La norma otorga más flexibilidad a los empresarios para adaptar el horario laboral y el salario a las condiciones del mercado a partir de acuerdos alcanzados por una mayoría simple con los trabajadores
El Gobierno francés dijo el jueves que limitaría las indemnizaciones por despidos considerados improcedentes y otorgaría a las empresas más flexibilidad para adaptar la remuneración y las horas de trabajo a las condiciones del mercado, en una reforma laboral que el mayor sindicato de Francia calificó de decepcionante.
La reforma, la primera iniciativa de política importante del presidente Emmanuel Macron desde su elección en mayo, es también la primera gran prueba de sus planes para reformar la segunda economía de la zona euro.
Durante décadas, gobiernos de izquierda y derecha han tratado de reformar las estrictas normas laborales de Francia, pero siempre las han diluido ante las protestas callejeras.
La ministra de Trabajo, Muriel Penicaud, describió la reforma como “una transformación de las normas laborales a una escala sin precedentes”.
El primer ministro, Edouard Philippe, la consideró necesaria para luchar contra el elevado nivel de desempleo de Francia. “La realidad es que para los ejecutivos, especialmente de las pequeñas empresas, y los inversores extranjeros, la actual ley laboral se considera un freno a la contratación y la inversión”, dijo Philippe.
Los decretos otorgan a las empresas más poder para adaptar el horario laboral y el salario a las condiciones del mercado a partir de acuerdos alcanzados por una mayoría simple entre empresarios y trabajadores.
La indemnización por despido considerado improcedente por un tribunal laboral se fijaría en tres meses de salario por haber estado dos años en la compañía, ampliándose progresivamente la cantidad en función del tiempo contratado en la empresa, dijeron los sindicatos. En una concesión a los sindicatos, la indemnización normal por despido se incrementaría desde el 20% del salario por cada año en una compañía a un 25%.
Oposición de los sindicatos
El Gobierno, que ya cuenta con el respaldo parlamentario para la reforma, consultó con los sindicatos durante semanas mientras redactaba sus planes.
“Todos nuestros temores han sido confirmados”, dijo Philippe Martinez, líder del sindicato CGT, después de que el gobierno presentara los decretos a sindicatos y empresarios. Dijo que el sindicato seguiría adelante con su plan para llevar a cabo una protesta el 12 de septiembre.
El mayor sindicato de Francia, el reformista CFDT, dijo que estaba decepcionado con lo que significaba una oportunidad perdida para mejorar las relaciones laborales, pero añadió que no llamaría a una huelga contra las reformas. “Esta reforma no ha estado a la altura de las circunstancias”, dijo a periodistas el líder de la CFDT, Laurent Berger, pero añadió: “Tomar a las calles no es la única forma de acción para los sindicatos”.
La reforma daría más flexibilidad a las pequeñas empresas en particular, permitiendo negociaciones directas en las compañías con menos de 50 trabajadores entre los empresarios y un representante del personal que no necesariamente tiene que estar sindicado.
El ámbito laboral es una prueba de la voluntad de Macron para impulsar unas reformas que han dividido a los votantes franceses, pero que están siendo seguidas de cerca por inversores y países como Alemania, que quieren ver cambios en la segunda mayor economía de la zona euro.
Como contrapartida, las indemnizaciones por despidos legales —es decir, no improcedentes— aumentan un 25%.
La reforma da margen a patrones y trabajadores para negociar acuerdos en el ámbito de las empresas en cuestiones como el tiempo de trabajo o la remuneración. La idea es descentralizar, acercar al terreno las negociaciones laborales, y permitir la adaptación a los vaivenes de la coyuntura.
Francia facilitará a los inversores extranjeros los despidos cuando estos pasen por dificultades económicas, una medida destinada a atraer a las empresas multinacionales. Hasta ahora las autoridades francesas debían tener en cuenta la situación de la empresa en todos los países donde operaba; ahora bastará con que las cosas le vayan mal en Francia.
Otras medida clave son la fusión en una sola las múltiples instancias en las que hoy están representados los trabajadores de una empresa, y la posibilidad de negociar en las empresas de menos de 50 trabajadores sin pasar por los sindicatos y esquivando los acuerdos sectoriales.
“Nuestro objetivo es simple: favorecer la creación de empleo aportando mucha más seguridad y visibilidad a los jefes de empresa en la decisión de contratar, y más garantías a los asalariados”, dijo el primer ministro Édouard Philippe al presentar las propuestas. Para Pierre Gattaz, el jefe del Medef, la patronal francesa, el proyecto puede “hacer volver la confianza y hacer volver, a fin de cuentas, el empleo”.
Con sus 3.334 páginas y sus cubiertas rojas, el Código Laboral, que desde 1910 integra las leyes que regulan el mundo del trabajo, es una especie de Biblia civil del modelo social francés. Cualquier modificación sustancial es arriesgada.
“Se han confirmado todos nuestros temores. Esto es el fin del contrato laboral”, dijo Philippe Martinez, jefe del sindicato CGT.
Por separado, las propuestas son técnicas, y es discutible que la reforma en su conjunto vaya a ser el electrochoque neoliberal que denuncian algunos de sus críticos. Pero en su conjunto representa el inicio de un giro de Francia, uno de los países con leyes laborales más rígidas en el mundo desarrollado, hacia los principios de la llamada flexiseguridad, la combinación de flexibilidad para las empresas y seguridad para los trabajadores. La flexiseguridad aplicada en Escandinavia en los años noventa, la tercera vía de Tony Blair, o la Agenda 2010 de Gerhard Schröder en Alemania, están más cerca del modelo de Macron que las recetas Margaret Thatcher en el Reino Unido.
No se entiende el alcance de la reforma laboral sin tener en cuenta que es el primer capítulo de una serie de reformas, que incluirán el seguro de desempleo y la formación profesional.
Con una tasa de paro en Francia del 9,5% y un nivel de déficit que lleva una década vulnerando las normas europeas, Macron cree que es urgente poner en marcha las reformas para recobrar la credibilidad ante los socios de la UE, en particular Alemania.
Por ahora, la oposición a la reforma laboral de Macron parece menor a la que afrontó la última reforma, bajo el presidente de François Hollande. El 12 de septiembre la CGT participará en una “jornada de acción y huelga”, y el 23 de septiembre será el partido de izquierda La Francia Insumisa, el que se manifestará. Su líder, Jean-Luc Mélenchon, califica la reforma de “golpe de estado social”. Pero es llamativo que ni CFDT ni Fuerza Obrera —los principales sindicatos, junto a la CGT— vayan a sumarse a la protesta. No se antoja fácil movilizar a decenas de miles de personas y paralizar un país con cuestiones aparentemente técnicas como el baremo de las indemnizaciones o las instancias de representación laboral.
El 22 de septiembre las ordenanzas —el nombre que reciben estos textos, una vía exprés legislativa que elude el farragoso proceso de debates y enmiendas parlamentarias— se adoptarán en el Consejo de Ministros, y unos días después entrarán en vigor. Requerirán el voto posterior del Parlamento, donde Macron dispone de una mayoría cómoda, para convertirse en ley.
31/08/2017 16:36 Actualizado: 31/08/2017 17:00
Leigh Thomas y Ingrid Melander / REUTERS
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