Como remanente de la llamada Primavera Arabe la Justicia egipcia condenó a numerosos miembros de la Hermandad Musulmana a penas de hasta tres años de cárcel por encontrarlos culpables de participar en manifestaciones ilegales y violentas. En Túnez, donde también se produjo uno de los efectos más fuertes de esa falsa primavera, renunció el primer ministro Alí Laarayed, en una secuela de inestabilidad política y fuertes tensiones sociales.
Un tribunal de El Cairo sentenció a 63 islamistas a esa pena por manifestarse sin previo aviso, causar daños materiales y agredir a policías en una marcha registrada en noviembre en la zona de Al Zaitun, en el este de la capital, informó la agencia MENA. En otro caso similar, otra corte capitalina condenó a tres años de prisión a 24 integrantes de la Hermandad que participaron en una protesta en noviembre en la zona cairota de Hadaiq al Quba, agregó el mismo despacho.
Los acusados participaron en manifestaciones a favor del depuesto presidente Mohamed Mursi, también miembro de la Hermandad Musulmana, un movimiento islamista al que la Justicia egipcia declaró grupo terrorista el 25 de diciembre. Desde el golpe militar del 3 de julio, que depuso a Mursi, las autoridades reprimieron duramente las protestas de los seguidores de la Hermandad.
El 30 de diciembre, un tribunal condenó a 139 partidarios de la cofradía a dos años de cárcel por cometer actos violentos durante una protesta en julio en apoyo a Mursi. También ayer, el tribunal penal del barrio cairota de Ciudad Naser condenó a 26 estudiantes en la Universidad de Al Azhar a penas de entre seis meses y dos años de prisión con trabajos forzosos por su adhesión a la Hermandad y por causar disturbios. Los condenados fueron detenidos durante dos manifestaciones de noviembre organizadas por una facción estudiantil cercana a los Hermanos Musulmanes en el campus de esa universidad, indicó la agencia estatal.
La fiscalía ordenó además que un total de 150 miembros y seguidores de la Hermandad sean juzgados por el tribunal penal de la localidad de Al Zaqaziq, en el delta del río Nilo. Según MENA, estos procesados fueron detenidos en protestas de los últimos meses en las que murió una persona y 34 resultaron heridas en Al Zaqaziq, ciudad natal de Mursi. Los arrestados están acusados de asesinato, pertenencia a grupo terrorista y de causar daños a propiedades privadas y públicas. Asimismo, la fiscalía decidió trasladar al tribunal penal la causa contra dos ex diputados de los Hermanos Musulmanes, Farid Ismail y Amir Basam, por adhesión al grupo terrorista e incitación a la violencia.
Por otra parte, el primer ministro de Túnez, Alí Laarayed, anunció ayer su dimisión para dar paso a un gobierno de transición con el objetivo de poner fin a la crisis política que se extendió durante varios meses. Su renuncia constituye un paso clave en la hoja de ruta acordada por los partidos políticos para sacar a la nación norafricana de la crisis que desató el asesinato, en julio pasado, de un diputado de la oposición secular.
“Queremos dar una imagen de transición democrática made in Túnez”, dijo al anunciar su renuncia Laarayed. Su dimisión abre una nueva fase de la transición política tunecina, que vislumbra ya su final. El jefe del Ejecutivo saliente anunció su alejamiento en una breve comparecencia en el Palacio Presidencial de Cartago. “Como prometí hace tiempo, ahora que hay una visión clara y una garantía clara sobre el futuro del país, que está a punto de entrar en una nueva etapa con la preparación de las elecciones, presento la dimisión del gobierno que he dirigido durante 10 meses aproximadamente”, dijo Laarayed.
El presidente del Ejecutivo precisó que su gabinete permanecerá “hasta la liquidación de los asuntos corrientes en espera de la formación del futuro gobierno”, que conducirá el ministro de Industria Mehdi Yomaa.
Laarayed tomó este paso clave, que debería contribuir a distender las tensas relaciones entre gobierno y oposición, después de que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) designara a los nueve miembros que compondrán la Instancia Superior Independiente para las Elecciones (ISIE). La ISIE deberá fijar y supervisar los comicios legislativos y presidenciales cuya fecha aún no fue anunciada.
El 5 de octubre la alianza gubernamental dirigida por el partido islamista Al Nahda se comprometió a ceder el poder a un gobierno de consenso a cambio de que la Asamblea Constituyente acelerara la redacción de la nueva Constitución –cuya conclusión se espera esté lista para la próxima semana– y la celebración de elecciones.
A partir de su nombramiento, Yomaa tendrá dos semanas para completar la formación de un nuevo gobierno que estará formado por independientes tecnócratas, y cuya principal misión será sacar al país de la profunda crisis política.
La dimisión de Laarayed coincide, con el agravamiento de las tensiones sociales con varios movimientos de protesta. Numerosas manifestaciones se convocaron desde el viernes para denunciar el artículo 66 de la Ley de Finanzas de 2014, que establece un aumento de los impuestos que gravan los vehículos agrícolas y de transporte. Para frenar este descontento, que se extendió por las regiones más pobres del país, Laarayed anunció la suspensión de dichos gravámenes.
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