Definir la educación superior como un servicio público únicamente descarta su carácter de derecho fundamental. Desde los años 80 del siglo XX, el debate y la lucha sobre el presupuesto y la financiación de la universidad pública, que puede parecer un asunto doméstico, tiene un carácter global. La manipulación de cifras y el paramilitarismo en la Universidad caracterizó los dos períodos de Álvaro Uribe (2002-2008). Su gobierno puso como educación universitaria los cursos cortos del Sena.
Si asumimos el reto de un nuevo proyecto civilizador como lo llamó Rodolfo Llinás1, tenemos que garantizar a las nuevas generaciones una formación en artes, ciencias, profesiones y oficios sea en la modalidad profesional universitaria o en la de profesiones intermedias técnicas y tecnológicas. La sociedad debe garantizar ese derecho para que en forma efectiva las nuevas generaciones puedan alcanzar la nueva ciudadanía que un proyecto de esa naturaleza implica. Establecer la doble condición de la educación como derecho fundamental y servicio público suscitará debates que tendrán que avanzar en un consenso político y cultural.
Por el contrario, en sintonía con las premisas del Banco Mundial, durante el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) se planteó la necesidad de un nuevo arreglo económico en educación. Se argumentó que la inversión pública en educación debía circunscribirse a la infancia y la formación básica. El nivel universitario era una obligación y un compromiso de las familias, y no una política gubernamental o estatal. Durante esos años, el planteamiento no se expresaba crudo como lo presentó aquí sino de un modo ambiguo.
Se hablaba del escaso retorno de la inversión pública en la formación universitaria y de los altos retornos que sí tenía en la infancia y la educación básica. Se indicaba que, para países como el nuestro, lo fundamental es adecuar el sistema educativo a las nuevas exigencias de la globalización en cierne, y para esos efectos no se requería una fuerte formación universitaria.
Una propuesta central de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo: el programa para la endogenización de la ciencia y la tecnología requiere como tarea específica la formación de una masa crítica de doctores en ciencias, artes y profesiones. La proporción existente en los países capitalistas más dinámicos es de un doctor por cada mil habitantes. En ese orden de ideas, Colombia debiera formar 45.000 doctores en un tiempo determinado.
Manipulación de cifras y paramilitarismo en la U
Esta infortunada situación tuvo desarrollos peculiares en los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2008). La dimensión delictiva alcanzó cimas impensables en las universidades de la costa atlántica. Los paramilitares impusieron su ley en los centros superiores de los departamentos de Sucre, Córdoba, Cesar, Magdalena y Atlántico, cuya experiencia escabrosa no ha sido procesada todavía en cuanto tiene de trágica.
La otra dimensión correspondiente con el talante del gobierno fue la manipulación de las cifras. Álvaro Uribe reclama como logro el aumento de la matrícula universitaria gracias a las cifras de dos instituciones: el Sena, y la Universidad Abierta y a Distancia. El gobierno puso como educación universitaria las cifras de los cursos cortos del Sena, institución que, bajo la dirección de Darío Montoya, se presentó ante la opinión pública como un nuevo paradigma de universidad.
El núcleo ordenador de esa novedad fue usar la educación virtual para entrenar en el menor tiempo posible a jóvenes en competencias operativas. El señor Montoya explicaba así los cursos del Sena: “Hoy todo es veloz. La gente del Sena tiene ventaja para conseguir empleo. Nuestros programas son acelerados porque la gente viene, aprende, se certifica y se va. No tenemos por qué aguantar muchachos por tiempo largo para darle gusto al sindicato”2.
Esta retórica de capataz que arrea ganado después de marcarlo o certificarlo se presentó durante el gobierno de Uribe como el summun de la eficiencia, la eficacia y la calidad. El libro Al filo de la oportunidad advirtió sobre la necesidad de superar el enfoque de entrenar en destrezas y habilidades o competencias prácticas. En su texto, planteó: “Por el vertiginoso desarrollo tecnológico, esta educación técnica concentrada en destrezas y habilidades muy especializadas rápidamente se vuelve obsoleta. Ello hace obligatorio replantear todo el esquema de la educación técnica y tecnológica, la cual debe orientarse hacia las comprensiones generales y globales de los nuevos instrumentos, y hacia la formación en las competencias básicas requeridas para conocer las lógicas internas y las estructuras de los sistemas y procedimientos. Esta educación requiere un serio componente en ciencias básicas”3.
La Universidad Abierta y a Distancia aportó las otras cifras del supuesto logro de la ampliación de la cobertura. Es un ‘elefante blanco’ en el que un pequeño grupo de burócratas realiza contratos de todo tipo que escapan al escrutinio público, y al parecer igualmente de los organismos de control. Los programas se validan con el argumento de que quien quiera puede inscribirse. La última pretensión de ese grupo fue convertir la simple modalidad de transmisión de información en un sistema llamado sistema nacional de universidad a distancia.
Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo
Tras el gobierno Barco, Cesar Gaviria (1990-1994) asumió en pleno el postulado del Banco Mundial. En su política para el sector (apertura educativa), propuso los ajustes administrativos para adecuar el sistema educativo a las demandas de la globalización. La universidad pública desapareció en la práctica del discurso gubernamental, política criticada de modo radical desde la revista Educación y Cultura, del Centro de Estudios e Investigaciones Docente (CEID) de Fecode4. El argumento central de la crítica fue el sin sentido de una política educativa de ese tipo cuando existía una Constituyente ocupada en diseñar una nueva Carta Política. El tema de los derechos, y especialmente el de la educación, debía tener desarrollos acordes con las posibilidades del nuevo proceso constituyente. Y así ocurrió. La Constitución de 1991 plasmó acuerdos sobre la sociedad, el desarrollo de la cultura artística y científica, y el derecho a la educación sin antecedentes en la historia colombiana.
Estos postulados constitucionales tuvieron desarrollos específicos en la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) y en la Ley 30 de 1992, con el propósito de organizar el servicio público de la educación superior. Las dos leyes tuvieron como horizonte los acuerdos constitucionales. La significación social y cultural de estos hechos llevó al presidente Cesar Gaviria, al final, a convocar la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, en una rectificación tardía de su ceguera política con respecto a la educación y la cultura artística y científica.
En julio de 1994, la Misión, con un prólogo del presidente Cesar Gaviria, presentó el informe Colombia: Al filo de la oportunidad. Después de reivindicar el carácter inaugural de la experiencia de la Asamblea Nacional Constituyente el Presidente, afirmó que “en el empeño de la construcción de esta nueva Colombia fue necesario replantear el aparato político y el económico. Ahora es imperativo fundamental hacer una gran transformación de carácter educativo. Es necesario construir un nuevo orden de profesionales dedicados única y exclusivamente a desafiar la imaginación y la creatividad para trazar las coordenadas de la utopía colombiana a través de la ciencia y el conocimiento”5.
Este informe propuso unas agendas de trabajo, definió las bases para su desarrollo, y estableció los retos y las condiciones desde las cuales había que partir. Asímismo, en sintonía con el nombre del informe, un tono de apremio y compromiso con una oportunidad que no debía desperdiciarse, atravesó la proclama de Gabriel García Márquez y el texto llamado Reto, escrito por Rodolfo Llinás. Este último consignó esa disposición de apremio y compromiso: “Está en juego aquí […] la productividad inteligente, la creatividad humana, la promoción de la ciencia y la tecnología colombianas, y, por ende, el crecimiento económico, la calidad educativa y el bienestar socio-político y económico colombiano en un nuevo proyecto civilizatorio”6.
Libertinaje
Sin embargo, las expectativas creadas por la Ley 30, dos años antes de la elaboración del informe, comenzaban a desvanecerse. El informe lo constató con dramatismo: “La veloz y desordenada expansión cuantitativa de la educación superior ha producido su masificación, de suerte que ha decaído el tiempo efectivo de estudio, así como las exigencias académicas formales.” Y agregaba: “Se nota una excesiva diversificación de programas de pregrados, especializaciones y maestrías. En 1990 había 1.809 programas de pregrado para 560 profesiones, y, con la libertad dada por la Ley 30 de 1992, este número aumenta considerablemente en el último año, sin que las denominaciones correspondan a programas innovadores, seriamente diseñados como respuesta a las necesidades de la sociedad”7.
Cuatro años después de estas críticas, en 1998, el libro Saldo en rojo: crisis en la educación superior, de Constanza Cubillos Reyes, un trabajo de periodismo investigativo, diagnosticó los desafueros que registra, un menú de las prácticas ilegales que el afán de lucro y la irresponsabilidad social comete a nombre de la autonomía universitaria. Su capítulo II, “Libertinaje”, da cuenta de la “veloz y desordenada expansión cuantitativa” de las universidades privadas y la caótica diversificación de pregrados, diplomados y especializaciones.
En un resumen que la autora califica de compacto, dice: “De enero de 1993 a agosto de 1997, el número de carreras creció en un 81 por ciento: pasó de 2.703 a cerca de 4.900. Es decir, en los cinco años de vigencia de la ley se crearon aproximadamente 2.200 programas. En sólo un año, 1995, aparecieron en el sistema de datos del ICFES 621; algo así como 50 programas por mes durante ese año. La Universidad Cooperativa de Colombia es la que más carreras abrió: en la seccional de Bogotá creó 40 programas, 17 pregrados y 23 posgrados”8. No sobra recordar que el fundador rector de esta universidad, César Pérez García, tiene sindicación como responsable intelectual de la masacre de Segovia.
Esta cascada de irregularidades y de acciones delictivas tuvo un muro de contención en las acciones del incipiente sistema de aseguramiento de la calidad. La exigencia de cumplimiento de los requisitos para obtener los registros académicos y acreditar los programas en forma institucional frenó el ritmo de los desafueros. Luego, el propio sistema de aseguramiento de la calidad enfrenta los intentos de pervertir su funcionamiento.
Una nueva ley
Clausurado el ciclo de la política educativa del gobierno Uribe, designada con el término de “revolución educativa”, tal vez con el propósito de degradar la idea de cambio y renovación que conlleva la experiencia humana de la revolución, el gobierno de Juan Manuel Santos y su Ministra proponen una nueva ley para la Universidad.
Por estos días, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, en entrevista del 13 de marzo de 2011, sostuvo que existen nuevos retos para la Universidad que requieren una “reforma profunda”9 que no se puede adelantar con los recursos legales de la Ley 30 de 1992. Por eso, presentarán una nueva ley que implica un viraje con respecto a la anterior Ministra.
En 2009, la ministra Cecilia María Vélez presentó una ley para reformar el artículo 86 de la Ley 30 de 1992. Según ella, la reforma buscaba aumentar los recursos financieros para las universidades públicas y encontrar las formas de su distribución con los incentivos correctos. La propuesta generó un tenso debate. Los rectores de las universidades públicas, con cifras en la mano, consideraron insuficiente la iniciativa gubernamental. Los argumentos, más allá de las precisiones estadísticas y de cálculo, ponían en evidencia el deterioro creciente de las condiciones de funcionamiento global de las universidades en razón del conflicto entre aumento de la matrícula, recursos insuficientes y necesidad de mantener la calidad académica.
La funcionaria destaca el problema financiero como asunto decisivo, que en efecto es así. Pero lo plantea en forma precaria: “El capital privado llega a invertir en todos los sectores. No podemos privar a la educación superior de recibir nuevos recursos de empresarios que pueden ayudarnos a cofinanciar una educación de alta calidad”10. Tradicionalmente, los recursos privados para las universidades fluyen como donaciones o fondos creados por voluntad filantrópica. En empresas de conocimiento complejas como las universidades, no opera el cálculo egoísta y el frío interés capitalista. En ese sentido, no es preciso argumentar como lo hace la ministra: “Como en cualquier negocio o inversión, el empresario tiene que partir de la base de elaborar estudios de factibilidad y retorno de su inversión. Es su decisión”11.
Esa lógica resulta precaria. Las ‘inversiones’ en las universidades de los empresarios exitosos buscan más que un retorno. Son muestras de un propósito de trascender, de ligar su nombre a una obra de significado humano, de acceder a la “gloria inmarcesible” o al “júbilo inmortal”. El afán de lucro tiene poco que hacer en estas empresas. Ahora bien, la propuesta no se reduce a lo financiero y la Ministra manifiesta que el Gobierno busca una discusión ciudadana amplia. Dice: “El Gobierno decidió poner a consideración de los colombianos la reforma para que entiendan sus objetivos y beneficios. Vamos a discutirla con todos los estamentos. Tomaremos el tiempo necesario para explicarla hasta en sus más mínimos detalles”12.
¿Cómo está organizado el proyecto de ley? Tiene 12 títulos. Algunos generarán escasa polémica porque la discusión girará alrededor de cómo garantizar que esas formulaciones legales sean realidad. Un ejemplo: el título X, que trata de la Política de Bienestar. En cambio, el Título I plantea un tema muy polémico. Al definir la educación superior como un servicio público únicamente, no considera el carácter de derecho fundamental que tiene la educación. El título VI trata del régimen financiero. Sus artículos buscan viabilizar la propuesta de introducir el afán de lucro en la formación universitaria de las nuevas generaciones. Este asunto despertó la polémica en curso. A mi juicio, esa propuesta no tiene la posibilidad de salir adelante.
Un título que desatará polémica es el II, sobre las instituciones de educación superior públicas, y más aún el capítulo VI, que trata de gestión, transparencia, eficiencia y buen gobierno. El artículo 50 se ocupa del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, y el 51 crea el registro público nacional de educación superior y establece que el Viceministro de Educación Superior operará y administrará ese registro. En uno de sus parágrafos, faculta al gobierno para expedir la ley que reglamente el registro público nacional de educación superior. El alcance de esta innovación no estará exento de polémicas.
Asimismo, el título V, Sistema de Calidad de la Educación Superior, trata sobre el aseguramiento de la calidad, la acreditación, la evaluación y el fomento de la educación superior. Su artículo 85, plantea sanciones y medidas correctivas, y el parágrafo c) faculta al Ministerio de Educación a tomar posesión de las Instituciones de Educación Superior según la reglamentación que expida el Gobierno.
Estos títulos, II y V, llevaron al rector de la Universidad Nacional a señalar: “Tienen un acento grande en vigilancia y control, y me parece que los ejemplos del mundo indican que funcionan más los programas de fomento e incentivos a la calidad y la cobertura”13. Los recursos de intervención estatal que contempla la ley están orientados a la evaluación, la exigencia de acreditación institucional, y la búsqueda del aseguramiento de la calidad en la academia y la investigación. En ese sentido, el acento en el control y la vigilancia no es dominante.
La propuesta de la ley es oportuna y la disposición gubernamental a debatirla ampliamente es positiva. La existencia de un acervo de trabajos sobre la Universidad es una premisa de primer orden para lograr un debate ilustrado. El informe de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, Colombia: Al filo de la oportunidad, es un documento guía de primer orden.
Faltan 45.000 doctores para un nuevo proyecto civilizador
La expedición de la nueva ley y el compromiso de realizarla permitirá asumir una de las propuestas centrales de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo: el programa para la endogenización de la ciencia y la tecnología frente al cual el informe presenta un diseño de los recursos y las condiciones que una tarea de esa magnitud requiere.
En cuanto a los recursos, hoy cuentan las regalías de la minería y la explotación petrolera. Establecida la ley, la tarea puede organizarse con la decisión del Gobierno y el Congreso. El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) funcionaría como órgano director. El Sistema de Universidades Estatales, las Universidades Privadas con acreditación institucional, los representantes de los colegios profesionales, y las academias científicas y artísticas constituirían el núcleo académico e investigativo responsable de establecer los programas de investigación que vinculen a 45.000 jóvenes profesionales entre 30 y 40 años de edad.
El establecimiento de tales programas pudiera permitir una pauta académica para avanzar en la superación de la dispersión de ofertas de formación vigente en el conjunto del sistema. Cumpliría el cometido propuesto por la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo de conformar una comisión “para sistematizar y reducir el número de programas, carreras y asignaturas, racionalizar la nomenclatura y precisar los perfiles correspondientes de manera que las carreras se ofrezcan por la importancia que tienen para el país y no por sus bajos costos”14.
El actual gobierno proporcionaría las condiciones institucionales para que el CESU, el Sistemas de Universidades Estatales, los representantes de los colegios profesionales y de las academias científicas y artísticas, y las universidades privadas que deseen participar puedan tener para 2013 la oferta de programas de investigación a los cuales se vinculen los aspirantes. En diciembre de 2014 se cerraría el proceso de vinculación. Los gobiernos siguientes (2014-2018 y 2018-2022) asumirían este proyecto como compromiso estatal.
El proceso de formación de los 45.000 doctores catalizaría el programa de endogenización de la ciencia y la tecnología. El informe detalla la organización y las tareas por desarrollar, y como guía práctico-teórica se ajustará en correspondencia con las vicisitudes del trabajo. La fecha límite para la entrega de la tesis doctoral será diciembre de 2019. La clausura de este proceso será el comienzo de uno más ambicioso: el nuevo proyecto civilizador. Se daría así culminación histórica al ciclo que 200 años atrás dio lugar a la lucha por la Independencia.
1 La Misión Ciencia de Educación y Desarrollo presentó el Informe “Colombia: Al filo de la oportunidad” con una proclama de Gabriel García Márquez y el texto llamado Reto, escrito por Rodolfo Llinás Riascos.
2 El Espectador, abril 25 de 2010, p. 15.
3 Colombia: Al filo de la oportunidad. Ed. Magisterio, Bogotá, 2006, p. 96.
4 Ver las revistas Educación y Cultura números 23 y 25.
5 Colombia, op. cit., p. 12.
6 ibídem, p. 44.
7 ibídem, p. 84.
8 Cubillos Reyes C., Saldo en rojo. Ed. Planeta. Bogotá, p. 38.
9 El Tiempo. El reportaje de Yamid. 13.03.2011. p. 3.
10 El Tiempo. íd.
11 íd.
12 íd.
13 El Tiempo. Bogotá, 16.13.2011. p. 15.
14 Colombia, op. cit., p. 142.
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