Estimados/as lectores/as compartimos la serie de artículos más leídos durante el 2023. Una relectura necesaria de hechos y proyecciones de diferentes temas tanto nacionales como internacionales. Esperamos que su lectura sea de utilidad.
En un contexto de encarecimiento del costo de vida que afecta principalmente a los sectores pobres y vulnerables de Colombia, este artículo analiza la relación y evolución del Índice de los precios al consumidor (IPC), los aumentos al salario mínimo legal y el valor de la Canasta Básica Familiar (VCBF) durante el período 1988-2023.
Las quejas e inconformismo por el alto costo de vida se escuchan por doquier: en la plaza de mercado, en las tiendas de barrio, en los buses de transporte público, en el restaurante donde degustamos cada día el corrientazo.
La situación pasa factura a la economía como un todo. Según la proyección de crecimiento del PIB colombiano para el año 2023, realizada por el FMI a principios de febrero de este año, esta situación corresponde a varios factores, entre ellos:
- al efecto de las tasa de interés (con el alza de enero de 75 puntos básicos (pbs), decretado por la Junta Directiva del Emisor, y que lleva a que ésta roce el 13 por ciento, encareciendo cada vez más el costo del dinero en el país),
- la inflación (13,12% en 2022),
- la presión de los alimentos en el Índice de Precios al Consumidor (27,81%).
Una conjunción de elementos con un resultado a la vista: dificultar el control del incremento del costo de vida. Realidad que potencia el ambiente social y económico antes resumido pero, además, como ya se siente, llevando a la caída del crecimiento del PIB nacional a solo 1 por ciento en 2023.
Realidad potenciada, además, por dos factores: 1. El fenómeno del Niño, anunciado con efectos hasta mediados del 2023, posible ambiental que ha tomado en consideración el mercado en la categoría alimentos, anticipándose al mismo con la factible reducción de la oferta; 2. Vía Panamericana –derrumbe en Rosas– que extiende sus efectos más allá del Cauca y Nariño y que, de acuerdo al FMI, falta por ver con más claridad lo que pueda suceder en esa vía. Según el ente multilateral en su reciente informe, el cierre de la importante carretera será un factor disparador del IPC de alimentos en el primer trimestre.
Otras proyecciones. De acuerdo con la previsión lanzada en la primera semana de febrero por el Banco de la República, la inflación estaría en 10,79 por ciento para el tercer trimestre y solo para el periodo de octubre a diciembre bajaría a 8,71.En resumen, el emisor anota que la creación de empleo y el gasto de los consumidores en bienes y servicios se están desacelerando, y la confianza de los consumidores y las empresas se está debilitando.
En consecuencia, las manifestaciones de inconformidad que pululan no son causales, ya que la inflación está empobreciendo aceleradamente a la clase media vulnerable y convirtiendo en indigentes (quienes ni siquiera cuentan con ingresos para adquirir los alimentos esenciales para la reproducción biológica) a quienes viven en condiciones de pobreza (quienes no tienen poder adquisitivo para comprar la CBF). Esta realidad económica golpea con dureza, por tanto, a las mayorías nacionales ya que en estos tres grupos socio-económicos se concentra tres de cada cuatro connacionales.
Las voces de inconformidad no son quejidos venidos de la nada, recogen un malestar acumulado: el índice de precios al consumidor en 2022 alcanzó la cifra de 13,1 por ciento, indicador que no se registraba desde finales del siglo XX. Cifra ya de por si alta, y sus impactos explicables si analizamos el indicador en sus matices. Veamos: La inflación de alimentos creció en 27,8 por ciento, aumento similar al padecido por las clases trabajadoras y populares a principios de la década de 1990. Y el IPC determina una alta proporción del alza en todos los bienes y servicios, comiéndose como piraña el cuerpo del salario mínimo incrementado al final del 2022.
Como es conocido, el salario mínimo legal –que solo favorece a quienes tienen trabajo formal– aumenta al ritmo de la inflación, si bien tiene en cuenta los cambios en productividad del trabajo pero que es una variable con poca influencia por su inmovibilidad. Rápidamente los salarios quedan rezagados frente a los aumentos continuos de los precios de la CBF. El precio del dinero medido en tasas de interés también se incrementa al ritmo de la inflación tratando de controlar el alza del IPC mediante medidas monetarias (Gráfico 1).
Como resultado final de esta realidad tenemos una paradoja: Los empresarios con poder de imponer los precios del mercado, el Gobierno a través de los impuestos, las tarifas de los servicios públicos y el déficit fiscal (cercano al 8% por ciento del PIB, producto de un gasto estatal monetario que presiona la demanda pero no genera riqueza material) y los dueños del capital financiero se benefician tanto del aumento continuo del índice de precios al consumidor como del empobrecimiento de las clases trabajadoras y populares por la caída en los salarios reales.
Pero cerremos un poco más la vista, para ver con toda exactitud el impacto inflacionario y su grave impacto sobre los sectores sociales ya relacionados: Tres componentes de los doce que integran la CBF registran una ponderación del 61,1 por ciento del valor de ésta: “Alimentos Y Bebidas No Alcohólicas”; “Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas Y Otros Combustibles”; y, “Transporte”. Estos tres componentes, de acuerdo con la clasificación del Dane, registraron, en promedio, la mayor inflación respecto a las demás agrupaciones de los bienes y servicios: 13,0 por ciento Vs. 10,4 por ciento (gráfico 2).
En 7,5 puntos porcentuales superó la inflación de 2022 respecto al IPC de 2021, esto es, 13,12 por ciento y 5,6 respectivamente (gráfico 3). Los más afectados fueron los hogares que viven bajo condiciones de pobreza: el aumento fue de 8,1 por ciento (14,92% en 2022 y 6,9% en 2021); seguido de las clases medias vulnerables, quienes sufrieron un aumento de la inflación de 8 puntos porcentuales (14,8% en 2022 y 6,9% en 2021).
Según el Dane, y como anotamos antes respecto a quienes devengan el mínimo, el 43,1 por ciento del total de la fuerza laboral (22,1 millones de ciudadanos) devenga menos de un salario mínimo legal vigente (9,5 millones de personas). El número de trabajadores que percibe un Smlv en términos relativos es de 15,7 por ciento (3,4 millones). En consecuencia, la clasificación por clases socioeconómicas (según el criterio de nivel de ingresos establecida por el Dane) es: pobres: 39,4 por ciento; vulnerables: 31,0; clase media no vulnerable: 27,8; clase rica o alta: 1,8 (gráfico 4).
A su vez, la estratificación socioeconómica en Colombia diferencia las canastas de consumo familiar en tres clases: las de los pobres (de costo mínimo y con base en el consumo de bienes que sólo garantizan la reproducción biológica); la de la clase media (obreros y empleados formales que pueden adquirir los bienes y servicios esenciales); y la de las familias ricas (bienes y servicios básicos y de lujo).
La canasta
En desarrollo de lo antes anotado, veamos las características de las canastas de las familias colombianas en condición de pobreza y de ingresos medios.
De una parte, la canasta familiar refleja las decisiones de consumo en el país de los diferentes hogares según su situación socioeconómica y cultura. En la canasta familiar que mide el Dane, con base en la información de la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares realizada por la administración estadística entre 2016 y 2017, e integrada por 443 productos y servicios, le permite realizar el cálculo mensual de la inflación.
De otra parte, la línea de pobreza, es el costo per cápita mensual mínimo necesario para adquirir una canasta de bienes básicos (alimentarios y no alimentarios) que permiten un nivel de vida adecuado. En la línea de pobreza extrema, el Dane clasifica a quienes apenas logren adquirir la canasta de bienes alimentarios mensuales. El valor de la Línea de pobreza por ingresos para hogares conformados por cuatro personas en condición de pobreza es de $1.740.000 mensual. El de hogares con cuatro personas en condición de pobreza extrema (sólo toma en cuenta alimentos básicos) de $792.000, para el año 2023 (gráfico 5).
Esta crisis social, económica, alimentaria, entre otros tópicos, con estímulo al creciente malestar que se está multiplicando a lo largo del país, tiene un soporte potente en el hecho real de la capacidad de compra del Smlv. En 2023, este salario tiene una capacidad de compra de tan sólo el 26,4 por ciento del valor de la Canasta Básica Familiar. Ello a pesar que durante el período 1998-2023 el Smlv ha ganado 8,5 puntos porcentuales en su poder adquisitivo producto de las ganancias en productividad del trabajo y las negociaciones tripartitas (Gobierno, trabajadores, empresarios) que han concertado aumentar el mínimo por encima del IPC anual. Es un desequilibrio tal entre ingresos y egresos que lleva a que una familia media del país, compuesta por cuatro personas, requiera que en conjunto devenguen 3,8 Smlv para satisfacer sus necesidades esenciales (gráfico 6).
En estas condiciones, el reto de la sociedad colombiana es lograr que los hogares populares que obtienen ingresos inferiores a los 3,8 Smlv gocen del derecho de tener una vida digna, segura y sostenible, como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Potenciar los sectores populares y la economía del mismo tenor es la única fórmula viable para permitir que su trabajo, reciprocidad, altruismo y solidaridad permitan construir una sociedad moderna, incluyente y digna. Un reto difícil de solucionar, toda vez que según cifras del Dane, la proporción de población ocupada informal es de 58,2 por ciento y solamente 15 por ciento de los trabajadores ganan más de dos salarios mínimos al mes. Adicionalmente la legislación, el gobierno y las autoridades policiales viven encarnizados persiguiendo y extorsionando a quienes viven del trabajo informal y la economía popular para no dejarlos trabajar o ganar el sustento diario de sus hogares.
En las cuentas del FMI, el mundo se enfrenta este año a que la economía se sitúe por debajo de la media anual histórica que se registró entre los años 2000 y 2019 (3,8%). El costo de vida sigue aumentando en la mayoría de países del globo, a pesar de la fuerte subida de tasas de interés en más de 80 por ciento de los bancos centrales del mundo para controlar la presión inflacionaria. Los gobiernos han tomado medidas severas, como es el caso de los países de la Unión Europea, consistentes en reducir o quitar los impuestos a la canasta familiar, además de subsidiar el consumo de las familias más vulnerables y promover la autonomía y seguridad alimentaria nacional.
En Colombia, por su parte, persisten con el cobro de dos impuestos a los bienes y servicios que demandan los hogares: un impuesto al IVA del 19 por ciento a la mayoría de bienes y servicios de la CBF y un impuesto al consumo del 8 por ciento a los gastos en los restaurantes o establecimientos de venta de comidas. Una realidad contradictoria con un gobierno que promete el cambio, en tanto al conservar estas tasas impositivas –con el fin de llenar las arcas de la hacienda pública– potencia el empobrecimiento de amplios sectores sociales y con ello el hambre, materializando así un verdadero crimen estatal.
Para superar esta realidad, el reto es claro y básico: quitar totalmente los impuestos a los bienes de la CBS o, por lo menos, a los alimentos y servicios básicos y llevar a cabo la reforma agraria integral; estos son dos elementos que aliviarían la penosa situación social y de supervivencia de tres cuartas partes de los hogares colombianos.
- Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos desdeabajo y Le Monde diplomatique, edición Colombia.
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