La Ocde publicó el pasado 10 de diciembre un estudio acerca del sistema de salud y el 20 de enero otro acerca del mercado laboral y políticas sociales de nuestro país en lo que respecta al 2015. Con estos informes ya son 162 los estudios que desde su conformación en 1961 esta organizació realiza sobre Colombia. El primero, que data de noviembre de 1998, versó sobre la educación vocacional.
En los últimos años estos estudios han evaluado metódicamente los diversos factores de la vida colombiana en el sector financiero, judicial, educativo, etcétera; todo ello con miras a una posible adhesión de nuestro país a dicha organización, para lo cual debe cumplir con decenas y centenares de exigencias, las que han motivado al establecimiento a propiciar la concreción de una serie de reformas en el Estado que de mirarse por separado pueden pasar desapercibidas, pero al detallarlas de conjunto nos puede dejar boquiabiertos e indignados. Podemos encontrar las siguientes características en los estudios mencionados al principio
Qué dice de la salud
Los estudios desarrollados por la Ocde en Colombia la llevan a confirmar que en nuestro país, desde 1990 y hasta la fecha, la cobertura en salud entre los sectores más empobrecidos ha crecido en un 97 por ciento. Crecimiento fundamentado con mayor impacto en las zonas rurales marginadas, lo que se traduce en atención más equitativa.
Para poder profundizar en la calidad de este servicio, la Organización llama la atención sobre la sustentabilidad financiera del mismo, ‘recomendando’ para lograrlo el control de los precios en los servicios de salud y en las Entidades Promotoras de Salud (Eps) las cuales trabajan más como empresas privadas –sin un compromiso real con los usuarios, los proveedores y los trabajadores–, buscando más el beneficio particular y la acumulación de ganancias que servir como entidades encargadas de ofrecer una prestación eficiente y eficaz de salud, lo que en últimas es su misión.
En igual perspectiva llama a garantizar en los próximos años más exigencia y actuación transparente en las Eps e Ips, enfocadas en un sistema de salud con resultados óptimos para los sectores populares, que sean sostenibles y libres de corrupción. Asimismo, la necesidad de cambiar los sistemas de pagos en cuanto a los primeros niveles de atención se refiere, aumentando la cantidad de especialistas en prevención y en manejo de enfermedades crónicas, tales como la diabetes y el cáncer, que aquejan a gran cantidad de población.
En este sentido, la Ocde plantea recomendaciones como la transparencia y la atención de las Eps e Ips, llamándolas a innovar en infraestructura y capacitación del personal en el sector rural, pues una de las consecuencias del conflicto armado reposa en el abandono de esta parte de la geografía nacional por parte del Estado.
Y cómo vamos en lo social…
En cuanto a los temas sociales, laborales y de migración, esta organización reconoce que Colombia registra grandes avances en temas de disminución del desempleo y crecimiento económico, atrayendo inmigración desde países vecinos. Pese a esto, aún predominan la economía informal y la subcontratación laboral, con una desigualdad de ingresos que resulta alarmante, con altos índices de extrema pobreza. Preocupación persistente a pesar de que la pobreza extrema disminuyó del 16 al 9 por ciento, a la par que la pobreza multidimensional (que integra aspectos tales como la educación, la salud, acceso a servicios públicos, el trabajo, la vivienda y las condiciones de vida de niños y jóvenes) se redujo de 49 al 25 por ciento entre los años 1993-2013.
En cuanto al mercado laboral, el informe evidencia como problema fundamental para la economía el denominado autoempleo. Los datos son escandalosos: el 52 por ciento de la población trabaja bajo esa modalidad, porcentaje del cual el 83 lo ejerce en el sector informal –sin contar en su mayoría con ningún tipo de seguridad social–; esto sin mencionar el fuerte problema de tercerización laboral, en donde con contratos definidos a 3 o 6 meses se tiene mayor riesgo de volver a caer en el desempleo, con los cual las empresas, a través de bolsas de empleo, evitan pagar primas y prestaciones laborales.
Economía concentrada y desigual. Continuando con su estudio, la Ocde recuerda que el coeficiente de Gini se encuentra actualmente en 0,56 (en donde 0 es una equidad total en nivel de ingresos y 1 su completo acaparamiento). Realidad que tiene como soportes, los bajos niveles de educación –que generan esa brecha sustancial entre desigualdad de ingresos– y pobreza, llevado de la mano de procesos de corrupción y clientelismo con los cuales la redistribución de ingresos es casi nula
Según esta organización, una política para corregir la dualidad del mercado laboral descansa, por ejemplo, en la ley de formalización y generación de empleo del 2010 y la reforma tributaria del 2012. Propone, asimismo, profesionalizar el sector productivo de acuerdo con la fuerza de trabajo disponible, y prestar atención al “elevado salario mínimo”, facilitar la inscripción de empresas y afiliación de trabajadores a la seguridad social, aumento de incentivos para formalizarse y cotizar al sistema de salud, entre otros.
En lo social, la Ocde destaca la crisis de violencia política vivida durante estos últimos años en Colombia, con 20 sindicalistas asesinados entre el 2014 y más de 300 miembros del movimiento social atacados, amenazados y hostigados a lo largo de estos años. Extraño llamado de atención, pues en este aspecto no plantea ninguna ‘recomendación’, como si fuera un asunto de segundo plano, primando lo económico sobre la crisis social que crece dramáticamente en los últimos dos años.
La crisis de las pensiones…
La Ocde propone un mejoramiento en materia del sistema de pensiones, pues el que existe tiene muy poca cobertura. También asegura que debería eliminarse la competencia entre el plan público de prestación definida y el privado de contribuciones definidas. Debería, asimismo, aumentarse la tributación de las pensiones, lo cual podría ser una fuente de recursos para mejorar los programas de protección de las personas de la tercera edad. La pensión mínima debería desligarse del salario mínimo. El periodo mínimo de cotización debería reducirse, y el salario de referencia fundamentarse en un mayor número de años. La edad de jubilación de los hombres y las mujeres debería igualarse, y su evolución ligarse a los cambios en la expectativa de vida.
También ‘recomienda’ incrementar el gasto público en programas de política social dirigidos a los pobres y vulnerables. Destinar recursos adicionales particularmente a medidas que mejorarían el impacto de las políticas sociales hoy vigentes (por ejemplo, ampliar la cantidad y calidad de los recursos educativos, como complemento de la mayor asistencia escolar generada por Familias en Acción).
¿Cómo vamos?
Durante los últimos años nuestro país ha invertido inmensos recursos para ajustar sus políticas e instituciones a los cánones de la Ocde, pese a lo cual el informe aquí retomado desnuda que aún le falta mucho para clasificar e integrarse a la dinámica mundial de los países desarrollados o en camino de serlo. Ellos los denominan “Los países de las buenas prácticas” a pesar de varios de ellos estar sumidos en tremendas crisis, además de que no pocos de sus dirigentes están incursos en procesos judiciales por corrupción. Pero así y todo, sabiendo que “las buenas prácticas” a las que aluden es la ortodoxia neoliberal, vale la pena adentrarnos un poco en lo arriba tratado. Veamos:
En el caso de la salud, los problemas son más graves que lo recordado por este informe, pues la realidad recuerda de manera sistemática un proceso mucho más rapaz de privatización y negación de este derecho, a lo largo y ancho del territorio nacional.
Casos como la liquidación del Seguro Social y las sistemáticas negligencias de las Eps y del régimen subsidiado que, basadas en una lógica de mercado, reducen por debajo de cuerda el gasto en la atención bajo la excusa de prescripciones médicas; esto de la mano con su metódico desfinanciamiento a lo largo y ancho del país: casos como el del Hospital Universitario del Valle, la Clínica Minerva y la alerta amarilla por la crisis hospitalaria en el Valle del Cauca y Santander, así lo demuestran.
Situaciones como el deceso de Rubiela Chibará el martes 19 de enero en Bogotá (http://www.desdeabajo.info/colombia/item/28023-llamaron-al-cti-pero-les-enviaron-el-esmad.html) que muere en plena vía producto de un paro cardiaco luego de esperar por meses una cita para una operación de una dolencia del corazón nos demuestra lo retrasados que estamos en el derecho a la salud y a la vida.
Y este es solo un ejemplo. En una ciudad en donde según la Ocde el avance en el sistema de salud es significativo (http://www.desdeabajo.info/ediciones/item/28019-logros-descalabros-y-retos.html ), el burgomaestre de turno notifica una reducción del 40 por ciento en esta materia a pesar de que la cantidad de salas de urgencias solo llega a 91 (para una ciudad con aproximadamente 8 millones de habitantes) de las cuales 55 son privadas y las restantes 41 pertenecientes a la red pública de hospitales. Salas, en especial las públicas, con graves problemas de hacinamiento pues tienen una sobreocupación, según la Personería, del 88 por ciento, como lo confirman en exceso los hospitales San Blas y el Tunal con el 305 por ciento, lo que evidencia una desigualdad abismal a la hora del acceso integral a un derecho fundamental como es el de la salud, producto de la dichosa ley 100 de 1993.
Si del sector laboral hablamos, la tase de desempleo hasta noviembre del 2015 se encuentra en 7,3%, disminuyendo un 3,6% en relación a los últimos 9 años, sin embargo, la tercerización laboral hace que muchos sean los trabajos inconsistentes, con contratos de entre 3 y 6 meses, lo que representa para el empleador el no pago de cesantías, pensiones y primas vacacionales, obligando además a asumir ese gasto al empleado y, considerando que tan solo cerca del 35 por ciento de la población en edad para jubilarse recibe una pensión, la situación laboral para las colombianas y los colombianos es precaria. Cerca del 90 por ciento del gasto en pensiones va dirigido al 20 por ciento más acaudalado, y menos del 6 por ciento a los pobres, sumado a esto la imposibilidad, ante este tipo de contratos, de sindicalización y de huelga. Esto si es que llega a contar con un contrato, pues el trabajo informal en el país pesa de manra importante sobre la economía, quedando estos trabajadores informales con un sistema de seguridad social y laboral casi nulo o paupérrimo.
Esta realidad es la que hace necesaria una reforma integral para incrementar la cobertura y conseguir que el sistema laboral sea más equitativo y sostenible, pensando más que en estándares internacionales en la equidad en condiciones de salud y sistemas de seguridad social para todos los ciudadanos, con posibilidades viables de accesibilidad a pensiones, pues actualmente pensionarse es casi un sueño, en parte por la edad necesaria para ello (57 años para las mujeres y 62 para los hombres) y en parte por la cotización de 1.300 semanas de trabajo, lo que equivaldría a 25 años seguidos en un país donde solamente el 33 por ciento de la población paga sus pensiones y cesantías. ¿Qué sucederá cuando la Ocde logre su propósito de incrementar la edad de jubilación, llevando para mujeres incluso hasta los 62 años y para los hombres hasta los 65?
Ante la magnánima ‘propuesta’ de la reforma tributaria en consdieración por el gobierno nacional, en relación al “elevado salario mínimo” que tiene Colombia. De nuevo la Ocde parte de estándares internacionales de sus 34 países afiliados, muchos de los cuales tienen unas condiciones de vida y seguridad social mejores que los países denominados “en vía de desarrollo”. Esta reforma tributaria contempla entre otras cosas el mantenimiento del 4 x mil, el fin de la devolución del 2 por ciento en el IVA con pago de tarjetas crédito y débito, el incremento del IVA hasta el 19 por ciento –como paso hacía el 23 por ciento, que incluso llegan a cancelar en algunos países–. Es decir, que las mayoría continúen cargando con el peso tributario a través del consumo diario mientras los más ricos siguen excentos en líneas tan importantes como la especulación en bolsa o la cancelación por renta, la cual pretenden extenderla incluso hasta aquellos que ganan un poco más de dos salarios mínimos.
Mientras todo esto ocurre, en la cotidianidad del país se vive el aumento de la gasolina en 78 pesos –pese al desplome del precio del petróleo–, quedando en 7.896 el galón; un incremento, desde el mes de febrero, en 200 pesos al Transmilenio, 150 pesos al metro de Medellín y se espera el aumento en las tarifas del MIO en Cali; sumado esto al aumento gradual que afectó, durante el año que terminó, al gas natural vehicular en 292 pesos; el incremento al índice de precios al consumidor en 4 décimas, quedando en un 6,8 por ciento, subiendo de manera exorbitante los alimentos y bebidas no alcohólicas de un 0,9 por ciento en el 2013 a un 4,7 por ciento en el 2014, para finalizar en un 10,9 por ciento al finalizar el 2015.
Sumado a todo lo anterior (por si les parece poco) el salario mínimo para el año en curso solo fue incrementado en $ 45,105, quedando en 689,455 a pesar de la recomendación de la Ocde de que sea menor; salario mínimo que no alcanza para que una familia viva ni sobreviva. ¿Cómo será cuando la Ocde logre su propósito de favorecer mucho más a los dueños del capital?
En cuanto a la propuesta de la Ocde de propiciar el reintegro y retorno al mercado laboral criollo de personas especializadas que radican fuera del país –que según la Forbes alcanza el 3.3 por ciento del total de la población colombiana, profesionales en su mayoría–, Colciencias desde el año pasado implementa un plan denominado “Es tiempo de volver” con el cual busca que más de 200 profesionales nacionales, vinculados a universidades como Harvard y Oxford regresen a investigar y con ello potenciar los centros investigativos colombianos. Sin embargo, a pesar de que muchos regresaron junto con cónyuges e hijos, poco les han solucionado para que empiecen a laborar La desazón en lo que impera acá.
En ultimas, dígalo la Ocde o la vecina que hace empanadas en la esquina, nos encontramos en un problema de tamañas proporciones en todas las materias anteriormente mencionadas, por lo cual debemos cuestionarnos sobre qué hacer ante todo ello. Sin tapujo alguno, y ante nuestra precaria realidad, la cual no es necesario que la recuerde una organización internacional: para alcanzar parámetros de vida digna para toda aquella persona que habita el territorio nacional, es indispensable trastocar el actual orden económico y social, auspiciador de concentración de la riqueza y del empobrecimiento de las mayorías nacionales.
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