Las negociaciones de paz que se llevan a cabo en La Habana entre el gobierno Santos y las farc, y muy posiblemente el eln, apuntan, según diversos fuentes, a finalizar por el bien de Colombia con excelentes resultados, es decir, en la paz que tanto anhelamos. Pero dicha paz no puede ser lograda a cualquier precio, en especial en lo referente a la participación política de los alzados en armas en futuras contiendas electorales. De ahí que sea indispensable realizar una reforma política y electoral a fondo.
La peor apuesta que puede hacer el “sistema”, es entregarle unas cuantas curules a los hoy alzados en armas, o disponerles un sistema transitorio de favorabilidad con tal que elijan unos cuantos parlamentarios en las elecciones de marzo de 2014. Nuestro “sistema” es dado a los tiempos rápidos, mientras la guerrilla se caracteriza por lo tiempos pensados. Ni el uno ni lo otro, pero las reformas citadas sí son necesarias.ç
Pensar y calcular, como lo hacen muchos parlamentarios liberales y conservadores, que la guerrilla entre al Congreso “y que después la molemos”, es lo peor que nos podría suceder como país. A Colombia le hace falta una oposición orgánica, seria y consecuente, pero sobre todo que pueda existir y desempeñarse con garantías.
En Colombia, el clientelismo y la corrupción son las características esenciales, tanto del sistema político como del electoral. La compra y venta de votos, la comercialización de líderes –entre estos concejales y diputados–, el control y monopolización de entidades públicas por parte de los partidos (hoy la Unidad Nacional, ayer el uribismo, antes liberales y conservadores), los contratos a dedo, la financiación de los partidos por debajo de la mesa, el apoyo de los cacaos a los partidos liberal y conservador, el aparato estatal y con ellos sus funcionarios base del “sistema” a disposición de gamonales y caciques electorales, la financiación de las maquinarias políticas tradicionales por parte del paramilitarismo y del narcotráfico, etcétera, todo esto hace casi que imposible, a cualquier partido político de sesgo opositor, disputar de tú a tú curules para el Congreso. No más imaginar que la elección de un senador de la República, a precios de 2014, puede costar cerca de 5.000 millones de pesos, en especial en la costa Atlántica, ya da una imagen del tipo de régimen político que tenemos y la dificultad para, siquiera, oxigenarlo.
Estas son algunas imágenes de la corrupta cotidianidad que apabulla al régimen político colombiano y a su sistema electoral, pero se pueden citar miles de sus perversos ejemplos: congresistas que se apropian de entidades públicas –como base de su entendimiento con el Gobierno–, como sucedió con los conservadores en el entonces Seguro Social, con Efraín Cepeda a la cabeza, lo cual le permitió pasar en pocos años de ser un inédito congresista en Bogotá a obtener 7.000 votos en el 2010 en la capital de la República, colocando además a su exdirector como concejal capitalino, el flamante Roger Carrillo, investigado por desfalco. Un simple ejemplo de cómo opera, de manera mancomunada, nuestro sistema político y electoral (Ver: Penumbras y demonios en la política colombiana, ediciones Desde Abajo, 2011).
Por ello, más que espacios políticos transitorios lo que debe garantizarse, como parte de la negociación en curso, es una reforma política y electoral a fondo, tendiente a cambiar el sistema de repartición de curules, darle oportunidades a la guerrilla en sus tradicionales zonas de influencia, permitiéndoles ser actores protagónicos del sistema político, de manera que se sientan parte de nuestra democracia, más no excluidos, como actualmente sucede. La participación política no debe estar al servicio de los delfines y familiares de altas “cumbres” sociales, sino que debe ser el escenario de la confrontación de ideas y proyectos de sociedad y gobierno.
En este sentido, la oposición, como explica Giovanni Sartori, deberá contar con un estatuto serio a su favor, ya que “Cuando no se limita el ejercicio del principio mayoritario, surge la tiranía de la mayoría. En sustancia, aquí el problema es o son los derechos de la minoría”.
Por esto, entre los puntos de acuerdo por establecer en La Habana deberá estar el derecho de acceso a la información del Estado, clasificada o no; la presencia de la oposición, por derecho, en el Consejo Nacional Electoral; acceso al registro electoral del país y de colombianos en el exterior; implantación del voto electrónico en todo el territorio nacional; representación en las registradurías departamentales y municipales; financiación plena de las campañas electorales; representación amplia en las Mesas Directivas de Senado y Cámara, así como sus Comisiones, incluyendo sus secretarías por derecho propio; posibilidad de réplica en todos los medios de comunicación; participación en las Comisiones Accidentales, incluyendo la de Relaciones Exteriores, Endeudamiento Externo y Militar; participación en las directivas de Ecopetrol, Banco de la República y servicio civil, entre otras; participación en los órganos de control, y derecho propio en la Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Contraloría. Pero también se les debe abrir canales para participar en la selección de los magistrados de las altas Cortes, e incidir en el sistema judicial, etcétera. Son todos estos aspectos a tener presente en las negociaciones de La Habana si de verdad no queremos repetir la historia de tragedia y muerte de los últimos 60 años.
Pero si el “sistema” aporta a la democracia, tanto la guerrilla como la izquierda también deberán aportar a la democracia y a la sociedad, empezando por vencer sus egos, “ismos” y divisiones que le han caracterizado a través de su historia, entendiendo por esto –por las razones expuestas– que la unidad en sí misma es la razón de su supervivencia en un sistema político y electoral altamente competitivo.
Por ALFREDO DE LÉON MONSALVO, magister en ciencia política, Universidad de los Andes.
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