Ojo con el triunfalismo

Las celebraciones de parte del Pacto Histórico por los resultados alcanzados en las elecciones del pasado 8 de marzo, en las que incrementó su número de congresistas, tanto a Senado como a Cámara –constituyéndose en el principal partido del país–, así como la primera fuerza dentro del Congreso, no dejan de provocar en su militancia un robustecido triunfalismo. Estamos ante una realidad reforzada por la disciplinada respuesta de su base social ante el llamado a no votar la consulta presidencial.

Como lo enseña la historia de la humanidad, el triunfalismo lleva a comportamientos de idealización pasajera o temporal, situación cerebral que impide ver la realidad en todos sus matices, y, por tanto, facilita caer en errores por aquello mismo de sobredimensionar una parte de la mirada, y de reducir o minimizar la otra.

Se trata de una realidad digna de tener en cuenta, para corrección sin aplazamiento, ya que, si bien los resultados fueron buenos, no lo son tanto como para asegurar un triunfo absoluto en primera vuelta ni garantizar desde ya la continuidad en la administración del país, fruto de la victoria en segunda vuelta. Los 4.413.636 votos alcanzados en las elecciones al Senado y los 4.338700 en la Cámara, que le garantizan ser la minoría más grande en el Legislativo, aunque superan de manera significativa lo alcanzado en las elecciones de 2022 (2.880.254 para el Senado y 3.099.462 para Cámara), no quiebran el escepticismo y el desinterés por el gobierno, lo público y las elecciones, manifiesto en el cuerpo social con la alta abstención que se prolonga en el país (50,65% para Senado y 52,02% para Cámara). Así se ha debido comportar la conducta electoral, aunque fuera de manera mediana, tras cuatro años de un gobierno que prometió el cambio para el país, con avances en el agro, el mundo obrero y otros segmentos de la vida social y, en específico, tras las medidas económicas y sociales tomadas por el Ejecutivo durante los últimos meses, con marcado matiz electoral.

Se llega a este escenario tras un prolongado proceso deliberativo dentro del Pacto Histórico, que ha concluido con la conformación del partido, como fruto de la unidad del conjunto de fuerzas que se alistaron para ello, y de discusiones y consultas de diverso tipo, entre las cuales resalta la votación de octubre 2025, que ungió a Iván Cepeda como candidato presidencial por las fuerzas del cambio. Es este un resultado impuesto por las bases del partido, toda vez que lo proyectado desde años atrás en la Casa de Gobierno era que, buscando un escenario más centrista, que diera margen para integrar una alianza como la alcanzada en 2022 y que abrió la Casa de Nariño para el proyecto progresista, la candidatura recayera en Roy Barreras.

De esta manera, el Pacto Histórico cuenta con un candidato de total legitimidad entre sus filas pero con un ‘inri’ de comunista más allá de ellas. Esta realidad restringe su margen de movimiento en pro de conformar una alianza presidencial con resaltado arcoíris: realidad aún más restringida con el nombramiento de su segunda a bordo, la líder indígena Aida Quilcué, de profundo liderazgo entre su pueblo Nasa-Cauca y otros pueblos indígenas, pero sin el imán suficiente para arrastrar a otros sectores sociales a lo largo del país, de modo que se sumen a la campaña electoral por la continuidad del actual gobierno. La fórmula Cepeda-Quilcué refuerza el tono de izquierda radical de la candidatura, algo extraordinario para la militancia pero no tanto para una amplia franja del electorado colombiano. Es una realidad aún más marcada tras la experiencia vivida con Francia Márquez, líder de las negritudes también caucana. ¿Por qué se tomó la decisión de la fórmula presidencial sin un debate amplio entre las bases del Pacto, así fuera corto? La explicación de ello, con el coletazo que pudiera tener, solo se conocerá a plenitud de llegarse a perder las elecciones. Y ello es así porque, en tal tipo de circunstancias, siempre hay quienes salen a cobrar. En poco tiempo, todo ello estará claro.

Entre tanto, por el lado opuesto, con un sentido similar al pulsado por el presidente Gustavo Petro y que le indicaba que la sociedad estaba indispuesta con los denominados extremos, el Centro Democrático moderó su lenguaje y sus propuestas, y llevó a cabo una primera consulta interna en la cual bloqueó las opciones más extremas, lo que propició la ruptura de una pequeña fracción de su estructura por dos costados: una, encabezada por María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie, y otra, por el hoy candidato presidencial Miguel Uribe Londoño. Previamente a ello, la fractura con Iván Duque ya estaba concretada, al tiempo que le hacía el quite a la propuesta radical de Abelardo de La Espriella. Todas esas rupturas, además de la fraguada en Medellín con Creemos, la fuerza del alcalde Federico Gutiérrez, sumada a la campaña de quien se autonombra como El Tigre, a la luz de los resultados electorales, solo alcanzaron a aruñarle un pequeño segmento de votantes.

Como continuidad de esa estrategia electoral, buscando el centro, conforma un ramillete con nueve candidatos para la consulta electoral del pasado 8 de marzo, en el cual los tonos azules y grises son variados, lo que le abre las puertas del electorado más allá de quienes se identifican con el uribismo. Los resultados de esta consulta potencian el giro vivido en su discurso y su estrategia electoral, lo cual queda reforzado con su propuesta de gobierno de Seguridad total, la cual abre aún más las puertas de esa campaña para opciones no estrictamente de derecha, atreviéndose a recoger líneas programáticas progresistas, como la de sustitución de cultivos ilícitos y el incremento de salarios para los trabajadores. También –y esto de hecho– la diversidad sexual. Este proceder le resta fuerza a la campaña de La Espriella, que deberá quitarle quilates a su discurso beligerante si no quiere verse fuertemente disminuido en los días que faltan para llegar al 31 de mayo, fecha de la primera vuelta presidencial. Otras propuestas que van por ese camino, como la del señor Uribe Londoño, no alzarán vuelo, y todas esas sumas de votos se verán reunidas en un solo cuerpo en junio, de cara a la segunda vuelta. Esta es la lección que deja la recién experiencia chilena, espejo que no se debe desconocer.

El escenario electoral no se cierra en estas opciones. Aun queda por verse el poder que alcance Sergio Fajardo, cabeza de la agenda tradicional de centro, que no aceptó sumarse a ninguna de las consultas y va solo para el 31 de mayo, contando con una apuesta inicial de 897.225 votos, que son los alcanzados el 8 de marzo por los partidos que lo apoyan. Otra docena de candidatos inscritos para la primera vuelta presidencial poco arrastrarán y poco sumarán en las alianzas que se acuerden para el voto que definirá la presidencia 2026-2030.

Más allá, queda por verse cómo actuará Estados Unidos en esta coyuntura, siempre a la sombra de nuestra realidad pero siempre activo. Su decisión de control total en la región depara lo peor, pero, en esa cruzada, como lo dejan ver los sucesos en Venezuela, no les preocupa quién esté a la cabeza del país, siempre y cuando acepte complacer las exigencias de distinto orden que se le planteen. Filtraciones de variado tono y potencial son posibles, facilitadas por la acumulación de inteligencia que siempre tienen del país y de sus dirigentes, y pueden inclinar la balanza electoral hacia uno u otro ángulo. Pasarán los días y podremos precisar a plenitud cuál es su decisión. Para ellos, también parece ser claro que en Colombia la fórmula modelo Milei no tiene espacio, tal vez porque acá ya se vivió eso, y mucha más, durante décadas, de manera que malas réplicas de Trump, como Noboa o Kast, nacen muertas.

Finalmente, según lo determine la ciudadanía el 21 de junio en la segunda vuelta presidencial, queda abierto un interrogante: ¿cómo asumir la oposición en caso de derrota? Pero, asimismo, ¿cómo darle continuidad al mandato progresista en caso de triunfo? Quizá lo más difícil por determinar sea esto último, pues no está claro qué puede significar esto de continuar el derrotero del cambio, dado el giro de 180 grados que el gobierno Petro ha dado en su última fase en algunas de sus políticas, tal el caso de darle rienda suelta a la continuidad del conflicto con bombardeos incluidos. Dada la composición de Cámara y Senado, donde no hay mayorías, no es pesimista pensar que las reformas abortadas en la actual legislatura no tienen por qué correr mejor suerte en las próximas. ¿Qué hacer, entonces? ¿Jugar a dar canonjías que posibiliten su aprobación, y correr el riesgo de que, como en el caso de la acusación a los ministros Bonilla y Velasco, conduzca a los funcionarios a la ilegalidad? Está claro que incluso las más recortadas reformas son inaceptables para los grupos dominantes, por lo que dejar claro qué puede hacerse y qué no debe ser un imperativo si es el caso de que el Pacto Histórico continúe en el gobierno.

En ambos escenarios está presente la agenda constituyente, que deberá sortear diversidad de obstáculos para su concreción y que, en caso de pérdida del gobierno, enfrentará un escenario mucho más adverso para materializarse. Las fuerzas de la tradición han dejado ver, una y otra vez, su oposición a esta iniciativa. En todo caso, el escenario reformista que implica realizar cambios en la Constitución puede servir de parlante para activar una agenda social politizante, pero su resultado en todos los campos es incierto, pudiendo, incluso, servir para abrirle espacio a una contrarreforma en derechos sociales, algo posible si se pierden las elecciones en curso y, con ello, las mayorías nacionales. Es decir, una vez conocido el voto ciudadano en junio próximo, se debería tomar una decisión de fondo sobre este particular. El riesgo no es pequeño y el caso de Chile se debe asumir acá también como ejemplo, además de que la corrección que se debe buscar en la legislación habrá de ser claramente para mejorar las condiciones del poder de decisión de las mayorías, algo normalmente dejado al margen. 

El debate, el procesamiento y la síntesis de la experiencia de gobierno, vividos en el lapso 2022-2026, deberán estar a la orden del día en cualquiera de los dos escenarios que se desprenden de estos comicios. En caso de triunfo, para potenciar los aciertos, evitar la repetición de errores y ahondar en la agenda reformista, cada día con mayor participación y más posibilidades de decisión, no solo de opinión, de parte de la población. En el otro escenario posible, para evitar el desánimo, la atomización y la dispersión del acumulado social, concentrando energías para concretar una oposición que transcienda el Congreso y estimule el protagonismo social para defender y ampliar, incluso, los logros sociales que se han alcanzado con el Gobierno del Cambio.

Un reto siempre está presente: ¿cómo evitar que lo institucional/electoral termine ahogando el referente de lucha por un país “otro”, uno que supere el actual estado de cosas, algo imposible de materializar por simple vía legislativa? Y ello parte, en las actuales circunstancias del país, por impedir que la mentalidad de funcionarios se imponga en la agenda de izquierda, tanto si se encabeza o no el gobierno.