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La razón de la sinrazón

La razón de la sinrazón

Pasó pronto la sensación de tristeza del día siguiente al del plebiscito, mezcla de sorpresa y desconsuelo. Hoy el panorama luce un tanto diferente. No hay más preguntas sobre el resultado. Del lado del gobierno, como era previsible, un reacomodo con la nueva carta que le proporciona el Nobel de Paz; su preocupación está puesta más que todo en la inminente imposición del programa de ajuste económico que comienza con la presentación del proyecto de reforma tributaria. En cambio, del lado de la izquierda y de las organizaciones sociales, que en su abrumadora mayoría promovieron el sí, la recuperación es más inquietante.

 

La reacción inmediata por parte de algunos fue tan simplista como desafiante: no vamos a entregar los logros democráticos de los acuerdos de La Habana por una exigua ventaja del No de alrededor de cincuenta mil votos; ventaja tan aleatoria que con un poco menos de abstención –por ejemplo en la costa Caribe, donde es evidente que la lluvia y las inundaciones debieron limitar la participación– hubiera podido ser al contrario. Algunos días después la argumentación puramente reactiva se había transformado en justificación tranquilizadora: la votación por el No, podía atribuirse, descontando el puñado de seguidores del Centro Democrático, al engaño que esta ultraderecha había logrado con su campaña publicitaria. Las declaraciones de su jefe de campaña, Luis Carlos Vélez Uribe, bastaban para comprobarlo.

 

Recientemente, se han intentado explicaciones un poco más sofisticadas. Al igual que en otras latitudes, los resultados plebiscitarios no hacen más que revelar la profunda crisis histórica de la democracia representativa. Desde luego, esto equivale a reconocer como un funesto error el haber aceptado el plebiscito como mecanismo de refrendación. Pero no importa. Siguiendo el viejo y conocido lugar común según el cual toda crisis encierra una oportunidad, bastaría con atender lo que las mismas fuerzas de la historia nos están indicando: es la hora de intentar un salto cualitativo. El Acuerdo de La Habana, que debe ser respetado en su integridad, se ha convertido ya en un punto de partida para una transformación profunda. El camino es la Asamblea Nacional Constituyente por la paz. ¡Es impresionante la capacidad que tienen algunos para hacer coincidir la línea del “progreso histórico” con su línea política!

 

Los enigmas de la actual movilización por la paz

 

El análisis de la historia, sin embargo, debería brindarnos otras explicaciones. Lo que realmente ha cambiado el panorama, al menos en lo referido a las sensaciones y sentimientos, son las enormes movilizaciones, principalmente juveniles, desarrolladas en todo el país, los días 5 y 12 de octubre; en esta última fecha, por cierto, con una reveladora participación indígena. La consigna agitada describe muy bien su propósito: ¡Acuerdo de paz ya! Evidentemente, es una reacción, hasta cierto punto desesperada, frente a la “sin salida” creada con los resultados del plebiscito y frente a la posible dilación, la cual podría conducir a un abandono de la negociación, con los riesgos de violencia que ello implica. ¿En qué medida es una crítica a la llamada clase política? Probablemente, y dado el componente juvenil, hay mucho de eso, pero en la práctica su alcance es limitado. Se les exige, a los negociadores, que no se levanten de la Mesa hasta que se firme el acuerdo, y que lo hagan lo más pronto posible. En todo caso, lo más significativo es la tensión puesta de manifiesto entre el plebiscito y la movilización, entre la democracia electoral y la democracia callejera. –Aunque es obvio que en este caso la disputa de legitimidades no puede saldarse aquí estadísticamente, es decir, con números, la verdad es que tampoco da para salidas de hecho. Otra cosa hubiera sido en la circunstancia de que las movilizaciones hubiesen antecedido o acompañado la campaña plebiscitaria.

 

La explicación de esta singularidad se encuentra en el marco político en el cual se ha presentado la tensión. Basta con examinar la línea narrativa que recorre todas estas manifestaciones de protesta y exigencia: simplemente el reclamo de paz frente a la realidad de la guerra. En nombre de las víctimas que, como se ha repetido hasta el cansancio, deben “estar en el centro”. Todos debemos arrepentirnos de nuestros errores (¿de intolerancia?). Lo que se impone es un ejercicio de perdón y reconciliación. Por eso lo que menos importa es el contenido del acuerdo. Muy explicable, pero con ello se esfuma el reconocimiento de las causas del conflicto, es decir la comprensión de lo que está en juego en estas negociaciones, y hace que las manifestaciones se orienten en un sentido problemático.

 

En efecto, se ha operado aquí un doble desplazamiento. De una parte, la negociación, se ha desplazado de la contradicción Farc-Gobierno a la aparente “polarización” Santos-Uribe. De otra, el escenario de la paz ha pasado de La Habana a Bogotá, con lo cual, peligrosamente, de llegarse a un acuerdo sobre el contenido del Acuerdo entre estos “polos”, las Farc quedan como un tercero cuya posición puede ser vista con los ojos de quien va a juzgar con toda severidad cualquier respuesta negativa como expresión de intransigencia y terquedad. Es el resultado lógico, como se verá más adelante, del marco que se impuso a lo que debió haber sido una salida política negociada del conflicto armado.

 

Pero el plebiscito sigue ahí…

 

El tipo de movilizaciones en curso, no están, pues, muy lejos de lo que nos indican los resultados del plebiscito. La abstención, que superó el 60 por ciento, fue ciertamente muy alta, pero, en principio, dada la tradición electoral colombiana, no debería sorprendernos. Es más, así había sido previsto por los promotores del plebiscito en La Habana que se cuidaron muy bien de modificar los requisitos, reemplazando el umbral de validez por uno de aprobación de tan sólo cuatro millones y medio de votos. Si acaso, tendría que explicarse la fracción de abstencionistas que en esta oportunidad superó la “normalidad”. Probablemente, bastaría con reconocer dos componentes, uno involuntario, ocasionado por los factores climáticos ya mencionados y otro voluntario atribuible a que esta vez no operaron, por falta de incentivos, en toda su capacidad, las conocidas maquinarias clientelistas.

 

En general, los determinantes de la abstención son los mismos de siempre. Y no es poco lo investigado y escrito sobre este fenómeno, que ciertamente no es una característica original de Colombia. Pero no es necesario detenerse en este punto y mucho menos explayarse en una disquisición sobre los rasgos estructurales de la democracia burguesa en crisis, cuando la coyuntura nos está exigiendo un análisis concreto. La democracia electoral no es, o no debería ser, la expresión por excelencia de la participación popular; es más, como régimen político no es otra cosa que una expresión de la dominación sobre los trabajadores y en general sobre los sectores populares. Pero sí es un indicio de las condiciones en que se encuentran estos últimos y del clima político existente en tal o cual coyuntura y así debe ser tomado. En serio. A veces la participación electoral indica un descontento y una voluntad de cambio que debe ser valorado aunque sólo sea para su transformación. O si no, qué otra cosa nos muestran las victorias de Chávez, Correa, Evo Morales o Lula. Es impensable, porque sería indigna de los intelectuales orgánicos de la izquierda, la actitud cínica de validar la democracia sólo “cuando nos sirve”. Y a veces los plebiscitos han jugado un papel fundamental en el desenlace positivo de ciertas situaciones políticas como, para mencionar apenas un ejemplo, el que se realizó en Chile en tiempos de Pinochet. Por eso han convocado una alta participación. Lo cierto, lo verdaderamente importante, es que hoy en Colombia, a juzgar por lo sucedido, para la población esta consulta, y en contra de la publicidad, no representaba un hecho histórico. No pudo vencer ni el rechazo ni el escepticismo. Ese es un dato de la realidad política que estamos obligados a tener en cuenta.

 

Un principio de explicación se encuentra en la forma como hemos llegado, después de más de cuatro años de negociación, a este momento decisivo. Anteriormente hemos hablado de solución política negociada del conflicto armado. Pues bien, esto es justamente lo que no ha estado presente en el imaginario político del país. Contrariamente a lo que se suele argumentar, más con el deseo que con la razón, el proceso ha sido conducido, de manera abrumadora, por el establecimiento. Santos y Uribe por igual. No es cierto, como se dijo en las elecciones presidenciales pasadas, que si bien compartían el enfoque de política económica neoliberal se diferenciaban en el tema de la paz. En este enfoque también han estado de acuerdo; la diferencia, exagerada por razones político-electorales, es de puro pragmatismo. Para ambos se trata del sometimiento de un grupo criminal que si bien ha sido debilitado militarmente, conserva una capacidad significativa de destrucción y desestabilización. Para Santos, a diferencia de Uribe, había llegado el momento de poner fin a la amenaza a través de una negociación porque los costos del enfrentamiento bélico ya eran superiores (e inconvenientes desde el punto de vista del modelo económico) a las ventajas de una posible pero lejana rendición del enemigo. Tal es el significado de la expresión “paz imperfecta” que terminaron por aceptar hasta los demócratas y progresistas, todos partidarios del Sí, lo cual equivale a que el referente de perfección es la rendición o sea el mínimo de “concesiones” para las Farc. Es el contenido de las discusiones sobre la “impunidad” y lo que es peor, de las reclamaciones actuales, al parecer aceptadas por la mayoría de los movilizados, de “perfeccionamiento” del Acuerdo a través de los “ajustes” al famoso texto de las 297 páginas.

 

¿Hasta qué punto se ha visto como una resolución histórica?

 

Esta es la realidad innegable. No existe un clima, un ambiente cultural, una sensación de cambio histórico que debería, en el plano de la teoría, suceder a la inminencia de la finalización de un conflicto armado que hunde sus raíces en lo más profundo de la historia del país. Ni siquiera como sucedió con el Frente Nacional, o con la Asamblea Constituyente a principios de los años noventa. Por eso es tan grave la ignorancia o la omisión deliberada de las causas del conflicto, para no mencionar la referencia a la resistencia campesina que sólo está en boca de algunos pocos. Es cierto que no podíamos esperar que los militantes de las Farc fuesen recibidos como unos héroes, pero tampoco es admisible, ni justo, que terminaran convertidos en un grupo de criminales cuyo único destino tenía que ser el arrepentimiento y la búsqueda de perdón. –Para quienes se preocupan de la “impunidad”, por cierto, habría que decirles que, así como están las cosas, ya han recibido un castigo, uno que ya ha sido excluido de muchos ordenamientos constitucionales, el escarnio público que es lo peor que le puede suceder a una organización política–. Y lo que es más importante. Para que este desenlace de la confrontación militar fuese un hecho histórico tendría que haberse planteado un juicio de conjunto. Un juicio de las relaciones de poder que han existido hasta hoy. Es verdad que la izquierda, en general, insiste en una caracterización como ésta; sin embargo, por desgracia, lo que se impuso como narrativa y condiciones de la pugna política ha sido la otra. Cuando se habla de víctimas, por ejemplo, se refiere, en la práctica a las “víctimas de las Farc”. La estrategia paramilitar, de la cual son sólo una expresión los grupos paramilitares, parece haber quedado en un pasado olvidable, como si la ley de sometimiento de Uribe hubiese sido la primera cuota del esfuerzo de paz.
En fin, el acontecimiento que estamos viviendo y que condujo a la consulta ha quedado como un simple trámite para el desarme de un grupo armado ilegal. Pese a la magnificación que han intentado tanto Santos como las Farc. El primero para vender la idea de paz (nacional e internacionalmente) indispensable para la atracción de inversión extranjera y de la “ayuda” de la comunidad internacional tan necesaria en épocas de crisis. Y las Farc, seguras, ellas sí, del significado histórico, para ponderar las virtudes del acuerdo cuyas potencialidades democráticas, a su juicio, solamente necesitarían del esfuerzo ulterior de los movimientos sociales. La realidad, sin embargo, es tozuda. La idea de la gran transformación histórica no ha convencido ni siquiera a la mayoría de los votantes por el sí. No fue posible vencer el escepticismo, sobre todo el de quienes creen que todo es una nueva mentira y nada va a cambiar.

 

 

 

Las razones ocultas del No

 

Son, pues, estas circunstancias del contexto político las que explican también buena parte del voto por el No. Es cierto que el Sí triunfó en las áreas rurales, especialmente las más afectadas por el conflicto, y el No en las grandes ciudades con la notable excepción de Bogotá. Pero no es una constatación propiamente tranquilizadora. La reacción rural no forzosamente corresponde a una comprensión del hecho histórico, en los términos en que acabamos de proponerlo, sino más bien al desgaste producido por tantos años de dolor. Salvo algunas contadas excepciones, es posible que tal reacción se acerque a la actitud de quienes piensan que es preciso intentar la paz, de una vez por todas. Como sea. Pero más revelador aún es el hecho incontrovertible de que, rural o urbano, el número de votos por el No haya sido tan alto. Sin ninguna consideración pragmática y corriendo el riesgo de una prolongación de la guerra. Algo tiene que haber en la mentalidad del pueblo colombiano. La campaña publicitaria del Uribismo (por cierto menos poderosa, en un hecho sin precedentes, que la propaganda oficial y de muchas empresas nacionales y extranjeras) debió incidir en alguna medida, pero ¿qué razones hicieron que cayera en un terreno fértil?

 

Dadas las circunstancias mencionadas, es claro que incluso la motivación del Sí era débil. Basta releer las declaraciones de los políticos y las columnas de muchos de los que consideramos demócratas y progresistas. ¡Queremos desarmar las Farc! Como sea. Aunque tengamos que “tragarnos algunos sapos”. Pero la mayor contribución al No, la hizo la campaña oficial del Sí. En efecto, Santos presentó siempre, hábilmente, el voto afirmativo como un respaldo a su gestión de Gobierno. Escaso efecto tuvo la campaña desesperada de la fracción del Polo que acuñó la consigna “plebiscito Sí, Santos No”. De manera que la oposición terminó canalizada por el uribismo. Y éste, a su vez, tuvo la inteligencia de confundir sus críticas al Acuerdo con las críticas a las políticas de Santos.

 

Muchos de los temas ni siquiera estaban en el Acuerdo, por lo menos como puntos fundamentales. Tal el caso de la “ideología de género” que se apoyaba, más bien, en la ridícula disputa de las cartillas. O la amenaza de la reforma agraria que, en realidad, tenía que ver con la aplicación de la Ley de víctimas y restitución de tierras. Y lo más impactante en relación con los temores de los trabajadores: la reducción de las pensiones que tiene que ver, en verdad, con el anuncio de comenzar a gravarlas, y los incrementos de impuestos que no demoran en decretarse por cuenta de la reforma que se acaba de presentar. Casi no hubo tema de la política económica y social, pasada y futura, que no se le cargara a la cuenta del Acuerdo. Entre tanto, Santos mentía descaradamente, pregonando que el fin del conflicto traería un escenario paradisíaco. La única excepción ha sido el asunto de la “impunidad”, que no hubiera tenido tanto éxito si no fuera por las circunstancias en que se propuso la negociación. En términos pedestres, una discusión sobre el tamaño del “sapo”.

 

El revoltillo, bien organizado, tuvo éxito. Entró en sintonía con los fundados temores de los sectores populares. No se tiene en cuenta, por supuesto, que ya existe una enorme crisis fiscal; el recorte del gasto público y el incremento de los impuestos se atribuyen falsamente a la necesidad de “financiar a las Farc”. Y Santos no está interesado en corregirlo. Lo peor es que la dilación tiende a dar la razón a Uribe en la medida en que ya se están viendo claras las amenazas. Así las cosas era difícil vencer el escepticismo. Y lo es todavía.

 

Hacia una recuperación de la política

 

En fin, utilizando el socorrido tópico, podríamos concluir que los retos que se nos plantean no son pocos. Así como hay una real fatiga con la violencia, que ha dado lugar a una de las mayores movilizaciones de los últimos tiempos, también es cierto que hay una mentalidad que, superficialmente, puede calificarse de “derecha”. Desde la época de Uribe, con sus grandes manifestaciones y sus no despreciables volúmenes de votación. Una ilustración es el rechazo al imaginado engendro del “Castro-chavismo”. Probablemente influye la desastrosa situación en que se encuentra Venezuela, que para los colombianos no es un simple rumor lejano. No es tan generalizado como se cree pero toca un aspecto que, para quienes seguimos buscando una transformación radical de la sociedad, resulta fundamental. Se trata de la necesaria ideación de una posible alternativa social y política.

 

Porque, en realidad, la mentalidad descrita no está exenta de complejidad. No falta allí el rechazo frente a muchas de las características del actual modelo económico. No sería extraño encontrar muchas personas que, simultáneamente, rechazan y enfrentan la gran minería o el latifundio; la especulación financiera o la precarización laboral; las múltiples discriminaciones o la crisis del sistema de salud, y hasta la política económica. Es por eso que el uribismo, al igual que en su momento el fascismo, se presenta, en los discursos, como una derecha populista. El problema consiste, entonces, en que estas personas, que pueden ser muchas, no logran reconstruir en su conciencia el modelo que habría de rechazarse. Y mucho menos alcanzan a representarse la imagen de un orden alternativo. Pero no es imposible. Se trata de retomar los hilos de las resistencias, locales, parciales, individuales, para tejer un amplio movimiento que, abandonando el reivindicacionismo egoísta, esté en capacidad de redefinir la política. Es, entre otras cosas, una condición imprescindible de cualquier proceso popular Constituyente. El punto de partida, eso sí, es una simple y coloquial recomendación: ¡Por favor, no nos digamos mentiras!

Información adicional

A propósito de los resultados del plebiscito
Autor/a: Héctor-León Moncayo S.
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