Estimados/as lectores/as compartimos la serie de artículos más leídos durante el 2023. Una relectura necesaria de hechos y proyecciones de diferentes temas tanto nacionales como internacionales. Esperamos que su lectura sea de utilidad.
Los debates sobre el manejo de los extractivismos petroleros han alcanzado mucha intensidad, Empresarios, políticos, académicos, ministros y hasta el presidente, intercambian opiniones a favor o en contra de reducir o incluso abandonar los hidrocarburos. Discusiones similares ocurrieron en el pasado reciente en los países vecinos, por ejemplo en Ecuador o Bolivia, sin embargo, el debate colombiano tiene como particularidad que la confusión está prevaleciendo sobre las ideas sustantivas. Bajo esas condiciones, los intereses petroleros vuelven a prevalecer, una vez más.
La intención de despetrolizar
En los últimos años, Gustavo Petro repetidamente sostuvo que debía abandonarse la dependencia petrolera. Propuso, por ejemplo, dejar de otorgar concesiones, suspender el fracking, y lanzar lo que llamó “transiciones” en al menos tres planos: “del extractivismo hacia la producción, del autoritarismo hacia la democracia, de la violencia hacia la paz”1.
Si bien el contenido de esa salida del extractivismo no se precisó, es evidente que afectaría a sectores como el petrolero y minero, los que detentan enormes poderes económicos y políticos, y una amplia base de apoyo cultural. Dichos como esos desataron un debate como si fuese inminente una paralización de toda la producción petrolera, para enseguida desbarrancar con medios de prensa convencionales más interesados en el calzado de la ministra de minas, en asustar con un colapso en las fuentes de energía o sobre una debacle económica. Los errores de comunicación gubernamentales no impidieron esa deriva, ya que mientras no se sabía muy bien qué sería la tan comentada “transición energética”, se pasó a discutir si el país debía crecer o decrecer.
Un primer paso para salir de ese entrevero es acudir al programa de gobierno (“Colombia potencia mundial de la vida”). Allí se postula que Colombia debe “transitar” desde una matriz que sobre todo depende de combustibles fósiles hacia otra diversificada, con mayor predominancia de fuentes de energía renovables. Se promete que se sentarán las “bases” para una transición “mediante un desescalamiento gradual del modelo extractivista” bajo condiciones de confiabilidad, estabilidad y justicia.
El programa tiene algunas inconsistencias en su diagnóstico, pero más allá de ello está clara la intención de reducir la dependencia de los hidrocarburos, y hacerlo mediante una transición. En su redacción hay algunas imprecisiones que se amplificaron en los debates presentes, lo que obliga a aclarar que una transición a los extractivismos (como en algún momento planteó Petro) no es un sinónimo de una transición enfocada en el petróleo, y ni éstos son lo mismo que una transición energética. Hay otros sectores extractivistas en Colombia más allá de los hidrocarburos, y en especial la minería y agricultura generan muchos impactos sociales, ambientales y territoriales. Solucionar esos efectos también requeriría de transiciones. Por lo tanto, postular una transición petrolera no resuelve las dificultades en esos otros extractivismos. Del mismo modo, si la perspectiva está puesta en el sector energía, se deben sumar asuntos tales como la generación de hidroelectricidad, lo que no está restringido al papel de los hidrocarburos. Una característica de las confusiones actuales es mezclar cualquiera de estas transiciones como si fueran un mismo asunto.
El programa plantea varias medidas, muchas de ellas basadas en instrumentos de mercado, y otros que son límites e incluso moratorias, como prohibir el fracking y la suspensión de nuevas licencias para la “exploración” de hidrocarburos o de minería a cielo abierto de carbón. Por lo tanto, no se postula suspender ni la explotación ni la exploración petrolera; es más, en las concesiones que ya fueron otorgadas podrían llevarse adelante. La reacción de aquellos que vislumbraban una moratoria petrolera no tenía mérito, pero sirvió para sembrar la confusión.
La suspensión de nuevas licencias de exploración es un paso muy importante en el contexto colombiano, pero también debe reconocerse que son necesarias otras medidas si se piensa en transiciones hacia la despetrolización o para dejar atrás los extractivismos. Esa complejidad parece haber sido minimizada por muchos, como surge de quienes describían a ese programa como el más adelantado en América Latina en transiciones postextractivistas. Ese optimismo, al mismo tiempo desconocía los ensayos con éxitos y fracasos que realizaron los gobiernos progresistas en los países vecinos. Esos aportes podían haber servido para clarificar las discusiones; su ausencia fue permisiva para la confusión.
Bajo estas condiciones asomaban confusiones, donde para unos las propuestas del nuevo gobierno eran tan radicales que ponía en peligro al empresariado petrolero, y para otros eran tan innovadoras que las transiciones ya estaban al alcance de la mano. A partir de esta situación, se pueden abordar los debates más recientes considerando por separado los aportes de actores internos (dentro del gobierno y el Estado) y los externos (que actúan desde otros ámbitos).
Condiciones internas
Una vez lograda la victoria electoral, las promesas se deben traducir en ideas más precisas, en políticas públicas con sus planes de acción y en iniciativas legislativas. Se vuelve indispensable clarificar cuestiones tales como si las opciones de cambio involucran a todos los extractivismos o solamente los petroleros, qué quiere decir “transiciones”, cuáles son los objetivos del presente gobierno, y cuáles son las metas a mediano y largo plazo.
El principal responsable en esa tarea es el gobierno, y hasta donde puede verse la cuestión no está resuelta, ya que prevalecen cometidos generales, e incluso hay disputas entre autoridades con unos a favor y otros en contra de reducir el papel del sector petrolero. No se brindan mensajes precisos y coordinados sobre una transición, sus contenidos y sus fines. Algunas declaraciones de la Ministra de Minas y Energía en lugar de erradicar las dudas las multiplicaron al sumar cuestiones colaterales (como el decrecimiento). Para colmo, los intentos de dar un basamento científico resultaron contraproducentes (como resulta de la polémica sobre la autoría y rigurosidad del reciente balance sobre contratos y recursos disponibles en hidrocarburos).
Tampoco puede descartarse lo que puede describirse como una “oposición silenciosa” dentro de la tecnoburocracia estatal a este tipo de medidas, sea por aquellos convencidos de las bondades de la petrolización como por funcionarios alineados con los anteriores gobiernos conservadores.
Debe comprenderse que una nueva administración necesitará tiempo para elaborar sus alternativas, y en particular si desea reformar sectores como el petrolero, que tiene por detrás poderosos intereses económicos y políticos. Entendida esa situación, habría sido más juicioso que el nuevo gobierno al menos clarificara los conceptos más esenciales.
Una oportunidad en ese sentido es el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que se acaba de presentar. En una primera revisión se encuentran varios elementos que incidirán sobre los extractivismos como son las medidas de manejo ambiental y territorial y se concreta una promesa (prohibición de minería a gran escala a cielo abierto de carbón térmico). Hay otras medidas bienvenidas como un catastro de las reservas estratégicas mineras o el registro de la reducción de emisiones de gases invernadero. También se proponen dos fondos: uno de soluciones energéticas y otro (Fondo Colombia Potencia Mundial de Vida) que abordaría la transición energética pero junto a muchos otros temas clave, como la reforma rural o el saneamiento, y que estaría manejado por el Ministerio de Haciendo.
El PND introduce además novedades en el sector energía, tales como sustitución de leña y carbón, creación de comunidades energéticas y promoción de la electrificación. Muchas de esas medidas pueden ser utilizadas en una transición energética pero un plan organizado en ese sentido por ahora no es evidente. Tampoco asoma una propuesta de transiciones que cubra a todos los extractivismos, ni a los petroleros en particular. Por lo tanto no disipa las incertidumbres sobre de qué se habla cuando se alude a transiciones.
Los pro-petroleros
En el ámbito externo están quienes rechazan cualquier reducción en la explotación o exploración petrolera. Sus promotores provienen de muy diversos sectores, los que a los efectos del presente análisis pueden englobarse como “pro-petroleros”. Se cuentan las empresas en hidrocarburos y otras cercanas, figuras de varios partidos políticos (desde aquellos muy conservadores, hasta el exsenador J.E. Robledo), académicos como pueden ser economistas o ingenieros en minas o petróleo, y algunos actores ciudadanos.
En este conjunto heterogéneo se vislumbran distintas razones y utilizan diferentes argumentos, pero todos ellos coinciden en cuestionar de una manera u otra una transición energética que pase por una despetrolización, y en especial rechazan cualquier suspensión en las exportaciones de hidrocarburos. No sólo defienden al sector petróleo, sino que algunos reclaman expandirlo todavía más.
Muchos de los argumentos pro-petroleros son bien conocidos y han sido esgrimidos por décadas, en especial aquellos que defienden sus beneficios económicos, mientras que a la vez se postulan escenarios de apocalipsis social y financiera si se aplicara alguna restricción. Ese tipo de embates también ocurrieron años atrás en los países vecinos que buscaron reformar ese sector. Sin embargo, en Colombia se agrega un fenómeno distinto, ya que además de los actores académicos como economistas convencionales, se suman otros que se presentan a sí mismos como ambientalistas pero que de todos modos son pro-petroleros. Ejemplo de ello son Brigitte Baptista (Universidad EAN) y Manuel Rodríguez Becerra (Universidad de los Andes), que postulan, por ejemplo, extraer hasta la última gota de petróleo.
Esos académicos, que simultáneamente son ambientalistas y pro-petroleros, sostienen que los impactos de la explotación de hidrocarburos se pueden reducir o anular; que los efectos sobre el cambio climático no existen o son irrelevantes, lo que hace injustificable abandonarlos; que las emisiones de gases invernadero producidas por quemar esos combustibles pueden ser capturadas por nuevas tecnologías; o que el dinero que provee es muy sustancioso y necesario para las políticas estatales. Son todas posiciones características de las reformas verdes del capitalismo, en las cuales se sostiene que la tecnología y el mercado solucionarán la crisis ambiental. Si bien el discurso puede ser ambiental, incluso con fuertes llamados a la conservación de la naturaleza, al mismo tiempo refuerza el capitalismo convencional.
Confusión, alucinación y ofuscación
Las disputas sobre la gestión del sector petrolero y unas posibles transiciones postpetroleras que ocurrieron en el pasado en países como Ecuador y Bolivia, con el paso del tiempo desembocaron en que se hicieron más nítidas y claras las posiciones y las ideas en oposición. En cambio, en Colombia, la confluencia e interacción entre los ámbitos internos y externos que se acaban de resumir, tal como se ha visto, está desembocando en discusiones más intensas pero a la vez más confusas.
Apelar a la palabra confusión es apropiado si es abordada con sus conceptos hermanos: alucinar y ofuscar. Confundir implica otorgar a unos objetos los atributos de otros, tomar unas cosas por otras, y mezclarlas en desorden. Alucinar es concebir ideas de objetos o sucesos que no existen o combinarlos de modo contrario a lo posible. Finalmente, ofuscar es perturbar el entendimiento, por ejemplo por la profusión de palabras impidiendo percibir adecuadamente lo que se quiere dar a entender. Los tres conceptos aluden a procesos supuestos y asociados entre ellos2.
No cabe otro calificativo que confusión para insistir en que el país depende de la recaudación fiscal petrolera o que sin éstas se derrumbaría la economía nacional, mientras que su participación está en el orden del 10 por ciento de la recaudación fiscal (bajo condiciones de precios internacionales usuales), su demanda de empleo es muy baja, y ni siquiera logra resolver los problemas sociales y económicos locales3.
Es apropiado señalar una alucinación cuando algunos de los ambientalistas pro-petroleros sostienen que el país tiene “cero” emisiones de gases invernadero desde el sector petrolero, ya que esa aseveración está reñida con la evidencia científica. Del mismo modo, hay una ofuscación cuando se proclama que la explotación petrolera es un buen negocio para el país, a pesar que eso realmente se desconoce porque nadie resta los costos económicos de sus impactos sociales y económicos. Es más, si tomar unas cosas por otras es uno de los significados de la confusión, entonces es evidente que eso es lo que se genera con discursos que mezclan la promoción petrolera y los fines ambientales. Una sociedad petrolera no sólo impide la conservación de la Naturaleza, sino que es una de las causas de las crisis actuales.
Como los intentos desde el gobierno en defender una transición hacia la despetrolización también adolecen de limitaciones, persiste todo este entrevero, y al que incluso se suman algunas propuestas ciudadanas. Los intentos de quebrar esta situación gracias a la investigación independiente, por ejemplo desde las universidades públicas, padecen de recursos menores y visibilidad más acotada a aquellas voces académicas pro-petroleras en universidades privadas.
Es que el papel de la academia en esta problemática no es menor. Una estrategia en transiciones postextractivistas en general, y postpetroleras en particular, debe contar con información científica fidedigna, con la mejor información al día de hoy, reconociendo las incertidumbres y los riesgos, así como entendiendo los intereses políticos y económicos que también cruzan a las instituciones científicas. Esta relación queda afectada si esos roles son ocupados por voces académicas pro-petroleras alineadas con las empresas extractivas.
Todas estas condiciones desembocan en una situación compleja. Las transiciones para abandonar la dependencia del petróleo como de otros recursos naturales que alimentan los extractivismos, son necesarias y además urgentes. Las crisis ecológicas y sociales en Colombia y el planeta lo requieren. Sin embargo, la confusión impide avanzar en estas tareas, cercena las capacidades de innovar en políticas públicas y apenas se pueden intercalar algunas medidas. Esa confusión es, además, funcional a los intereses extractivistas, y en especial a aquellos obsesionados con la rentabilidad empresarial, pero que son ciegos a los impactos sociales y ambientales de esas actividades.
1 Gustavo Petro, que lidera encuestas en Colombia, busca crear frente antipetróleo, A. Jaramillo y O. Medina, Bloomberg, 14 de enero 2022.
2 La asociación entre confusión, alucinación y ofuscación se base en la entrada en el Diccionario Etimológico de la Lengua Española, R. Bárcia, Alvarez Hnos., Madrid, 1881.
3 En el balance fiscal de 2022 a mediano plazo, las llamadas “rentas petroleras” fueron casi el 10% de los ingresos fiscales totales; Comité Autónomo de la Regla Fiscal al Congreso de la República, Septiembre de 2022, CARF, Bogotá. Véase además Los quince mitos de la gran minería en Colombia, L.A. Pardo, Ideas Verdes 1, Bogotá, 2017.
- Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). Su libro sobre extractivismos y corrupción fue publicado por ediciones Desde Abajo.
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