Coalición de 54 senadores presentan proyecto de Ley para una Renta Básica de Emergencia
Una coalición de 54 senadores colombianos, integrantes de 9 partidos, radicaron el miércoles 27 de mayo el proyecto de Ley por medio del cual se entregaría a nueve millones de familias colombianas, unos 30 millones de personas pobres y vulnerables, una renta mínima equivalente a un salario mínimo mensual.
Bajo el título “Por el cual se crea el programa ingreso solidario para atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica” y se crea la renta básica de emergencia, estos senados pretenden que el “[…] Estado garantice a los colombianos una vida digna durante la crisis derivada de la pandemia del Covid.19”.
De acuerdo a los firmantes, “[…] el proyecto consiste en transferir por parte del Estado a la totalidad de hogares pobres y vulnerables del país, el valor de un (1) SMMLV por hogar durante tres meses. De otro lado, transferir un (1) SMMLV a cada uno de los trabajadores ocupados en los micronegocios (en promedio 3 trabajadores), para cubrir al menos 1.3 millones de micronegocios, microfocalizados con claridad […]”.
La iniciativa surgida de esta coalición […] propone modificar el programa de Ingreso Solidario creado por el Gobierno nacional mediante el decreto ley 518de 2020, disposición a todas luces precaria frente a la magnitud del problema social que enfrenta el pueblo colombiano…”. El ingreso solidario reconoce $ 165.000 a cerca de 3 millones de familias, lo cual es una cifra de dinero que en nada o muy poco contribuye para que los miembros de las mismas estén en sus casas sin necesidad de salir a rebuscar complementar sus ingresos
La propuesta de los 54 congresistas es realista con la situación de empobrecimiento, hambre, angustia e inseguridad sobre su presente y futuro próximo que domina en millones de hogares obligados a permanecer en encierro, para prevenir la multiplicación del virus, pero sin garantizarles por parte del ente nacional condiciones básicas económicas, alimentarias, mentales– para que permanezcan en sus casas. Una realidad de penuria que ha llevado a multitud de hombres y mujeres a saltarse el confinamiento y salir a las calles a vender todo tipo de mercancías, buscando con ello reunir unos pesos con los cuales garantizar el alimento de los suyos, así como tener con que pagar arriendo y otros gastos del día a día.
El mandato del gobierno, “quédate en casa” desconoce el extenso empobrecimiento que domina en la sociedad colombiana, con más de 13 millones de personas en edad de trabajar que se rebuscan por cuenta propia, viviendo al día y, por lo tanto, obligarlos al confinamiento sin ingreso alguno es condenarlos a la crisis total, con la cual no morirán por contagio viral sino por contagio –empobrecimiento– económico. El empobrecimiento ya existente ahora se extiende producto del desempleo que va ganando cada día mayores indicadores, y con la multitud de comerciantes y empresarios que han decidido cancelar sus negocios.
Por otra parte, al tiempo que radicaban esta iniciativa la misma coalición anunció que en las próximas semanas radicaran una propuesta de “[…] Reforma Tributaria Estructural (que garantice) que el sistema tributario tiene que ser progresivo, equitativo y eficiente.
Y precisan, “En la Reforma Tributaria Estructural estarán el impuesto progresivo al patrimonio de las personas naturales para patrimonios líquidos a partir de $2.000 millones y de las personas jurídicas de los patrimonios más elevados –el 0.1% de las personas jurídicas declarantes, cerca de 500 personas jurídicas– así como una mayor tarifa a la actual a los dividendos recibidos por personas naturales y empresas o sociedades. Así mismo, se propondrá eliminar los numerosos beneficios tributarios existentes, que no solo tienen enorme costo fiscal, sino que son injustificados e innecesarios”.
Al tiempo que así obraban los integrantes de 9 partidos, se conocía que el Gobierno a través de su Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, no aceptaba la propuesta de renta básica. Horas después, en contravía de una propuesta que pretende aportar a sobrellevar en mejores condiciones económicas la presente coyuntura por parte de 30 millones de connacionales, el gobierno a través del presidente Iván Duque oficializaba el apoyo al empresariado nacional para que pague la prima de mitad de año a los trabajadores de sus empresas, aportándole medio salario mínimo por cada uno de estos. Como en otras medidas tomadas por decreto en medio de la crisis, el gobierno central sigue enfocado en apoyar a los que más tienen con el prurito de evitar que la industria quede liquidada.
Por ahora, y ante la propuesta de renta básica en curso y la iniciativa de próxima reforma tributaria estructural, el movimiento social colombiano queda ante la oportunidad de liderar un amplio debate nacional sobre temas sustanciales que están en la base del concepto de renta básica así como de justicia tributaria: ¿qué se entiende por trabajo? ¿Qué por ingresos dignos? ¿para que se trabaja? ¿qué se entiende por desarrollo? ¿qué se entiende por gobierno y para quién se gobierna? ¿qué es la solidaridad? ¿cuál es la diferencia entre renta básica y subsidios? ¿podría plantearse que la sociedad colombiano avance hacia la aprobación de una renta básica universal e incondicional? ¿cómo haría para ello? ¿qué es la justicia? ¿por qué el que más tiene debe tributar más? ¿cómo construir una sociedad de iguales?
Estos y otros interrogantes, estas y otras propuestas, requieren la movilización nacional de los excluidos, que sin romper normas básicas de salubridad deben salir por diferentes espacios públicos, sin dejarse contener por las redes sociales, para hacerle sentir al gobierno de los ricos y para los ricos, que en este país millones están excluidos y requieren ser tenidos en cuenta, además de que la pandemia –para ser vencida– debe ser enfrentada entre todos y todas, sin que ninguna familia ni ningún ser humano pierda sus derechos fundamentales, entre ellos y en primera instancia a vivir en dignidad.
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