El corregimiento de Santa María del Darién, municipio de Unguía, Chocó, es un lugar al que no se llega por carretera: la única forma de entrar es por agua. Desde el muelle turístico de Turbo se toma una lancha –o “panga”, como la llaman los habitantes– durante hora y media para atravesar mar, río y manglar. Mientras navegábamos, abrí Google Maps para seguir la ruta, pero el camino fluvial no existe en los satélites. Mientras en la pantalla se veía tierra firme, nosotros nos desplazábamos por canales de agua que la tecnología no registra.
Después de recorrer un trayecto cada vez más angosto, entre casas flotantes y caseríos de pescadores, divisamos el puerto de Santa María del Darién. Al llegar, todo el mundo sabe quién eres, porque nadie entra sin que la comunidad lo permita.
En este territorio convergen problemáticas sociales, culturales, políticas y ambientales. Sin embargo, ninguna de ellas puede explicarse por separado de un hecho que atraviesa la vida cotidiana: las relaciones entre paramilitares, ganaderos y narcotraficantes “mandan la parada”. En Santa María es posible ver niños y jóvenes a caballo o en moto, con radios, y cobrando vacunas. Los pobladores conviven con esta situación porque “el grupo” les brinda seguridad, forma parte de la comunidad y los consideran dueños del territorio: sus integrantes deciden quién entra, quién sale y quién puede permanecer, están presentes en cada broche, en cada entrada. También han construido las redes de distribución de agua y manejan la energía eléctrica mediante paneles solares. Es decir, han abastecido y sostenido a la comunidad, y estas acciones les han otorgado poder ante la población.
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