Trabajadores se organizan en carpas a las afueras del Instituto Colombiano de Petróleo de Bucaramanga en busca de respuestas, luego de que Ecopetrol prohibiera su entrada a las empresas donde laboraban por participar en la movilización social del pasado 17 de febrero. Junta directiva nacional de la Uso convoca a paro nacional.
Han pasado 14 días luego de que Ecopetrol señalara ante el Ministerio del Trabajo la prohibición del ingreso de trabajadores y líderes sindicales a las empresas Tip y Pexlab donde laboraban. Por su parte desde el sábado 28 de febrero los trabajadores decidieron instalar carpas a las afueras de la sede del Instituto Colombiano de Petróleo (Icp) de Bucaramanga, a la espera de que su ingreso vuelva a ser permitido.
La prohibición del ingreso a los trabajadores fue decidido luego de que Ecopetrol determinara ante el Ministerio del Trabajo como “acto de sabotaje” la realización de la marcha del 17 de febrero protagonizada por los trabajadores para expresarse en contra de la terminación de los contratos laborales entre el Icp y las firmas Tip y Pexlab, que dejó sin empleo a 557personas., medida que hace parte del plan de ajuste de Ecopetrol para el 2015 con el cual busca reducir costos debido a la crisis petrolera que enfrenta el país, y que pocas semanas ya causó más de 600 despidos.
Un comunicado divulgado por Ecopetrol indicó que con la empresa Tip el contrato se inició el 10 de julio de 2012 y con Pexlab el 13 de agosto de 2012. Ambos compromisos vencían originalmente el 30 de noviembre de 2014. “Las partes habían acordado a finales de noviembre del año pasado ampliar el plazo hasta el próximo 31 de marzo”, reza el boletín de prensa.
Sin embargo, solo el 27 de febrero los trabajadores de las contratistas se enteraron de la terminación de sus contratos de operación de laboratorios y plantas piloto que prestaban al Icp.
En estas circunstancias, y ante esta realidad, más de 800 trabajadores de las empresas Tip y Pexlab se encuentran por fuera de las instalaciones mientras llevan a cabo acciones de tutela en contra de la petrolera colombiana, según cuenta el director de la Unión Sindical del Petróleo Edwin Castaño, quien indica que la determinación de Ecopetrol violenta el derecho a la protesta social: “Esperamos que las autoridades, el ministerio público y el Ministerio del Trabajo garanticen el ejercicio del derecho de la manifestación pública y la protesta en los términos de la Constitución y la ley”, agrega.
¿Seguirán despidos?
Según el portal Inteligencia Petrolera, “Ecopetrol ejecuta contratos con cerca de 4.000 contratistas que ascienden a un monto de 19 billones de pesos al año”. Por su parte, Andrés Mantilla, director del Icp, afirma que los ajustes presupuestales de Ecopetrol obligan a finalizar los contratos de operación de los laboratorios, teniendo en cuenta que la entidad operará durante este año con menos de la mitad de los recursos financieros que requiere. “Hay dos contratos con dos empresas que emplean a unas 600 personas que no se renovarán a partir del 31 de marzo”, enfatiza Mantilla.
Afirmación que resulta preocupante teniendo en cuenta que el Icp provee soluciones tecnológicas y científicas a Ecopetrol, lo que implica colocarle límite a los avances tecnológicos que estas empresas desarrollan para la estatal colombiana, lo que pudiera traducirse en graves consecuencias para el desarrollo de la investigación en materia de hidrocarburos.
Se avecina paro nacional
La crítica situación por la que está pasando el sector obrero de los hidrocarburos, es para la Uso solo un inicio de lo que será “una masacre laboral sin precedentes”. Por lo que la junta directiva nacional del sindicato petrolero planea convocar una reunión el próximo jueves cinco de febrero en Barrancabermeja para determinar la fecha para una movilización a nivel nacional que tendrá como hoja de ruta, inicialmente, la problemática de despidos masivos, la posible venta de una parte de Ecopetrol y las medidas que están aplicando las empresas que “desmejoran las condiciones de los trabajadores en sus trabajos y su calidad de vida”.
Este último hace referencia especialmente al caso de los trabajadores de las entidades de servicio –vigilancia, mantenimiento, manipulación de alimentos, entre otras– que se encuentran con contratos tercerizados y que contaban con salarios legales un poco más arriba del mínimo”, alza obtenida gracias a la movilización trabajadora en 2007″, según cuenta Castaño, pero que recientemente Ecopetrol ha determinado rebajar al salario mínimo.
“El 20 de marzo se vencerán los contratos que se rigen por el antiguo salario. Pero en el caso de que ese mismo personal continúe, entrarían a laborar con un salario más bajo, afectando alrededor de 12 mil trabajadores”, explica Castaño.
Por lo pronto Mariano Cabanzo, director de la Uso Bucaramanga, advierte que podría venirse una huelga de trabajadores tercerizados a nivel nacional “El Icp fue denominado el cerebro de Ecopetrol porque todos los proyectos de exploración salen de aquí a los diferentes campos. Pero esta también será la punta de la lanza para la gran resistencia de los tercerizados que realizan actividades misionales en Ecopetrol”, concluyó Cabanzo.
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