En las administraciones Uribe y Santos, los erarios municipales han padecido significativos recortes. Para llenar el enorme hueco fiscal, los alcaldes han endurecido los Estatutos Tributarios, recargando sobre los ciudadanos la desatención del Estado, y los impuestos que les son exonerados a las multinacionales.
Con el inicio del año 2013 han despertado, otra vez, numerosas protestas en diversas ciudades. La razón: se mantiene la inconformidad con las altas cifras por pagar que han traído las facturas del impuesto predial. Lo novedoso de esta situación es que los inconformes no demandan que no se cobre el impuesto, sino que éste sea justo (es decir, que se cobre de acuerdo a la capacidad económica de las familias), y deciden que, mientras tanto, estarán en desobediencia civil.
Como se sabe, la nación y las entidades territoriales se sostienen y proyectan su funcionamiento, principalmente, a partir de establecer y recaudar impuestos, imponiendo “a todos los ciudadanos” la obligación de pagarlos para el sostenimiento de los gastos de financiación del Estado en sus distintas variables. Para el caso que nos ocupa, todos los propietarios y poseedores de vivienda cancelan el impuesto que se conoce como predial. Para que así sea, todos los municipios colombianos cumplen con las labores denominadas técnicamente formación catastral, actualización de la formación y conservación catastral, a través de sus respectivas autoridades catastrales (tres del orden municipal para Bogotá, Cali, y Medellín; una departamental para Antioquia y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para el resto del país), en cumplimiento de las normas más recientes que regulan este y otros impuestos: leyes 14 de 1983 “Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales”, 44 de 1990 “Por la cual se dictan normas sobre catastro e impuestos sobre la propiedad raíz, se dictan otras disposiciones de carácter tributario y se conceden unas facultades extraordinarias”, y 1450 de 2011 o “Plan Nacional de Desarrollo”.
Desde hace treinta años, los gobiernos nacionales han ejercido constante vigilancia para que se cumpla de manera cabal con el mandato legal, pero, sin duda alguna, la mayor presión la han recibido los alcaldes en la última década pues con los Actos Legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007 –de modificación de la Participación en los Ingresos Corrientes de la Nación– los municipios padecieron significativos recortes en sus recursos. Estas medidas formaron, entonces, un hueco en los fiscos locales, y los gobiernos nacionales exigen a los alcaldes que lo llenen con el endurecimiento de sus estatutos tributarios, incluso bajo amenazas disciplinarias, fiscales y penales. No pocos hacen del mandato su propio designio, como el Alcalde de Medellín, comprometido con toda política neoliberal del mandatario nacional.
Y su pretensión no es poca. En el año 2005 Santiago Montenegro, Director de Planeación Nacional, calculaba que si los municipios aumentaban un punto en el Impuesto Predial podrían recaudar un billón de pesos más por año. Esta afirmación ayuda a entender por qué las dos administraciones de Uribe y la actual de Santos empujan al alza los impuestos de los municipios: que sean los ciudadanos de la localidad los que aporten para atender sus necesidades –cada vez más crecientes– y no la Nación.
Y la cascada impositiva se vino sobre los hogares. Dispone la ley del Plan Nacional de Desarrollo, 1450 de 2011, que el avalúo catastral no podrá ser inferior al 60% del valor comercial del inmueble. Un cálculo, un impuesto, que se elabora en ese mundo ajeno a la cotidianidad de la inmensa mayoría de propietarios inmobiliarios, dueños apenas de una propiedad: su casa, destinada a la vivienda familiar.
Esta determinación del avalúo catastral, competencia de la autoridad administrativa, va acompañada de la decisión de los concejos municipales respecto de la tarifa del impuesto predial. Se entendería entonces que estas corporaciones de elección popular aplicarían, teniendo en cuenta el crecimiento real de la base gravable (resultado de la actualización catastral), unas tarifas bajas –más bajas mientras más haya subido el avalúo catastral– de manera que, al cruzarse con los rangos de avalúo y según el estrato socioeconómico, el impuesto se eleve en proporciones justas, equitativas y progresivas, respetando la capacidad de pago de la población. En todos los municipios de Colombia, la realidad ha sido diferente de esta legítima consideración, pues los concejos han definido tarifas, por lo general, muy altas.
En Medellín, del uno al cinco por mil
En el caso del concejo de Medellín, este aprobó en noviembre el Acuerdo Municipal 64 de 2012 –Estatuto Tributario–, cuando la actualización catastral aún no estaba concluida, hecho que ocurrió a fines del mes de diciembre. No había, por tanto, suficiente conocimiento de la nueva base gravable que permitiera inferir la magnitud del descenso que la tarifa requería. La tarifa mínima fue así mismo modificada por la ley 1450 de 2011 pasándola, del 1 por mil, al cinco por mil, instrucción rápidamente recogida por nuestra Corporación municipal.
Para poner en cifras la situación, veamos el ejemplo de lo que sucede con la factura del impuesto predial en esta ciudad, y la verdadera condición socioeconómica de sus hogares:
El total de predios registrados en su oficina de catastro asciende a 875.462 y los propietarios son 702.448. El 70.31% de los propietarios urbanos y el 85.55% de los rurales sólo tienen una propiedad, lo que significa que no la tienen para el negocio rutinario. El 76.5% de los hogares son estratos 1, 2 y 3. En 212.552 hogares (29.73% del total) falta dinero para comprar alimentos y en 60.075 hogares de los 298.000 en los que hay niños, alguno se acuesta con hambre porque no alcanza el dinero para la comida.
En la comuna El Poblado (estrato 6 en su inmensa mayoría), el promedio del dinero destinado por los hogares para el pago de alimentos mensuales bordea el millón cincuenta mil pesos, pero en otras trece comunas (sin Laureles y Belén) esta cifra varía entre trescientos y cuatrocientos mil pesos.
Esto sucede en una ciudad como Medellín, donde la economía familiar está en crisis. Así lo denuncian datos como que el 49% de los desconectados de los servicios públicos domiciliarios trabaja, de estos el 55% son informales y del 51% que no trabaja, un poco más de la mitad son amas de casa; el 53.2% de los usuarios de las Empresas Públicas de Medellín de estratos 1, 2 y 3 paga más de $165.000 mensuales, y el 55.2% de ellos gana menos de $560.000, y otro 43% gana menos de $400.000.
Sin duda, estas son cifras de pobreza, hambre y desempleo, y esta es la verdad de las condiciones como viven quienes van a pagar la factura del impuesto predial. Es evidente que se presenta una contradicción insoluble, antagónica, entre factura y capacidad de pago. Hay datos que enseñan que los promedios del impuesto predial en comunas pobres están, en todos los casos, por encima de los cien mil pesos: comuna uno $111.179; dos $131.208; tres $125.369; seis $166.062; ocho $198.369; trece $212.654, para mencionar apenas unos casos.
Con razón decía George Soros, uno de los grandes especuladores financieros del mundo, que “en esta etapa de la historia los impuestos tienden a pasar del capital a los ciudadanos”. En época de globalización neoliberal, traducimos nosotros, a los grandes capitales multinacionales se les enriquece más, se les exonera de impuestos, mientras a los pobres se les empobrece más, se les carga severamente con toda clase de impuestos. Y esto debe terminar.
Medellín, en desobediencia civil
Hasta ahora, de manera cumplida los ciudadanos han atendido las obligaciones del artículo 95 numeral 9 de la Constitución Política: “Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad”, pueden ahora, entonces, ejercer el derecho legítimo de hacer valer su fuerza, también cumpliendo con una prerrogativa que les ha sido otorgada por la propia Constitución Política: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente” (artículo 37).
Y así se está procediendo: decenas de organizaciones comunales, cívicas, sindicales, gremiales, políticas y religiosas; constituyeron a fines del mes de enero en la ciudad de Medellín, el Comité Ciudadano Predial Justo y han llevado a cabo, al menos, una marcha gigantesca y muchos plantones en las comunas, evidenciando el ánimo de indignación que recorre toda la ciudad y el clamor por la revisión total de los avalúos residenciales y comerciales, por la merma significativa del impuesto predial y por un Proyecto de Acuerdo que defina las tarifas de acuerdo con la capacidad de pago de los contribuyentes.
Pero no sólo en Medellín. En toda Colombia, por la extendida condición de desempleo causada por el cierre de fábricas y unidades productivas agropecuarias, por la generalización de la pobreza, las distintas organizaciones sociales que lideran el reclamo colectivo contra estos impuestos enfatizan en los impuestos justos. Procurar que toda esa gama de protestas se reúnan en un gran movimiento nacional por la derogatoria de las leyes de actualización catastral es la consigna que hoy está vigente.
Por Javier Gaviria Betancur, presidente de la Asociación Antioqueña de Ligas de Usuarios de los Servicios Públicos – ASULUS.
Recuadro
¡Esto es un asalto!
Ahora, que para todo el país se exige adelantar los procesos de actualización catastral cada cinco años, muy útil es recordar con exactitud cómo está definido el avalúo catastral por la más reciente norma expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Resolución 070 de 2011: “El avalúo de la actualización de la formación es el avalúo catastral corregido para eliminar disparidades provenientes de cambios físicos, variaciones de uso o de productividad, obras públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario”, lo que significa que el mayor valor no proviene en exclusivo de agregar mejoras o construir nuevas áreas, sino también de estrenar en el entorno urbanístico obras de infraestructura física o de equipamiento urbano, y, lo que es peor, de los movimientos económicos o financieros, literalmente especulativos, en el mundo de los negocios de la propiedad raíz, elemento perverso, pues supone que todos tenemos nuestra casa para negociar con ella.
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