Universidad Nacional geopolítica de un conflicto

La Universidad de la Nación no está aislada, tiene límites y relaciones complejas con otros contextos. Perder de vista sus relaciones profundas en la distancia y en el tiempo garantiza que sus problemas estructurales se prolonguen en detrimento de su carácter público.

Asistimos por estos días en la Universidad Nacional –UN– a distintos episodios de una confrontación interna en la que argumentos similares señalan posiciones totalmente opuestas, mientras que las clases se encuentran suspendidas, hay toma estudiantil del edificio de la rectoría, marchas, denuncias, disturbios y denuncias cada vez más graves de posibles actos de corrupción.

La prensa hegemónica le da mal manejo al asunto, primero, porque está al servicio de intereses económicos y políticos, que son los mismos que han impuesto el modelo de universidad de corte mercantilista que un sector de la comunidad rechaza. Segundo, por ignorancia de la especificidad del problema. No parece haber periodistas especializados en educación que comprendan la filigrana del asunto y se termina informando mal, divulgando una realidad sesgada, creando más confusión o banalizando los temas.

Es innegable que sucede algo en la Universidad, y es tan grave que, sin ambages, habría que definirlo como conflicto. Desde esa perspectiva, habría que dibujar sus contornos, sus causas y sus actores y, así, poder imaginar soluciones que no sean la repetición de fórmulas fallidas.

La coyuntura actual

En lo inmediato, la nominación del rector de la Universidad plantea una gran problemática. Yendo más allá de lo inmediato, podemos ver que hace un tiempo entre el profesorado de la UN empezó a hablarse de la finalización del segundo período de rectoría de Dolly Montoya, acerca de cuya administración algunas personas expresaban preocupaciones en dos direcciones: una, la continuidad y endurecimiento de una forma de administración universitaria, dogmática, nulamente dialogante y aparentemente entregada a intereses no muy claros que implican la conformación de unidades, denominadas por algunos “empresas de papel” que estarían tercerizando funciones misionales de la UN y permitiendo usos indebidos de recursos públicos por parte de particulares; dos, la puesta en marcha y prácticamente imposición de reformas en distintos frentes esenciales de la vida universitaria, de las cuales las más visibles fueron la de todo el sistema de posgrados y de la reestructuración de los programas de trabajo académico del profesorado.

La actividad pública más evidente fue la aparición el 10 de abril de 2023 del “espacio de comunicación” llamado BienComÚN, a través de la presentación de un documento en el que se reflexiona sobre temas actuales muy problemáticos: La mercantilización del conocimiento académico / El extrañamiento de la vida universitaria / la heteronomía institucional, y, finalmente, la presentación de la plataforma Bien ComÚN “para animar debates que ayuden a pensar la (de/re)construcción de la UN del y para el siglo XXI”.

Si bien el documento estaba suscrito por alrededor de 80 docentes (137, dos días espués), la figura que empezó a destacarse fue Leopoldo Múnera, muy conocido tanto por su labor docente, como por su acción política en cargos directivos y su permanente investigación sobre la educación superior y sus políticas. Bien Común publicó durante el siguiente año 8 documentos de análisis sobre la situación de la UN, realizados por docentes muy especializados en cada problema planteado. Allí se iba dibujando un diagnóstico que muchos vieron como parte de una plataforma para un programa de rectoría.

Este recuento demuestra que la candidatura Múnera es todo un movimiento con ideas comunes, y, al tiempo, de una gran diversidad que propone una visión muy crítica y muy estructurada al modelo de universidad impuesto en la UN hace ya veinte años.

En la medida en que se acercaba el final del año 2023, se iban multiplicando señales de las fuerzas en tensión para la designación de rector. En el sonajero de rectorables, apareció el nombre de Ismael Peña, entonces vicerrector de la Sede Bogotá de la UN, evidentemente afín a las políticas de la rectora Montoya.

En otra vertiente de la vida política, en un error político ingenuo, el sector más activo y combativo de la militancia profesoral, el sindicato de profesores Aspu se dividió para las elecciones de representante al Consejo Superior Universitario (CSU) y perdió ese puesto que conservaba desde muchos años atrás y representa uno de los dos únicos votos que la comunidad académica decide directamente.

En estas circunstancias, resultó elegido un aparente outsider. El profesor Torres, quien había, aparte de su trayectoria académica, obtenido cierta notoriedad por enfrentarse directamente a acciones de hecho realizadas por el sindicato de trabajadores Sintraunal que también tiene profundos reparos a la administración actual. Dicha elección dejó un mal sabor para muchos integrantes de la comunidad docente; más tarde se supo que su aparición en el panorama puede ser mucho más que una casualidad: su nombre y el de su suplente aparecen muy vinculados a las unidades creadas por la rectoría Montoya antes mencionadas.

Al momento de iniciar las campañas, hubo un listado inusualmente numeroso de diez candidatos, en el cual se fueron destacando los nombres de Leopoldo Múnera, Raúl Esteban Sastre, cuya fortaleza se centraba en una muy reconocida y respetada gestión en relación con el Hospital Universitario e Ismael Peña, que no era particularmente popular (es clara la pobreza de sus resultados en la consulta interna a la comunidad), pero contaba con todo el apoyo de la administración central.

Avanzando la campaña, en las organizaciones estudiantiles y docentes surgió la cuestión de cómo actuarían sus representaciones ante el Consejo Superior Universitario, CSU, el organismo que realmente decide la designación de rector. Los dos estamentos lograron que, de manera un tanto ambigua, sus representantes asumieran el compromiso de votar por la persona que ganara la consulta. Unos días antes de ella, el presidente Petro dijo en una alocución informal en la Facultad de Artes de la sede Bogotá, que, en lo que le correspondía, respetaría el resultado global de dicha consulta, inequívoca muestra de respeto a la autonomía de la institución. El claro ganador en ella fue el profesor Múnera.

De esta manera, hecho totalmente inédito no sólo en la historia de la consulta, se abordaba un cambio en la rectoría en la que el peso mayor lo tendría la deliberación y la decisión de la mayoría de la comunidad académica. Genéricamente llamamos a eso democracia, así subsistan siempre suspicacias sobre la correlación entre mayorías, número de votantes posibles frente a abstencionistas o suma de votaciones de los perdedores, etcétera; ése es nuestro ordenamiento jurídico: se elige por mayoría de votos. En el CSU, hasta donde se sabe, el profesor Múnera obtuvo cinco votos de ocho posibles: mayoría absoluta.

Lo que siguió después de eso, representa sin lugar a la menor duda, el motivo central del conflicto inmediato en la Universidad. Un juego malicioso del que se ha hablado ya mucho que, como resultado, el candidato más votado fue descartado y el más rechazado por la comunidad resultó elegido, maniobra evidentemente orquestada para garantizar la continuidad del modelo administrativo actual.

La inequidad se llama meritocracia

Los representantes de los excretores y de los docentes en el CSU dejan muy claro en sus declaraciones públicas que, para ellos, la universidad no es una institución democrática, pero ladinamente utilizan el argumento de la democracia para justificar su juego sucio. El segundo dice: “Este no es un sistema democrático, es un sistema meritocrático que utiliza la democracia en una primera entrada y luego buscamos el mejor candidato posible..”. Cínicamente se afilian a un pensamiento tan viejo como la modernidad. El despotismo ilustrado decía en el siglo XVIII: “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. El discurso civilizatorio que instaló en Colombia en sistema académico, fundado sobre nociones como el buen gusto y la alta y la baja cultura prolonga estas ideas.

Hay un proyecto universitario que construye una élite para retener el poder a toda costa; se basa en la idea de que los mejores tienen derecho a todo, aun en desmedro del interés público. Convierten democracia en aristocracia, una casta que define democracia, autonomía, institucionalidad, conocimiento, etcétera. a su antojo. En una agresiva y lacrimosa declaración en la que describe ser amenazado y estar reducido a su casa, el profesor Torres se lamenta: –yo, que he publicado con el Em Ti Ai [MIT]… como justificación para todo.

Aparte de algunos estudios reciente muy interesantes, en Colombia no se han adelantado estudios profundos sobre las élites. Paradójicamente, el nuestro es un país de élites que han medrado desde los tiempos coloniales y consideran su voluntad y sus decisiones como hechos naturales a los cuales deben someterse los demás.

Las desgracias de la tercerización

Desde la perspectiva del estamento trabajador, se percibe un gran descontento en la UN.

Durante las dos últimas décadas se ha radicalizado la tendencia a la tercerización en la UN, no solamente de actividades misionales, sino en la cotidianidad del estamento trabajador. Se percibe un gran tráfico de influencias que irrespeta las categorías y los concursos de planta. Se deterioran las condiciones de trabajo y se fragmenta hasta la disolución a la comunidad. Actividades de vigilancia y de servicios generales ya no son atendidas por trabajadores de la Universidad, sino por empresas privadas. En la administración académica, la tendencia hace estragos. Por un lado, personas no contratadas de planta, precarizadas, realizan trabajos esenciales con una gran calidad y otras, contratadas a dedo, muy bien pagadas, que no conocen la Universidad, sirven a intereses particulares.

Las luchas laborares han sido completamente desestimadas y un panorama sombrío incluye un número muy significativo de trabajadores y docentes ocasionales, explotados y amenazados permanentemente. Para el estudiantado, el modelo neoliberal privilegia el negocio sobre los derechos y el bienestar, condiciones que han producido en este siglo grandes movimientos de protesta en todo el mundo.

La pérdida de la reflexión pedagógica

El estudiantado es la víctima principal de un mal silencioso que corroe todas las instituciones educativas y destruye lo mejor de ellas: la reducción de la condición docente a ser figura de control. Control sobre los discursos, sobre los cuerpos, sobre los contenidos, sobre la imaginación… Para el modelo neoliberal, el  ideal de profesor es el de una persona sumisa a sus dictámenes que se expresan a través de toda clase de modas intelectuales, utiliza un lenguaje de la eficacia, pretende modelar al estudiantado a nombre de la libertad, se pasa la vida rellenando formatos y presentando informes que nadie leerá, teniendo a la vista un producto deseable expresado como perfil del egresado y disfrutando del mezquino placer del poder que ejerce en el aula; de la misma manera que sus jefes disfrutan su mezquino placer de controlar a su cuerpo docente a través de amenazas, descalificaciones y pequeños premios traducibles en comisiones, publicaciones o puntos salariales adicionales. Para la educación mercantilista resulta ideal que los docentes no tengamos verdaderas organizaciones estamentales, ni grupos masivos de estudio y de debate pedagógico. ¡Feliz Día del Maestro Profes!

De Bolonia a Bolonia

Un punto de inflexión en la construcción de este modelo altamente burocratizado fue el plan Bolonia, que unificó los procesos académicos en toda Europa con un marcado acento neoliberal. Proceso que termina reflejándose en la indolencia, confusión y arrogancia de muchos de los tecnicismos que en nuestro medio han reemplazado a la verdadera acción pedagógica. Las reformas educativas anglosajonas y europeas y su acrítica asimilación a nuestros medios locales siguen prolongando una condición de colonialismo que el pensamiento de derecha niega cada vez más abiertamente.

Estas políticas, aplicadas a rajatabla por las dos administraciones Uribe (la única ministra que permaneció en su cargo durante los ocho años fue Cecilia María Vélez), han construido un panorama de desesperanza en el estudiantado, que se ve inmerso en ellas prácticamente sin voz ni recursos propios.

Se asume que la primera universidad se inauguró en Bolonia en 1088; la declaración de Bolonia. se firmó en 1999, para que confluyeran todos los espacios educativos en el llamado Espacio Europeo de Educación superior. Entre esos hechos se desarrolla una larga historia de la institución universitaria, que implica muchos matices comunes y permanentes y otros de transformación coyuntural. Ese proceso tiene un giro importante cuando empezaron a crearse las academias modernas, construidas sobre un pensamiento racional que privilegia una aproximación cientifista a los fenómenos del conocimiento. Sus discursos plantean una correlación con los de Estado Nación, que normalmente se oculta tras las declaraciones de universalidad y de neutralidad que situarían el conocimiento en una atmósfera libre de las vicisitudes de la realidad concreta.

Durante mucho tiempo, éste fue el relato predominante en las Academias, pero desde finales de siglo XIX se multiplicaron los cuestionamientos a estas imágenes. Desde Nietzsche, con su “no hay hechos, sólo interpretaciones”, hasta los planteamientos de Lyotard sobre la condición del conocimiento después de la muerte de los grandes relatos unificadores modernos, pasando por las críticas al progreso de autores como Walter Benjamin, toda una pléyade de pensadores, que en su mayoría tuvieron problemas con la institución académica, han demostrado desde perspectivas filosóficas, sociológicas e históricas la imposibilidad de seguir manteniendo ideas universalistas y dogmáticas del conocimiento.

La institución universitaria no puede seguir eludiendo la contradicción entre su vocación de conocimiento y sus relaciones con el poder, que la somete cada vez más a sus intereses de los cuales el más fuerte está representado por la lógica costo–beneficio, que reduce la pedagogía a una pseudo-tecnología y limita su horizonte profesional a las relaciones con los mercados. Hay una profunda crisis en la universidad global. La racionalidad cientifista sobre la cual ha construido sus mejores aportes al conocimiento humano, dejó desde sus orígenes por fuera aspectos tan esenciales para la vida humana como la vida espiritual. Su afán de normatización y estandarización la llevó a marginalizar o excluir saberes tradicionales, locales y perspectivas colectivas que cada vez con más fuerza reclaman su derecho a la existencia y a su cultivo. Hoy no es posible no reparar en los aspectos colonialistas, patriarcales, etnocentristas, de la institución universitaria, ni sus relaciones con el poder.

Vivimos en época de dictadorzuelos que deciden declarar guerras y a quiénes se justifica masacrar. Dueños de empresas que pueden decir de la noche a la mañana que una empresa ya no es negocio y dejar cesantes a miles de trabajadores Sus políticas poco o nada tienen de pedagógico. Los mensajes de odio se transmiten de mil formas, desde las tradiciones agresivas, hasta las pasivo-agresivas. La industria cultural con un formidable aparato de reciclaje lanza todos los días novedades con el mismo sabor edulcorado de los pasados y los mismos valores caducos. Y el principal objetivo son los jóvenes, a quienes se niegan posibilidades de vínculos significativos, mientras tanto, se llevan a cabo cuentas regresivas que anuncian el fin de la vida y la imposibilidad de construir alternativas. En estas condiciones, la salud mental plantea uno de los problemas más graves de la vida estudiantil. Mal diagnosticado, el problema avanza hasta alcanzar dimensiones de epidemia.

Y el sistema educativo sólo parece tener para ofrecerles la promesa de la educación como medio de ascenso social que cuesta caro, para disfrutar plenamente de una vida dedicada al consumo. La Universidad en general, la UN en particular, hace mucho no dice nada a sus estudiantes. No tuvo nada que decirles respecto a construir sentido a su experiencia durante la pandemia; se ha convertido en un espacio sin formación integral, ni estudio de la historia ni reflexión política, pero sí sometida a un régimen tecnocrático en su pensamiento más profundo e íntimo: lo pedagógico. No que no haya buenos docentes, pero la institución como tal perdió su rumbo hace tiempo.

De allí resulta que, en dolorosa paradoja, debamos romper la normalidad para recuperar lo que debería ser normal en las clases. Los movimientos de protesta no están afectando el desarrollo normal de la Universidad; están, al contario, tratando de recuperar su verdadera esencia.

Autonomía

En el año de 1954, tras la masacre de estudiantes ocurrida entre el 8 y el 9 de junio el gobierno militar impuso como rector al coronel Manuel Agudelo, quien en alusión a supuestos violentos que habrían justificado la muerte de los estudiantes, dijo en su discurso de posesión:  “[…] pues es bien sabido que todo foco de subversión, de mal ejemplo, debe ser supeditado inmediatamente: debe ser corregido, a la mayor brevedad y es natural también recordar que, para bien de la generalidad, no importa el sacrificio de quienes han delinquido”.

Como todo un adalid de la autonomía, que justificaba su nombramiento, en su primer acto de “gobierno” y después de una grotesca posesión en una notaría, el profesor Peña llamó a una serie de instancias a intervenir en la Universidad, esta vez, con el pretexto de su defensa, argumentando una serie de hechos violentos de los que nadie conoce sus orígenes y ninguna comunidad académica legítima ha reivindicado (el mismo señalaba que fueron realizados por “personas externas a la institución”, cosa que nadie podría aseverar tampoco). El hecho de que en ese listado se encontraran el Ministro y Viceministro del Interior y el Ministro de Defensa, que tienen a su cargo operaciones de orden público es muy diciente, pero ahí no existe autonomía universitaria para resolver sus propias situaciones internas.

En el artículo “La encrucijada de la Universidad Nacional” de la edición de abril 2024*, citaba a Geraldo Molina, quien planteaba que la relación entre Universidad y gobierno debe regirse por una “autonomía relativa”. En todo caso, no habrá verdadera autonomía mientras su financiación básica sea un mecanismo de cooptación.

La lógica perversa que asocia protesta con violencia

Es ya un lugar común que las administraciones intenten deslegitimar las acciones de protesta vinculándolas a violencia estructural. Un vidrio roto puede ser calificado de atentado a las instalaciones, un grito puede ser amenaza, una descortesía se convierte en intimidación, silenciamiento o victimización.

Mientras la institución demuestra una gran incapacidad para tramitar procesos en relación con verdaderos abusos de poder –de los cuales los más insidiosos son las violencias basadas en género, en condiciones étnicas o culturales–, por otro, muestra una gran susceptibilidad que convierte eventos superficiales en grandes agresiones.

Agrava la situación, en este sentido, la presencia de los llamados capuchos. Elemento muy complejo a tener en cuenta en la situación de la universidad pública. No es posible saber con certeza a qué grupo o grupos pertenecen, si se relacionan con grupos políticos específicos, a grupos subversivos o, incluso, si pueden ser en ocasiones infiltrados de otro tipo de grupos con intenciones de aprovechar la confusión a favor de sus intereses. De manera que, siendo una realidad, no se pueden establecer cálculos precisos sobre su accionar. Mucho menos se debería utilizar su presencia para desacreditar y pretender deslegitimar el derecho a la protesta, como lo han hecho recientemente las autoridades universitarias con mucha frecuencia.

Los conflictos no se resuelven con exhortaciones al diálogo

Sí lo que se encuentra es que hay un choque entre dos o más modelos legítimos de universidad, se puede y se debe dialogar, acordar, negociar y construir un espacio posible para todos. Que no es nada distinto de lo que ya dictaminó la Constitución de 1991.

Pero, por el momento, en la UN, los llamados al diálogo no tienen sentido porque la situación es muchísimo más compleja que eso. Porque lo legal se resuelve en el terreno de las leyes; los posibles delitos no se negocian, los investigan la Fiscalía y los entes de control.

No se puede asegurar aún que exista, pero hay sospechas acerca de un entramado de corrupción profundo en la UN. Se sospecha que, como resultado de ello, las actividades misionales y el bienestar esencial de estudiantes y profesores ha resultado seriamente afectados. Se presume que las maniobras fraudulentas, que el propio ministerio de educación está denunciando, llevaron a la cuestionada designación de Ismael Peña como rector.

En el mediano y largo plazo, es innegable que hay una necesidad estructural de repensar el modelo adecuado para una universidad verdaderamente nacional en los tiempos actuales. Esa es una decisión que debe tomar la comunidad universitaria ejerciendo lo mejor de su pensamiento y de sus posibilidades investigativas. Lo primero implica investigaciones administrativas y penales; lo segundo apunta a la necesidad de una constituyente universitaria, que no puede adelantarse sin que la primera se resuelva.

Por eso, lo urgente sería una intervención estatal, que con todo el respeto por la institución universitaria, sus fines misionales y su autonomía de pensamiento; es decir, en diálogo con el renovado CSU, nombre una rectoría interina que garantice la realización de los procesos imprescindibles, normalice la vida universitaria en el corto plazo (reanudación de clases, recuperación de espacios de deliberación, reconstrucción de plataformas de pensamiento y diálogo académico), para abordar responsablemente las tareas de mediano y largo plazo.

*  Periódico desdeabajo Nº312, abril – mayo 2024. https://www.desdeabajo.info/rotador-incio/item/la-encrucijada-de-la-universidad-nacional.html

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Información adicional

Autor/a: Miguel Huertas Sánchez
País: Colombia
Región: Suramérica
Fuente: Periódico desdeabajo N°313, 15 de mayo - 15 de junio de 2024

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