Resulta pertinente efectuar un escrutinio frente a qué tanto aporta la propuesta gubernamental de reforma a la salud, contenida en el Proyecto de Ley 339 de 2023, a la superación de la fragmentación de la salud de los trabajadores y trabajadoras en el país resultado del modelo actual introducido por la Ley 100/93.
Los problemas de salud derivados del trabajo quedaron sometidos a una estructura paralela entre el Sistema General de Seguridad Social en Salud y el Sistema General de Riesgos Laborales, resultado de lo cual en estas tres décadas (1993–2023) generó una tensión sobre quién garantiza las prestaciones de salud, como económicas, por incapacidad temporal, permanente o invalidez, resultado de presuntos accidentes de trabajo o en caso de presuntas enfermedades laborales, entrando en escena un entramado de procedimientos e instituciones con un alto desgaste para la población laboral1.
Fue así como tomó forma el tema del debate entre Empresas Promotoras de Salud (EPS) y Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), la participación de las Juntas Calificadoras de Invalidez y el empleo de la Justicia Laboral sin lograr satisfacer los derechos de quienes venden su fuerza de trabajo, acompañado de la emergencia de un nuevo tipo de organizaciones sociales que agrupan trabajadores y extrabajadores enfermos en diferentes regiones del país. El repertorio de modalidades de acción que estas organizaciones han desarrollado a lo largo de estos años ha sido amplio y dramático: desde las movilizaciones de la Fundación de las Manos Muertas –Cartagena–, la carpa de extrabajadores enfermos de General Motors Colmotores frente a la Embajada de Estados Unidos –Bogotá–, o las reivindicaciones de la Asociación de Extrabajadores Enfermos por el Asbesto de Skinco Colombit –Manizales–, por recordar solamente algunos de los casos emblemáticos en esta materia2.
Garantía del derecho a la salud en el trabajo muy tenue
La aspiración de los sectores sindicales, de plena garantía del derecho a la salud en el trabajo, se presenta de manera muy tenue en el Proyecto de Ley 339, representada, por un lado, en la ratificación del trabajo entre los determinantes sociales de la salud, como en su momento lo incorporó la Ley Estatutaria y, por el otro, la mención dentro de las funciones de los Centros de Atención Primaria Integral y Resolutiva en Salud la de identificar y prevenir los problemas de salud derivados del trabajo, a la par del reconocimiento de la importancia de garantizar los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en las Entidades Prestadoras de Servicios de Salud. Y pare de contar. pues más allá de esto queda de lado cualquier mención a qué pasará con el Sistema de Riesgos Laborales.
Resalta, asimismo, la ausencia de referencia acerca de la administración privada de los recursos de la seguridad social en materia de los riesgos laborales que, al igual que con las EPS, han generado un valor agregado a expensas de la salud de los y las trabajadoras.
Trabajo y sus protecciones: determinante de la salud
El trabajo, como determinante de la salud, conlleva a una reflexión de las relaciones que se dan entre las reformas a la salud y pensiones, teniendo como telón de fondo la reforma laboral. El país tiene una ventana de oportunidad para construir una política económica que sea soporte para la política social, invirtiendo la ecuación en la que se plantea la política social como aquella que atiende los efectos negativos de la política económica sobre las poblaciones de los sectores medios y bajos de la sociedad. Esta perspectiva ha permitido plantear el debate tanto de sistemas de seguridad social, como de protección social, teniendo los primeros énfasis en una política de pleno empleo y los segundos en la articulación de diferentes estrategias para atender un mundo del trabajo complejo, como el que se presenta en nuestro país, que es formal e informal, urbano y rural.
En este debate es necesario incorporar el reconocimiento a deudas históricas de los modelos de economía y seguridad social con poblaciones como los campesinos y campesinas en el ámbito rural, pero también con la población trabajadora que hace parte de la economía informal en el ámbito urbano, que han sido una parte importante de los excluidos de la seguridad social. También implica reconocer que sobre la mesa no solamente se encuentra el tema de la garantía de acceso a los servicios de salud, sino que igualmente incorpora aspectos de seguridad económica, en el caso de las pensiones frente a la vejez, y en el particular de los riesgos laborales sobre la garantía del ingreso cuando se presenta incapacidad temporal o invalidez.
Tal seguridad económica implica contar con una mirada amplia que garantice los ingresos económicos frente a las diferentes contingencias de la vida, así como frente a la vejez, para lo cual se requiere incorporar en los análisis la integración de mecanismos de protección social, bajo una óptica de comprensión de los diferentes grupos laborales que conforman la realidad del mundo del trabajo en el país.
Cabe aquí mencionar la necesidad de tener en cuenta los retos y oportunidades en materia de salud y protección social que se abren con la configuración del Sistema Nacional de Cuidado, el cual pone de presente el papel de una parte de la población de predominio femenino que contribuye a la atención en salud y da un soporte económico a los grupos sujeto de cuidado, y que históricamente han sido clasificados como población no ocupada, invisibilizando su aporte a la sociedad.
APS para proteger la salud de los y las trabajadoras
La Atención Primaria en Salud (APS), propuesta como pilar de la reforma sanitaria que el gobierno nacional propone, ofrece un potencial importante para fortalecer las acciones de prevención en el mundo del trabajo, tanto formal como informal, así como ampliando la acción de lo urbano a lo rural, para lo cual se requiere que la APS sea tanto familiar y comunitaria, como que cuente con un enfoque de salud laboral. También que, junto al enfoque territorial, pueda incorporar una mirada comprensiva de los procesos de producción y consumo, dentro de los cuales se desempeñan las labores de la población trabajadora colombiana.
De esta forma, en el debate de la reforma a la salud es necesario hacer explícitos aspectos relacionados con los riesgos laborales en dimensiones como el enfoque de la Atención Primaria en Salud, en sus dimensiones preventiva, de diagnóstico precoz y tratamiento oportuno a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tanto en la formalidad como en la informalidad, así como en la dimensión de la administración de los recursos y la orientación para el financiamiento tanto de las prestaciones asistenciales como económicas.
Construir un panorama de conjunto de las implicaciones de la reforma laboral, pensional y de salud, posibilita reconfigurar la política de protección social para así armonizar y buscar las confluencias que le den viabilidad a cada una de estas reformas y al impacto esperado de las mismas, en pro de la equidad y la superación de las grandes dificultades en materia social que padecen muchas poblaciones y territorios del país.
1 Luna-García, Jairo Ernesto (2019), “El modelo de seguridad social en riesgos laborales: entre el seguro público y la administración privada”. En: Decsi Arévalo Hernández, Poder político y mercado en las reformas a la seguridad social, Bogotá, Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Colombia, pp. 335-376.
2 Torres-Tovar, Mauricio, Luchas obreras por la salud en el trabajo en Colombia, Bogotá, Editorial Universidad Nacional de Colombia, 2022.
* Médico. Doctor en Salud Pública. Profesor Titular, Universidad Nacional de Colombia
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