Durante años la lucha política en Venezuela se ha presentado como confrontación entre un gobierno de izquierda –antes presidido por Hugo Chávez, luego por Nicolás Maduro– y una oposición de derecha. Siempre hubo otras izquierdas venezolanas, y ahora emergen también figuras y grupos izquierdistas que fueron seguidores de Chávez pero rechazan a Maduro. Estos sectores, donde proliferan tanto las críticas hacia el gobierno como hacia la opositora MUD, buscan destacarse en medio de la polarización que sacude al país.
Una nueva izquierda intenta configurarse en Venezuela, distante de la oficialista que gobierna con el presidente Nicolás Maduro y a la vez de la oposición que se ha adueñado de las calles durante cuatro meses de protestas que han dejado un centenar de muertos y más de 2 mil heridos. Coin¬cide, sin embargo, con las demandas opositoras de rechazar la asamblea constituyente convocada por el mandatario para este 30 de julio y en la defensa estricta de la Constitución de 1999, a la que considera un legado fundamental del fallecido Hugo Chávez.
“Son grupos que se están configurando, que tienen un gran potencial para canalizar el descontento del pueblo chavista y de gente con inclinaciones de izquierda fuera de la Mesa de Unidad Democrática (Mud, la coalición opositora), pero todavía no tienen una conducción política clara, no tienen aún representatividad de un gran sector del país”, apuntó a Brecha uno de sus articuladores, el politólogo Nicmer Evans.
Chávez, comandante de paracaidistas cuando encabezó una fallida rebelión militar en 1992, fue apoyado por formaciones de izquierda para ganar la elección presidencial de diciembre de 1998, y con ellas condujo un gobierno de centroizquierda, recordó Evans, y desde 2005 comenzó a proclamarse socialista. En 2007 transformó su Movimiento Quinta República (Mvr) en el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), cuyo presidente es Maduro y el cual tiene como “número dos” al capitán retirado Diosdado Cabello.
CREDENCIALES.
El chavismo y el Psuv ganaron credenciales de izquierda, a pesar de que no surgieron de clásicas luchas de masas, al emplear el Estado venezolano, con la renta petrolera que fue particularmente jugosa entre 2003 y 2012, para atender necesidades de los sectores más pobres, sobre todo aumentando su capacidad de consumo y visibilizando sus necesidades y aspiraciones, según reconocieron referentes del pensamiento progresista en Venezuela, como el político Teodoro Petkoff, tenaz crítico de Chávez, o el académico Edgardo Lander, respetada voz en el Foro Social Mundial.
Chávez le dio un nombre: “Socialismo del siglo XXI”. Heinz Dieterich, sociólogo alemán radicado en México –y quien ya rompió con Maduro– le dio forma teórica a la propuesta.
El chavismo, cuya batuta el propio comandante traspasó a Maduro poco antes de morir en 2013, inauguró la ola de triunfos y gobiernos de izquierda o centroizquierda que en la primera década del presente siglo se instalaron en Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, El Salvador e incluso pequeños países del Caribe anglohablante. Se acabó la soledad del socialismo cubano en el hemisferio y Venezuela tejió con Cuba una estrecha alianza política y económica guiada por lo que Chávez llamó una “relación de padre a hijo” entre el líder Fidel Castro y su émulo venezolano. Florecieron las tesis del Foro de San Pablo, las reuniones de partidos de izquierda, y se desplegaron banderas latinoamericanistas y antimperialistas. Para la izquierda internacional Venezuela quedó como una plaza fuerte.
TRADICIONES Y TRAICIONES.
Según Evans, quien durante cuatro años codirigió el grupo chavista crítico Marea Socialista, el reconocimiento de la izquierda internacional al gobierno de Maduro obedece a que “en sus relaciones internacionales esos movimientos están más atados a tradiciones y discursos que a realidades concretas (…). Siguen viendo a Maduro como efectivo heredero de Chávez, pero organizaciones y foros de izquierda ya comienzan a revisar su apreciación de Venezuela, por ejemplo en el tema de los derechos humanos”.
Según el jurista Freddy Gutiérrez, quien fue abogado y compañero político de Chávez, “Maduro se distanció de Chávez y de quienes creemos en un pueblo movilizado. No tiene aciertos en materia social, económica ni política”, comentó a Brecha. “El suyo es un gobierno plutócrata, traficante y nepótico. Buena parte de los altos funcionarios del Estado han cambiado el servicio público por la avidez de obtener dinero, vehículos, yates e inmuebles en el país y en el exterior. Corre la noticia de un ministro cuya familia se hizo de 42 millones de dólares, obtenidos en negociaciones con la empresa brasileña Odebrecht, depositados en bancos suizos. Es un botón de muestra”, aseguró.
Para Gutiérrez “resulta inadmisible que se pueda calificar como socialista a un gobierno que promueva y ejecute leyes y prácticas extractivistas, lesionando a comunidades indígenas, aguas de mares, lagos y ríos, fauna, y en definitiva a la Amazonia y al planeta. El gobierno está mutilando 112 mil quilómetros cuadrados, un espacio mayor que el de Bulgaria o Cuba, en un proyecto al que llama Arco Minero del Orinoco”.
Gutiérrez forma parte de la Plataforma por la Defensa de la Constitución, que reúne a colaboradores de Chávez como ministros, académicos o militares y ha roto con Maduro. Desde hace un año y medio la Plataforma ha criticado la política económica del gobierno, en particular el esquema cambiario –un dólar al cambio oficial puede costar diez bolívares o 2.700, según lo disponga el Ejecutivo, y en el mercado negro pasa de 8 mil–; las concesiones mineras a trasnacionales al sur del Orinoco; el bloqueo en 2016 de un referendo revocatorio del mandato presidencial, contemplado en la carta magna; y, recientemente, la convocatoria presidencial a una asamblea constituyente. En sus declaraciones se insiste en que Maduro “ha traicionado el legado de Chávez”.
VIEJA IZQUIERDA.
Para leer el mapa de la izquierda en Venezuela cabe remontarse a sus orígenes, en los años treinta del siglo pasado, con dos corrientes, como en tantos otros países: la comunista y la socialdemócrata. El Partido Comunista (Pcv) y Acción Democrática (AD) lucharon contra gobiernos militares, y entre ellos por el favor de las masas obreras, campesinas y estudiantiles. En los años sesenta una escisión de AD, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Mir), abrazó junto al Pcv la lucha armada contra gobiernos de los socialcristianos mayoritarios AD y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei). En los setenta regresaron a la lucha legal y de masas, ya con fuerzas muy menguadas, junto al Movimiento al Socialismo (Mas), una escisión del Pcv que puso proa hacia la socialdemocracia.
Pequeños focos escindidos del Pcv (grupo Ruptura) y del Mir (Bandera Roja y Liga Socialista) mantuvieron por algunos años la actividad armada y una línea insurreccional. Otro grupo, Causa Radical, fue a trabajar en sindicatos de industrias básicas. En Ruptura estuvo Adán Chávez, hermano de Hugo y ahora un cuadro del Psuv, quien animó al joven oficial Hugo Chávez para que lentamente construyese una logia clandestina en el Ejército. En esos grupos militó también el entonces joven Nicolás Maduro. En la “Venezuela saudita”, ahíta de petrodólares, reinaba el bipartidismo AD-Copei, y los grupos de izquierda se desmoronaron. Sólo el Mas, que se fusionó con los restos del Mir, consiguió arañar algunos escaños en el parlamento.
En 1989, ya acabada la bonanza, se produjo el “Caracazo”, un estallido social contra el recetario del Fondo Monetario Internacional que dejó centenares de muertos. Por primera vez hubo elección directa de gobernadores regionales y alcaldes. Algunas posiciones fueron alcanzadas por el Mas y Causa Radical. La conflictividad social avanzó y se produjo la rebelión de Chávez contra el presidente Carlos Andrés Pérez (AD) en 1992. En libertad desde 1994, Chávez se dedicó a la política y en 1997 comenzó a buscar el poder por la vía electoral. A su Mvr llegó un buen número de ex miembros de Ruptura y Liga Socialista, junto a oficiales retirados tras el alzamiento de 1992. Para la elección de 1998 se le sumaron el Pcv, el Mas, fracturado, y una división de Causa Radical, bautizada Patria Para Todos (Ppt).
En los primeros años del gobierno de Chávez se alejaron de su causa el disminuido Mas y luego algunas de sus escisiones, en tanto el Ppt se repartía en pequeños trozos a favor y en contra del ex comandante. Bandera Roja nunca lo apoyó. Los viejos grupos y siglas desaparecieron, excepto el pequeño Pcv. En la acera de enfrente, AD y Copei se achicaron y aparecieron nuevas formaciones de centro y centroderecha, que por años lucieron como enanos frente al gigante chavismo y su maquinaria electoral, el Psuv.
De manera que la izquierda tradicional se reparte entre viejos ex militantes de la insurrección reunidos en el Psuv, pequeños partidos satélites y grupos de “colectivos” que a veces hacen de fuerza de choque contra manifestaciones opositoras, del lado del oficialismo; y, del lado opositor, grupos también pequeños que, con viejos o nuevos nombres, mantienen alguna fuerza en ciertas provincias, o con cuadros que se sumaron a los nuevos partidos. Si se les reconoce a todos la condición de izquierdistas tradicionales no es posible trazar una línea divisoria nítida entre partidarios del gobierno y de la oposición. Izquierdistas hay en una y otra acera.
LA NOVEDAD.
Lo nuevo está representado por los chavistas que han roto con el gobierno. La mayoría se afirma de izquierda y acusa a Maduro del desmoronamiento de la economía y del capital político que le dejó su antecesor como presidente y líder del proceso bolivariano. Un grupo que paulatinamente elevó el tono de su crítica fue Marea Socialista, formado por algunos activistas nucleados desde la página web Aporrea. No tienen mayor implantación, pero son una referencia porque su portal ha sido, por más de una década, plataforma para la expresión y discusión en el mundo chavista.
El segundo grupo disidente surgió de ex ministros de Chávez –con lauros académicos y credenciales de servicio al proceso bolivariano– que cuestionan, en su área y globalmente, el desempeño de Maduro y sus colaboradores. Los nombres más reconocidos son los de Héctor Navarro (Educación), Jorge Giordani (Planificación), Víctor Álvarez, Oly Millán y Gustavo Márquez (Economía y Comercio) y Ana Elisa Osorio (Ambiente), junto a destacados intelectuales, como Gutiérrez, Lander y el antropólogo Esteban Emilio Mosonyi.
Una tercera disidencia la representan generales retirados del Ejército que ocuparon altos cargos, fueron compañeros de Chávez y son críticos de Maduro. Su influencia sobre los militares activos, poca en apariencia, es una incógnita. Destacan tres, con rango de mayores generales (tres estrellas): Clíver Alcalá, ex comandante del sureste fronterizo con Brasil y Guyana, Alexis López, ex secretario del Consejo de Defensa de la Nación, y Miguel Rodríguez Torres, ex jefe de la policía política con Chávez, ex ministro del Interior con Maduro, y quien ha creado un pequeño partido, Desafío de Todos. Si bien se reclaman chavistas, no se proclaman socialistas ni militantes de izquierda.
Finalmente, aparece la figura de la fiscal general de la república, Luisa Ortega Díaz, que desde su cargo ha desafiado al gobierno y al Poder Judicial cuestionando la “ruptura del orden constitucional” por parte del Tribunal Supremo, abiertamente opuesta a la asamblea constituyente convocada por Maduro y respetuosa de la legalidad de la Asamblea Nacional, el parlamento donde la oposición es mayoría. Ortega (58), casada con el diputado Germán Ferrer, guerrillero en los años sesenta, fue en su juventud simpatizante del grupo Ruptura. Ha recibido muestras de simpatía y adhesión dentro y fuera del chavismo, y ya se la ve como referente del “chavismo democrático”.
Se trata, en síntesis, de corrientes con potencial para cristalizar en un movimiento que reivindique el legado de Chávez al tiempo que se distancian de Maduro, a futuro quizás conformen un chavismo posmadurista, si logran explotar organizadamente esa veta.
CHAVISMO CRÍTICO.
A las puertas de la elección de la asamblea constituyente convocada por Maduro, grupos y figuras reunidos como “chavismo crítico” presentaron un documento conjunto llamando “al pueblo a ejercer su derecho a no asistir” a la consulta oficialista. El documento rechaza la represión de las protestas populares, reclama la liberación de quienes están presos por participar en ellas –hubo 4 mil detenidos, de los cuales 440 quedaron tras las rejas desde el pasado abril– y reivindica “el pleno ejercicio de la pluralidad”. Además pide “crear un país en conjunto, con mecanismos de paz y diálogo, apegados a lo que establece la Constitución” que el pueblo sancionó mediante referendo en 1999.
Los firmantes, un arco que va desde Marea Socialista hasta Desafío de Todos, se comprometieron a “la recuperación del funcionamiento democrático y constitucional del país”, de las condiciones de vida del pueblo y “al rescate de lo mejor de nuestra revolución” mediante “la superación de los graves errores y desviaciones de quienes pretenden fungir como su dirección política”.
Condenaron “los acuerdos económicos lesivos para la nación y su soberanía que viene impulsando el gobierno de Nicolás Maduro con compañías trasnacionales (…) así como las negociaciones del patrimonio público nacional con ‘fondos buitre’”. Evans y Gutiérrez señalaron asimismo a Brecha sus críticas a la bienvenida dada a 150 empresas extranjeras interesadas en la explotación de la vasta región minera al sur del Orinoco, bajo un régimen al margen de las leyes para el resto del país, o en “zonas económicas especiales” cuya administración se ha confiado a mandos de las fuerzas armadas. También critican el pago puntual y sin auditoría de la deuda externa, que seca las reservas internacionales mientras el país sufre por la falta de divisas para importar insumos, alimentos y medicinas.
El documento rechaza tanto “la constituyente autoritaria de Maduro” como el “gobierno de unidad nacional” que ha propuesto construir la oposición parlamentaria Mesa de Unidad Democrática, que contendría “ingredientes para un escenario de escalamiento del intervencionismo extranjero y de una guerra civil, que se viene gestando por la irresponsabilidad de las cúpulas del Psuv y de la Mud”.
Finalmente, el chavismo crítico se declaró dispuesto a “trabajar por el encuentro, diálogo, reagrupamiento y reorientación política del chavismo de base, crítico, democrático y descontento, molesto con el rumbo y políticas del gobierno, que en nuestro concepto son ajenas al legado de Chávez, a la Constitución que nos dimos junto a él, a la democracia participativa y protagónica, a los valores éticos y al conjunto de los principios inspiradores de la revolución bolivariana”. “Nos opondremos y combatiremos cualquier proyecto de signo conservador y de ajuste neoliberal”, sentenció.
Hasta ahora el chavismo crítico se ha expresado a través de declaraciones y pequeñas reu-niones en ambientes cerrados. Es una incógnita si al salir al descampado de las luchas callejeras, electorales o sindicales podrá recoger una buena parte de los masivos respaldos que en sus mejores tiempos seguían por doquier a Hugo Chávez.
Constituyente en puertas
La asamblea nacional constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro debe elegirse este domingo 30 de julio. El gobierno decidió que constará de 545 asambleístas, de los cuales 364 se elegirán por votación territorial: uno por cada uno de los 335 municipios del país, dos en el caso de los municipios capitales de los estados y siete por la capital nacional, Caracas. Otros 173 serán elegidos por sectores sociales: 79 por los trabajadores, 28 por los pensionados, 24 por los consejos comunales, 24 por los estudiantes, ocho por campesinos y pescadores, cinco por personas con discapacidad y cinco por empresarios. Los restantes ocho se escogerán en asambleas de las comunidades indígenas ubicadas principalmente en zonas boscosas y de frontera.
Para la elección territorial se empleará el padrón del Consejo Nacional Electoral, y para escoger a los representantes sectoriales se usarán listados elaborados por los ministerios que administran las áreas respectivas.
La inscripción de candidaturas, la campaña y el mecanismo de elección individual y por listas se establecieron a gran velocidad desde que el pasado mayo el presidente hizo la convocatoria.
La oposición política, principalmente la coalición Mesa de Unidad Democrática (Mud), el parlamento opositor y diversas organizaciones sociales (varias federaciones sindicales, colegios profesionales, cámaras empresariales, grupos religiosos y universitarios, organizaciones no gubernamentales) decidieron no participar, llamaron al boicot de la elección y alimentaron con esa consigna las protestas callejeras de estos meses.
En cambio participan el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), grupos políticos afines y los movimientos sociales (de pobladores, trabajadores, estudiantiles, de género y comités de abastecimiento) que respaldan al Ejecutivo.
Por lo tanto, todo indica que la constituyente estará del lado del gobierno.
La tarea que la carta magna vigente asigna a una asamblea constituyente es redactar una nueva Constitución, sin que pueda oponérsele ninguno de los poderes constituidos. La convocatoria no le ha fijado plazo límite para sus trabajos y la asamblea constituyente se instalará en el capitolio local, donde funciona la actual Asamblea Nacional, electa en 2015 y de mayoría opositora.
La propuesta central de Maduro es que la constituyente “establezca la paz en el país” e incorpore a la Constitución de 1999 un capítulo dedicado a la juventud y otro para darle rango constitucional a las “misiones”, como bautizó el fallecido líder Hugo Chávez los programas de salud, vivienda, alimentación y educación que desarrolló entre 2003 y 2013.
Maduro y dos señalados aspirantes a presidir la constituyente, la primera dama Cilia Flores y el vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, han declarado que esa asamblea no sólo redactará una nueva Constitución sino que, adelantando “actos constituyentes”, reordenará la vida política e institucional del país.
La participación que se logre entre los 19,8 millones de inscritos en el padrón electoral se considera clave para el éxito y legitimidad de la nueva asamblea. Bajo la lluvia de protestas dentro del país y de parte de la comunidad internacional, la posibilidad de que se suspenda su elección gravita con fuerza en esta semana previa al 30 de julio.
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