o buscando activamente un trabajo (desempleados); en contraste, la población Económicamente Inactiva (PEI) es el grupo de personas en edad de trabajar que no participan en el mercado laboral.


En los últimos setenta y tres años, la tasa de desempleo (% Población no ocupada y que busca trabajo/Población económicamente activa) registra dos fases: durante el período 1950-1965, la desocupación fue inferior a dos dígitos; a partir de 1966, la exclusión laboral tiende a estar en dos dígitos, alcanzando un pico de 19,7 por ciento en el año 2000 y otro en mayo de 2020 de 21,4 por ciento (gráfico 12).

El más reciente informe del Depar-tamento Administrativo Nacional de estadística, Dane, muestra que para el mes de noviembre de 2022, la tasa de desempleo del total nacional fue 9,5 por ciento, lo que representó una reducción de 2,0 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2021 (11,5%). La tasa global de participación se ubicó en 63,4 por ciento, lo que significó un aumento de 1,2 puntos porcentuales respecto a noviembre de 2021 (62,2%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 57,4 por ciento, lo que representó un aumento de 2,3 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2021 (55,0%). En el mes de noviembre de 2022, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 22.5 millones de personas. Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron Industrias manufactureras; Actividades artísticas, entretenimiento recreación y otras actividades de servicios; y Comercio y reparación de vehículos con 2,0, 1,6 y 0,8 puntos porcentuales, respectivamente.

En este mercado, de cada 100 connacionales que hacen parte de la fuerza de trabajo y que se encuentran ocupados, la categoría “obrero, empleado particular” concentra el 36,8 por ciento en promedio durante el período 2001-2022; la otra posición ocupacional en importancia es la de trabajador por cuenta propia al participar con el 41,8 por ciento en el total de trabajadores ocupados (gráfico 13). Las participaciones menos importantes en las posiciones ocupacionales son: obrero, empleado del gobierno (4,8%), empleado doméstico (3,7%), patrón o empleador (4,3%), trabajador sin remuneración (4,6%), jornalero o peón (3,9%) y otro (0,2%). La posición ocupacional “patrón o empleador” pierde importancia: en la primera década del siglo XXI alcanzó un valor de 5 por ciento, en 2022 cayó a 3,2, fenómeno asociado a la ley de concentración y centralización del capital.

La estructura ocupacional colombiana por grandes sectores económicos es consecuencia de la evolución de la estructura productiva (gráfico 14). En 1938, de cada cien trabajadores 61,6 por ciento laboraba en el sector primario; 17,0 en el secundario y 21,4 en el terciario. Para 2022, el 16,4 por ciento se encuentra trabajando en el sector primario, el 18,6 en el secundario y el 65,0 en el terciario.

Un cambio social/laboral con alto significado estructural toda vez que dibuja la deformación que vive nuestra economía, dominada ampliamente por el sector rentista financiero/extractivo/comercial/servicios/Estado, limitada por la baja productividad de los factores productivos y por el crónico déficit en la balanza de pagos (flujos reales y financieros que el país intercambia con el resto de las economías del mundo).

Deformación económica con poca proyección de los sectores que debieran ser los dominantes y sostenibles ambientalmente: el industrial, el agropecuario y energético, garantizando con éstos autonomía y soberanía en variados aspectos de la producción, el mercado y el consumo. En paralelo, estos debieran estar ligados a estrategias de ciencia y tecnología, efectiva reforma rural, financiación de variedad de iniciativas productivas y de mercado que a pequeña y mediana escala, a lo largo del país, le dan empleo a millones de personas, así como aupar un proyecto educativo en los niveles media/técnica y superior que refuerce y libere la energía creativa contenida de millones de jóvenes.

Proyección en medio de la cual el país requiere diseñar, planear y ejecutar un proceso estratégico sostenible cuyo fin debe ser propiciar un conjunto de transformaciones de la estructura económica y en la participación social, a través de cambios de fondo que corrijan desequilibrios estructurales fundamentales en la producción, la distribución, la circulación y el consumo de los bienes materiales y servicios que satisfacen necesidades humanas.

Una realidad que le plantea amplios y complejos retos a un gobierno como el actual que se proyecta en la senda de la reindustrialización del país, la transformación en la matriz energética, así como en la soberanía alimentaria y la democratización de la propiedad. Como puede deducirse, el camino no será fácil ni de corto plazo y las transformaciones y amplias inversiones sociales que demandará requiere de importantes fondos financieros y de la participación de todas las fuerzas sociales.

De otra parte, el Dane reveló que entre junio y agosto de 2022 hubo 12,8 millones de trabajadores informales en el país (en actividades de baja productividad, microempresas, trabajos precarios e inestables y sin acceso a la seguridad social), más de los 12,2 millones que había en el mismo periodo del año pasado. De acuerdo con el reporte de la entidad de 22 millones de ocupados nacionales, solo 9,2 millones eran trabajadores formales durante el trimestre terminado en agosto. La proporción de informalidad fue de 58,1 por ciento, lo que significó una disminución de 2,2 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior, cuando fue de 60,3, teniendo en cuenta que el número de ocupados en ese periodo era menor, de 20,3 millones.

En promedio, la población trabajadora en Colombia registra un nivel de productividad bajo debido, en parte, a su escasa formación académica y/o técnica, a la subutilización de la fuerza laboral, a la participación en actividades que no generan valor agregado y a la inadecuada relación entre el equipamiento de capital y la dimensión de su población trabajadora. La educación de las personas es muy importante: cuando éstas cuentan con más educación y mayor calidad y pertinencia suelen ser más productivas, factor que diferencia a un país desarrollado de uno como Colombia (gráfico 15). De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares, la población ocupada según último título obtenido, durante el período 2010-2019, en promedio, el 48,6 por ciento no contaba con ningún título, el 30,6 alcanzó el título de bachiller, el 9,9 por ciento el de técnico o tecnológico, el 7,6 el de universitario y solo el 3,3 el de posgrado.

El bajo conocimiento de la clase trabajadora y la alta informalidad se reflejan en un bajo nivel de conciencia de clase. Hoy apenas el 4,6 por ciento de los trabajadores colombianos están afiliados a sindicatos, no cuentan con solidas organizaciones que defiendan sus intereses y no existe un movimiento político de la clase obrera.


La baja productividad, la informalidad y el desempleo unido a la alta inequidad distributiva se expresan en bajos e insuficientes ingresos (gráfico 16). En concordancia con la distribución del ingreso de los hogares puede sintetizarse la estructura social. El crecimiento económico por sí solo no mejora la distribución del ingreso, incluso puede profundizar las desigualdades. Colombia es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo. La concentración de la riqueza en unas cuantas manos y el aumento de las influencias políticas de los más ricos perfila la democracia formal (elegir/ser elegido) que prevalece en el país e incrementa el descontento social.

Esta centralización del ingreso y de la propiedad es una ley inmanente a la propiedad privada y de la economía política en las sociedades capitalistas; las clases medias tienden necesariamente a desaparecer, hasta que llega el momento en el que la sociedad se divide en dos grandes campos: ricos y pobres, grandes capitalistas y míseros trabajadores.

En relación con el sistema económico, tomando el total de población como el 100 por ciento, actualmente, el 51,9 se encuentra en edad de no trabajar y por fuera de la fuerza de trabajo; adicionalmente otro 5,4 por ciento del total permanece en situación de desocupación o desempleo; el 17,8 por ciento cuenta con empleo formal y otro 24,9 labora en situaciones inestables y precarias de informalidad o “rebusque”. Una problemática preocupante es el alto número de adolescentes y jóvenes (12 a 28 años de edad) que no cursan estudios ni trabajan (Ninis), y que suman 2,9 millones y representan una quinta parte al interior de este grupo etario.


¿Qué se entiende por PIB?

Las leyes todopoderosas del mercado dominan en el sistema mundo capitalista a todas las clases sociales, como fuerzas incontrolables de la naturaleza, que traen prosperidad o miseria sin tener en cuenta los planes, deseos o intensiones de cualquier persona o gobierno.

Con reiteración los economistas aluden en sus distintos artículos sobre coyuntura económica al PIB, una categoría que se da por entendida. Sin embargo, parece que no para todo el mundo es así, incluso para muchos entendidos en la economía que no lo analizan de manera integral, en todos los componentes sistémicos y factores del ciclo económico que implica, sino desde uno solo de tales factores (oferta, demanda o ingresos).

Adicionalmente, la economía medida a través del PIB no recoge numerosos aspectos que son importantes para el bienestar humano y el estilo de desarrollo: i) tiene un enfoque cuantitativo y economicista, que no suma las mejoras en la calidad de vida, ni resta su empeoramiento o daños ocasionados; ii) no tiene en cuenta los bienes y servicios que no pasan por el mercado; iii) No considera las externalidades del crecimiento económico sobre la salud pública, la naturaleza y el ambiente; iv) No mide el nivel de desarrollo de un país, ni la equidad en la distribución o la concentración del ingreso.

Reconociendo esta realidad, concluimos que por PIB se entiende únicamente el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un período determinado. Producto se refiere a valor agregado; interno se refiere a que es la producción dentro de las fronteras de una economía; y bruto alude a que no se contabilizan la variación de inventarios ni las depreciaciones o apreciaciones de capital. Para su medición, como lo vemos en el cuerpo central de este artículo, existen tres métodos teóricos equivalentes para calcularlo: (1) del Valor Agregado, (2) del Ingreso y (3) del Gasto (Ver diagrama 1).

Petróleo, una economía extractivista


El extractivismo o extracción de recursos, actividad desarrollada por el gobierno y las empresas transnacionales, es el proceso de extracción de recursos naturales y materias primas de la tierra para vender en el mercado mundial. Las actividades minero-energéticas son connaturales al conflicto social colombiano. La experiencia histórica permite concluir que las consecuencias negativas pueden agruparse en cuatro áreas: (1) conflictos ambientales generados por la actividad extractiva, basados en un escenario de iniquidad y segregación, que afectan territorios y culturas ancestrales, y destruyen recursos naturales estratégicos como la biodiversidad y el agua; (2) concentración del ingreso, la riqueza y la propiedad de la tierra; (3) economías de enclave, alta migración poblacional y ausencia de encadenamientos económicos regionales y locales con la explotación de hidrocarburos; (4) militarización (legal e ilegal) de la vida cotidiana y aumento de la conflictividad por encima de la capacidad del sistema político regional y local para resolverlo.

No obstante, el sector minero ha desempeñado un papel de significativa importancia en el desarrollo de la economía colombiana. Las estadísticas de exportaciones de mercancías miden la salida legal de bienes hacia otro país o una zona franca colombiana, mediciones que se basan en las declaraciones de exportaciones presentadas ante las diferentes administraciones de aduanas del país y los reportes de exportaciones de petróleo y derivados, suministrados por las empresas exportadoras de estos productos. De acuerdo con la información de exportaciones procesada por el Dane y la Dian, en noviembre de 2022 las ventas externas del país fueron US$4.519,5 millones FOB y presentaron un aumento de 8,8 por ciento en relación con noviembre de 2021; este resultado se debió principalmente al crecimiento de 21,1 por ciento en las ventas externas del grupo de Combustibles. En el mes de referencia, las exportaciones de Combustibles y productos de las industrias extractivas participaron con 56,9 por ciento del valor FOB total de las exportaciones; así mismo, Manufacturas con 18,4, Agropecuarios, alimentos y bebidas 19,2 y otros sectores con 5,5. En noviembre de 2022 se exportaron 14.949,8 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó un crecimiento de 5,8 por ciento frente a noviembre de 2021.

Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia, tuvo una utilidad neta en 2021 de $16,7 billones; con los precios más altos del petróleo en 2022 la petrolera tendrá un excedente de $34 billones. El sector petrolero representa, además, entre 20 y 40 por ciento de todos los recursos de inversiones. Ante el solo anuncio del gobierno del Pacto Histórico de reducir los nuevos contratos de exploración petrolera, los fundamentales macroeconómicos se desequilibraron y la moneda se derrumbó en pocos días; en gobierno apresuradamente salió a corregir lo expresado y afirmar que este seguirá siendo un país “extractivista”.

La historia de la industria de hidrocarburos en Colombia tiene su origen a principios del siglo XX con la concesión al sector privado de dos campos petrolíferos por parte del presidente Rafael Reyes (1904-1909). Hasta 1951 la actividad petrolera era totalmente privada. Las luchas obreras de la primera mitad del siglo XX tenían como propósito la reversión de las concesiones y la nacionalización del petróleo; en 1951 lograron que el Gobierno creara Ecopetrol.

Actualmente, la exploración y la explotación petrolera en Colombia son realizadas, de manera asociativa o mediante nuevas concesiones, por ocho multinacionales y Ecopetrol. La industria petrolera ha sido en las últimas cuatro décadas el motor de la economía del país y el primer producto de exportación con el 55.4 por ciento del total de lo colocado en el mercado externo y el principal contribuyente a las finanzas del Estado al representar el 15 por ciento de los ingresos corrientes de la nación y cerca de uno de cada tres pesos de los presupuestos de inversión de los entes territoriales por concepto de regalías.

Colombia fue autosuficiente y exportador neto de hidrocarburos desde comienzos del siglo XX hasta 1974; a principios de la década de 1970 alcanzó un nivel de producción de 80 millones de barriles al año. Por diversas razones, entre ellas los bajos precios internacionales del petróleo (del orden promedio de USD$ de 3/barril) y algunos elementos de política petrolera que no incentivaban la actividad extractiva nacional, se tuvo que recurrir a importaciones coincidiendo justamente esos años con las dramáticas alzas internacionales en el precio de esta materia prima: en 1974 se elevó a 11,9 dólares por barril y a partir de 1979 superó los 30 dólares por barril alcanzando en 1982 el precio de USD$ 33 (gráfico 17). Por eso, entre 1975 y 1985 el país tuvo que importar más de 240 millones de barriles de petróleo por un valor cercano a los 5.000 millones de dólares.

Consolidada una nueva política petrolera, aunque no soberana en el amplio sentido del término, durante la década de 1980 se produjo una gran recuperación del sector de hidrocarburos en todos sus frentes. Resurgió con auge la inversión extranjera en actividades de exploración que condujeron a descubrimientos de nuevos e importantes yacimientos, particularmente en los Llanos Orientales y en el valle alto del rio Magdalena.

En 1983, en Arauca se produjo el descubrimiento del mayor yacimiento petrolero del país, el pozo de Caño Limón, (regulado por el contrato de asociación firmado entre Ecopetrol y la Occidental Petroleum Corporation –Oxy–); gracias a este campo, en 1986 el país volvió a ser exportador de este recurso y logró apalancar la producción nacional hasta alcanzar una extracción máxima superior al millón de barriles diarios entre los años 2013-2015. Los precios del petróleo crudo para refinación en el país, provenientes de contratos de asociación, son determinados con base en niveles internacionales. En los años 2011-2013 el precio del petróleo referencial Brent alcanzó un máximo de 111,7 dólares por barril.

En los años siguientes se registra un descenso, aunque inestable, en la producción. De acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en el sexto mes del año de 2022 la producción fue de 752.294 barriles diarios (bopd, un aumento del 8,38 por ciento en comparación con el mismo mes de 2021 (694.150 bopd). La producción de hidrocarburos en el mes de enero de 2023 es de 753.584 barriles diarios.

En el mes de octubre de 2022, luego de la decisión de la Opep+ de realizar su mayor recorte de suministros desde 2020 (2 millones de barriles diarios) a pesar de la preocupación por la recesión y los aumentos de tasas de interés, el precio de un barril del petróleo Brent ha operado alrededor de los 94 dólares. En enero de 2023, producto de la tendencia recesionista de la economía mundial, el precio de un barril del petróleo Brent ha operado a 85,4 dólares.

Envilecimiento de la moneda y PIB per cápita en dólares

La tasa de cambio es el precio de la moneda o divisa que se utiliza en las transacciones internacionales (como el dólar estadounidense) expresado en moneda nacional. Cuando en Colombia se habla de un incremento de la tasa de cambio frente al dólar, o de una devaluación cambiaria, aluden a un incremento del costo de esta moneda extranjera medido en pesos; o lo que es lo mismo, a una depreciación del peso con respecto al dólar. Los determinantes de la tasa de cambio nominal son los mismos factores que fijan la oferta y demanda de divisas. No obstante, la tasa de cambio está determinada por un complejo grupo de fuerzas económicas, políticas y sociales; los movimientos de la tasa de cambio, a su vez, tienen gran influencia sobre el desarrollo nacional, tanto en variables reales como financieras.

En lo corrido del siglo XXI, la moneda colombiana es una de las más devaluadas a nivel mundial. La caída de la moneda local se debe tanto a factores externos como internos. Colombia ha tenido que afrontar significativas devaluaciones: i) la principal y más alta depreciación (63,5%) estuvo ligada a la caída del precio del petróleo, que constituye el principal rubro de las exportaciones y genera gran parte de los ingresos fiscales: la divisa subió de los conocidos $1.926,83 en diciembre de 2013 a $3.149,47 al cierre de 2015; ii) la segunda mayor devaluación de la tasa representativa del mercado (TRM) en el siglo fue en 2002 (25%), cuando subió $573,61, pasando de $2.291,18 a $2.864,79; en ese entonces, los analistas aseguraban que la pérdida de valor del peso colombiano frente al dólar se explicó por la incertidumbre internacional y la crisis de las tasas de los Títulos de Tesorería (TES); iii) Al finalizar el año 2022 los colombianos vieron el dólar tocar los $5.000 por primera vez en la historia; aunque el dólar mostró fortaleza en el mundo en el segundo semestre de 2022, lo cierto es que factores locales han hecho que la devaluación del peso colombiano sea mucho más marcada que en otros países de la región; iv) en enero de 2023, la desaceleración de la inflación de Estados Unidos, que quedó en 6,5%, tal como lo esperaba el mercado, ha marcado la pauta de la revaluación en varias monedas emergentes frente al dólar; el peso colombiano, aupado también por el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales, ha ganado valor frente al dólar, de hecho, está en el top cinco de las monedas emergentes que más se han revaluado: a mediados de enero de 2023, el dólar en Colombia cayó $57,2 a $4.691, alcanzado un nuevo mínimo de tres meses, pues desde el 19 de octubre de 2022, momento en el que el billete verde se cotizó a $4.744,04, no se veía una TRM por menos de $4.750.

En un panorama de más largo plazo, según cifras de Bloomberg, el peso es la cuarta moneda emergente que más cae frente al dólar en 2022, con una depreciación de 18,53 por ciento. El top cinco lo completan el peso argentino (-34,79%), la lira turca (-28,56%), el forínt húngaro (-21,51%) y el won surcoreano (-16,14%). Si se hace el ranking por países de la región, la moneda nacional es la segunda que más cae, después del peso argentino. Mientras que el real brasileño (8,34%), el peso mexicano (4,30%) y el sol peruano (0,73%), registran valorizaciones en lo corrido de 2022.

Analistas internacionales advierten una devaluación estructural, pues el mundo está cambiando y Colombia se percibe como un país vulnerable por su alto déficit gemelo (déficit fiscal + déficit de cuenta corriente), por la inflación creciente interna, los aumentos en las tasas de interés estadounidenses, la incertidumbre política y las pesimistas perspectivas económicas del mundo y del país. Incluso, debido al progresivo debilitamiento del peso colombiano (hace tan solo ocho años el dólar rondaba en el país los $2.000), la divisa estadounidense podría llegar a la cifra de $5.200 en el año 2023. Un hito sin precedentes que está estremeciendo la economía nacional y a sus ciudadanos.

En Colombia existió paridad cambiaria hasta mediados de la década de 1950. Desde mediados del siglo XX el peso se ha devaluado o debilitado en términos nominales en forma permanente (en términos reales se compara los índices de inflación interna vs inflación promedio global). En efecto, en los últimos 50 años la depreciación de la moneda nacional, en términos de la divisa dólar ha sido abrumadora (gráfico 18).

El mercado cambiario es bastante sensible a los cambios económicos y a la política, como si se tratara de un instrumento de presión del capital global sobre los gobiernos. El mes de octubre el precio del dólar llegó a superar incluso la barrera de los $5.000 después de las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la idea de imponer un impuesto a los capitales golondrina como una de las medidas para ponerle coto a la inflación y respecto a poner fin a nuevas exploraciones petroleras y de gas natural. De inmediato, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, se vio obligado a pronunciarse frente a esta problemática en un intento por tranquilizar a los inversionistas: “Vamos a tener una política macroeconómica responsable, vamos a cumplir la regla fiscal, no va a haber control de cambios”, declaró ante periodistas, y agregó: “Esperamos que el compromiso con la estabilidad macroeconómica sea reconocido por los mercados”.

El manejo de la tasa de cambio desde la posguerra puede dividirse en tres grandes períodos: 1945-1966; 1967-1991; 1991 hasta la actualidad. Durante el primer período, el manejo de la política cambiaria estuvo caracterizada por la existencia de un sistema de cambio fija, la cual se alteraba esporádicamente; además no existía una única tasa de cambio, sino una tasa diferente de acuerdo con el tipo de producto o transacción que el Gobierno quisiera favorecer o desincentivar. Sin embargo, la necesidad de ajustarla periódicamente daba origen a políticas de “pare y siga” que resultaban muy desestabilizadoras. Tal situación fue corregida en el segundo período, 1967-1991, caracterizado por el manejo de un mercado cambiario unificado y por la adopción de un sistema de minidevaluaciones (crawling peg), según el cual el gobierno determina directa y diariamente el tipo de cambio del peso, dando una mayor estabilidad al manejo cambiario. A partir de 1991, el esquema de manejo del sector externo tuvo un vuelco significativo. El monopolio del Banco de la República en la compra y venta de divisas fue eliminado, permitiendo a los bancos negociar libremente sus posiciones de divisas a la tasa de cambio del mercado. De esta manera existen en Colombia dos mercados cambiarios: uno oficial y otro de mercado libre. Adicionalmente, el control de cambios fue liberalizado, permitiendo el flujo libre de recursos de capital.

Hay que resaltar que la devaluación de nuestra moneda enriquece el sector exportador, en cuanto reciben más dinero nacional por los dólares de sus ventas en el extranjero. En paralelo, la población se empobrece dado que la devaluación encarece las importaciones, incrementa el valor de la deuda pública externa, acelera el alza de los precios al consumidor y deprime el ingreso por persona medido en dólares. En efecto, si bien durante el período 1950-2022 el país experimentó un aumento en el PIB per cápita de 3,8 veces, cuando se traduce a dólares el panorama cambia: en el período 2005-2014 su PIB por habitante creció en relación al valor promedio mundial de 57,5 por ciento a 71,3, pero en los años 2015-2022 el país cae a 55,6 por ciento comparativamente (gráfico 19).

Inflación, salario mínimo legal y precio del dinero

Dos de las más preocupantes cifras económicas al cerrar el año de 2022 son, indudablemente, la inflación –13,12 por ciento anual– y las altas tasas de interés –12,0 por ciento– debido a la subida del índice de precios al consumidor. El panorama económico nacional atraviesa, por tanto, un momento complicado. Los cambios en el nivel de precios redistribuyen por sí mismos el ingreso: por cada consumidor que paga más, un productor recibe más y viceversa. Al final, la inflación se convierte en un impuesto que pagan los más pobres, a la vez que los empresarios y el Estado aumentan sus márgenes de ganancia e ingresos.


Adicionalmente, el alza del salario mínimo legal (SML) va de la mano con el índice anual de precios al consumidor y las variaciones en el índice de productividad (variaciones en el PIB por trabajador), de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución Política: “remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo” (gráfico 20). Si bien para 2022 el alza fue de 10 por ciento, para 2023 llegó a 16 por ciento. Según estimativos de 2022, un aumento real de 1 por ciento en el SML puede destruir unos 46.000 empleos en las microempresas y PyME, aumentando, en consecuencia, la tasa de desempleo, la informalidad y la inflación.

El examen del comportamiento de la inflación desde 1950 permite afirmar que el país ha estado transitando hacia niveles crecientes. Según el Dane, el índice de precios al consumidor (IPC) de diciembre de 2022 representa el nivel más alto registrado desde la década de 1990 y oficialmente por encima del aumento del salario mínimo en enero. Para el año 2023, las estimaciones del Banco de la Republica prevén una inflación no menor al 7 por ciento. No obstante, otra vez en enero, al incorporarse el aumento del salario mínimo (16%) a los costos y contratos, se observa una subida adicional de los índices de precios, por tanto la inflación de 2023 se mantendrá alta y al final del año difícilmente bajará del 8,5 por ciento.

En el mes de diciembre de 2022, el IPC registró una variación de 13,12 por ciento en comparación con diciembre de 2021. En el último año, las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas (27,81%), Restaurantes y hoteles (18,54%) y, por último, Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (18,25%) se ubicaron por encima del promedio nacional (13,12%). Entre tanto, las divisiones Bienes y servicios diversos (13,09%), Transporte (11,59%), Prendas de vestir y calzado (11,22%), Salud (9,53%), Bebidas alcohólicas y tabaco (8,37%), Recreación y cultura (8,36%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,94%), Educación (5,98%) y, por último, Información y comunicación (0,25%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Es una inflación con mayor impacto sobre los más desfavorecidos. De hecho, hace ya varios meses los hogares clasificados como pobres y vulnerables sufren una inflación más alta. La variación anual del IPC por nivel de ingresos fue: Pobres (14,92%), Vulnerables (14,80%), Clase media (13,28%), Ingresos altos (11,52%) y por último, Total nivel de ingresos (13,12%).

Las medidas para controlar el alza de precios son tal vez igual o más preocupantes que la misma inflación, en particular el alza de las tasas de interés que los bancos centrales han realizado con el fin de reducir el dinamismo de sus respectivas economías, y así frenar los precios internos. El mejor ejemplo, es el Banco de la República, que ha elevado su tasa de interés de 1,75 a 12,0 por ciento entre septiembre de 2021 y diciembre de 2022. Y no es el único que lo está haciendo, es una tendencia de todos los bancos centrales del mundo, incluyendo la Reserva Federal (Fed) de los Estados Unidos que pasó su tasa de 0,25 a 4,5 por ciento en lo corrido de 2022.

Con las medidas tomadas en estos últimos meses, las tasas de interés del Banco de la República llegaron a su nivel más alto en 14 años. La última vez que las mismas estaban en doble dígito fue cuando la Junta Directiva de entonces, en reunión de julio de 2008, intervino los tipos, luego del coletazo que vivía el mundo por la crisis financiera e inmobiliaria de ese año con la quiebra de la compañía de servicios financieros estadounidense Lehman Brothers. Las minutas de ese momento se referían a “un mecanismo de defensa por la crisis internacional y la recesión”. Catorce años más tarde, el mundo también habla de una “próxima recesión”, agudizada en 2023 pero que puede durar hasta 2024. Ante esta situación, la junta directiva del Banco de la República no tiene más remedio que seguir elevando sus tasas de interés: el mercado espera un alza de 75 a 100 puntos básicos en enero y, probablemente, algo más en marzo; dicha tasa de intervención, de más del 13 por ciento, se mantendrá durante buena parte del año.

Naturaleza, estructura y funciones del Estado Colombiano, una reflexión a partir de la teoría crítica
En las sociedades modernas, el Estado, cada vez más administrativo, intervencionista, represivo y fiscalista, es la institución superior a todas las demás. Entre el gran capital y el poder del Estado hay una relación simbiótica. No obstante, la distancia entre el Estado y las fuerzas económicas suele estar claramente delimitada. En relación con la sociedad, el Estado no solo goza de una «autonomía» relativa sino que se ha hecho totalmente independiente.

Toda sociedad registra en el tiempo uno de tres posibles núcleos organizativos: la comunidad/sociedad (poder social), capital/mercado (poder económico) y el Estado/gobierno (poder político). Históricamente, la organización de la sociedad colombiana es de carácter “estadocéntrica”, en comparación con sociedades cuya identidad es más “comunitaristas” o cuyo núcleo de poder y determinación lo constituye el «poder económico privado y las fuerzas del mercado».

La teoría crítica del Estado, lejos de convertir a éste en una institución o instrumento sujeto a fuerzas externas, lo considera mucho más como una institución de derecho propio con sus particulares intereses y objetivos. Sin embargo, en un contexto de propiedad y apropiación privada, de explotación y opresión de la clase trabajadora por parte del capital y los partidos políticos, los gobiernos tienen una identidad de clase sea cual fuere sus diferentes formas de regímenes. En esta sección respondemos a las siguientes preguntas sobre el Estado colombiano: ¿cuál es su naturaleza, estructura y que funciones desempeña? ¿Cómo se manifiesta su carácter de clase? ¿Hasta qué punto se puede transformar en el instrumento de poder de las clases subordinadas? ¿Cómo se puede evitar que el Estado concentre el poder en una medida indebida y poco democrática? ¿Cómo puede convertirse el Estado “de un órgano superior a la sociedad en factor subordinado a ella?”.

Lectura crítica de la naturaleza, estructura y funciones del Estado

La proposición fundamental de la teoría crítica en relación con el Estado se expresa en la afirmación de Marx (1818-1883) y Engels (1820-1895) contenida en el manifiesto comunista (1847-48): «el poder ejecutivo del Estado moderno no es sino un comité para administrar los asuntos comunes de toda la burguesía», si bien también admiten la «autonomía relativa» de que goza y las complejidades inherentes a su relación con la sociedad. En el libro escrito por Engels El origen de la familia, de la propiedad privada y el Estado (1884), el autor afirma que el Estado es, por lo general, la institución de la clase más poderosa y económicamente dominante, que por medio de ésta se convierte también en la clase políticamente dominante, adquiriendo así nuevos medios para dominar y explotar a la clase oprimida. El gobierno de clase que sanciona y defiende el Estado adopta muchas formas diferentes, desde el «Estado social y democrático de derecho» a la dictadura; la forma que adopta el gobierno de clase es estratégica y tácticamente importante para las clases trabajadoras y populares.

En otro de sus escritos, Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana (1888), Engels describe como en la historia moderna, por lo menos, está probado que todas las luchas políticas son luchas de clases y que todos los movimientos de emancipación de clases, pese a la forma política que necesariamente revisten –pues toda lucha de clases es una lucha política- giran en última instancia en torno a la emancipación económica. Es decir que, aquí al menos, el Estado, el orden político, es lo subordinado, y la sociedad civil, el reino de las relaciones económicas, el factor decisivo.

Marx había aludido en su obra “Crítica de la filosofía del Estado de Hegel” (1844) que el triunfo de la democracia constituía un remedio político para resolver la incapacidad del Estado para defender el interés general de la sociedad. Pero pronto cambio de idea, argumentó que se requería mucho más que esto y que la «emancipación política» sola no podía lograr la «emancipación humana». Esta exigía una reorganización mucho más profunda de la sociedad, cuya principal característica era la abolición de la propiedad privada, la eliminación de las clases sociales y la superación de las sociedades capitalistas. En este sentido, al analizar la “Situación en Inglaterra” (1844), Engels menciona que las revoluciones sociales tienen mayor amplitud y calan más hondo que cualquier otra acción de ajuste, reforma o cambio. Agrega que la revolución social es, cabalmente, la verdadera revolución, en la que necesariamente habrán de desembocar la revolución política y la filosófica.

Si bien la “inmensa organización burocrática y militar, con su compleja y artificiosa maquinaria de Estado» goza de una «autonomía relativa”, con intereses y objetivos propios, este hecho no contradice la idea del Estado en cuanto interesado en servir a los objetivos e intereses de la clase o clases dominantes: lo que implica en realidad es una asociación entre aquellos grupos, movimientos o partidos políticos que controlan en Estado y los que poseen y controlan los medios de la actividad económica, esto es, los propietarios privados de los medios de producción, quienes extraen plusvalía del trabajo asalariado, y dominan los procesos de producción, circulación y distribución tanto de bienes de capital y de consumo, como los procesos de financiarización.

En resumen, la teoría crítica subraya siempre el poder coercitivo del Estado: en tanto este es esencialmente la institución en virtud de la cual una clase dominante y explotadora impone y defiende su poder y privilegios contra la clase o clases a las que domina y explota. Una de las principales contribuciones de Gramsci (1891-1937) al pensamiento crítico consiste en haber estudiado el hecho de que el dominio de la clase gobernante se obtiene no sólo por coacción sino también por consentimiento; Gramsci insistió, asimismo, en que el Estado desempeña un papel importante en los campos cultural, ideológico y en la reproducción socio-laboral de la fuerza de trabajo y los sectores populares, al igual que en la organización del consenso o hegemonía de la clase dominante. En este proceso de legitimación intervienen el Estado y muchas otras instituciones del Estado.

Pero no es tarea fácil, el Estado, en los regímenes capitalistas-democráticos, debe enfrentar una contradicción a la tarea de obtener el consentimiento en circunstancias de recesión, crisis y depresión. Por una parte, en estos regímenes se exige al Estado que satisfaga las expectativas populares frente al desempleo, el hambre, la pobreza, la seguridad social y las necesidades comunitarias. Por otra, se exige también la satisfacción de las necesidades de rentabilidad, subsidios a la producción y pago de nómina, entre otras demandas del capital tales como la acumulación y el pago de la deuda pública al capital financiero.


Una línea de investigación importante dentro de la crítica de la economía política del sistema mundo capitalista se relaciona con el tema de los métodos y de los instrumentos con los que las clases dominantes ejercen la “persuasión”, trata de obtener la aprobación, en síntesis, realizar su propia hegemonía. En estos estudios, el Estado se revela como un poder que se articula no solo en aparatos represivos y de apalancamiento de la producción y reproducción del capital sino también en aparatos ideológicos de persuasión, de asistencialismo social y de conquista del asentimiento y legitimación. Es importante aclarar que el concepto de Estado no encierra todas las instituciones y prácticas orientadas a alcanzar la hegemonía de clase. Gramsci, a diferencia de Althusser, atribuye al concepto de hegemonía una extensión más amplia que solo reducida al Estado. Ve en él al poder por el que obra la hegemonía, pero observa la hegemonía de las clases dominantes ir más allá del Estado, para realizarse en instituciones de la sociedad civil. Por esto, precisamente, se trata de una hegemonía.

La distinción es fundamental, pues si la hegemonía no superase en sus articulaciones el ámbito propiamente estatal, no se podría comprender el proceso mediante el cual una clase social puede levantarse de subalterna a una función dirigente a pesar de estar aún en la oposición, y colocarse en condiciones de conquistar no solo la capacidad dirigente sino también el poder e iniciar una auténtica y profunda revolución social. Lo típico de Gramsci es la investigación del proceso mediante el cual se forman las fuerzas hegemónicas, se constituyen las instituciones sociales y los aparatos ideológicos de Estado y de la sociedad civil5.

Las funciones administrativas, intervencionista, regulacionista, represivo, fiscalista y asistencialista del Estado en su concurrencia y apoyo a la reproducción de las relaciones de producción capitalista y las necesidades de la acumulación, cambian históricamente en el tiempo y el espacio determinadas por las mutaciones del sistema mundo capitalista. En los Grundrisse (recopilación de anotaciones de para la crítica de la economía política entre 1857-1858) Karl Marx dice: el Capital no es tanto una estructura como un proceso. La estructura y las funciones no pueden ser separadas del proceso.

En desarrollo de ello, Fredric Jameson en su libro “Las ideologías de la teoría” (2014), el capital ha conocido hasta ahora históricamente tres mutaciones específicas, en las que se mantiene una persistencia o una identidad del sistema subyacente a través de los momentos de expansión (saltos prácticamente cuánticos en la organización del capital), momentos que también implican rupturas. Estos tres momentos pueden ser enumerados de esta manera: el capitalismo clásico o de mercado nacional que conocieron Marx y Engels; el momento del capital monopólico y de extraordinario crecimiento del capital financiero o la fase del imperialismo (estudiado por Hilferding y teorizado por Lenin); y por último, la permutación, después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), en una forma global del capitalismo “multinacional”, financiarización de la sociedad y expansión de las empresas transnacionales (teorizado inicialmente por Ernest Mandel en su libro pionero “El capitalismo tardío”)6. A cada uno de estos momentos sistemáticos “corresponden”, respectivamente, los momentos políticos y cambios en la naturaleza, estructura y funciones del Estado.

Para dar respuesta a las preguntas sobre el Estado colombiano sobre la base de la evidencia histórica y empírica se establecen las siguientes funciones básicas que lo determinan y se estudian a partir de la estructura de las finanzas públicas:

i) función administración, control, regulación, jurídica y fiscalista;
ii) la financiarización caracteriza la fase actual del capitalismo; el régimen de acumulación esta guiado y dominado por las finanzas; además, las finanzas dejan de ejercer un papel funcional, al servicio de la inversión productiva, y adquieren una función sustantiva, convirtiéndose en una actividad final y hegemónica; el Estado, mediante la política fiscal, contribuye a la financiarización de la sociedad y a la dinámica del mercado de capitales;
iii) el mantenimiento y defensa del orden social del que la clase económica y políticamente dominante es la principal beneficiaria; además, una función importante del Estado en su asociación con las clases dominantes consiste en regular los conflictos de clase y asegurar la estabilidad y reproducción del orden social;
iv) existe una asociación entre aquellos que controlan el Estado y los que poseen y controlan los medios de la actividad económica, por ello el estado debe satisfacer las necesidades y demandas del capital; función relacionada con el apalancamiento de la acumulación y la reproducción del capital;
v) el Estado desempeña un papel importante en los campos cultural e ideológico, en la organización del consenso y en la reproducción de la fuerza de trabajo que ocurre en lo esencial fuera de la empresa; los aparatos ideológicos del Estado concurren todos al mismo resultado: la reproducción de las relaciones de producción, es decir, las relaciones de dominación y explotación capitalista; así, la ideología cumple su función: hacer que la reproducción de las relaciones de producción quede asegurada en la «conciencia», o sea en el pensamiento y conducta de los individuos; de otra parte, la reproducción de la fuerza de trabajo implica la formación, capacitación y educación de la clase trabajadora; además, la población excluida de los circuitos productivos, los desempleados y pobres improductivos son sujetos del asistencialismo social; en conjunto, estas funciones se definen como Función hegemonía, cultura, ideología y reproducción socio-laboral;
vi) para Marx y los marxistas el problema ambiental es inherente al sistema y, por tanto, no tendrá solución en este marco; la economía ecológica se ocupa de las relaciones materiales con la naturaleza y de los riesgos que el crecimiento económico impone a la sostenibilidad; la amenaza creciente de pérdida de las condiciones materiales y biológicas para sustentar los procesos productivos y la acumulación de capital conlleva una evidente importancia a la función regulación metabólica y sostenibilidad ecológica.

Estas funciones pueden clasificarse en productivas e improductivas. Las productivas tienen una relación directa con el bienestar, los derechos humanos, el desarrollo de las fuerzas productivas y la infraestructura, la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación, el fomento y diversificación de ramas productivas, la acumulación de capital humano, la capacitación de la fuerza laboral y la protección de las condiciones ambientales de producción. El gasto improductivo, por el contrario no contribuye a la generación de valor agregado ni riqueza, tampoco tiene una relación directa con el bienestar social; hacen parte de esta categoría los gastos de administración, la burocracia, el servicio de la “Deuda Pública Nacional” y el mantenimiento de los aparatos ideológicos, represivos, de orden público y control social.

De acuerdo con Parsons, el concepto de función es fundamental para la comprensión de todos los sistemas vivientes, desde el organismo unicelular a la más elevada civilización humana. Un concepto que puede definirse de dos maneras: de una parte, el de previsión de la consecuencia objetiva que puede tener un fenómeno social, económico o político en el sistema global del que hace parte (funciones que pueden ser manifiestas o latentes); de otra, el término función se deriva de las ciencias matemáticas, como correlación entre dos fenómenos. El uso del término función para indicar una consecuencia dentro de un sistema implica necesariamente la existencia de una correlación entre una variable conocida y otra derivada, así como también la existencia de una relación entre los dos fenómenos.

Existe una relación entre las estructuras sociales de un pueblo y su sistema financiero de la Hacienda pública. La relación es circular, la actividad financiera de la Hacienda pública influye en la estructura social y, a la vez, la estructura social influye en las decisiones financieras del Estado. Rudolf Goldscheid, sociólogo austriaco, acepta la interpretación marxista de la historia como dialéctica violenta y ve en la lucha fiscal su elemento central. En efecto, al analizar los presupuestos públicos se observa que se trata de una lucha de clases cuidadosamente perfilada y planeada para exprimir y explotar aún más a la clase trabajadora y a los pobres.

El Estado según estructura y funciones, evidencia empírica

Durante el siglo XX se agigantó y desbordó, en el mundo, el influjo de la Hacienda pública en la estructura social, llegando en los últimos tiempos a ser impresionante dicho influjo y tomando, en algunos casos un carácter confiscatorio. A mediados del siglo XX, el tamaño del gobierno en el mundo desarrollado superaba el 25 por ciento del tamaño de sus economías. En el aspecto de las finanzas públicas, no se da gran diferencia entre las diversas formas de régimen político.

En Colombia, la relación entre gasto público y tamaño de la economía (presión fiscal) registra a lo largo del período 1947-2023 un valor promedio de 16,5 por ciento; presenta además una alta variación con tendencia creciente en el tiempo: el coeficiente de variación es de 46,45 por ciento, con un rango de 26 puntos porcentuales, un valor mínimo de 5,4 por ciento en el año 1947 y un valor máximo de 31,5 en 2023 (gráfico 21 y tabla 7). La evolución del crecimiento del gasto gubernamental como porcentaje del PIB en Colombia muestra que el aumento del gasto sigue una trayectoria escalonada y ascendente: los períodos de mayor expansión del gasto coinciden en general con los de auge de la economía, y los de desaceleración del gasto, con los de menor crecimiento económico. La dinámica de la Hacienda pública alienta nuevas demandas de bienes y servicios cubiertos con el presupuesto y también crea nuevas fuentes tributarias y genera mayor endeudamiento público.

El Estado moderno, obedeciendo a la lógica de una identidad propia favorable a la ampliación, genera continuamente para sí nuevas atribuciones, nuevos ámbitos de regulación y poderes de intervención de profundo calado. Según la “Ley de Wagner”, conocida también como «ley de la cuota estatal creciente» o «ley de la ampliación continua de la actividad estatal», el gasto del gobierno crece a una tasa similar o mayor que la del producto de la economía. Adolph Wagner (1835-1917) consideraba la ampliación autónoma de las actividades estatales dentro del marco de la satisfacción de la necesidad comunitaria. Actualmente, la población contempla con ojos escépticos el complejo de estatalismo, fiscalismo, represión e intervencionismo y supone en él, cada vez más, el teatro del absurdo de una institución de autoservicio en beneficio de las corruptas clases políticas dominantes y sus clientelas, de los grandes poderes del capital, de la gigante burocracia y de las amenazantes fuerzas de represión y que es contraproductiva7.

La legislación tributaria se ha hecho cada vez más amplia y compleja, permitiendo a la Hacienda pública llevar a cabo una presión fiscal en los campos más diversos, a fin de obtener recursos cada vez más abundantes, y ello de la forma más imprevisible. Se han multiplicado los capítulos de los bienes y de las actividades susceptibles de impuestos. Todo tipo de impuestos responde a motivaciones teórico-ideológicas específicas, capaces de cubrir bajo una apariencia de justicia o solidaridad social y humana, el creciente presupuesto del Estado. La Hacienda pública ha completado una auténtica invasión de la vida social y privada. La población en general siente cada vez más el asedio en áreas de su vida politizadas, es decir, sujetas (por medio del gobierno) al control potencial del Estado. La «mano del Estado» es más visible e inteligible que la «mano invisible» del mercado.

En Colombia, durante los años veinte del siglo XX, la presentación consolidada del presupuesto de gastos no pasaba de doce rubros, que correspondían a los ministerios existentes. Con el tiempo y la ampliación de los compromisos del Estado, la lista se hizo más larga y compleja. Actualmente, el número de cuentas del Presupuesto General de la Nación se aproxima a 170; de estas, una cuarta parte corresponde a la función administración, control, regulación, jurídica y fiscalista; la función regulación metabólica y sostenibilidad ecológica concentra el 21,6 por ciento de las partidas presupuestales; con la excepción de la función financiarización y fortalecimiento mercado de capitales que se resume en una sola cuenta, las demás funciones se presentan en un promedio del 18 por ciento del total de rubros presupuestales.

Cuatro factores han motivado esta irrupción del control estatal y las finanzas públicas: i) la aceleración de las políticas y las fuerzas económicas que favorecen y concentran el ingreso y la riqueza en sectores enormemente beneficiados en contraste con un gran número de personas hundidas en la pobreza o en la verdadera miseria, una amplia porción de la fuerza laboral en labores precarias, inestables, informales, ilegales o abiertamente desempleadas, y una población superflua confinada en suburbios o arrinconada en un sistema carcelario que crece rápidamente; ii) la teoría keynesiana proclama que el Estado de la economía y la doctrina de la seguridad social proclaman que el Estado, bien a través de sus propios gastos, bien estimulando el gasto privado, pueden alcanzar los niveles socialmente deseables de producción y empleo y, de este modo determinar, en última instancia, las leyes de movimiento de la economía capitalista; iii) frente a los ciclos político-económicos, lo que entraña periodos de prosperidad seguidos por agudas depresiones de la actividad económica y que son el rasgo crónico del capitalismo, la clase dominante ha considerado la necesidad de una extensa intervención del Estado con el fin de mantener el orden político y económico; bajo el enfoque que la política puede controlar y determinar las leyes económicas, el florecimiento de la actividad estatal en el siglo XX, en paralelo a la expansión de la «maquinaria intervencionista», se consideró inevitable; iv) La política ha tendido a convertirse en un lucroso negocio; los partidos políticos son verdaderas empresas con el propósito de capturar las rentas públicas mediante prácticas corruptas; la corrupción es la manipulación de instituciones políticas, reglas y procedimientos en la producción de recursos y financiamiento por parte de los tomadores de decisiones del gobierno (consiste en los actos de corrupción cometidos en los altos niveles de gobierno que distorsionan las políticas y el funcionamiento del Estado); a nivel general se observa que bajo ningún régimen político se consigue impedir que la clase dirigente haga afluir a los bolsillos de los propios representantes y seguidores o clientelas una alta proporción de los ingresos fiscales.

En resumen, para evitar la crisis económica y la revuelta política, gobiernos y Estados, sin distingos del régimen político que representan y conforman, cargan con una parte creciente de los costos de producción y reproducción de la producción, la fuerza de trabajo y de amplios grupos sociales. Además, para cumplir con sus funciones cada vez más diversificadas, han tenido que extender sus estructuras burocráticas y fuerzas armadas, incrementando así su propia complejidad interna. Esta complejidad creciente entraña, a su vez, una necesidad creciente y continua de cooperación y, lo que es más importante, requiere un presupuesto estatal en aumento. El Estado debe financiarse a sí mismo mediante los impuestos y préstamo en el mercado de capitales, pero no puede hacerlo de manera que interfiera en el proceso de acumulación y ponga en peligro el crecimiento económico. Esos constreñimientos han contribuido a crear una situación de inflación y de crisis casi permanente en las finanzas públicas o de déficits estructurales. Además, la deuda pública se ha convertido simplemente en la manera como funciona cotidianamente el sistema.

El gráfico 21 y la tabla 7 registran las estadísticas básicas de la estructura y funciones del Estado colombiano con base en presupuesto de gastos o ley de apropiaciones de los años 1947 a 2023. La función financiarización concentra en promedio el 13,1 por ciento del gasto público; la función administración, control, regulación, jurídica y fiscalista mantiene una media de 19,8; el mantenimiento y defensa del orden social condensa el 21,1; la función relacionada con el apalancamiento de la acumulación y la reproducción del capital tiene una media de 13,9; la función hegemonía, cultura, ideología y; reproducción socio-laboral muestra la media más alta, esto es, 31,7; finalmente, en contraste la función regulación metabólica y sostenibilidad ecológica presenta el valor promedio más bajo en la apropiación: 0,4 por ciento

De las seis funciones que cumple el Estado colombiano, tres registran una alta variabilidad (coeficientes de variación superiores a 60%) y tres tienden a ser estables (coeficientes de variación menores a 35%). La función regulación metabólica y sostenibilidad ecológica presenta el valor más alto en el coeficiente de variación (121,9%, un rango de 2,8 puntos porcentuales, un mínimo de 0,1% durante las décadas de 1970 hasta la primera del siglo XXI y un máximo de 2,9% en 1947), seguido de la función financiarización (CV=90, un rango de variación de 40 puntos porcentuales, un mínimo de 0,7% en el año 1950 y un máximo de 40,6% en 2001) y de la función acumulación y la reproducción del capital (CV= a 60,8%, rango de variación 37,3%, mínimo de 3,8% en 2003 y máximo de 34,4% en 1955).

El artículo 79 de la Constitución Política ordena que la ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo; en consecuencia, es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. No obstante, la actividad social, política y económica está marcada y condicionada en el país por las instituciones extractivas. El uso creciente de recursos naturales y minero-energéticos producto del desarrollo económico rentista y desbordado genera una pérdida continua de biodiversidad a escala nacional con consecuencias irrevocables de pobreza y conflicto social.

La deuda pública se encuentra integrada estructuralmente a la Hacienda pública y es simbiótica a la hegemonía del capital financiero sobre la sociedad. El sistema de crédito se ha convertido en la principal palanca moderna para la extracción de riqueza del resto de la población por el capital financiero. Los gobiernos proveen a sus necesidades, de cualquier manera que se entienda, gastando al presente más de lo que supondría los ingresos y cubren la diferencia con deudas manifiestas u ocultas, que permiten disfrutar hoy el beneficio de los gastos, remitiendo su carga a las próximas generaciones.

Hasta mediados de la década de 1970 el Estado fue determinante en el desarrollo económico del país. El gasto en infraestructura, vivienda, transporte, comunicaciones y el fomento del sector primario (agropecuario y minero-energético), la industria, el sector financiero-bancario y la promoción de exportaciones ocupó una posición descollante en la estructura del “Presupuesto de gastos o Ley de Apropiaciones”. Otra de las áreas en las que se concentra la actividad del sector público colombiano es la de servicios públicos de electricidad, gas, acueducto y telecomunicaciones.

Las funciones de administración, regulación conflictos de clase, mantenimiento y defensa del orden social y hegemonía, cultura, ideología y reproducción socio-laboral mantienen una participación más estable dentro de la estructura de gasto. En particular, los dueños del capital y los líderes de los partidos conservadores desean un Estado poderoso y violento, y quieren que disponga de un sistema de seguridad fuerte, motivo por el cual el gasto en mantener el orden público, para apaciguar cualquier levantamiento popular, es prioritario dentro del PGN. Estos gastos si bien tienen un piso asegurado son incrementados “generosamente” durante las épocas de mayor antagonismo y conflicto social.

En paralelo, a medida que los países van alcanzando un mayor grado de madurez y su base económica se fortalece y diversifica, los gastos de seguridad social y bienestar también se convierten en un elemento muy dinámico del gasto público. En Colombia, el Estado carga desde la mitad del siglo XX, de una parte, con la responsabilidad y los gastos para educar, capacitar, sostener y reproducir la fuerza de trabajo, y de otra, garantizar la afiliación de la población total al sistema de salud (la cobertura en salud tiene tendencia creciente desde 1995, pasando de 29,2 a 99% en 2022) y subsidiar a la población pobre y excluida.

En resumen, la naturaleza, estructura y funciones del Estado colombiano durante el período 1947-2023 muestra dos importantes disrupciones. La primera se presenta en la década de 1970 cuando el Estado abandona su naturaleza desarrollista, lo que se refleja en un cambio estructural al caer drásticamente la función relacionada con el apalancamiento de la acumulación y la reproducción del capital: durante el período 1947-1973 esta función concentraba en promedio una cuarta parte del gasto público; en los años 1974 a 2023 su participación cae a un poco más del 8 por ciento. La segunda alteración se produce con el ajuste estructural neoliberal, la privatización de las empresas públicas, la globalización de la economía y el proceso de desregulación y hegemonía del capital financiero entre las décadas de 1980 y 1990: la función financiarización y fortalecimiento del mercado de capitales concentra en promedio el 11 por ciento del gasto en el período 1947-1996; en los años 1997 a 2023 se eleva a 28 por ciento con un valor máximo de 40,6 por ciento en 2001.

La sociedad colombiana padece los problemas de baja productividad y de instituciones políticas y económicas extractivas7. Las instituciones políticas extractivas apoyan las instituciones económicas extractivas para consolidar el poder de quienes se benefician de la extracción. El Estado corporativista, oligárquico, burocrático y militarista de beneficencia, asistencialismo, redistribución, rentismo y extracción al que ha evolucionado la institucionalidad política colombiana favorece tanto a la cúspide como a la base de la sociedad, sectores manifiestamente improductivos y parásitos. La exigencia actual de “justicia social y Estado Social” tiende a confiscar la propiedad y los ingresos del sector productivo y a desviarlos “socialmente” al sector improductivo. Los sectores intermedios o las clases medias son las más afectadas o vulnerables. El Estado democrático y social de derecho se convierte en agencia de presión extraeconómica por parte de las elites y los pobres, ambos improductivos8.

Estructura de los gastos públicos y economía


El gráfico 22 y las tablas 8 y 9 describen el comportamiento y las correlaciones entre los tres principales rubros de gasto del Presupuesto General de la Nación (PGN): funcionamiento, servicio de la deuda e inversión en el período 1950-2023. Adicionalmente, se presenta la evolución anual del crecimiento de la economía.

Los gastos de funcionamiento son aquellos recursos que el Gobierno estima para el correcto ejercicio del aparato Estatal; este gasto incluye los salarios de los funcionarios públicos, la adquisición de bienes y servicios que el Gobierno necesita para su funcionamiento y las transferencias a los territorios. El servicio de la deuda es el tipo de gasto por objeto atender las obligaciones inherentes a las operaciones de Crédito Público. La Inversión es el gasto destinado a la prestación de servicios o a la realización de transferencias a la comunidad por parte de las unidades ejecutoras del PGN, incluidas en los programas sociales, así como la adquisición de activos no financieros por parte de las mismas.

El presupuesto de gasto se caracteriza por una férrea inflexibilidad, esto es, gastos ordenados por la ley que son de ineludible cumplimiento. La inflexibilidad del gasto y el nivel de endeudamiento público existentes obligan a elevar los ingresos permanentes de la hacienda pública para financiar una expansión sostenible de la inversión a mediano plazo. Desde 1991 se formó una estructura de gasto donde los principales componentes del PGN son funcionamiento y servicio de la deuda pública. Otra tendencia observable durante las últimas tres décadas es la inestabilidad en la legislación tributaria en cuanto los diferentes gobiernos vienen impulsando una nueva reforma cada dos años.

De acuerdo con la matriz de correlaciones (tabla 8), el gasto en funcionamiento está asociado negativa y significativamente con la inversión (-0,6) y el crecimiento de la economía (-0,3): a mayores gastos de funcionamiento del Estado menor es la inversión y el proceso económico ralentiza su ritmo de crecimiento.

Las descripciones históricas sugieren que con el crecimiento de la economía desde las primeras décadas del siglo XX también creció el gasto público, por los nuevos compromisos que asumió el presupuesto nacional. En términos estadísticos se puede preguntar si el crecimiento económico que refleja la serie del PIB por habitante se puede interpretar como causa de la expansión del gasto público como proporción del PIB, en el sentido de que cambios en la primera variable preceden y ayudan a predecir cambios en la segunda. Los análisis econométricos dan como resultado que existe una prioridad causal entre dichas variables, cuya dirección iría del PIB real por habitante al gasto público como proporción del tamaño de la economía, y no al contrario, esto es, la mayor presión fiscal o aumento del gasto público respecto al tamaño de la economía no tiene efectos sinérgicos positivos en la dinámica productiva o en el crecimiento del PIB per cápita.

De manera adicional, como era de esperarse, el servicio de la deuda pública está correlacionado negativamente con la inversión (-0,74) y con el crecimiento del PIB (-0,13). El crecimiento del PIB sólo registra una relación positiva y significativa con la inversión (0,32).

El crecimiento del PIB colombiano presenta un aumento promedio de 4 por ciento anual durante el período 1950-2023 (tabla 9). Una tasa de crecimiento compuesto del 3 por ciento anual, como mínimo y para siempre, es algo que se acepta empírica y convencionalmente como condición necesaria para el funcionamiento satisfactorio del capitalismo. No obstante esta tendencia media registra, a la vez, una alta inestabilidad: el coeficiente de variación (desviación estándar respecto a la media) tiene un valor de 64,3 por ciento; el rango de variación es de 17,4 puntos porcentuales, con un valor mínimo de -6,8 por ciento en el año 2020 y un máximo de 10,6 en 2021.

La estructura del gasto público en Colombia, para el período 1950-1923, anota un promedio de 60,9 por ciento en gastos de funcionamiento, seguido de 27,5 en inversión y 11,7 en servicio a la deuda. El rubro de funcionamiento presenta el comportamiento más estable dentro de la estructura del gasto, el coeficiente de variación es de solo 13,1 por ciento; el rango de variación es de 39,1 puntos porcentuales, un mínimo de 35,8 por ciento en el año 1975 y un máximo de 74,9 en 1994. La inversión apunta un coeficiente de variación de 42,6 por ciento, un rango de 51,4 puntos porcentuales, un valor mínimo de 5,8 por ciento en el año 2004 y un máximo de 57,2 en 1975. El coeficiente de variación más alto está relacionado con el servicio a la deuda cuyo valor es de 80,1 por ciento; el rango de variación es de 36,1 puntos porcentuales, apunta un valor mínimo de 0,7 por ciento en el año 1950 y un máximo de 36,8 en 2006.

En resumen, las dos prioridades en el gasto público son las de funcionamiento y el cumplimiento del servicio a la deuda. Los gastos de inversión funcionan como una variable de ajuste, dependiendo del ciclo de la economía, el balance del PGN y los objetivos de los gobiernos de turno.

Evolución de los ingresos de la Nación y balance fiscal

Los ingresos del Estado se dividen en de capital y corrientes, y provienen de la imposición de gravámenes a los ciudadanos, el cobro de los servicios públicos y las ventas de bienes y servicios producidos por empresas públicas. Una política impositiva que no siempre garantiza los recursos suficientes para cubrir la totalidad de los gastos del Estado; se requiere, entonces, acudir a otras fuentes de financiamiento, llamadas de “capital” para cubrir el faltante, entre las que destaca el endeudamiento, que puede ser obtenido bien con entidades financieras del exterior o domésticas.

De manera adicional, los impuestos se clasifican en directos e indirectos. Los directos son aquellos que recaen de manera inmediata sobre el contribuyente; es el caso del impuesto a la renta (ingresos de las personas naturales, tales como salarios, honorarios e intereses y utilidades de las empresas) y del impuesto predial (recae sobre la propiedad inmueble de una persona natural o jurídica, la cual es una forma de patrimonio o riqueza). Los impuestos indirectos son, por su parte, aquellos que se cobran sobre los bienes y servicios, tales como los impuestos a las ventas, al consumo, los aranceles de importaciones, el impuesto a la gasolina o a los licores y compras de vehículos.

En el país, las instituciones fiscales y el presupuesto, en sus rubros de ingresos, gastos y endeudamiento, se amoldaron al desarrollo del comercio, de la economía monetaria y de la intermediación financiera, en un país cada vez más urbanizado. No deja de ser importante que el gasto público depende del recaudo tributario y del endeudamiento estatal. La tributación directa, cuya principal innovación fue la reforma del impuesto de renta en los años 1930, y la indirecta, que se extendió a partir de la década de 1960 a través del impuesto a las ventas, permitieron financiar parcialmente los compromisos adquiridos por el presupuesto a lo largo del siglo XX y en lo corrido del XXI.

La tributación en Colombia se divide en tres períodos: i) desde la Colonia y hasta comienzos del siglo XX, los ingresos del gobierno nacional se originaban en los recaudos de aduanas y otros impuestos al comercio exterior; ii) después de la gran depresión del año 1929, en 1935 el gravamen a la renta tanto de las personas naturales como jurídicas (empresas), el impuesto al patrimonio y al exceso de utilidades (o ganancias ocasionales) comenzaron a desplazar a las aduanas como la principal fuente de ingresos tributarios del gobierno; iii) a partir de 1963 y su aplicación efectiva desde 1967, el impuesto a las ventas y al consumo se caracterizaron por ser los tributos más dinámicos del país: inicialmente la tarifa básica que se aplicaba a la mayor parte de bienes y servicios fue fijada en 3 por ciento (en sus inicios como un tributo monofásico en el campo manufacturero); en 1966 se convierte en un impuesto plurifasico, y se elevan las tarifas diferenciales del 8 y 10 al 15 por ciento; la reforma de 1974 elevó la tarifa general al 6 por ciento, en 1983 se extendió su campo de aplicación a todas las ventas, incluyendo las del comercio al detal y los servicios públicos, y le dio su forma actual de “impuesto al valor agregado” (IVA); en 1990 se unifica la tarifa al 12 por ciento; en 1995 se eleva la tarifa del 14 a 16 por ciento.

Posteriormente, los diferentes gobiernos, de acuerdo con sus necesidades, han modificado de manera gradual el porcentaje de asignación del IVA, la última de las reformas tributarias se da en el año 2016 a través de la ley 1819, la cual contempla el aumento del IVA del 16 al 19 por ciento. La administración Duque (2018-2022) intentó en 2021 imponer una inoportuna e impopular reforma fiscal centrada en el aumento y generalización del IVA, además de elevar la presión fiscal sobre la clase media, rechazada e impedida de hacerse norma por un significativo levantamiento social. En 2022, el gobierno de la coalición Pacto Histórico impulsó una nueva reforma tributaria que les costará a los contribuyentes una suma de 20 billones de pesos producto del alza impositiva a los sectores mineros energéticos, a los altos patrimonios y a los alimentos de consumo popular.

En síntesis, la principal fuente de ingresos de la nación son los “corrientes”. Esto son ingresos de carácter permanente que se generan de la actividad normal de la entidad y se clasifican en tributarios y no tributarios. Los tributarios provienen del recaudo de Impuestos, mientras los ingresos no tributarios provienen de ventas de bienes, prestación de servicios, multas, entre otros. Esta fuente viene en creciente en términos absolutos y relativos, y para 2023 aportan cerca de dos terceras partes de las finanzas públicas. Además, durante el siglo XX la Nación adquirió predominio en la captación de los ingresos públicos frente a los departamentos y municipios, y un afianzamiento de la tributación a nivel nacional.


La segunda fuente en importancia son los recursos de capital que tienen una participación relativa de 28,5 por ciento en 2023, cifra menor a la de 2022 que fue de 41,6 debido al alto endeudamiento del país que contrajo la administración Duque (2018-2022), lo que obligó al gobierno del Pacto Histórico a hacer un ajuste radical y la negociación con los acreedores para aplazar el pago del capital adeudado. El déficit es el cálculo anual de la proporción entre los ingresos y los gastos; la deuda es lo que se acumula con el tiempo, de manera que si el déficit se mantiene elevado, la deuda sigue creciendo. El Banco Mundial argumenta que existe una tiranía privada suficiente para asegurar el “aislamiento tecnocrático”; esto es, se siguen haciendo las mismas cosas pese a lo que digan las urnas. Como cualquier otro agente económico, el Estado debe cumplir con sus deudas en algún momento del futuro (incluyendo los intereses a la que es contraída), y no pueden ser cubiertas contratando al infinito nuevas deudas. En consecuencia, llega el momento en que los recursos corrientes son incrementados para cubrir los compromisos crediticios adquiridos en el pasado. El pago de la deuda (intereses y principal) tiene un efecto redistributivo muy negativo.

El gráfico 23 y las tablas 10 y 11 presentan las estadísticas y la evolución de los ingresos históricos de la Nación y el balance fiscal del sector público en relación al PIB. La matriz de correlaciones muestra que los ingresos tributarios (impuesto de renta, impuesto al valor agregado, gravamen a los movimientos financieros, aduanas y recargos, impuesto al consumo, impuesto a la gasolina y ACPM) registran una relación negativa y significativa con los impuestos no tributarios (tasas, multas, derechos administrativos, derechos económicos por el uso de recursos naturales, venta de bienes y servicios, transferencias corrientes y contribuciones) y con los recursos de capital (recursos de crédito, excedentes financieros, diferencial cambiario, dividendos y utilidades por inversiones de capital). La relación es positiva entre los ingresos tributarios y el balance fiscal respecto al PIB (0,46). Este último, el balance fiscal guarda una relación negativa con los ingresos no tributarios (-0,34) y los recursos de capital (-0,33).

Durante el período 1950-2023, el balance fiscal de la Hacienda pública es deficitario con un valor promedio de -2,7 por ciento. No obstante la variabilidad o desviación respecto a este valor promedio es significativamente alto: el coeficiente de variación es de -78,0 por ciento; el rango de variación es de 8,7 puntos porcentuales, el valor mínimo es un déficit de -7,8 por ciento y el máximo es un superávit de 0,9 en el año 1950 (en los 74 años analizados solamente se registran superávits en 6).

Los ingresos totales de la Nación registran un valor promedio en los años 1950 a 2023 de 65 por ciento en los tributarios, de 25,7 con fuente en los recursos de capital y en menor medida de 9,4 en los no tributarios. En consecuencia, los ingreso tributarios constituyen el núcleo medular de las finanzas públicas, el rango de variación es de 50,1 puntos porcentuales con un valor mínimo de 39,6 por ciento en el año 2001 y un máximo de 89,7 en 1976.

El PGN y el cambio de la administración Duque al Pacto Histórico. El gobierno del Pacto Histórico es de carácter “estadocéntrico” respecto a la larga hegemonía de la derecha neoliberal en el control directo del Estado: la proporción entre el gasto público y el PIB se eleva 5,2 puntos porcentuales al comparar el promedio de la administración Duque (2018-2022) y el primer presupuesto aprobado y ejecutado por la presidencia de Gustavo Petro (2023), al pasar de 26,2 a 31,5 por ciento.

En la distribución funcional de los gastos en la estructura del PGN, los cambios son marginales. De las tres funciones del Estado analizadas, la mitad pierde su participación relativa: financiarización (-2,9 puntos porcentuales), orden social (-1,3) y hegemonía (-2,8). Las otras tres funciones aumentan el peso relativo en la estructura de gasto: administración (gana 6,4 puntos porcentuales), acumulación de capital (0,4) y ambiental (0,1) al comparar los promedios 1919-2022 respecto al año 2023.

El Presupuesto General de la Nación está aforado por un valor de $405,62 billones para el año 2023; El PGN 2022 fue aprobado por un monto de $350,4 billones de pesos, lo que significa un incremento del 15,8 por ciento. De acuerdo con la estructura de gasto, el gobierno del Pacto histórico aumentó en 3,1 puntos porcentuales los gastos de funcionamiento de 2023 respecto al año 2022; en contraste, redujo los gastos de inversión en -0,9 y el servicio a la deuda en -2,2.

En relación con la estructura porcentual de los ingresos de la Nación según rentas, recursos de capital y balance fiscal del sector público en proporción del PIB, al comparar el promedio de la administración Duque (2019-2022) con el primer año fiscal del Pacto Histórico se observa que la administración Petro aumenta en 11,4 puntos porcentuales los ingresos tributarios, reduce en -7,0 los no tributarios y en -4,4 los recursos de capital. El promedio del déficit fiscal de la administración Duque fue de -6,2 por ciento respecto al PIB; en la administración del Pacto Histórico se proyecta reducirla a 4,0 por ciento en el año 2023.

Los déficits gemelos. El gobierno progresista hereda un déficit fiscal de poco más de 8 por ciento del PIB, esto es, $94,2 billones, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Hacienda. Por su parte, los registros de la Contraloría General de la República muestran que al cierre de 2021 la deuda total del sector público contabilizó $874,9 billones, correspondiente al 74,3 por ciento del PIB. El déficit fiscal y la deuda pública, en conjunto, dificultan aún más concretar los ejes y promesas del nuevo gobierno para sus 4 años de gestión: las dos deudas suman $969,1 billones, equivalentes al 82,3 por ciento del PIB.

La fragilidad en la coalición de gobierno se ha dejado ver con toda claridad en el trámite de la reforma tributaria. El proyecto original pierde fuerza y sus alcances se reducen ante la oposición de las fuerzas reaccionarias y burocráticas, pues ya no se impondrán tributos a las exorbitantes pensiones que devengan las exdirectivas de las diferentes ramas del Estado, ni se gravaran las actividades minero-energéticas, tampoco a las altas ganancias de las iglesias; por tanto de la aspiración inicial de $40 billones se redujo a $20 billones, cuyo destino principal son solo dos: reducir el déficit fiscal y mantener los programas de asistencialismo social (gráfico 24).

Colombia en el mercado mundial: la herencia colonial


En el contexto del comercio mundial, Colombia es un mercado con rasgos marcados del legado colonial: un país que suministra materias primas y recibe del exterior productos industriales.

La balanza comercial es la diferencia que existe entre el total de las exportaciones e importaciones de un país. El motor de la economía colombiana está constituido por los bienes primarios o materias primas que el país exporta y vende en el mercado internacional. La relación entre el valor de productos primarios exportados y el total de las exportaciones FOB es de 79,3 por ciento (en México esta ratio es de 18,7%). La balanza comercial colombiana es deficitaria (gráfico 25): todos los bienes de alto valor agregado y compleja tecnología son traídos de los países industrializados, a lo que se suma la importancia ganada por la importación de alimentos desde la apertura propiciada por el gobierno de César Gaviria (1990-1994). Esta situación ha desencadenado un continuo desequilibrio macroeconómico que compromete el gasto público y la deuda pública del Estado. En 2022, el valor de las exportaciones es de 57.354 millones de dólares (FOB) y el de las importaciones 72.014 millones de dólares (CIF); en consecuencia, la balanza comercial tendrá un déficit de -14.660 millones de dólares.

De acuerdo con las declaraciones de importación registradas ante la Dian en agosto de 2022, las importaciones fueron US$7.297,6 millones CIF y presentaron un aumento de 36,4 por ciento con relación al mismo mes de 2021. Este comportamiento obedeció principalmente al aumento de 32,2 por ciento en el grupo de Manufacturas, que para agosto de 2022 participaron con 74,0 por ciento del valor CIF total de las importaciones, seguido por Agropecuarios, Alimentos y bebidas con 15,1, Combustibles y productos de las industrias extractivas con 10,9 por ciento. De acuerdo con las declaraciones de importación, las mercancías de origen Estados Unidos participaron con 25,5 por ciento del total registrado en el periodo enero-agosto 2022; seguido por las originarias de China (24,0%), Brasil (6,6%), México (5,2%), Francia (3,3%), Alemania (3,1%) e India (2,2%).

En agosto de 2022 las ventas externas del país sumaron US$4.582,2 millones FOB y presentaron un aumento de 32,2 por ciento en relación con agosto de 2021; este resultado se debió principalmente al crecimiento de 57,2 por ciento en las ventas externas del grupo de Combustibles. En el mes de referencia, las exportaciones de Combustibles y productos de las industrias extractivas participaron con 54,0 por ciento del valor FOB total de las exportaciones; así mismo, Manufacturas con 21,5, Agropecuarios, alimentos y bebidas 19,1, y otros sectores con 5,5 por ciento. Entre enero-agosto de 2022, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas, con una participación de 25,9 por ciento en el valor total exportado; le siguieron en su orden de participación: Panamá (10,6%), India (4,7%), Países Bajos (4,4%), Turquía (4,4%9, Brasil (4,1%) y China (3,6%).

Desarrollo desigual y combinado

La sociedad colombiana se caracteriza por la integración en un mismo mercado nacional de regiones desigualmente desarrolladas.

De una región geográfica a otra, incluso de un municipio a otro, existirá siempre una cierta desigualdad en cuanto a las condiciones de vida, que podrá reducirse al mínimo, pero jamás suprimirse por completo. El gasto público se orienta a reducir las brechas del desarrollo. El artículo 350 de la Constitución Política ordena: “En la distribución territorial del gasto público social se tendrá en cuenta el número de personas con necesidades básicas insatisfechas, la población, y la eficiencia fiscal y administrativa”.


La ley del desarrollo desigual y combinado es una ley de las ciencias sociales de la más amplia aplicación en el proceso histórico. Tiene un carácter dual o, mejor dicho, es una fusión de dos leyes íntimamente relacionadas. Su primer aspecto se refiere a los diferentes grados de desarrollo (medido por el PIB per cápita) de la vida social. El segundo, a la correlación concreta de estos factores desigualmente desarrollados en el proceso histórico (ver gráficos 26-27 y tabla 12).

La concentración del ingreso, unida a una rígida estratificación socioeconómica, caracteriza al país. Bogotá y Antioquia, con apenas el 29,9 por ciento de la población nacional, generan el 41,4 por ciento del PIB del país. El desarrollo económico históricamente ha sido desigual. En las regiones, el índice de desigualdad en materia del PIB per cápita es más del doble que el promedio de la Ocde y un poco mayor al de países latinoamericanos como Chile, México y Brasil9.

Según las Cuentas Nacionales Departa-mentales del Dane, en 2021, la tabla 7 registra, de una parte, las altas disparidades de la contribución departamental porcentual al PIB nacional y, de otra, del PIB departamental por habitante en pesos. La media del primer indicador es de 3 por ciento y la del segundo de COP $18,3 millones anuales. El coeficiente de variación de la contribución departamental porcentual al PIB (172,1) es 3,6 veces más alto respecto al del PIB departamental por habitante (49%). El valor máximo de contribución departamental porcentual al PIB es de 26,2 por ciento y corresponde a Bogotá D.C. y el valor mínimo es de 0,03 aportado por Vaupés. El valor máximo del PIB departamental por habitante es de COP $39,3 millones y corresponde al departamento de Casanare y el valor mínimo es de COP $6,8 millones en el departamento de Vichada. En resumen, el mayor desarrollo relativo se concentra en las grandes metrópolis, nacional y regionales, de una parte, y en los departamentos con alta actividad en la extracción minero-energética. Los 14 departamentos (42,4% de la división administrativa del país, incluyendo a Bogotá DC) que hacen parte de la región Andina contribuyen con el 78,8 por ciento del PIB colombiano.

En compendio, las diferencias económicas y el desigual grado de desarrollo de las regiones y localidades conducen a que se presenten significativas disparidades en la calidad de vida y oportunidades de las personas, según el lugar de residencia.

Matriz energética

Colombia tiene una de las matrices de generación eléctrica más limpias del mundo y, además, le permite la autosuficiencia energética (ver diagrama 2). De la capacidad instalada del Sistema Interconectado Nacional, el 68,32 por ciento corresponde a generación hidráulica, el 30,7 a generación térmica (13,3% con Gas Natural, 7,8% con combustibles líquidos y 9,5% con carbón) y 0,98 a Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (eólica, solar, y biomasa). No obstante, la alta dependencia del recurso hídrico torna vulnerable el sistema eléctrico nacional ante escenarios de hidrología crítica, como ocurrió a principios de los años 1990.


Consciente de ello, el reto es avanzar con mayor celeridad, pero de manera planificada, hacia la seguridad y transición energética con fuentes diversas y limpias que estén en línea con las metas a las que se ha comprometido el país para el 2040 en materia de uso de energías limpias y descarbonizacion de su economía. Es necesario, entonces, superar el estadio de la economía ambiental y dar el salto a la llamada economía ecológica para lograr justicia ambiental, y con ello una nueva manera de pensar las interrelaciones dinámicas entre el sistema económico y el conjunto total de los sistemas físico, biológico, social, político y cultural. Pensar en sistemas es inevitablemente complejo, por su misma índole es multidimensional, multidisciplinario e integrativo.

En la perspectiva de una mirada integral sobre Colombia, esto significa, entre muchas otras cosas, la necesaria emergencia de un nuevo tipo de sociedad que integre la conciencia, la cultura y la naturaleza, y abra paso al arte, la moral, la ciencia, los valores personales, las cosmovisiones y sabiduría colectivas y el conocimiento técnico10.

En conclusión, la historia de Colombia es expresión de la dialéctica entre la barbarie y el respeto por la dignidad humana. David Joseph Bohm (1917-1992), el físico estadounidense que hizo importantes contribuciones en los campos de la física teórica, la epistemología y la neuropsicología, solía decir que “es necesario un cambio de significado para cambiar este mundo política, económica y socialmente”. Agregaba que “si el significado es una parte clave de la realidad, una vez que se vea que la sociedad, el individuo y las relaciones significan algo diferente se habrá producido un cambio fundamental”11. λ

1 Ver: https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/colombia-el-pais-con-mas-desplazados-del-mundo-articulo-866644/.
2 Ver: i) Centro Nacional de Memoria Histórica: Estadísticas del conflicto armado en Colombia; consulta https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/estadisticas.html; ii) Garay, Luis Jorge. (2009). El reto ante la tragedia humanitaria del desplazamiento forzado: reparar de manera integral el despojo de tierras y bienes. Volumen V.
3 Así lo recomendó el economista ruso-estadounidense Simón Kuznets (1901-1985), creador en 1937 del indicador económico PIB.
4 Marx, Karl (1976), “Introducción general a la crítica de la economía política/1857”, Cuadernos de pasado y presente, Siglo XXI Editores, Colombia.
5 Gruppi, Luciano. (1970). Althusser, ideología y aparatos ideológicos del Estado. La Pensse, Francia.
6 Jameson, Frrdric. (2014). Las ideologías de la teoría. Eterna Cadencia Editora, Argentina, p. 99.
7 Sloterdijk, Peter. (2018)¿Qué sucedió en el siglo XX? Ediciones Siruela S.A. España, pp. 15-16.
8 Acemoglu, Daron y Robinson, James. (2013). Por qué fracasan los países. Editorial Plantea, Colombia, pp. 432 y sgtes.
9 OCDE. (2018). Revisión de recursos escolares: Colombia. MEN, Bogotá, D.C. p. 3.
10 Wilber, Ken, op. cit., p. 441.
11 Citado por Rimpoché, Sogyal. (1994). El libro tibetano de la vida y de la muerte. Ediciones Urano, Barcelona, p. 423.


Recuadro

Concepto y método para una mirada integral sobre Colombia

El ser humano no es puesto en el mundo por la naturaleza o fuerzas sobrenaturales, es producto de la historia. De acuerdo con el filósofo italiano Antonio Gramsci (1891-1937), la única “filosofía crítica” es la historia en acto, o sea la vida misma1.

Es una realidad que reafirma que la dialéctica del desarrollo orienta y anima las fuerzas históricas que moldean a toda sociedad. Devenir, cambio e innovación –en resumen, la evolución– son la realidad misma. El ser, la esencia o naturaleza de la especie humana es su historia; el proceso de autoproducción mediante la actividad vital del trabajo (en sus dimensiones cognitivas, técnicas, culturales y relacionales) que le permite evolucionar y ascender desde la inmediatez del vivir (animal) a las condiciones o fuerzas esenciales (capacidades) que estructuran el núcleo de la dignidad: ser natural genérico (implica universalidad), social (implica relación), libertad (implica creación), conciencia (implica reflexión crítica) y praxis (implica trabajo). Estas fuerzas y cualidades inherentemente humanas se han desarrollado dialécticamente para configurar la esencia, ontología o “naturaleza” de la especie durante el proceso de la evolución histórica.

En este devenir, las sociedades humanas se encuentran en un continuo proceso de formación económico, social, político, cultural y ambiental, esto es, en diferentes fases de desarrollo histórico, caracterizadas por el modo de producción y por la superestructura política, jurídica e institucional, por las formas y grados de conciencia social y autoconsciencia individual, una y otras condicionadas correlativamente.

En efecto, los hechos estructurales contribuyen a la formación de la conciencia de cada uno de los grupos específicos en que se diferencia la sociedad (en particular, ciertos cambios en la estructura económica repercuten en la conciencia y en la conducta de los seres humanos) y, recíprocamente, esta conciencia a su vez llega a transformar aquellos hechos estructurales, erigiéndose así en sujeto del proceso sociopolítico, económico y cultural, y no únicamente en su resultado. Frente a los cambios estructurales, a través de las transformaciones en la estructura de carácter psicológico, los individuos y grupos reaccionan de manera de influir ya sea en el mismo sentido de la dirección del cambio social, ya sea en sentido opuesto, bien racional o irracionalmente.

Específicamente, en las sociedades capitalistas el modo de producción de la vida material tiende a dominar el desarrollo de la vida social, política e intelectual; y no podemos concebir este acondicionamiento bajo otra forma que la de un movimiento dialéctico (contradicciones, síntesis, superaciones, totalizaciones, integralidad). Además, la ideología dominante o discurso de la clase dominante tiende a ser la ideología o discurso que dominan frente a otras ideologías o discursos con los que compiten por la hegemonía cultural y las narrativas históricas.

La conciencia del ser humano depende de su existencia real. Sin embargo, el Ser social no produce inmediatamente la “conciencia de clase”. Desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, el pensamiento crítico, la lingüística, la cultura y las formas, niveles y contenidos de conciencia, de una parte, y las estructuras económicas y las relaciones sociales de producción, de otra, la determinación es recíproca. La dialéctica es mutua y circular. El hecho de que el ser social o las formas materiales de producción y reproducción de la existencia determine la conciencia rige solo para el establecimiento de instituciones de dominio, pero no así para las demás instancias supraestructurales. De otra manera, no se comprendería cómo es posible el pensamiento crítico y la autonomía relativa de la conciencia (la cual no tiene sustancialidad independiente o estructura objetual) con independencia del condicionamiento o determinación sectorial del ser social.

Cada fase del desarrollo proporciona un centro de gravedad a la sociedad que le facilita la cohesión cultural, visiones de vida colectiva, un grado de conciencia compartido, una estructura institucional y la integración tecno-económica y sociopolítica características de esa sociedad concreta y grado de desarrollo. La formación social capitalista es dinámica en el sentido que, contrariamente a la sociedad feudal, revoluciona de manera permanente sus propias fuerzas productivas y las relaciones sociales y, por ende, las formas de conciencia.

En paralelo, en el sistema mundo se configura la relación “centro-periferia” definida como la descripción de la división axial del trabajo social de la economía mundo capitalista global, con implicaciones de dominio/dependencia en los fenómenos políticos, sociales, culturales, psicológicos y ambientales. Colombia hace parte de los países periféricos.

La visión integral
La sociedad humana es un todo dinámico en cambio y transformación permanente. El estudio de la sociedad colombiana requiere, de una parte, pensarla como un resultado histórico; pero la comprensión diacrónica de esta sociedad, lejos de pasar por la teoría de la génesis de este resultado, pasa al contrario, de otra parte, por la comprensión sincrónica del funcionamiento del sistema-estructura socioeconómico con sus múltiples determinaciones, relaciones, antagonismos, intereses y conflictos. Esta actitud paradójica evidencia la existencia de dos problemas distintos, en su unidad y disyunción: i) explicar el mecanismo y circunstancias por las cuales la historia produjo como resultado el modo típico de producción actual vigente en el país y su articulación al sistema mundo capitalista (modo de producir los bienes y servicios necesarios a la sociedad para el consumo productivo y personal; este constituye la unidad de las fuerzas productivas y de las relaciones sociales de producción); ii) comprender que este resultado es precisamente una forma orgánica, funcional y operativa de existencia social, y no cualquier existencia. Esta distinción es al mismo tiempo la de un resultado (la formación social específica) y la del funcionamiento de la sociedad como un todo sistémico, complejo, abierto y dinámico.

Todo análisis aparentemente sincrónico o ahistórico depende de y presupone (en general de manera encubierta) un esquema diacrónico, una visión o “filosofía” de la historia, una “narrativa maestra” histórica, en cuyos términos se procesan sus evaluaciones2.

La necesidad de integrar al sistema-estructura funcionalismo (enfoque sincrónico) con la historia (enfoque diacrónico) en la perspectiva de la dialéctica materialista requiere hacer ver que la realidad colombiana se presenta primeramente como una “complejidad horizontal”: se trata de una sociedad que está en posesión de técnicas, conocimientos y de una productividad económica definida, en relación con esas mismas fuerzas productivas, con la estructura socio política, la cultura, el lenguaje y los niveles de conciencia alcanzados que ellas determinan y que vuelve sobre ellas para condicionarlas. El estudio de las diferentes formas, funciones y estructuras que registra la historia de la sociedad colombiana, presenta, a la vez, diferentes niveles y grados de desarrollo, complejas tendencias y sistemas de totalización.

Tenemos así una sociedad cuyos caracteres dependen de grandes conjuntos regionales, nacionales y mundiales que condicionan la integración a los mercados globales y al intelecto de la especie, por ejemplo, y que presenta una multiplicidad de aspectos que tienen que ser descritos y fijados (demográficos, geografía y regiones, cultura, consciencia, visión del mundo compartida colectivamente y lo social, relacionado con el fundamento material, cognitivo, técnico-económico e institucional de esa visión de mundo).

Esta “complejidad horizontal” tiene simultáneamente una “complejidad vertical” o “histórica”: en efecto, en la sociedad colombiana encontramos la coexistencia de formaciones de edad e hitos diferentes en su desarrollo. Ambas complejidades e integraciones reaccionan dialécticamente una sobre otra3.

En las sociedades capitalistas, la economía se ha convertido en el elemento positivamente determinante. En consecuencia, el capital es la potencia económica de la sociedad que lo domina todo. En la sociedad capitalista, la economía se torna en la base directamente determinadora de la conciencia, el lenguaje, las instituciones de dominio y, en general, el proceso de la vida social, política y espiritual. No obstante, dentro del sistema existente, es posible separarse a nivel de conciencia crítica de la determinación sectorial del ser social. El proceso evolutivo se encuentra sujeto a un proceso dialéctico entre la estructura y la superestructura de la sociedad.

Evolución es el despliegue del Espíritu

Evolución significa movimiento, dinámica, antagonismos, lucha, sufrimientos y realizaciones compartidas, humanización y barbarie, trabajo social y transformación colectiva. La evolución es un hecho real que se produce en todo ser vivo, humano y social, con una dirección, un orden, un sentido y un significado, sin que sea lineal, heterónomo o predeterminado por fuera de las condiciones aleatorias y los objetivos y metas proyectadas por los individuos, grupos, clases y especie humana, en condiciones temporales y espaciales concretas. En la historia, todo se desarrolla desde lo más simple hasta lo más complejo y de lo homogéneo a lo heterogéneo. La evolución es integral, esto es, compuesta por partes que constituyen un todo. No hay fronteras en el universo.

El trabajo del filósofo y psicólogo estadounidense Ken Wilber permite elaborar una cartografía contextualizada sobre la visión holoárquica del desarrollo colombiano, desde una mirada integral. De acuerdo con esta visión, la Evolución es el despliegue del Espíritu, desde la Materia hasta la Vida y la Mente, donde ya el Espíritu se torna consciente de sí mismo. En cada una de las fases de la evolución (física, emocional, intelectual, moral, social, económica, política y espiritual de la especie humana) existen patrones recurrentes. Wilber ha logrado desarrollar una visión integradora de “todas las cosas” que describe de manera sistemática, comprehensiva y global el camino del desarrollo del ser humano, el camino de la evolución de la conciencia, el conocimiento y la tecno-ciencia, las culturas y las sociedades, modos de producción e instituciones, desde una perspectiva mundicéntrica y holistica.

Como resultado de esta visión integradora, la herramienta más novedosa y potente que Wilber elaboró es la noción de los cuatro “cuadrantes” del desarrollo. El instrumento se fundamenta en el principio que todo fenómeno humano consta de cuatro dimensiones; para lograr una comprensión integral del mismo es preciso abordarlas todas: lo individual, lo colectivo, lo interior y lo exterior.

Las formas exteriores del desarrollo, por ejemplo, pueden ser valoradas de manera objetiva y empírica pero, como afirma explícitamente Wilber, este tipo de verdad no lleva muy lejos. En su opinión, todo desarrollo comprehensivo y global también posee una dimensión interna, una dimensión subjetiva e interpretativa que está ligada a la conciencia y la introspección. Pero además, el desarrollo, tanto interno como externo, según Wilber, no tienen lugar aisladamente y de manera individual, sino que acontecen en el seno de un contexto social y cultural4 (el diagrama 3 ilustra algunos detalles de los cuatro cuadrantes).

1 Sarmiento, Libardo. (2016). Ontología humana crítica. Ediciones desde abajo, Bogotá D. C. p. 18.
2 Jameson, Frrdric. (2014). Las ideologías de la teoría. Eterna Cadencia Editora, Argentina, p. 84.
3 Henri Lefebvre, citado por Sartre, Jean-Paul. (1982). Obras completas, Tomo III, Filosofía. Aguilar Ediciones, España, p. 956.
4 Para una mayor y rápida comprensión de la teoría wilberiana se puede consultar tres publicaciones: Wilber, Ken. (1996). Una teoría de todo. Editorial Kairós, España; Wilber, Ken. (1997). Breve historia de todas las cosas. Editorial Kairós, España; Grinberg, Miguel. (2005). Ken Wilber y la psicología integral.

  • Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia y desdeabajo.

Información adicional

Colombia y el necesario cambio sistémico
Autor/a: Libardo Sarmiento Anzola
País: Colombia
Región: Suramérica
Fuente: Periódico desdeabajo Nº298, enero 18 - febrero 18 de 2023

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