Presentamos en este escrito un balance de la actividad legislativa en el primer año del Gobierno del Cambio con relación al Congreso de la República y una reflexión: ¿han impactado las mismas la política criminal del Estado?
Tratar de evaluar del desarrollo y las modificaciones de la política criminal en cuanto al desarrollo legislativo en el Gobierno del Cambio, no es tarea fácil. Tendríamos que empezar por entender que se trata de un gobierno de izquierda que, en muchos años de vida republicana, no había tenido la oportunidad de estar en el poder. Con ello, queremos significar también que además de tratarse de un gobierno opuesto al mando tradicional, tampoco ha contado con claras mayorías en el Congreso de la República y por ello no es sencillo que las propuestas legislativas que impulse alcancen las necesarias mayorías para tornarse realidad.
A lo anterior toca sumarle una situación que está demostrada y es que las políticas progresistas, pro humanidad, pro igualdad, generalmente no son de buen recibo por la mayor parte de las clases dominantes o de quienes han detentado el poder y prefieren seguir contando con una población mayoritariamente sometida, de modo que cualquier propuesta de valor en tal sentido, genera automáticamente gran polémica, auspiciada por los medios de comunicación dominantes.
La producción legislativa en 2023
Teniendo esto presente, el cuadro siguiente relaciona las principales leyes y decretos legislativos aprobados en la vigencia de 2023, tanto por el Congreso como con la respectiva sanción presidencial. Puede observarse que normas que toquen el tema relacionado con la política criminal, solo está la Ley 2292 del 8 de marzo de 2003, es decir, que las otras reformas que andan en trámite y que en algún momento causaran sensación en medios de comunicación, en definitiva, no avanzan en las diferentes comisiones legislativas, reformas tan esperadas como la integral al código procesal penal.
Polémicas reformas que no han surtido trámite
Valga decir, en gracia de discusión, que no solo de este gobierno sino de los anteriores, se ha esperado grandes reformas legislativas en materia de política criminal. Los estudiosos del tema criminal insisten en la inexistencia de una verdadera línea de política criminal, en este como en gobiernos anteriores. Un medidor claro que evidencia esta afirmación es la imposibilidad de aprobación de una reforma estructural al sistema procesal penal, si bien, incluso, se han puesto a rodar textos completos con los contenidos de la reforma estos nunca han sido sometidos a debate en las comisiones legislativas. Pero la necesidad de la misma surge una y otra vez por cuenta del hacinamiento en cárceles u otras manifestaciones de crisis el sistema carcelario, momentos en los cuales se echa de menos que el proyecto estructural está en marcha, pero nunca sale de la célula legislativa. Lo cierto es que a 20 años de la implantación del sistema con tendencia acusatoria no existe la anhelada reforma estructural, solo han tomado forma una serie de pequeñas modificaciones de carácter urgente, que no van al fondo de la problemática y sí actúan como paño de aguas tibia.
En particular, en el gobierno del cambio, el Ministro de justicia Néstor Osuna le apostó a una reforma que tendría gran incidencia en la política criminal, incluso para la intervención en el estado de cosas inconstitucional en materia de crisis carcelaria y penitenciaria, proyecto denominado ley “Por medio de la cual se humaniza la política criminal y penitenciaria para contribuir a la superación del estado de cosas inconstitucional y se dictan otras disposiciones”, más conocido como proyecto de humanización carcelaria, que si bien en su momento generó una gran controversia en los medios de comunicación, no tuvo destino alguno con relación a su trámite ante el legislativo, pues el debate se enfrió y la prioridad dada a otros macro proyectos en la agenda del cambio no permitió ni siquiera que el proyecto fuera presentando, discutido, ni mucho menos aprobado en sus primeros debates, es decir, no deja de ser una gran apuesta de un gobierno de centro izquierda, pero que no tiene resultado alguno a la fecha.
De esta manera, la impronta que se esperaba de la política criminal en el gobierno del cambio no ha prosperado, y a juzgar por lo atropellado de la agenda legislativa que se prevé para el año 2024, es posible que no tenga espacio pues a la fecha el debate de las grandes apuestas de cambio están en la reforma a la salud, que deberá enfrentar dos debates en el Senado; la reforma pensional, que ni siquiera se discutió en el periodo 2023, y la laboral, que sigue estancada en su primer debate. Debates y trámites, todos ellos, por retomarse el 16 de febrero, cuando lleguen a sesiones ordinarias los congresistas.
La expectativa, cuando no se tiene el control
Partimos de la base, conforme se demuestra con lo aprobado en el primer año del gobierno del cambio, que la expectativa viene superando a la realidad, más si lo observamos desde la política criminal, que es la orilla desde donde venimos haciendo el análisis, pues salvo la primera reforma tributaria y la aprobación de la Ley sobre paz total, el gobierno no ha tenido otros rutilantes triunfos en al Congreso, en el que incluso un proyecto sobre el que había enorme expectativa –el relacionado con el cannabis recreativo– se hundió estando a punto de salir a flote, lo que demuestra lo complicado que ha sido para el gobierno obtener las necesarias mayorías.
De esta manera y andando por los márgenes en materia criminal, la Ley Nº 2292 (8/03/2023) por medio de la cual se adoptan acciones afirmativas para mujeres cabeza de familia en materia de política criminal y penitenciaria, que modifica y adiciona el Código Penal, y la Ley 750 de 2002 y el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones, no pueden tomarse como un cambio legislativo de peso en materia de política criminal, sino como un paliativo más, que contempla los cambios para una situación puntual, y que sigue dando la razón a quienes creemos que a 20 años de implementación del sistema con tendencia acusatoria, se requiere una actualización de fondo tanto en el sistema sustantivo (código penal) como en el adjetivo (procesal penal) que a su vez, con las múltiples reformas que han sido introducidas vía jurisprudencia de las altas cortes, es ya una colcha de retazos que requiere una armonización seria y estructural.
En realidad, la conclusión central frente a la evaluación de este tema en el gobierno del cambio ya venía esbozada en la primera parte de esta columna: claramente han sido más las expectativas que los resultados, han sido más los ruidos de prensa y la polémicas inocuas que las aprobaciones. Seguimos estancados en un punto según el cual todo está por construirse y la limitación enorme de un gobierno que no tiene mayorías claras en el cuerpo legislativo lo condiciona todo; pero el gobierno, además, tiene sus principales apuestas políticas pendientes (reforma salud, pensional y laboral), de las cuales, lo más seguro, no dejará de centrar su atención, mucho menos por atender asuntos anexos. En el 2024, y con la vista puesta en el 2026, se juega su capital político, el que en gran parte depende de las reformas fundamentales que logre sacar adelante. De ahí que pueda asegurarse que la política criminal seguirá en el olvido. Al fin y al cabo, lo que se hace a favor de los desposeídos no da votos.
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