Las madres comunitarias que trabajan con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) no cesan su denuncia. Desde febrero del año en curso denuncian la decisión oficial de terminar con los programas tradicionales de Instituto, sosten fundamental de los cuales ha sido la incansalbe labor de miles de mujeres por todo el país a lo largo de por lo menos los últimos 30 años.
Abril llegó con miles de mujeres movilizadas en defensa de los derechos de los niños y niñas más pobres de nuestro país, así como de su derecho al trabajo. En efecto, el lunes 4 arrancó el paro nacional indefinido de las Madres Comunitarias. Su presencia se hizo sentir en varias ciudades del país, igual al inicio del segundo día de paro, donde cientos de mujeres ocuparon avenidas en ciudades capitales. A su inconformidad se suma la denuncia por las pésimas condiciones laborales a las que el Icbf las some y los pocos recursos que el Estado gira para el cuidado y la alimentación de los niños y niñas que ellas tienen a cargo.
Las Madres Comunitarias, que dependen totalmente de los recursos del Estado para su funcionamiento y sostenimiento, viven una pauperización paulatina en la calidad de la asistencia gubernamental, así como la tercerización en la prestación de algunos servicios alimenticios y dotacionales, pues al parecer la disminución en la calidad de los productos que reciben responde a la ganancia que las empresas contratadas buscan obtener.
Niños y niñas los principales perjudicados
Sus denuncias más importantes están basadas en que miles de niños y niñas no han podido ser atendidos este año debido a que aún existen falencias en la infraestructura del nuevo modelo implementado. Esto ha traído como consecuencia la muerte de niñas y niños por desnutrición o por condiciones de desatención. Según Sintracihobi estas denuncias han sido reportadas en la sede nacional del Icbf sin recibir alguna respuesta.
El día 18 de febrero de este año las Madres Comunitarias citaron a la directora del Icbf, Cristina Plazas Michelsen, a una audiencia pública que tuvo desarrollo en la sede central del Instituto. Allí denunciaron abiertamente la lamentable situación que viven los niños atendidos a nivel nacional. Entre las denuncias más destacadas se encuentra la miserable minuta de alimentación (seguimiento nutricional y alimenticio) que otorga el Icbf para la atención de las niñas y los niños a nivel nacional. Desde este año este Instituto aumentó una ración más de alimentación para los niños, pero el Estado no aumentó el presupuesto para esa nueva ración de comida.
Las Madres Comunitarias reciben $ 2 mil 500 por día para la alimentación de cada niño que está a su cuidado, dinero con el cual deben garantizarle desayuno, y las onces de la tarde. Ahora, con ese mismo dinero, tienen que garantizar, además de los platos ya relacionados la media mañana. Es decir, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar les aumentó sus obligaciones sin incrementar el aporte en dinero.
Derechos laborales no reconocidos
Además de las graves falencias en la administración de insumos para la alimentación y la educación de las niñas y los niños, las Madres Comunitarias también están afectadas por el incumplimiento de algunos acuerdos pactados. El Ministerio de Trabajo y el Icbf les han incumplido con su contrato laboral. Desde 2013 están vinculadas laboralmente y se pactó que sus contratos serían a término indefinido, pero nunca ha sido así. Los contratos son por término definido, por tres o cuatro meses, máximo seis, lo que genera la interrumpción de las prestaciones sociales y que las liquidaciones no lleguen completas.
Esta inestabilidad laboral, denuncian representantes de Sintracihobi, se agudizó desde el 2015, cuando tomó cuerpo la iniciativa del Banco Nacional de Oferentes, la cual es una “invitación pública” a todos los interesados en participar en los programas de primera infancia, que cuenten con músculo financiero y experiencia al cuidado de la infancia y adolescencia. La puesta en marcha de este sistema fue nefasta para el personal de las programas de Icbf, los niños a su cargo y las asociaciones de padres de familia, debido a que las pusieron a competir contra los operadores privados –que cuentan con una amplia capacidad económica–, operadores muchas veces elegidos a dedo por funcionarios del Instituto con intereses monetarios o con situación de cercanía con los mismos, evidenciando la corrupción con la que en algunas regiones realizaron el proceso de contratación.
Esto ha obligado a las madres comunitarias a solicitar contratos con operadores privados, a menudo sin ser recibidas por estos a pesar de que la directriz del Icbf es la de contratación obligatoria.
Las madres comunitarias sin pensión
Estas injusticias provocaron la deserción de las madres vinculadas al programa desde hace más años, muchas de ellas fundadoras del Programa, dejando esta labor sin haber sido reconocidos sus derechos prestacionales, adeudados por el Estado desde hace tantos años. Estos derechos desde el 2014 son motivo de litigio laboral por parte de las Madres. Tienen ellas claro que el Estado, y no los intermediarios, es quien les debe su derecho a pensión y contra él encausan sus esfuerzos. Por el momento éste las quiere despachar con un bono equivalente a $ 200.000 por veinte y hasta treinta años de servicio, todo un insulto y una violación a los derechos fundamentales.
Estas y otras reivindicaciones están relacionadas en su pliego de peticiones, en el cual está resumida una lucha de muchos años, diversidad de derechos violados por el Estado y los mismos derechos de las niñas y niños de los sectores populares los cuale continúan vistos por el Estado como sujetos de segunda clase.
Expresiones desde algunas regiones
Bolívar
Las madres comunitarias del departamento se unen así al paro nacional indefinido que busca crear una mesa de negociación para debatir un pliego de peticiones en los que se resalta el pago de seguridad social, pensión y calidad alimentaria para los niños bajo su protección.
“Quedamos desafiliadas de la seguridad social y tenemos muchas madres comunitarias enfermas que hasta el momento no han sido atendidas. Le exigimos al Estado contrato indefinido, pensión digna para aquellas que lo necesiten, que son las enfermas y mayores de 70 años”, denunció, Eduviges Campos, quien viajó desde Cartagena al paro indefinido frente a las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Bogotá.
Santander
Alrededor de 200 madres comunitarias salieron a protestar en la mañana de este lunes 4 de abril al parque García Rovira, frente a la gobernación de Santander, para exigir mejores condiciones laborales y un aumento en el presupuesto de alimentación por niño.
Diana Patricia Arguello, lideresa de las madres comunitarias en el departamento aseguró que “si hay desnutrición en Colombia no es por culpa de las madres comunitarias, sino del Estado. Si no aumentan los recursos entonces que quiten una de las raciones de comida, que vuelvan a ser tres raciones diarias, como era el año pasado y no cuatro como en la actualidad”.
Pereira
Cerca de 400 madres comunitarias de Pereira se unieron a la protesta para reclamar por mejores condiciones labores; entre otras peticiones.
Bárbara Oviedo Ospina, fiscal del Sindicato de Madres Comunitarias de Pereira afirmó, “estamos peleando los derechos porque a las madres comunitarias les están cerrando los hogares y no los quieren volver a abrir; adicionalmente quieren volver la modalidad satelital, es decir que van a agrupar los hogares tradicionales en una sola sede. También reclamamos porque no es justo que mamitas de más de 70 años sigan laborando. Incluso hay mamitas que se han muerto sin recibir nunca una pensión”.
Entre las peticiones de las madres comunitarias también se encuentra la reducción de la presión laboral a que están sometidas por causa de los altos estándares de calidad demandados por el Icbf –a través de sus intermediarios–, los cuales exigen que una sola persona haga lo que le corresponde a diferentes profesionales.
La Guajira
La madre comunitaria Nelly de la Hoz aseguró que se ve obligada a racionar la poca comida que recibe por parte de la entidad. “Me veo obligada a hacer una sopa para 12 niños con solo 6 onzas de frijoles”, dijo De la Hoz,
Pliego de exigencias
1. Vinculación con contrato a término indefinido directamente con el Icbf para quienes laboran en los programas de primera infancia y adolescencia, para permitir la estabilidad laboral de las madres trabajadoras. Dar continuidad entre diciembre y enero para el pago de este último mes bajo contrato laboral y todas las prestaciones que representa, así como la certeza de contar todo el año con seguridad social.
2. Pensión digna que abarque todos los años en los cuales se prestó el servicio a la primera infancia y adolescencia, independientemente de la modalidad en la cual se haya desempeñado la madre.
3. Revocar el banco de oferentes y permitir que las asociaciones que históricamente han venido contratando con el Icbf y han cumplido estándares de calidad lo continúen haciendo en el manejo de los recursos de los niños y niñas. Para ello se exige que todas las asociaciones que contrataron en el 2015 lo hagan actualmente para no generar más traumatismos en la atención de los niños y niñas y se brinde la capacitación necesaria para fortalecer administrativamente las asociaciones y capacitar a sus integrantes en la correcta administración de los recursos para poder garantizar la calidad del servicio.
4. Igualdad presupuestal en términos locativos —arriendo— y de canasta para los programas tradicionales frente a la estrategia de ‘Cero a Siempre’. Frente a este punto, se rechaza deliberadamente la propuesta de Bienestar Familiar de los programas de hogares integrales, por vulnerar la privacidad y la propiedad privada, por eso se exige la equidad presupuestal, con garantías reales sobre los inmuebles de las madres y garantía de una igualdad laboral. Exigimos que la modalidad Fami no atienda por fuera de su casa, y además se cubran para HCB, HI y HCB Fami todos los rubros necesarios para alistamiento como pintura, adecuación, auxiliar operativo, entre otros, que permita que las modalidades tradicionales puedan brindad una atención gratuita.
5. Las madres Fami deben tener la opción de trabajar tiempo completo y continuar con su calidad de madre comunitaria tradicional Fami. Adicional a esto debe existir igualdad entre el complemento alimenticio que se entrega para la modalidad Fami con el entregado en la modalidad familiar.
6. La contrapartida exigida a las asociaciones en la vigencia 2016 debe ser eliminada, y las asociaciones y operadores que firmaron este año el documento entregado no debe afectar el salario o prestaciones sociales de las madres y trabajadoras.
7. En consonancia con el memorando emitido en el mes de febrero, en el cual se expresa la obligatoriedad de vinculación de las madres comunitarias para los operadores, se rechaza deliberadamente la disposición del párrafo 3° en el cual se da la disposición clara de que las madres comunitarias transitadas a modalidad familiar y CDI, por el hecho de pasar a los programas de ‘Cero a Siempre’ pierden la calidad de madre comunitaria. Exigimos se retire este mandato expreso por parte del Icbf y se respeten los derechos adquiridos de las madres transitadas, manteniendo su estatus de madre comunitaria.
8. Las madres sustitutas deben ser cubiertas en su totalidad por parte del Icbf en los montos correspondientes a salud y pensión.
9. Los perfiles laborales de las modalidades: madre comunitaria, Fami, modalidad familiar y CDI deben ser respetados y remunerados justamente teniendo en cuenta los criterios de formación académica, pero más importante aun reconociendo la experiencia y todos los años de servicio que han prestado las madres trabajadoras en los programas de primera infancia. Este último criterio debe ser determinante para realizar un reajuste salarial a las madres con mayor experiencia.
10. En caso de que exista el cierre de un hogar o la renuncia temporal o definitiva de la madre trabajadora, cuando se logre la reapertura del mismo, debe hacerse en la modalidad que históricamente ha desarrollado, no en una modalidad integral como se está obligando por parte de algunas regionales.
11. Se debe revisar integralmente los estándares aplicados en los últimos años por parte del Icbf, ya que son lesivos para las madres trabajadoras, su estabilidad, e imponen condiciones imposibles y difíciles de cumplir por parte de los hogares tradicionales.
12. Se exige el pago de las prestaciones sociales independientemente, si existe contrato laboral para las trabajadoras de todas las modalidades. De igual manera el pago de enero debe ser reconocido para las madres trabajadoras de CDI, modalidad familiar y hogares infantiles.
Leave a Reply