Semanas atrás, los países de La Unión Africana demandaron ante la CPI suspender las acciones adelantadas contra los jefes de Estado en ejercicio. Antecedentes y posibles implicaciones de esta decisión.
Estamos ante una decisión preocupante, cuando menos. Pretoria anunció el pasado 21 de octubre su retiro de la Corte Penal Internacional (CPI). De hecho, el anuncio fue público tres días después de que el presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, acusado de violaciones graves de los derechos humanos, promulgara una ley denunciando el Estatuto de Roma. Desde su entrada en vigor (01/07/2002), ningún país en el mundo había tomado tal decisión. Gambia, un pequeño país de África Occidental, acaba de proponer lo mismo, yendo más lejos: se retira de la CPI y la llama “International Caucasian Court” (Corte Internacional Europea). Ironías de la vida, la actual fiscal de la CPI es de Gambia.
El Presidente de la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma –base jurídica de la Corte Internacional–, señor Sidiki Kaba, ha llamado a los gobiernos de Sudáfrica y Burundi a reconsiderar sus posiciones. “A pesar de que la opción de retirarse de un tratado en virtud de la soberanía del Estado, es libre, sin embargo, ha lamentado estas decisiones”. Considera Kaba, que “[…] teme que esta señal perturbadora abra una cascada de retiros de otros países africanos, lo que socavaría el único tribunal penal internacional permanente encargado de juzgar […] el genocidio, los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crímenes de agresión” (1)
Pierre Nkurunziza, el presidente que ha cambiado la Constitución de Burundi con el único fin de perennizarse en el poder, obviamente, no reconoce ninguna autoridad, que no sea la suya propia. Sin miedo, a pesar de las presiones externas, el Presidente de Burundi promulgó una ley que prevé la retirada de su país de la CPI. Próximamente comunicará su decisión a la ONU, para iniciar formalmente el proceso. Esta decisión está motivada en su valoración de que la Corte obedece dictados de las grandes potencias, algunas de las cuales ni siquiera hacen Parte o han ratificado el Estatuto de Roma. Burundi cree que es hora de que los países africanos dejen de ser Parte del Estatuto.
La decisión de Sudáfrica, seguramente encontrará eco importante en un continente en el que los políticos afirman que la Corte juega con “dos pesos, dos medidas”. Lo deducen del hecho de que los jueces de La Haya han abierto 10 investigaciones en nueve países, ocho de ellos países africanos. Ellos consideran que la CPI “prefiere como objetivo los líderes de África y excluye otros que, se sabe, han cometido atrocidades en otros lugares”. Esto lo denunció el ministro sudafricano de Justicia, Michael Masutha Viernes, confirmando la decisión tomada hace poco.
Sudáfrica había enviado una carta a la ONU denunciando su decisión de retirarse, la que será efectiva un año después de la recepción de la solicitud por parte del Secretario General de Naciones Unidas. En el pasado, el presidente sudafricano Jacob Zuma, había denunciado la falta de enjuiciamiento de la CPI contra los Estados Unidos, acusado de atacar a Irak por la supuesta existencia de armas de destrucción masiva, lo que nunca pudo demostrar, o en contra de Israel por sus crímenes contra los palestinos.
La voluntad de Pretoria de dejar la CPI gano en fortaleza después de la polémica visita, en junio de 2015, del presidente de Sudán, Omar al-Bashir a la cumbre de la Unión Africana en Johannesburgo. La violación de la decisión de un tribunal de Sudáfrica que ordenó su arresto, orden que las autoridades de Pretoria se negaron a ejecutar, significó que el líder sudanés, buscado por la CPI por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en Darfur, pudiera asistir a la Cumbre y regresar sin problemas a su país. La Corte, según el titular de Justicia, “obstaculiza la capacidad de Sudáfrica para cumplir con sus obligaciones de respetar la inmunidad diplomática”.
Pretoria insiste en el respeto de la soberanía
Por primera vez, a principios de octubre, un presidente sudafricano realizó una visita a su homólogo keniata, Uhuru Kenyatta, quien en su momento fue acusado ante la CPI de ser responsable de la violencia ejercida durante las elecciones del 2007. Según David Hornsby, profesor de relaciones internacionales de la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo, “el presidente y vicepresidente de Kenia, Uhuru Kenyatta y William Ruto, han hecho campaña feroz contra la Corte con el apoyo de la Unión Africana” (2).
Históricamente Sudáfrica ha abogado por la defensa de los derechos humanos, enfatizando en el respeto a la soberanía de cada país, aunque esto no ha sido tan visible desde que Mandela dejó el poder. Pretoria ha criticado en varias ocasiones la interferencia de las potencias occidentales, como Francia en Costa de Marfil en 2010, o en Libia en 2011. Dato curioso, los sucesivos presidentes de Sudáfrica siempre han tenido una actitud tolerante con su vecino, Robert Mugabe de Zimbabue, que ha sabido arreglárselas para quedarse en la presidencia por casi 30 años, a pesar de su papel en la represión de la oposición.
Importante anotar que el gobierno de Pretoria enfrenta una fuerte oposición por parte de organizaciones de la sociedad civil sudafricana. El principal partido de oposición, la Alianza Democrática (DA), también decidió tomar parte en la discusión buscando obtener la anulación de esta decisión por considerarla “inconstitucional e irracional”. Esto se ha dado, según Ottilia Maunganidze, investigadora del Instituto de Estudios de Seguridad (ISS) en Pretoria, porque “el gobierno ha decidido enviar su solicitud a la ONU antes de consultar al Parlamento, lo que no es fiel al proceso democrático de costumbre”. La experta considera que esta batalla legal que podría ir a la Corte Constitucional, podría durar “varios meses o incluso años” (3).
Estas decisiones son más fuertes del lado político que jurídico. Sin embargo, con la amenaza de la Unión Africana de producir un retiro masivo, solamente ha logrado agrandar el problema.
Sobre los nueve países que son objeto de investigación por parte de la CPI, ocho son africanos. Es justamente esta estadística la que alimenta las acusaciones de “racismo” formulada por la Unión Africana. He aquí la lista.
RD Congo
El jefe rebelde Bosco Ntaganda, está acusado por crímenes contra la humanidad y por crímenes de guerra cometidos cuando comandaba el movimiento FPLC, entre 2002 y 2003 en la región del Ituri al noroeste del país. Este proceso fue abierto en septiembre 2015.
El jefe de milicia congolés, Thomas Lubanga, fue el primer líder rebelde en ser condenado a 14 años de prisión en 2012, pena confirmada en apelación, por haber utilizado niños durante la guerra civil en la misma región del Ituri, y por la misma época.
Otro jefe “rebelde”, Mathieu Ngudjolo, fue absuelto en diciembre de 2012. Fue acusado concretamente por el ataque en 2003 a la población de Bogoro, en el extremo este del país,. Sin embargo, otro jefe de milicia, Germain Katanga fue condenado el 23 de mayo de 2014 a 12 años de prisión por los mismos hechos.
Una orden de arresto fue emitida en julio de 2012 contra el jefe de los rebeldes de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), Sylvestre Madacamura, por crímenes cometidos en las provincias del Kivu, al Este del Congo entre 2009 y 2010
Uganda
En el año 2005, la CPI emitió órdenes de arresto contra Joseph Kony y otros altos responsables del Ejército de Resistencia del Señor (LRA), particularmente por haber reclutado niños y esclavitud sexual, hechos sucedidos entre 2002 y 2004. Uno de estos responsables, Dominic Ongwen, se entregó y fue transferido a la CPI. Su proceso debe abrirse el 6 de diciembre de 2016.
Sudán
El presidente sudanés, Omar al-Bachir, y otros cinco responsables de su gobierno, son investigados dentro de un proceso adelantado en Darfur, región al oeste de Sudán que se desangra desde 2003 en una guerra civil que, según cifras de la ONU, ha producido más de 300.000 muertos. Omar al-Bachir tiene dos órdenes de arresto, una fechada en 2009 y otra de 2010 por crimen de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Pese a estas órdenes, continúa viajando por el continente sin afrontar molestía alguna.
Kenia
La CPI abrió investigación contra el presidente Uhuru Kenyatta, contra el vice-presidente William Ruto y contra un periodista, Joshua Arap Sang, por crímenes contra la humanidad, cometidos durante las violentas jornadas después de las elecciones de 2007-2008. La Fiscal de la CPI ha debido abandonar los cargos contra estas personas, por falta de pruebas. Este proceso había sido abierto en septiembre de 2013.
Costa de Marfil.
El primer jefe de Estado en ser transferido a La Haya fue Laurent Gbagbo, en compañía de su jefe de milicias, Charles Ble Goudé, por violencias cometidas entre diciembre de 2010 y abril de 2011, cuando el proceso electoral no les fue favorable. El primero, desde el 30 de noviembre del 2011 y el segundo desde marzo del 2014 están por cuenta de la CPI en La Haya.
La esposa de Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo, también es objeto de una orden de arresto por parte de la CPI. Pero ella ya fue condenada a 20 años de prisión en su país por atentar contra la seguridad del Estado; actualmente está sometida a juicio por crímenes contra la humanidad.
Libia
Seif al-Islam, hijo del dirigente Mouammar Gadafi, se encuentra actualmente detenido en Libia, objeto de una orden de arresto por crímenes contra la humanidad, cometidos durante el conflicto que provocó la caída y muerte de su padre en 2011. En este caso, Libia y la CPI se disputan el derecho de juzgarlo.
Centro África
Jean-Pierre Bemba, un antiguo líder rebelde del Congo, que luego de las negociaciones de paz en su país pasó a ser vice presidente de la RDC, fue condenado el 21 de marzo del presente año. La CPI lo declaró culpable de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, sentenciándolo a 18 años de prisión por hechos cometidos, entre octubre de 2002 y marzo de 2003, por su milicia congolesa en República Centroafricana, donde habían ingresado para apoyar las tropas del presidente Patassé ante un golpe de Estado. Una segunda investigación se abrió en septiembre de 2014 con una lista interminable de “atrocidades” supuestamente cometidas por milicias en la República Centroafricana desde agosto de 2012. Este es solamente el cuarto juzgamiento en 14 años de existencia del Tribunal.
Mali
Resulta una novedad que la CPI se ocupe de los responsables de demoler los mausoleos, y toda clase de bienes, catalogados como patrimonio mundial de la humanidad. Es el caso del Touareg Ahmad Al Faqi Al Mahdi, que fue condenado a 9 años de prisión el pasado mes de septiembre, después de ser declarado culpable de la demolición del patrimonio cultural en Tombuctú. Es el primer proceso a un yihadista ante la CPI.
Fuera de estos casos-país, la CPI ha abierto exámenes preliminares contra otros países del continente como Gabón, Guinea Bissau, Burundi y Nigeria. Estas preliminares pueden desencadenar la apertura de una investigación formal.
Importante anotar que el retiro de Burundi de la CPI no tendrá ningún efecto sobre las diligencias preliminares iniciadas por la CPI.
El caso del Chad es igualmente importante. El ex dictador Hissane Habré fue acusado de ser el responsable de persecuciones étnicas, en diferentes etapas de su gobierno, contra grupos étnicos rivales. En septiembre del 2005, una Corte de Bélgica acusó a Habré de crímenes contra la humanidad, tortura, crímenes de guerra y otras violaciones de los derechos humanos. Él se refugió en Senegal, y tiempo después fue puesto bajo arresto domiciliario en Dakar. Aunque el Parlamento Europeo y la Unión Africana (UA) solicitaron a Dakar el envío de Habré a Bélgica para ser juzgado, no fue posible. Senegal creó su propia Corte especial de crímenes de guerra para juzgar a Habré, con el objetivo de disminuir la presión del parlamento europeo.
El 30 de mayo de 2016, la Corte Especial declaró a Habré culpable de crímenes contra la humanidad, violación, esclavitud forzada, homicidio voluntario, práctica masiva y sistemática de ejecuciones sumarias, secuestro de personas, torturas y actos inhumanos, por el cual cumplirá cadena perpetua.
Entre el deseo y la realidad
Con referencia a otras regiones, podemos decir que si bien la posibilidad de que algún día los responsables de la hecatombe en Irak, como Tony Blair, sean juzgado y llevados a prisió, son pocas, hay que destacar el posible efecto de la publicación del Informe Chilcot sobre la intervención británica en Irak en el 2003. Esto pone nuevamente sobre el tapete el caso de la cruenta invasión de este país. A resaltar que la Fiscal reabrió en mayo del 2014 el expediente que había sido cerrado por su predecesor. Falta aclarar que Bagdad no ha ratificado el Tratado de Roma.
Ucrania no hace parte del Estatuto de Roma, sin embargo el gobierno de este país depositó una declaración con base en el artículo 12-3 del Estatuto, por la cual le reconoce la competencia a la CPI para investigar diversos crímenes que habrían sido cometidos en su territorio entre el 21 de noviembre del 2013 y el 22 de febrero del 2014.
El examen preliminar de la situación en Ucrania fue anunciado el 25 abril 2014.
Mención especial merecen los innumerables intentos de inculpar a los responsables de la tragedia humana en Siria. Pero esta confrontación se ha convertido en una guerra de potencias que difícilmente dejara avanzar una investigación.
Comentarios
Tres miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Estados Unidos, Rusia y China, no reconocen la competencia de la CPI para sus nacionales, lo mismo que Israel. Pese a ello, para que la Corte sea competente y actúe, solamente hace falta que un Estado que la haya reconocido levante cargos, o que los crímenes de los que es acusado alguién hayan sido cometidos en un Estado Parte.
No se puede afirmar que luego de 14 años de existencia, la CPI haya tenido al menos un éxito discreto. Es claro que el Fiscal puede decidir perseguir de manera discrecional y sobre base de criterios subjetivos, pero la selección que se percibe en la práctica aparece como bastante sospechosa. Ningún crimen internacional que implique, directa o indirectamente, las potencias ha sido objeto de la menor investigación, ni siquiera de apertura de diligencias preliminares. Mirése no más que desde abril del 2015, cuando le concedieron el derecho a Palestina de ser miembro de la CPI, transmitió una serie de documentos al Fiscal implicando a Israel por la construcción de viviendas en Cisjordania, en una maniobra detestable de colonización. Hasta hoy, silencio total.
Según el mandato, esta es una jurisdicción complementaria de las jurisdicciones nacionales; por tanto, sólo es competente si las investigaciones son imposibles de adelantar en el respectivo país, sea porque las autoridades no tienen la voluntad o porque el sistema judicial nacional no está en capacidad de administrar justicia. Complementariedad considerada como una regla discriminatoria. Se considera que los países investigados son los más mal administrados y principalmente los del continente africano. Hasta el año 2015, los procedimientos solo conciernen a los africanos.
Por todas estas razones fue, con ocasión de Cumbre de la Unión Africana el 31 de enero del 2016 en Addis-Abeba, que se aceptó estudiar la idea de un retiro colectivo de todos sus Estados miembros de la CPI, decisión que ahora se está revisando, si bien no de manera colectiva, si de manera individual.
La actual fiscal, la señora Besouda, ciudadana gabonesa, se limita a reclamar paciencia, indicando que muchas otras investigaciones serán adelantadas. Argumenta que la falta de medios, los testimonios contradictorios y poco convincentes, las informaciones obtenidas a través de otras personas, de testigos indirectos, llevan necesariamente a abandonar las instrucciones. Hay dos ejemplos claros de esto: la liberación del congolés Mathieu Ngudjolo y del keniata Francis Muthaura, que por estos razones escaparon de la justicia internacional.
Si tenemos en cuenta los principios que sustentaron la concepción de la CPI como una “Corte de Seguridad, un tribunal que no cumple solamente una función judicial, sino que se concibió para ejercer una finalidad pacificadora, puesto que los crímenes que son de su competencia son considerados como una amenaza para la paz, la seguridad de todo el mundo”, hay que obrar para que los buenos propósitos se tornen en hechos, dándole a la Corte no solo visos de imparcialidad, sino que sea, en efecto, un tribunal veraz, puntual e imparcial.
Es cierto que hay casos, como el del presidente Gbagbo, que ilustran muy bien la instrumentalización de la justicia internacional, al punto que el actual presidente Ouattara decidió que ningún otro ciudadano de Costa de Marfil será transferido a la CPI. El caso del Presidente sudanés, y el más reciente del Presidente burundés, en efecto muestran que para los líderes africanos el principio de solidaridad está antes que el principio de justicia. Podríamos hablar de cinismo pero que, para muchos de los casos, podría estar justificado.
Conclusion
Catorce años después de su constitución, la CPI no puede argumentar la falta de experiencia. Sin embargo, solamente ha producido cuatro sentencias entre las cuales, una absolución, 29 órdenes de arresto. Sobre los 18 sospechosos que han comparecido a La Haya, seis se beneficiaron de la no apertura de investigación. “Un balance poco glorioso si tenemos en cuenta que la CPI recibe cada año entre 100 y 130 millones de euros de los Estados Miembros” (4).
Si la CPI continúa sorda a los llamados de todo el mundo, de actuar con total imparcialidad, y se obstina en no abrir causas contra otros presuntos responsables, será considerada como un tribunal internacional puramente simbólico y todos los esfuerzos invertidos en su creación, de toda índole, serán en vano.
Notas
1. Entrevista a la AFP, sabado 22 de octubre 2016
2. Carta Semanal, Human Rights Watch, Region / Pais África África del Sur, 21 de octubre del 2016.
3. Carta Semanal, Human Rights Wacht, Region/ País África, África del Sur, , 21 de octubre del 2016.
4. Benvenuto Maria, Francesca, abogada de la Corte en Paris, entrevista en Le Monde Diplomatique, sábado 22 de octubre 2016
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