La actual crisis de la Universidad de Antioquia (UdeA) no es algo inédito para el conjunto de las Universidades Públicas del territorio nacional, debemos remontarnos a los inicios de los años 90 para encontrar la implementación de un gran número de políticas neoliberales que llevaron a considerar los derechos, declarados en la Constitución Política de 1991, como servicios y a los ciudadanos como clientes. Las políticas privatizadoras para las Universidades Públicas quedan formalizadas desde el año 1992 con la Ley 30 “por la cual se organiza el servicio público de la educación superior”, ley con la cual se condenó a las universidades a un presupuesto congelado y al tiempo les exigían que aumentaran las coberturas, abrieran más sedes y contrataran docentes más cualificados.
El artículo 86 de la Ley 30 de 1992 estipula que el presupuesto de las universidades “estarán constituidos por aportes del presupuesto nacional para funcionamiento e inversión, por los aportes de los entes territoriales, por los recursos y rentas propias de cada institución”. Esta última parte constituye el gran logro del neoliberalismo, al responsabilizar a las mismas universidades con la consecución de recursos, llevando a casos como el de la UdeA, obligada a “rebuscar” el 50 por ciento del presupuesto ofertando sus “servicios” en un mercado que incluye la demanda del mismo Estado, que deja de ser garante y se convierte en un cliente más de la Universidad. Con el paso del tiempo el Estado fue mermando su participación con los recursos para garantizar la educación, al igual que lo hizo con la salud y otras necesidades básicas, y en las universidades se vuelve paisaje común la crisis financiera.
Lo cierto es que hoy en la Universidad Pública colombiana prevalecen conceptos como rentabilidad, emprendimiento, optimización o calidad, todo, por supuesto, en función de graduar en el menor tiempo posible la mayor cantidad de estudiantes que estarán al servicio de un mercado laboral que ni siquiera los puede emplear en condiciones dignas.
A propósito de ello, dice el artículo 6 de la Ley 30 del año 92 que la Universidad debe “prestar a la comunidad un servicio con calidad”, pero la calidad, concepto propio del neoliberalismo, está guiada por intereses muy lejanos a la comunidad, en cambio sí obedece a intereses de grupos económicos que les favorece una Universidad instrumentalizada para ofrecer mano de obra para un mundo laboral altamente precarizado, lejos quedan aquellas aspiraciones de una Universidad que pretenda formar ciudadanos críticos y comprometidos con las transformaciones que demanda la realidad social.
Uno de los grandes problemas de la privatización de la educación superior se evidencia, de manera alarmante, en el acceso y permanencia en las Universidades Públicas, a la que accede menos del 50 por ciento de los bachilleres, problema preocupante si tenemos en cuenta que uno de cada tres estudiantes que ingresa a la educación superior no logra terminar sus estudios.
Al respecto, la Ley 30 en su artículo 5 declara que “la educación superior será accesible a quienes demuestren poseer las capacidades requeridas y cumplan con las condiciones académicas exigidas”, justificando con ello la necesaria competencia que deben emprender los aspirantes a los cupos limitados en las Universidades Públicas. Estudios aún más difíciles de encarar cuando no se cuenta con suficientes recursos económicos, pues con la creciente desfinanciación poco podemos esperar del mal llamado “bienestar universitario”, convertido con los años en una formalidad que dice ofrecer mucho, pero poco responde a las necesidades concretas de los estudiantes.
La gota que rebosó la copa
El pasado mes de mayo la UdeA, por primera vez en décadas, tuvo un retraso con el pago de nómina de los profesores, lo que condujo a una indagación por parte del cuerpo docente para develar las causas del inusual suceso. Inicialmente, por parte de la institución hubo un parte de tranquilidad, como es costumbre, intentando mostrar el retraso en el pago de los salarios como algo menor y sin trascendencia, pero rápidamente el gremio de los maestros salió a denunciar una crisis insostenible producto de una desfinanciación acumulada por $348.095 millones para el caso de la UdeA, que la lleva a tener una caja cada vez más limitada para atender sus gastos. En concreto, la Universidad viene sorteando mes a mes sus obligaciones, hace cuentas con dineros que aún no tiene, pero que espera ingresar producto de la venta de servicios, hipotecando o vendiendo sus propiedades e incluso asumiendo sus compromiso con un “milagro”.
La crisis en la UdeA se intentó negar, a más no poder, por parte de su administración, en cabeza del rector Jhon Jairo Arboleda Céspedes, para quien, al igual que el alcalde Federico Gutiérrez, la comunidad universitaria no podía ser tan alarmista. La crisis era real y por ello se fueron desarrollando asambleas de docentes y estudiantes que buscaban desnudar al máximo la crisis y proponer salidas a la misma. Un primer punto a problematizar y derogar en estas asambleas era la circular de austeridad por medio de la cual se invita a realizar ajustes del presupuesto en cada una de las unidades académicas y que en su desarrollo no contó con la participación de la comunidad universitaria; otro punto importante en las discusiones fue la persistente violencia de género presente en la Universidad; también se habló de la crisis ética que encarna la burocracia que ocupa los cargos administrativos y finalmente la discusión sobre la necesaria reforma a la Ley 30 de 1992.
Luego de varias movilizaciones multitudinarias, asambleas multi-estamentarias, con auditorio y zoom lleno, y mesas de negociación, la UdeA cerró el 2024 con un paro indefinido y más dudas que certezas sobre lo que deparará a la universidad los años venideros.
El paro se juntó con las vacaciones de final de año. Con el año nuevo se reanudaron las actividades académicas, con pequeños avances logrados en las negociaciones con la administración: se pudo derogar la política de austeridad vigente y se obtuvo la participación de todos los estamentos en lo que tenga que ver con políticas de recortes; también se acordó la participación de todos los estamentos en la presentación de los proyectos de acción institucional (PAI), que desarrollan las diferentes dependencias de la Universidad.
Pese a ello, existe mucha incertidumbre por parte de los estudiantes y docentes sobre cómo se alcanzarán los recursos necesarios para sacar adelante los semestres venideros y, al mismo tiempo, poca claridad desde la administración sobre los pasos a seguir para solventar las necesidades actuales en términos presupuestales. Pareciera que la Universidad Pública, en el siglo XXI, está condenada a desaparecer: las políticas públicas abonaron el terreno para que el conocimiento esté al servicio de quien lo pueda pagar y no de la sociedad en general.
Es claro que la Universidad que conocimos debió tomar un rumbo diferente en la medida en que nuestra sociedad, en constante cambio, demanda un nuevo proyecto pedagógico acorde con las necesidades de una sociedad desigual, en guerra permanente y sin democracia. “Pública la recibimos, pública la devolvemos”, no puede ser una consigna exclusiva o limitada a la comunidad universitaria, es una discusión para abrir al conjunto de la sociedad colombiana, que requiere de un compromiso profundo que nos lleve a poner los intereses colectivos por encima de los particulares, de lo contrario nada quedará de lo que alguna vez llamamos Universidad Pública, y mucho menos de lo que debemos esperar de ella en procura de una transformación social en los tiempos venideros.
Reforma o movilización
La resistencia a las políticas neoliberales en el ámbito universitario ha estado marcado por reiteradas coyunturas, en las que se volcaron a la calles estudiantes, docentes y trabajadores de las diferentes Instituciones de Educación Superior (IES); se suman por centenares asambleas y plataformas políticas desarrolladas en las IES en las últimas tres décadas, con el ánimo de defender la Universidad Pública. Podríamos resaltar en el 2011 la conformación de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane), que logró derrocar la reforma a la Ley 30 promovida por Juan Manuel Santos que buscó la injerencia de capital privado en la Universidad Pública, la inversión estatal en universidad privada y la violación de la autonomía universitaria. Otro ejemplo a resaltar es el Paro Nacional Universitario realizado entre octubre y diciembre del 2018, durante el gobierno de Iván Duque, y que constó de una serie de movilizaciones realizadas por estudiantes de universidades públicas y privadas por cuenta de la crisis de financiación de la educación pública.
Fueron muchos los aportes de organizaciones políticas, del orden nacional, regional o local, para la formación y articulación de la comunidad universitaria y la sociedad en general en defensa de la educación pública. Hoy vemos cómo la presencia de las organizaciones estudiantiles universitarias ha disminuido significativamente y con ello el “trabajo de hormiga” que posibilita una oferta cultural a la comunidad estudiantil, y con ello la toma de conciencia de sus derechos, así como el deber ser educativo. En la Universidad Pública colombiana hoy reina la atomización, la falta de discusión y de espacios contraculturales. Difícilmente se puede vislumbrar un movimiento estudiantil o de docentes que cuente de una gran capacidad organizativa y que presente una propuesta política por una educación pública con eco en la sociedad colombiana.
Un factor poco despreciable, en la (des)movilización del sector universitario, cruza por la conquista de la presidencia por parte del Pacto Histórico en cabeza de Gustavo Petro, que ha llevado a un sector de la comunidad universitaria a considerar las movilizaciones o protestas como un guiño a la derecha y una afrenta contra el gobierno progresista. En su defecto, en esta conciliación con el establecimiento, proponen esperar a que el “gobierno del cambio” logre a través de las reformas dar cumplimiento a las demandas históricas estudiantiles, como el derecho a la educación, así como el proyecto de ley estatutaria para la educación, que buscaba “garantizar el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos y todas”, proyecto de ley hundido por el mismo gobierno a petición de Fecode por cuenta de los múltiples cambios que sufrió la propuesta en su trámite en el Congreso, que tiene en su mayoría parlamentarios con ADN privatizador.
El gobierno, luego de claudicar con la reforma a la educación que buscaba cambios “radicales” en la educación colombiana, espera que la nueva propuesta de reforma, presentada por el Ministro de Educación Daniel Rojas, denominado “Acuerdo Nacional por el Rescate Financiero de la Educación Superior Pública”, pueda ser aprobada en tanto “sólo” aspira a modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 y que establecen el mecanismo con el que se incrementan los recursos destinados por la Nación a las universidades públicas. Es el mismo Congreso que antes desaprobó todo lo que pudiera favorecer a las mayorías y actuó en favor de sus intereses particulares; es el mismo Congreso que hoy tiene como prioridad las elecciones del 2026.
Ante este panorama, esperar las reformas de mano de un gobierno sin aliento ni convicción de la necesidad del cambio, ya es opción agotada; queda la movilización, aunque las circunstancias de organización y ánimo al interior de los centros de estudio no es la mejor. En todo caso, la movilización siempre fue una de las opciones más potentes del movimiento social. Creando condiciones para ello, en estos momento está en curso la construcción de una Coordinadora Estudiantil de la Universidad de Antioquia (Ceua), que puede ser un primer paso para procurar a futuro una mayor movilización y organización de la base estudiantil.
Con esos retos en mano, es necesario que la comunidad universitaria participe de forma activa en el diagnóstico real de la Universidad Pública, valore elementos más allá de lo financiero, procure unos mínimos para constituir una plataforma política y, analice y tome postura frente a la propuesta de reforma del gobierno nacional. ¿Estaremos a la altura del reto, a pesar del cúmulo de limitaciones que hoy carga el movimiento estudiantil universitario?
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