El 28 de abril de 2021, Colombia vivió uno de los eventos más importantes de los últimos años. Hace 5 años sucedió el Estallido Social, ese mismo que llenó las calles de las principales ciudades y las más importantes carreteras de los territorios. Desde diferentes puntos del país se expresó la inconformidad frente al gobierno mediocre del expresidente Iván Duque Márquez (2018-2022).
Los principales motivos que impulsaron las manifestaciones eran la corrupción en el gobierno, el aumento de la pobreza, el aumento del desempleo y, finalmente, la razón más potente: una propuesta presentada por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, la cual pretendía gravar algunos alimentos de la canasta básica familiar.
Para 2020, la pobreza había alcanzado el 42% y, para 2021, la pobreza monetaria había alcanzado el 39,3%, mientras que la pobreza extrema había llegado al 12,2%. Teniendo esto en cuenta, es casi inhumano pensar en una reforma que grave los alimentos cuando cientos de familias no contaban con los recursos para tan siquiera hacer un mercado (recordemos la razón de los trapos rojos en las ventanas).
La realidad era tozuda y aquel gobierno no quiso verla: el desempleo superaba el 16 por ciento, y el que afectaba a la juventud iba más allá del 20 por ciento. Angustia cotidiana en infinidad de hogares. Y, pese a ello, insistían en aprobar una reforma tributaria que proyectaba más impuestos para grandes sectores sociales. Los ricos y los súperricos, a la sombra.
La respuesta popular llegó rápido y aquel 28 de abril fue el inicio de las movilizaciones que estarían en contra del paquete tributario y de un gobierno que solo pensaba en los intereses de la clase burguesa, dejando de lado a la clase trabajadora y proletaria. En Bogotá, había varios puntos de concentración, entre ellos: la Universidad Nacional, el monumento a los Héroes, el Parque de los Hippies, la Plaza de Bolívar y, por último, el Portal Américas, el cual sería rebautizado por los manifestantes como Portal Resistencia.
De izquierda a derecha. Foto realizada el 28 de Abril de 2023 en medio de una marcha en conmemoración a los 2 años del Estallido Social Cortesía de Julieth Marulanda / Instagram: katarsis.jpg. Foto 2 y 3 realizadas desde la estación de la calle 34 hasta la esquina de Dilan Cruz.Cortesía de Julieth Marulanda / Instagram: katarsis.jpg
Este sitio, una estación del transporte público –TransMilenio– ubicada al suroccidente de la capital, en el borde limítrofe entre las localidades de Kennedy y Bosa, con el paso de los días se constituyó en el punto de encuentro de habitantes de las localidades aledañas. Portal Resistencia no solo fue un punto masivo de concentración, también fue un espacio de crítica, colectividad y reflexión; fue un espacio para la deliberación y la opinión pública que reconfiguró la forma de pensar los espacios de participación y opinión ciudadana.
Pero no todo fue libertad; la contraparte hizo su aparición. Allí se reprimió brutalmente la protesta social. Muchos y muchas manifestantes fueron heridos; otros fueron secuestrados y torturados dentro del mismo portal (con apoyo de TransMilenio S. A.). Algunos manifestantes fueron torturados y desaparecidos, como Dubán Felipe Barros, un joven de 17 años, habitante del sector, que apareció muerto en un caño cerca al Portal Resistencia. Cabe resaltar que había estado desaparecido y varios testigos señalan que la última vez que lo vieron había sido retenido por la Policía y el Esmad.
De las personas detenidas en este punto de resistencia resultaron las primeras condenas en Bogotá como parte del proceso de criminalización de las juventudes que no guardaron silencio y dejaron en claro su inconformidad con el gobierno de turno. Rebeldía, como le corresponde a la juventud, que dio cuerpo a la primera línea. Dichas condenas contemplan, en algunos casos, incluso, más de 12 años de prisión.
¿Qué fue la Primera Línea -PL?1
Según Néstor Rosanía (abogado y especialista en Alta Gerencia de la Defensa Nacional), la Primera Línea fue un fenómeno social que no tenía un mando definido; es decir, fue el conjunto de acciones que realizaron los mismos manifestantes para contrarrestar la violencia policial que se vivía en el contexto del paro nacional.
Por otro lado, @Revolución (La web de Marx) nos da una definición no tan formal acerca de la Primera Línea: “Miles de jóvenes se organizaron en el proceso de autoconvocatoria que tuvo inicialmente el objetivo de llevar adelante la autodefensa frente a la brutal represión, pero comenzó a desarrollarse como organismo de autodeterminación y coordinación de la lucha que se extendió nacionalmente. Las Primeras Líneas comenzaron a unir sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales, y comenzaron a evolucionar hacia formas de poder dual en la medida en que comenzaron a instituirse cabildos abiertos de deliberación, en forma cada vez más autónoma e independiente del Estado y los partidos políticos, además de todas las organizaciones que constituyeron el Comité del Paro”.
Sus integrantes eran, de manera notable, jóvenes trabajadores y estudiantes de los barrios aledaños, organizados para manifestarse no solo en contra de la reforma tributaria, sino también de la corrupción, la violencia policial y el aumento del costo de vida. Por otro lado, es importante recordar que cada PL era independiente y no funcionaba como un espacio único; es decir, la Primera Línea de Medellín era independiente de la existente en Bogotá, y así con todos los puntos de concentración.
Por otro lado, Johann Steven Sainea, integrante de la PL en Portal Resistencia (actualmente Portal Américas), explica que esta idea surge desde 2019, en referencia a los diversos estallidos sociales ocurridos en otros países de Latinoamérica. Johann describe la PL como “el apañe colectivo de personas del común o del barrio que se unieron para enfrentar la represión policial”. Señala, además, que este movimiento estaba conformado por quienes se oponían a la violencia estatal; es decir, cualquier ciudadano podía participar en este espacio de expresión pública.
Asimismo, Johann Steven menciona que la PL era un entorno donde se fortalecían las relaciones horizontales. En sus palabras: “La primera línea era la revolución, el cambio, la anarquía”. Entendiendo anarquía –reorganización de todo lo conocido hasta entonces sobre una forma de ser y hacer– como la manera en que las personas de los barrios buscaban transformar sus condiciones de vida, su entorno y su país, incluso con la aspiración de erradicar la corrupción.
En ese orden de ideas, es importante preguntarnos:
¿Qué ocurrió con la liberación de las personas privadas de la libertad?
Antes de entrar en materia, es importante tener en cuenta que, según la organización Campaña Defender la Libertad, entre el 28 de abril y el 30 de junio de 2021, 84 personas fueron asesinadas, 1.790 heridas, 3.274 detenidas y 106 víctimas de violencia basada en género por parte de la Policía y el Esmad. Por otro lado, una cifra de la Fiscalía General de la Nación, citada por Mutante.org en uno de sus artículos, señala que por lo menos 537 personas fueron capturadas.
Es clave pensar en estas cifras y en lo que significan. La criminalización de la protesta ha sido una de las formas de violencia más ejercidas por el establecimiento y, como parte de este, por los medios masivos (hegemónicos) de comunicación. Realidad reflejada en el Estallido Social de 2021, particularmente en las detenciones arbitrarias y en la manera como muchos medios actuaron, sin colocar el dedo en la llaga, desnudando el poder violento del Estado y reclamando en todo momento el respeto de las libertades fundamentales, así como del conjunto de derechos humanos.
Contrario a ello, tildaron de “vándalos”, “terroristas”, “guerrilleros” y mucho más a quienes reclamaban justicia y cambio social. En ese sentido, más que informar, ciertos discursos mediáticos contribuyeron a legitimar prácticas represivas y a desdibujar las causas estructurales de la movilización social.
Ante esta realidad, como una luz de justicia que pronto se apagó, aparece la promesa del presidente Gustavo Petro de lograr la libertad de los jóvenes que estaban encarcelados antes de Nochebuena de 2022, pasando a ejercer como vocerías de paz en su gobierno. El viento se llevó aquellas palabras, y algunos de los presos lograron recuperar su libertad por vencimiento de términos.
De igual forma, diversos colectivos –entre ellos Objetivo Libertad (organización que reúne a varias personas que fueron detenidas, así como exdetenidas, criminalizadas por luchar, familiares de los PL, círculos cercanos de personas que han sido criminalizadas por participar en espacios de movilizaciones)– han estado luchando por la excarcelación de quienes fueron encarceladas por participar en el alzamiento social. (Ver recuadro).
Campaña Objetivo Libertad: “Asumimos una posición abolicionista de las cárceles”
Las integrantes de la Campaña Objetivo Libertad2 y Johann Steven coinciden en que, dentro de los procesos carcelarios, existen prácticas diseñadas para generar sufrimiento; entre ellas, el alejamiento de las personas privadas de la libertad de sus familias mediante traslados a lugares distantes de sus seres queridos. En relación con los efectos de la desvinculación familiar, García et al. (2006), citados en Abaunza et al. (2016) en “Familia y privación de la libertad”, señalan que esta implica la pérdida del rol familiar, del control y de la toma de decisiones, así como la aparición de sentimientos de vergüenza, culpabilidad, resentimiento y desamparo.
Por ello, esta forma de castigo puede entenderse como una afectación directa a las personas privadas de la libertad, no solo en su dimensión física, sino también emocional y social. El distanciamiento de sus redes de apoyo y el traslado a otras regiones supone la pérdida del acompañamiento necesario durante el proceso de reclusión, lo que profundiza las condiciones de vulnerabilidad.
Desde una perspectiva teórica, este fenómeno puede analizarse a la luz de lo planteado por Michel Foucault en Vigilar y castigar, quien explica que la prisión no se limita a ser un mecanismo de sanción, sino que opera como una tecnología de poder que disciplina los cuerpos y regula las conductas. En este sentido, el castigo trasciende lo físico y se instala en dimensiones más profundas de la vida del individuo, afectando sus vínculos, su identidad y su lugar en la sociedad.
Asimismo, Erving Goffman, en su concepto de “instituciones totales”, explica cómo espacios como las cárceles tienden a aislar a los individuos del mundo exterior, controlando todos los aspectos de su vida cotidiana. Este aislamiento no solo implica una separación física, sino también una transformación de la identidad, en la que la persona es despojada progresivamente de sus roles sociales previos, como el de hijo, madre, trabajador o estudiante.
En conjunto, estas perspectivas permiten comprender que las prácticas carcelarias no son neutrales, sino que responden a lógicas de control que pueden derivar en procesos de deshumanización. Así, el alejamiento familiar y las condiciones de reclusión no solo cumplen una función punitiva, sino que también reconfiguran profundamente la experiencia de quienes atraviesan estos procesos.
Por otro lado, en la cárcel la vida en dignidad no es más que una palabra vacía: hay controles diarios que se traducen en represión; el derecho a la salud está cada vez más en cuidados intensivos, no hay atención médica inmediata, tampoco medicamentos que puedan controlar los dolores físicos; la prevención es una palabra quimérica; finalmente, el hacinamiento al que se enfrentan las personas privadas de su libertad propicia todo tipo de violencias y violaciones de los derechos humanos, de ahí la preocupación por su existencia y prolongación en el tiempo. A finales de 2025, el Inpec reveló que en las cárceles ubicadas en la zona central del país hay una capacidad máxima de 30.957 celdas y la cifra oficial de personas detenidas supera las 37.873; es decir, el hacinamiento está por encima del 22,3%. En el noroeste, la capacidad es de 81.139 y los privados de la libertad suman más de 103.952, lo que equivale a un hacinamiento del 29,1%.
A cinco años de aquel 28 de abril, persiste la necesidad de mantener viva la memoria de lo ocurrido y de reconocer el significado histórico y social de las movilizaciones. Recordar ese momento implica también reflexionar sobre las demandas que impulsaron a miles de personas a salir a las calles, así como sobre las consecuencias que enfrentaron quienes participaron en las protestas. La memoria colectiva se convierte, entonces, en una herramienta fundamental para exigir verdad, justicia y garantías de no repetición, al tiempo que reafirma la importancia de la organización y la lucha social en la construcción de una sociedad más justa y democrática.
1 Este artículo se realizó con el fin de recordar a los compañeros a quienes, en algún momento, el Estado les arrebató su libertad física por el simple hecho de soñar con un país más justo. Gracias a quienes lucharon antes y durante el estallido social, y a quienes, al día de hoy, se comprometen con un futuro justo.
2 Estas páginas fueron posibles gracias a la Campaña Objetivo Libertad y a Johann Steven Sainea (k_lar_k_libre_plpr Steven Sainea), joven criminalizado por haber participado del Estallido Social.
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