Después de la sorprendente sugerencia del Presidente en el sentido de bajar las tasas de interés, algunos de los más grandes bancos, de manera todavía más sorprendente, decidieron aceptarla. En contravía no sólo de la política del Banco de la República sino también de las recomendaciones neoliberales de la misión del FMI. ¿Qué habrá detrás de todo esto?
El Fondo Monetario Internacional, FMI, corazón del sistema monetario mundial, que, entre otras funciones obra como prestamista de última instancia de los Estados, es bien conocido desde hace más de medio siglo por sus fórmulas dogmáticas, sus rigurosas condicionalidades de política económica y sus implacables exigencias.
Para sorpresa de algunos, en el 2020, durante los primeros meses de la crisis de la pandemia, pareció abandonar sus tradicionales y fijos postulados, recomendando políticas fiscales más flexibles que permitieran expandir el gasto público –expansión antes estigmatizada– no sólo para enfrentar los costos de la atención en salud sino para paliar la crisis social y sostener la actividad económica. No obstante, como siempre, las recomendaciones resultaron asimétricas. Mientras los países más ricos podían comprometerse en semejante política, los más pobres, para hacer otro tanto, no hallaron recurso distinto que el incremento del endeudamiento público a niveles astronómicos. Con el agravante de que la propia crisis y los remedios propuestos generaron enseguida una pavorosa espiral inflacionaria mundial (alimentos y combustibles).
Hoy el FMI, al igual que el Banco Mundial –BM–, ha vuelto a la ortodoxia y exige nuevamente austeridad fiscal y política monetaria contraccionista, supuestamente para “enfriar” la economía y detener la inflación. Se niega, en cambio, a una renegociación global de la deuda pública, única alternativa razonable para sostener la recuperación.
El Estado colombiano, como se sabe, ha mantenido desde finales del siglo pasado las mejores relaciones con el FMI, hasta considerarlo uno de los socios más juiciosos y obedientes, especialmente con los desarrollos de la Constitución del 91, encaminados a garantizar la “sostenibilidad fiscal” mediante el respeto a la llamada “regla fiscal”.
De hecho, Colombia ha mantenido un Acuerdo con el FMI en el marco de la Línea de Crédito Flexible (LCF) desde 2009, Acuerdo que fue renovado en mayo de 2020 y ampliado en septiembre del mismo año en aproximadamente USD 6.500 millones, o sea hasta un total de USD 17.200 millones. Se supone que este tipo de línea de crédito tiene un objetivo fundamentalmente de precaución, como si dijéramos un “colchón de seguridad”. No obstante, ese diciembre se decidió comenzar a utilizarlo aparentemente por exigencias de la pandemia, solicitando un desembolso por un monto de US$ 5.400 millones con lo cual sólo quedaba un saldo utilizable de aproximadamente US$ 12.200 millones1.
Es cierto que Duque logró, con el pretexto de la atención a la crisis de la pandemia, que le permitieran apartarse de la regla fiscal al tiempo que aceleraba el endeudamiento, pero se daba por descontado que una vez superada la crisis, probablemente en el 2022, se volvería al curso regular del respeto de la regla2. La llegada de un gobierno de signo opuesto, sin embargo, permitió pensar que, en este punto, habría de verificarse también un cambio histórico. No obstante, lo visto hasta ahora es la prolongación de la ortodoxia. Y con aplausos. El FMI, como si fuese necesario corroborarlo, acaba de celebrar, en su más reciente “Declaración Final” del equipo de Misión (febrero de 2023), lo acertado de sus políticas monetarias y fiscales. Al parecer, el gobierno de Petro ha logrado la cuadratura del círculo, obteniendo del capital financiero, nacional e internacional, un impulso a la economía productiva, manteniéndose a la vez dentro de la camisa de fuerza neoliberal de la política monetaria (tasas de interés de intervención) y el servicio de la deuda. Es lo que se verá más adelante.
Felicitaciones a granel
En la mencionada Declaración, el equipo que realizó la visita no puede ser más contundente:
“En un contexto de inflación alta y elevados déficits fiscales y de cuenta corriente, las políticas monetaria y fiscal se están endureciendo adecuadamente, facilitando la transición hacia un crecimiento más sostenible e incluyente”. Para concluir: “La aprobación de la reforma tributaria del 2022, el prudente Plan Financiero para el 2023, la reafirmación de la meta de inflación y el asociado endurecimiento de la política monetaria son hechos especialmente destacables y coherentes con la implementación de políticas muy sólidas en Colombia”3.
Sigue en la línea de la Declaración anterior, del año pasado, al final del gobierno de Duque, en donde, después de exaltar la recuperación de la economía colombiana durante 2021, advierte sobre los efectos indeseables de la inflación y llama a poner en marcha políticas de contracción monetaria para limitar el exceso de demanda de consumo y sobre todo el crecimiento del crédito a los hogares, aprovechando que las tasas de interés reales, a su juicio, se mantenían muy bajas. Obviamente, se trata de políticas que tarde o temprano habrían de frenar la recuperación: “para el Banco de la República será un desafío frenar las alzas de precios sin afectar excesivamente el crecimiento económico”4.
Sobra decir que se trata de la receta convencional de los manuales de macroeconomía neoclásicos, o mejor neoliberales, utilizados por los economistas “expertos” una y otra vez, en todo el mundo, año tras año, en sus consultorías. Naturalmente, no se ignora la contradicción que supone la receta, pero se presenta, al mismo tiempo como un necesario sacrificio, para evitar el mal mayor que representaría la inflación. –Como se observa, con algo de “puritanismo” muy anglosajón, como si la recuperación económica fuese una especie de pecado: exceso de consumo, es decir, ¡gula!. Y eso que reconoce que la celebrada recuperación no había dado ni siquiera para volver a los niveles de desempleo de antes de la pandemia.
En realidad lo que más importa en estos casos a los “expertos” del FMI, es el debido cumplimiento del servicio de la deuda pública y la salud del sistema financiero. Es por eso que las políticas prescritas están encaminadas igualmente a continuar la reducción del déficit fiscal, incrementado durante la pandemia. Y por ello se ve con buenos ojos la terminación de los apoyos sociales de emergencia y la mejor focalización de los que se conserven. No obstante, se reconoce que las reducciones del déficit fiscal se han logrado es gracias al impacto positivo en las finanzas públicas de los altos precios internacionales del petróleo y el carbón.
Paradójicamente, aquí se encuentra una razón más para acentuar la política de reducción del consumo. En efecto, a pesar de las “bonanzas” mencionadas, lo cierto es que el déficit externo –en la cuenta corriente de la balanza de pagos– continúa, al parecer debido a las importaciones cada vez más caras, sobre todo de alimentos (agrícolas) y otros productos de consumo, fertilizantes y otras materias primas. Y en lugar de pensar en una solución de emergencia para disminuir el costo de las compras indispensables en el exterior y en una necesaria reconfiguración a mediano plazo de la canasta importadora, se prefiere la solución inmediata y facilista de reducir brutalmente el consumo. Por supuesto, la mejoría de las cuentas externas se aprecia ante todo en relación con las posibilidades de financiamiento del Estado ya que el capital externo se hará cada vez más escaso y caro.
En fin, lo novedoso de la nueva declaración de la misión (2023) no es tanto su relato, que es más bien una cantinela, sino el grado de aceptación que parece haber encontrado en las autoridades económicas del país. En condiciones en que los desequilibrios internos y externos que se registraban se han ampliado, es decir cuando a su juicio debe persistirse en el rumbo escogido, o sea más de lo mismo: seguir cumpliendo con la regla fiscal y con el marco de inflación-objetivo. Lo hecho merece saludarse, pero –dicen– es de resaltar, sobre todo, lo que se está prometiendo. En efecto, la Declaración ensalza la promesa del Banco de la República de continuar la dura política monetaria, pero subraya particularmente el Plan Financiero presentado para el 2023 ya que “contempla una senda de ajuste consistente con la regla fiscal”.
Lo más sorprendente, sin embargo, es que considera y ubica incluso las “reformas estructurales” sobre la misma línea de ajuste. Sólo que deben ser implementadas gradualmente y comunicadas de manera adecuada. “El objetivo de reducir la dependencia de Colombia del petróleo y del carbón es encomiable”Es necesario “Un plan de transición energética y de diversificación de las exportaciones bien diseñado y ejecutado”. Apoya el Plan de Desarrollo en sus objetivos de equidad, seguridad, y equilibrio regional, e incluso de “Paz Total”. Llega hasta aceptar la posibilidad de “un mayor papel del Gobierno en aumentar la inclusión financiera y el desarrollo rural, al igual que la mejora de la cobertura y progresividad de los sistemas de pensiones y salud”.
El confuso rumbo de la ortodoxia
Como se dijo, la condición para el apoyo a las reformas es su subordinación a la política de ajuste, lo cual se ha hecho juiciosamente5. Ahí termina el almíbar de la relación con el FMI, que es como decir con el capital financiero internacional. Como era de esperarse, el Banco de la República ha seguido el manual a pie juntillas. Ha reafirmado una y otra vez su compromiso de alcanzar la inflación objetivo (variación anual de 3%) a finales del 2024, elevando continuamente la tasa de interés de política del 1,75 por ciento en septiembre del 2021 al 12,75 por ciento en enero del 2023. La inflación, sin embargo, parece haber seguido su rumbo. La variación anual del Indice de Precios al Consumidor al finalizar el 2022 fue de 13.1 por ciento. En todos los grupos de productos y servicios superó la famosa “meta”. Y según todos los pronósticos seguiría superándola por bastante tiempo. En febrero de 2023, la variación anual reportada por el IPC fue del 13,28 por ciento. Es decir, superior a la reportada en el mismo mes del año pasado, cuando su porcentaje fue del 8,01.
En cambio, aunque hay otros factores, el impacto desacelerador sobre la actividad económica no se ha hecho esperar. Así lo reconoce el propio Banco. Frente al tercer trimestre del año pasado, para el cual las estimaciones señalan un nivel del PIB excepcionalmente alto, en el cuarto trimestre todos los indicadores comenzaron a señalar una desaceleración, al punto que se proyecta para 2023 una variación anual del PIB de 0.2 por ciento. De todas maneras no debe olvidarse que el buen desempeño del año pasado tiene que atribuirse, además del sector financiero, a la industria del entretenimiento, el comercio y un poco menos a la industria manufacturera; en cambio el sector agropecuario ha continuado en retroceso6.
Dos argumentos suelen esgrimirse para sustentar este tipo de política anti-inflacionaria. El primero sostiene que “enfriar” la economía es fundamental ya que es el exceso de demanda agregada lo que inicialmente dispara los precios. De acuerdo con el segundo, se busca quebrar las expectativas comunicando una decisión categórica en relación con el carácter contraccionista de la política monetaria. No sería necesario volver a esa discusión sobre la que existe abundante literatura especializada si no fuera porque, como se ha visto, el FMI, y los expertos economistas, siguen insistiendo en recomendar el mismo tratamiento7.
El primer argumento es poco menos que perverso. ¿Es cierto que la inflación es de demanda? Claro que existe recuperación respecto a la caída que resultó del confinamiento y la parálisis en 2020. Pero ¿puede calificarse de choque del lado de la demanda? Sobre todo teniendo en cuenta que el siguiente primer año apenas se recuperaron (y gradualmente) los niveles de consumo de pre-pandemia. En cambio, puede observarse que en el extraordinario tercer trimestre del año pasado lo que más creció dentro de la demanda agregada fue la inversión y no el consumo de los hogares el cual comenzó además a desacelerarse en el cuarto trimestre.
Curiosamente los propios analistas del Banco, aunque insisten en el exceso de demanda, señalan otros factores claves de la inflación. En primer lugar, la devaluación que remite a su vez a un problema de oferta ya mencionado: la necesidad de importar en vista del aniquilamiento del sector agropecuario. Por otra parte, el incremento en los servicios, afectados por la incorporación de la dinámica alcista precedente, incluido el alza en los precios internacionales de los combustibles. Se incluyen aquí los servicios públicos, la mayoría de ellos regulados y pese al alivio propiciado en las tarifas de energía eléctrica. Finalmente choques de oferta, particularmente en el caso de los alimentos, afectados por incrementos en los costos y problemas originados en el clima.
El segundo argumento es hasta cierto punto deleznable. Sin duda algún papel juegan las expectativas, pero no es tan claro que éstas dependan en grado significativo de la comunicación del Banco de la República. Este argumento es una petición de principio. Si se cree que la tasa de interés efectivamente logra detener la inflación es lógico argumentar que si se anuncia que van a seguir incrementándola todos creerán que se van a detener las alzas generalizadas y ya no estarán abocados a elevar precios. Pero ¿si no es así? ¿Si la doctrina no es tan convincente como se postula?
Lo cierto es que por efecto de la política, las tasas de interés (activas y pasivas) sí han aumentado vertiginosamente, hasta niveles preocupantes, en el conjunto de la economía. Y como resultado, desde el cuarto trimestre del año pasado se ha desacelerado la demanda de crédito, especialmente el de consumo. Al mismo tiempo se está registrando desde entonces una desaceleración en la dinámica de consumo, si bien, en este caso inciden otros factores, el principal de los cuales es la propia inflación que erosiona el poder adquisitivo de los ingresos populares. La dinámica puede invertirse en la medida en que además se detiene el crecimiento del empleo como resultado de la recesión económica.
La pregunta inmediata es: ¿Qué tanto puede lograr contener la inflación esta política perversa? Por lo pronto, si hay una disminución del ritmo, especialmente en los productos agrícolas, como lo sugiere el comportamiento de los precios al productor, esto parece deberse a los otros factores. Entre tanto el daño que las altas tasas de interés producen en la dinámica de la inversión y por tanto en la acumulación de capital y en el sistema productivo es ostensible.
Haciéndole una trampita a la autoridad
El pasado 2 de marzo el Presidente Petro en Córdoba, con ocasión de la entrega del primer bloque de terrenos comprados por el Gobierno para la implementación de la Reforma Agraria, aprovechó su intervención para lanzar una singular propuesta al sector bancario. “Yo le pido desde aquí al sistema financiero –privado en su mayoría, pero también al Banco Agrario, que es público–, que haga un esfuerzo por bajar la tasa de intermediación, para poder bajar tasas de interés en el mercado, en la práctica”.
Sin duda, como se acaba de señalar, las alzas de referencia aprobadas por el Banco de la República terminan, después de cierto lapso, transmitiéndose al conjunto del negocio financiero, ante todo como una oportunidad de maximizar utilidades. Esto se refleja particularmente en las cobradas por las tarjetas de crédito. En ese sentido la curiosa solicitud parecería a primera vista un simple recurso a la buena voluntad de los banqueros. Si se quiere, a sus sentimientos de caridad en relación con los campesinos. Pero también se busca recurrir, como lo hizo explícito el Presidente, a su sentido estratégico, válido también en el mundo de los negocios. Pensar no en lo inmediato, sino en el mediano plazo.
“Luego aquí lo racional, desde el punto de vista de la tasa de interés y a pesar que el Banco de la República lo eleve, como el interés básico, es que el Banco, al reducir su tasa de intermediación –que significa, sí, reducir las utilidades de este año– pueda preservar el sistema financiero, los puestos de trabajo y la actividad productiva en Colombia, para que el año entrante podamos respirar mejor”8.
Lo interesante del asunto es que la solicitud no cayó en el vacío. Inmediatamente el Banco de Colombia, el más grande del país, anunció una sustancial rebaja de las tasas de interés. La decisión fue seguida, incluso con mayor audacia, por otros Bancos de significativa importancia: Colpatria, Occidente, Bogotá, Pichincha, Davivienda, BBVA. Lo que inicialmente fue una rebaja desde más de 46 a 25 por ciento en las tarjetas de crédito, pasó a convertirse en una política desde el sector privado para conjurar el peligro de una recesión mediante el apoyo a la llamada “economía popular”. Según explica, J. Malagón, el Presidente de Asobancaria, con tasas de 20 por ciento en créditos hasta de dos millones de pesos a personas que no hayan estado bancarizadas en los últimos cinco años9.
Es claro que la argumentación de Petro había sido entendida por lo menos por parte de algunos de los más grandes jugadores en el negocio bancario. El “sacrificio” de la recesión en las actuales condiciones del país no resultó convincente. Pero hay además otro argumento que tampoco se deriva del altruismo. Se trata de una estrategia de inclusión –bancarización– que si bien ha avanzado en Colombia está lejos de tocar a la enorme franja de la pobreza y la informalidad. En términos pragmáticos: se trata de quitarle los “clientes” a los círculos del crédito informal y criminal. O dicho en el lenguaje más exacto aunque menos empresarial: de sacar a los pobres, a las víctimas, de las garras de los “gota a gota”.
De la manera que sea, lo cierto es que, en esta coyuntura, una parte de los grupos económicos y el gobierno han coincidido en llevar la contraria a la “ortodoxia” del Banco de la República y a los imperativos del FMI. Claro está que, como habilidosamente se disculpa Malagón, si es cierto que la inflación ya llegó a su techo, lo que los banqueros están haciendo es ¡adelantarse a la corrección de la política monetaria que vendrá en el próximo semestre!
Algo para la reflexión
Aunque en la Constitución (y reforzado por la Sentencia de la Corte Constitucional de 1999) se establece que la política del Banco de la República debe no sólo intentar detener la inflación sino atender los impactos sobre la actividad económica y sobre el nivel de empleo, en la práctica el Banco se concentra en lo primero. Es la esencia del dogma neoliberal. Se le confiere al Banco central una amplia facultad para determinar la política monetaria pero con la condición de no interferir en la “libertad” del mercado financiero.
Como se ha dicho, no hay duda que el gobierno está dispuesto a seguir la política macroeconómica neoliberal, sin intentar regular el mercado financiero. La cuadratura del círculo consistió en lograr que sus propios actores y en persecución de sus particulares intereses, aceptaran asumir una política proactiva como la deseada por el gobierno. Pero es claro que la luna de miel no va a durar mucho tiempo. El Banco de la República, con su corte de “economistas”, dentro y fuera de las universidades, seguirá ejerciendo su autoridad.
Queda entonces una inquietud que no deja de llamar la atención a propósito de este “gobierno del cambio”. Entre las muchas propuestas que el Presidente Petro suele sugerir cada semana hay una que nunca se ha atrevido a plantear: ¡un acto legislativo que permitiera redefinir el papel del Banco de la República!
1 Cabe señalar que no se ha vuelto a utilizar. Dos años después (en Octubre de 2022), J.A. Ocampo el Ministro de hacienda del nuevo Gobierno, no solamente anunció que no se iba a utilizar sino que lo hecho por el anterior gobierno había sido un error.
2 Moncayo S. Héctor-León, “El próximo sablazo. Las amenazas de la pospandemia”, periódico desdeabajo Nº270, julio 20- agosto 20 de 2020.
3 Colombia: Declaración Final del equipo del FMI al término de la Consulta del Artículo IV de 2023, 14 de febrero de 2023. Departamento de Comunicaciones del FMI.
4 Colombia: Declaración al Término de la Misión de 2022 sobre la Consulta del Artículo IV, 15 de febrero de 2022.
5 Ver la entrevista con J.A. Ocampo en El Tiempo, domingo 12 de marzo de 2023
6 Banco de la República. Equipo Técnico. Informe de Política Monetaria, enero de 2023.
7 Moncayo S., Héctor-León, “Los precios: amenaza y advertencia”, periódico desdeabajo Nº287, febrero 20 – marzo 20 de 2022
8 Ver El Tiempo, 3 de marzo de 2023
9 Ver entrevista con J. Malagón en El Tiempo, domingo, 12 de marzo de 2023.
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