No es la primera vez que el presidente Gustavo Petro llama al pueblo a las calles y tampoco será la última. El pasado 11 de marzo, al conocerse el voto mayoritario en la Comisión 7 del Senado para archivar la reforma laboral, y que seguramente igual suerte correría la reforma a la salud, el jefe de Estado agitó al país concitando al constituyente primario a romper el bloqueo interpuesto por el poder tradicional para impedir el cambio prometido por el gobierno que él preside.
“El Gobierno convoca al pueblo colombiano, todo, a decidir, y convoca a una consulta popular para definir la reforma laboral y la reforma a la salud”1, afirmó el jefe de Estado.
Los llamados al pueblo, cada que siente que la oligarquía le cierra el paso, han sido una constante del actual mandatario, constante contradictoria, toda vez que, a la par que acude a las mayorías nacionales para que copen las calles, mantiene y profundiza una agenda de acuerdos por arriba con el establecimiento, la misma que implica distribución de ministerios y otras instancias gubernamentales bajo el paraguas de un “gran acuerdo nacional”. Tal actitud deja serias dudas sobre el marco de principios de la actuación del Presidente, mucho más si nos atenemos a afirmaciones como las brindadas al diario El País de España el 25 de febrero, cuando afirmó que “no estoy seguro de que mi papel sea administrar el capitalismo de los capitalistas”. Luego que el periodista le recordara que en el Consejo de Ministros afirmó que era revolucionario pero su gobierno no, nace un interrogante: ¿Puede alguien no estar seguro de ser administrador del capital y ser, sin embargo, revolucionario?2.
En estas circunstancias, de indecisiones y ambivalencias, el pueblo, entonces, surge como objeto y no sujeto, concitado para asustar como lobo con colmillos afilados, y al parecer sin capacidad de discernir por cabeza propia. La maniobra da paso a espacios de negociación y acuerdos que facilitan la gobernabilidad, la misma que va dejando, tras casi tres años del “gobierno del cambio”, a que casi nada se haya transformado o cambiado en el país. No se cae el Presidente3 pero tampoco se cae el poder real.
“Nosotros creemos que es al pueblo al que le toca decidir”, sostuvo el Presidente en el momento de convocar la Consulta Popular, mecanismo en el que confía para que las mayorías nacionales le tuerzan el pescuezo a quienes en verdad controlan las riendas del poder en esta parte del mundo. ¿Mantendrá la apuesta con vida o una vez más será un llamado-maniobra para lograr que no lo ahoguen, esta vez también apurado por las elecciones presidenciales que ya se atisban en el horizonte, para obtener un buen resultado en las cuales está obligado a mostrarles a sus gobernados realizaciones concretas, cambios efectivos?
El interrogante tiene raíces en anteriores llamados que no trascendieron más allá de la agitación, como el sucedido diez meses atrás, en mayo de 2024, y que pasaba por habilitar las reformas sociales vía referendo, propuesta que pasó al olvido en entierro de tercera.
En otros llamados, conocidos como “balconazos”, y que sufrieron un rápido desgaste, convocar a la movilización para defender las reformas era el lugar común, ninguno de ellos transformado en un pueblo henchido de convicción y sintonía con los mensajes emitidos. En todos esos momentos, como en el que ahora copa las aperturas de los noticieros y las tapas de los periódicos, la valoración de una democracia efectiva –que descansa en el pueblo y se debe a él– también es recurrente.
Es paradójica esa valoración-objeto del pueblo y de la democracia, más allá del voto y todas sus formalidades liberales, ya que la razón de ser de una democracia no formal –las mayorías actuantes y decisorias– no ha sido estimulada desde agosto de 2022 y hasta la fecha, con métodos persistentes, espacios incluyentes, recursos suficientes, metas trascendentes, para que se erija como sujeto y soporte del cambio por el cual votaron millones en 2022. Para ser consecuentes, no basta con decir, como lo afirmó en la mencionada entrevista con el diario español, que la falla residió “en creer que puedo hacer una revolución gobernando, cuando eso lo hace el pueblo”, y, además afirmar que “hay que hacer una revolución en Colombia”.
Contrariamente a esa necesidad histórica para el país, desde el propio 7 de agosto de 2022, la prioridad para la administración pública ha descansado en acuerdos por arriba, en la conciliación, con el pueblo siempre al margen. Tal proceder desinfló los espíritus rebeldes que llenaron las urnas y ungieron al actual Presidente. De modo que esas energías fueron desaprovechadas, caídas en desánimo, en vez de emerger como magma volcánico. Los escándalos por corrupción, así como un proceder burocrático-administrativo, con el paso de los días, las semanas, los meses y los años confirmaban que, a pesar de lo prometido y agitado en uno y otro discurso, no había rupturas estructurales con lo heredado. O sea, más de lo mismo, con colores y sabores progresistas, procederes ya vividos en otros países de la región, gobernados por dirigentes con igual convicción política y cuyo legado ha permitido el regreso al gobierno de la derecha, con más bríos y peores propósitos. Argentina es una de las fotos.
Hay que resaltar y preguntar si de verdad la opción y el convencimiento son por una verdadera revolución, como vía para quebrar a la oligarquía y su legado de injusticia y desigualdad social, ¿No se les debió dar prioridad a las formas organizativas de los de abajo? La obligación era, por tanto, empoderar al pueblo, revistiéndolo de poderes reales para que concretara las reformas que implican el giro necesitado por el país.
Esa decisión y ese proceder implicaban, en primera instancia, que el cuerpo de las reformas en trámite fuera conocido y discutido por la gente, concitando a la apertura de espacios deliberantes por doquier. Un proceder así no partiría de cero, pues cada una de esas reformas contaba con elaboraciones de modelos por implementar realizados por los movimientos sociales, en casos como el de la salud, por ejemplo, tras discusiones y movilizaciones vividas por dos décadas de continuo hacer, pese a lo cual, a la hora de presentar al Congreso el texto para su trámite, no se les convocó. Si había conciencia de que “no hemos conquistado el poder […], hemos conquistado un gobierno administrador, acorralado por los otros poderes y por intereses económicos, entre ellos los de la prensa”, con mayor razón, desde el comienzo la ‘administración’ debió ser no solo de cara a la gente sino asimismo con la gente como actor propositivo y protagonista en la conquista y la defensa de sus derechos.
Todo ello es un deber ser, necesario de haberse enfatizado una y otra vez en los discursos, con llamado al pueblo, además, a garantizar su autonomía como sujeto del cambio, de manera que defendiera el corpus de las reformas y, mucho más allá, si lo consideraba necesario, las trascendiera, las llenara de más contenido, pero también les otorgara cuerpo a otras más, en un proceder que podría oscilar entre acompañar al Gobierno en todo aquello que viera positivo y lo emplazara en todo aquello que considerara negativo.
De así obrar, se trataría de un pueblo en plan de materializar una democracia directa, participativa, radical y plebiscitaria, concretando espacios de gobierno local, y dándoles paso a la cimentación de otra economía posible y otras formas de asumir la política, en las que el “mandar obedeciendo” fuera central, así como el servir y no servirse, como lo recuerdan en sus principios los zapatistas, y que entre nosotros fue negado por la corrupción y por la persistencia de un presidencialismo que deja al pueblo, finalmente, como moneda de cambio, al cual, como ya se dijo, se acude cada vez que la conciliación y los acuerdos por arriba muestran factores limitantes.
Aquel es un proceder típico de la experiencia de gobierno que estamos viviendo, aupada por la mayoría de las organizaciones políticas de carácter alternativo que hasta antes de agosto de 2022 llamaban al pueblo a la lucha directa, a la concreción de una reforma agraria integral, a la creación de miles de nuevos puestos de trabajo, de la mano de una economía ‘otra’, de la reforma efectiva de la Ley de servicios públicos, pasando por la recuperación de multitud de empresas públicas que se privatizaron dos décadas atrás, entre otras muchas de sus iniciativas.
Tales organizaciones, abrazadas a un asfixiante realismo político, ahora guardan silencio y deponen toda iniciativa, quedando a las órdenes de lo que diga el Presidente, renunciando así a su autonomía, al necesario debate público de lo que vivimos y necesitamos como sociedad, y, con ello, a la politización de las mayorías, que debería ser uno de los principales frutos de una administración pública que rompió siglos de gobiernos oligárquicos, y por recoger por parte de las organizaciones y los movimientos sociales alternativos. Es este un proceder, tanto el encarnado en la Casa de Nariño como el de diversidad de organizaciones políticas, así como de expresiones de los movimientos sociales que, contra lo deseado, arrojará como herencia la institucionalización de sus expresiones y sus proyectos por quedar enfocadas en su trasegar en la agenda electoral y sin perspectiva poscapitalista.
Son estas realidades, más allá de los deseos con que nos damos ánimo cada día, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿Dejará como resultado colateral (el llamado a una consulta popular por dos de las reformas prometidas) un cambio en estos aspectos? ¿El debate nacional que implica tal tipo de consulta, con la deliberación sobre el contenido de las reformas, así como las formas del gobierno que requerimos para hacer real una democracia ‘otra’, estimulará la recuperación de la autonomía de los actores sociales y políticos de orden alternativo?
Los interrogantes pueden ser muchos más, pero en otra vía también permiten preguntar por la real disposición de quien hoy encabeza el gobierno nacional para hacer real el llamado a la consulta popular, con posible acuerdo por arriba en los próximos días, toda vez que su huida hacia delante, tan típica en la organización en que militó, carga tantos riesgos de arrinconarlo y con la sucesión perdida mucho antes de la jornada electoral de 2026, como posibilidades de reacomodar las cargas, tomando un tercer aire que inyecte las fuerzas indispensables para liderar y vencer, por parte del Pacto Histórico o la nueva expresión política que surja del proceso de unidad al que ha llamado a las fuerzas de izquierda para así poder participar con más potencia en la carrera de obstáculos que significa toda campaña electoral, campaña a la que da inicio el llamado a la consulta popular.
2 https://elpais.com/america-colombia/2025-02-26/gustavo-petro-falle-al-creer-que-podia-hacer-una-revolucion-gobernando.html.
3 Debe recordarse que el Presidente argumentó que “Si nos aislamos nos tumban”, ver, https://www.youtube.com/watch?v=LBblLjrBCP0
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