Las acciones y doce temas mínimos por la “agenda de transición hacia la paz” y su legislación conjunta*

Hay características de la situación y detalles por considerar desde el pasado 7 de agosto de 2010. Ante todo, cuando a diario son noticia los diferentes roces de “contradicción interburguesa” en la cima oligárquica, que cruzan entre Santos y Uribe un “reacomodo del poder” como característica de la situación y la coyuntura del país. A la par, y ante ausencias de una real y profunda oposición en el concierto nacional, destaca el avance y el aporte como sujeto político de varios sectores del movimiento indígena y del pueblo Nasa del Cauca, que el 16 de julio desató una minga ejemplar por la armonización y la limpieza de su territorio, en una “campaña relámpago” de paz que concierne a la “solución política del conflicto”.

La ‘paz’ es una mezcla, arena y cemento, y todavía faltamos muchos albañiles

Tras varias décadas de conflicto y de la metodología de varios episodios de conversación “entre las dos partes”, con su acción los indígenas le dan un vuelco a lo sucedido hasta ahora, y ponen de presente que la paz con ebullición en el conjunto de los sectores sociales y populares, y, por tanto, con su fuerza en la ancha base, debe surgir de una agenda deliberativa y una acción movilizadora que conmocione a la sociedad colombiana y modifique el sentir en los ciudadanos de las partes centrales de las ciudades metropolitanas, tranquilas o afirmativas con una guerra que perciben lejos.

Con su obrar, recuerdan los indígenas que la realidad social es más compleja que como ha sido aceptado durante muchas décadas, y que en guerra los sitios del combate deben elegirse con cuidado. El ¡Váyanse con su guerra para otra parte! constituye un reclamo fuerte, novedoso, que cuestiona de modo profundo el sentido y la vigencia de la guerra que nos desangra. Saca a relucir: a) La ilegitimidad de los actores armados, que reclaman para sí el favor del pueblo y de una mayoría local. b) Recuerda a quienes hablan de paz como un asunto solamente de los armados que la misma no resulta ni se construye sola o únicamente como extensión o producto de una negociación bilateral. La minga introduce un giro sustancial en el camino por la paz en el país, que hasta ahora, con lo pretendido y lo firmado por algunos, es la renuncia al uso de las armas como mecanismo para lograr las reivindicaciones sociales, económicas y políticas, y, sobre esa base, asumir el reconocimiento del monopolio de las armas por parte del Estado.

Con su gesta sin armas que despunta pasos por los caminos de los departamentos del Cauca y Putumayo, los Nasas inyectan una iniciativa de lucha popular que les da origen y jerarquía a dos condiciones y demandas:

1. La legislación y la deliberación conjunta de una “Agenda de Transición por la paz”, en el corto y el mediano plazo.
2. La determinación inicial de territorios para la autonomía, la restauración de tierra y los ceses de fuego.

Por necesidad, una “agenda de transición hacia la paz” implica una exigencia al Estado para cumplirla, y una invitación de definición y participación intensa y en las distintas coordenadas del país a los movimientos sociales. De su intervención con iniciativa e imaginación para definirla y entregársela al gobierno nacional, a través de un inmenso ejercicio de movilización social, con la demanda de negociarla ya, aquí y ahora. De manera simultánea, y en los aspectos que le correspondan, estaría por entregársela asimismo a los actores armados ilegales.

Para quienes acumulan décadas desde el reclamo de la confrontación política y armada por la reivindicación social y de igualdad, es del momento considerar que las experiencias de intentos de socialismo en el mundo, ya próximas a cumplir una centuria, con manchas de verticalismo y autoritarismo, deben servir como ejemplo de que los ‘mínimos’ sociales pasan por la verdadera participación de los de abajo, es decir, por una democracia radical; por una forma de nuevo poder en la cual la “redistribución de lo político” sea igual y tan importante como la de la riqueza social. Por supuesto, estamos en los días en que la política del blanco o negro, y de la afiliación incondicional, sin autocrítica, dejó de ampliar simpatías para la acción violenta.

Es una situación en la cual no es ajeno pensar y asumir que ya las ‘vanguardias’ ‘únicas’, al parecer, no pueden ser las de los individuos o colectivos más fuertes con base en sus acumulaciones de aparato, dineros, recursos materiales y violencia –sin el uso de las persuasiones y de la aceptación de las decisiones comunitarias– sino las de quienes son más como ciudadanos comunes y como mayoría de los habitantes, con respeto por las disidencias y las minorías. En ese sentido, las comunidades indígenas que actúan tanto en su cultura como en su tradición de organización, de conformación de la autoridad y respeto por la tierra, dan una verdadera lección. Hoy más que nunca es éste el momento de la autonomía y la valorización de lo propio, como nos lo demuestran los Nasa en un ejemplo ampliable en la escena nacional.

Aproximaciones para el quehacer y la estrategia

Descontando la forma inhumana como el poder oligárquico hace referencias a la paz sin importar el aumento fatal de las víctimas, desde el campo popular puede haber, o hay –sin mencionar algunas referencias románticas–, dos formas para aproximarnos al tema: a) una superficial, trillada, en el marco de la agitación y el discurso, o la diferenciación inmediata del concepto que usamos contra la oligarquía; y otra, b) que afronte la dificultad para definirla hoy en las prolongadas circunstancias del conflicto armado con extensión social en Colombia. En este conflicto hay actores de intervención extranjera y la insurgencia de origen rural que, después de 1991, mantiene su resistencia, defiende y asume los escenarios de una negociación política sobre la base de imponerle al Estado que asuma o admita sus condiciones de acumulación militar.

De este modo, referirnos a la paz implica en forma implícita y explícita expresar o redefinir una estrategia de poder; una estrategia con definición moral y de sus exigencias, tareas y protagonistas, desde los sujetos sociales, frente a: un desafío, su obstáculo y su plataforma que en cada uno enunciaremos para el debate.

En la actual correlación de fuerzas, la paz exige tanto reivindicaciones como concesiones que, aunque no estructurales de “paz justa”, no son insignificantes. Son parte del concebir una “transición” con decisiones y presupuesto por parte del Estado, y, a la vez, la movilización social como testigo, actor y garante de un paso notorio. En este marco previo de la paz en su ultradefinición como transformación plena revolucionaria, estamos ante la búsqueda y la conquista de la paz como “avance social” y de formas de inclusión y democracia.

Ante un presente de circunstancias difíciles y con una mirada de conjunto a la realidad violenta, los movimientos sociales del país tendrán que ser inflexibles en la exigencia de justificaciones claras al Estado y los diferentes actores armados sobre las verdaderas motivaciones de sus acciones. En el país, nuestra seguridad (en sentido amplio) no puede pasar por justificar la seguridad de otros o de un Estado ajeno, como reclaman para sí y con interés global los Estados Unidos, así como tampoco de ideales abstractos que desconozcan la realidad y la geopolítica que no configura un mundo multipolar.

En síntesis: las dos condiciones, un desafío, un obstáculo, los sujetos y los once puntos

El reto mayor o desafío es desatar un protagonismo de opinión y con participación masiva, objetivo que será posible sólo mediante un debilitamiento político de la influencia del poder. Sin embargo, la mera introducción de la paz como tema de urgencia nacional y humana encuentra una traba: Con la opinión y desde la opinión de Bogotá no es posible llegar a una “paz justa” y su avance.

Es preciso entonces hacer un señalamiento y avanzar en un acuerdo acerca de quiénes son los sujetos necesarios para la “paz justa”, que en el momento son: a) del poder real y sus factores, b) los actores armados actuales, y el efecto de desinstitucionalización narcoparamilitar y del narcotráfico como renglón industrial internacional c) el latifundismo, d) el poder difuso y social, y e) los pueblos indígenas y las negritudes. Con esta ubicación, corresponde particularizar exigencias en particular:

• Estado (Poder político y política económica). Ejército y actores armados. Poder económico, latifundio y narcotráfico (lavado de dólares y activos) y raspachines como mano de obra de la industria transnacional del narcotráfico. Conjunto social y minorías en la nación. Testigos (¿intermediarios?) internacionales.

1. 12 puntos de plataforma* para la transición y los cese de fuego.

– Ingresos y empleo (trabajo, subsidio al desempleo y pauta de modelo de desarrollo).
– Alimentación (enfrentar la existencia de hambre y atender obligaciones municipales de necesidades).
– Salud. Extensión municipal, barrial y veredal de la infraestructura del primer nivel preventivo.
– Educación. Campañas sectoriales de eliminación del analfabetismo y la inclusión digital.
– Reclamo y veeduría de un uso social del ingreso petrolero en aumento.
– Tierra y territorio.
– Justicia y moral. Comisión por la Verdad (de los orígenes, responsables y factores económicos del conflicto.
– Corrupción.
– Impunidad.
– Narcotráfico.
– Medio ambiente (Minería, aguas, monocultivos, modelo urbano, transporte).
– Vivienda digna para todos: hacer innecesario el rancho y el inquilinato.

2. Exigencias inmediatas para cada uno de los sujetos de la paz necesaria

• Estado (poder político).
– Presentación de urgencia de una “Ley de Transición por la Paz”, con prioridad y asignación presupuestal inmediatas.
• Ejército:
– Alto Mando con participación para deliberar internamente.
• Paramilitarismo y “bandas criminales”:
– […] Debate para una consulta nacional sobre la extradición.
• Insurgentes:
– Presentación de su propuesta mínima en los órdenes militar y de propuesta sobre el país por construir.
• Estado (poder económico)
– Limitación de la propiedad financiera, industrial y latifundista según utilidad productiva.
• Conjunto social:
– Ampliación de la discusión del Congreso de los Pueblos y de sus puntos locales y regionales, con representaciones de la Marcha Patriótica, y otros colectivos e iniciativas.

Con su cuestionamiento a la presencia militar en su territorio, los indígenas recordaron que el Estado –si solamente es fuerza militar, control de orden público– no hace falta. No, puesto que con su organización comunitaria ellos garantizan un real control social. Recordaron los pueblos originarios del Cauca, por tanto, que el Estado es la representación –asume una delegación– delegada por la sociedad, pero que esta misma representación puede desaparecer en la medida en que la estructura social esté madura, y tenga avances en convivencia, autoridad y representatividad para asumirla. Hay que ejercerla con un quehacer, que es el gobierno directo y propio de la gente: el “poder popular”.

Con esta perspectiva es hora, ante todo, de la verdadera política y la consecución de acuerdos. ¡Cómo no! Ante los proyectiles y las armas satelitales e invisibles del poder del Imperio en la región, tan solo quien actúe con un criterio nacido de la entraña y con visión de mañana tiene perspectivas de futuro. Para que una discusión de este tenor prospere, hace falta involucrar en la misma a los actores sociales organizados. Hoy, al tener los indígenas en sus manos las llaves de la paz, el escenario se ensancha. Como actores sociales no armados ni en guerra contra el Estado, el reto que tienen es no dejarse encasillar por el gobierno nacional en una discusión aislada de reivindicaciones particulares, locales.

La llave de la paz no sólo surge ni debe servir para un acallar de disparos con base en un ‘pacto’ sin movilización total de la comunidad, sino que, además, debe abrirle el camino a un nuevo modelo económico social, político, de inclusión, así como a una agenda de verdadera reconstrucción del escenario internacional del país, de integración, con efectos económicos en un nuevo sentido que no refuerce privilegios. De lo contrario, el monstruo que enluta hogares tiene varias cabezas. Hay experiencias internacionales que así lo reafirman.

*Nota inconforme. Con la actual naturaleza del poder, el carísimo punto sobre la soberanía nacional y el apoyo financiero y militar de los Estados Unidos y la asesoría internacional y operativa de diferentes países no podría incluirse de inmediato; exige otras condiciones de correlación política y de representatividad internacional de la movilización por la paz.

* Propuesta presentada al Seminario Político por la Construcción de una Ruta Común de la Paz y del Congreso para la Paz, Caloto 3-4 de agosto de 2012).

Recuadro

Algunas experiencias en el continente

En El Salvador, la guerrilla, aun con el inmenso potencial con el cual destruyeron al ejército oficial de 10.000 efectivos iniciales hasta en tres ocasiones –reconstruido una y otra vez por los Estados Unidos y su Comando Sur– y la inmensa pobreza de su sociedad, se llegó a la conclusión de que no se tenía la fuerza suficiente para maniobrar y derrotar totalmente al ‘enemigo’. Entonces, el “alto al fuego” de una negociación les permitió renunciar al uso de las armas y asumir un segundo momento con el ejercicio legal de la política. De modo simultáneo, en Guatemala, y como producto de un desmantelamiento urbano de las guerrillas, el Estado aceptó una ‘negociación’ y la posterior reincorporación social de los alzados en armas. Fueron dos pactos entre actores armados. Sin embargo, tras dos décadas de estos acuerdos de paz, hoy existe una guerra social de inmensas proporciones, tanto en El Salvador como en Guatemala, cuya expresión más visible son los maras.

Ambos procesos hacen relucir que, frente a una paz íntegra, no se trata de trocar una violencia por otra ni de cambiar de rostros en los carros oficiales. Es diferente. El fin o propósito que corresponde es sentar las bases de una equidad sostenible y que pasa por el desmonte de estructuras construidas por lógicas que priorizan una competencia social, desaforada, individualista y de consumos desmedidos, que enfrenta a los diversos sectores y las clases de una sociedad, antes que hermanarlos en un sentido nacional y de integración en las diferentes realidades del mapa continental y mundial, con sus flujos de intercambio e identidad. Que el ser humano sea primero es una racionalidad que ya asoma y que, paradójicamente, con la crisis en el “viejo mundo” se hace más posible y necesaria.

Además de las experiencias de paz antes vistas, hay otra referencia igualmente cercana a nuestro país. En Venezuela, con una actualidad de pugna en el escenario electoral y la transformación en la naturaleza y el origen del poder, sucedió que, entre principios de la década del 60 y comienzos de los años 80 del siglo XX, las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (Faln), brazo armado del Partido de la Revolución Venezolana (PRV) –inicialmente del Partido Comunista de Venezuela–, tras más de dos décadas de guerra de guerrillas a cuyo seno se incorporaron 170 oficiales del ejército oficial, con capacidad para adelantar más de 50 acciones armadas por día, sin abandonar su clandestinidad y la acción política para la rebelión militar contra la corrupción y la desigualdad con un intento inicial en 1982, se asumió que en la sociedad no había espacio para su proyecto de guerra revolucionaria. Entonces concluyeron que allí no tenía cabida, en tanto el dominio estatal de la renta petrolera permitía una inversión social tal que hacía incomprensibles sus demandas de justicia y redistribución social. Eran banderas que el Estado mismo podía asumir –por ejemplo, en el campo– sin necesidad de reforma agraria, ya que contaba con no menos de tres millones de hectáreas de tierras baldías. Esta circunstancia conllevó una derrota que condujo a los guerrilleros a enterrar las armas e incorporarse al ejercicio de formas de oposición política.

Aun así, la aplicación de políticas que marcó el FMI en 1989 tuvo un efecto de alzamiento social en el caracazo del 28 de febrero, que, sin frentes activos de guerrilla, reactivó la acción clandestina de la rebelión militar con sus episodios del 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992. Vistas con rapidez las realidades de El Salvador, Guatemala y Venezuela, las lecciones de la historia son apropiables.