Colombia no llega a esta elección solo con un gobierno para evaluar, sino con una experiencia inédita que disputar: la primera vez que la izquierda gobernó el Estado. Su legado no debe ser idealizado ni entregado a la caricatura de sus adversarios; debe ser leído con datos, memoria y responsabilidad histórica para no cerrar la ventana de oportunidad abierta en 2022.
Pensar los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro (2022-2026) en clave de balance no puede depender del grado de satisfacción o decepción individual frente a su administración. La reflexión debe hacerse en perspectiva histórica, sobre lo que significa concluir esta primera experiencia de gobierno de la izquierda en Colombia.
El país vive una nueva elección presidencial con algo que nunca había tenido: una izquierda que no habla solo desde la oposición, la resistencia o la promesa. Habla también desde la experiencia de haber gobernado con sus logros, errores, límites, tensiones, dificultades de ejecución y una comunicación que muchas veces fue incapaz de traducir lo avanzado en sentido común. Sin embargo, el gobierno saliente deja una huella material que no puede ser borrada por el ruido ni entregada a las caricaturas de sus adversarios.
La conclusión de esta primera experiencia no puede ser evaluada como un gobierno más. Llegó tras décadas en las que todo proyecto popular fue estigmatizado, perseguido o, en el peor de los casos, exterminado. Llegó después de una historia atravesada por la guerra, el miedo, la exclusión, el asesinato de liderazgos sociales y populares, el cierre político y la captura territorial del Estado. Por eso su balance no puede limitarse al cumplimiento de indicadores para definir qué funcionó y qué no. Hay una pregunta anterior: ¿qué significa que, por primera vee, el Estado colombiano haya sido conducido por una fuerza política nacida de las luchas democráticas, sociales y populares?
Ese significado está en disputa. La extrema derecha lo sabe y por lo mismo su tarea no es solo disputar esta elección, sino también lograr que este gobierno sea recordado como anomalía, castigo o accidente. Por eso insisten, una y otra vez, en una narrativa cuyo mensaje para las próximas generaciones sea simple y brutal: la izquierda puede marchar, denunciar, resistir y poner a los muertos, pero no sirve para gobernar.
Disputar ese legado exige partir de los hechos, no como inventario de logros, sino para evidenciar desplazamientos materiales que demuestran que el país sí cambió en asuntos sensibles.
Estos datos no resuelven todo el balance ni anulan las críticas que pueda despertar el gobierno, pero obligan a discutir con seriedad. La tesis de que «nada cambió» es políticamente cómoda, pero materialmente falsa. Lo que ocurrió fue más complejo: el gobierno empezó a mover un Estado construido para ser administrado por los mismos de siempre y frenar la posibilidad de ciertos cambios. La pregunta, entonces, no es si todo salió bien, sino qué se aprendió de esta primera experiencia de gobierno. Hay al menos tres lecciones para la izquierda que quiera volver a gobernar, para gobernar mejor:
1. Gobernar no es ocupar un escritorio neutral. El progresismo llegó a un Estado hecho durante décadas por y para élites acostumbradas a gobernar sin alternancia real. Un Estado atravesado por maquinarias territoriales, redes clientelares, burocracias defensivas, reglas fiscales estrechas, poderes regionales y un ecosistema mediático poco dispuesto a conceder legitimidad ni reconocer resultados a la izquierda. Ese contexto no absuelve errores, pero permite medir con mayor rigor la dimensión de lo ocurrido.
El gobierno no conquistó todo el poder, pero sí movió prioridades. El trabajo volvió al centro. La política social dejó de ser administración de carencias. La educación pública ganó un lugar presupuestal y simbólico. El campo dejó de ser paisaje. La salud territorial comenzó a disputar la idea de que el derecho depende de una autorización administrativa. La Amazonía, la transición energética y la vida se volvieron parte del lenguaje de Estado. En un país acostumbrado a que lo social fuera tratado como residuo fiscal, ese desplazamiento tiene valor histórico.
2. Tener razón histórica no alcanza. El cambio necesita relato, ejecución y sobriedad estratégica. El gobierno muchas veces comunicó tarde, comunicó mal o permitió que sus adversarios narraran primero. Demasiados logros no se volvieron sentido común. Demasiadas discusiones quedaron atrapadas en la coyuntura, en la disputa personal o en la defensa reactiva. Y algunas apuestas simbólicas no lograron traducirse con la eficacia suficiente en resultados cotidianos o terminaron siendo capitalizadas por gobiernos locales ajenos al proyecto nacional. Esta crítica no desdibuja el balance; lo vuelve más creíble. Una segunda etapa del cambio no puede conformarse con tener horizonte: debe demostrar método, eficacia, pedagogía y capacidad de ordenar mayorías. El progresismo debe aprender a gobernar mejor la esperanza.
La restauración conservadora no quiere corregir errores: quiere convertir el cambio en escarmiento. La extrema derecha y las fuerzas asociadas al viejo país de la corrupción, la violencia, el privilegio y la privatización no vienen a disputar el gobierno para hacer un balance equilibrado. Vienen a reconstruir autoridad desde el miedo, a reinstalar privilegios, a castigar la osadía popular de querer ser gobierno y a presentar como sentido común la idea de regresar al país anterior.
La extrema derecha quiere instalar una sentencia histórica: que cuando gobierna la izquierda, el país se desordena; que cuando gobiernan los sectores populares el Estado se degrada y empobrece; que cuando se habla de derechos lo que viene es caos. Buscan fijar una asociación falsa de que la izquierda es la corrupción y la derecha la libertad, pese a la evidencia histórica y material de lo contrario. Esa operación narrativa no busca explicar el gobierno: busca impedir que se repita.
Con todo lo anterior, la crítica desde la izquierda y sectores aliados que se alejaron tiene una responsabilidad mayor. Puede y debe señalar errores, exigir más y mejor ejecución, reclamar coherencia y empujar una segunda generación del cambio. Nadie tiene la obligación de fingir entusiasmo. Nadie está obligado a negar sus críticas. Pero una cosa es criticar para corregir y otra permitir que la frustración sea administrada por quienes nunca aceptaron que la izquierda gobernara. El desencanto puede ser una forma de lucidez, pero también puede convertirse –si pierde el horizonte– en un lujo que pagan los mismos de siempre. La crítica se puede hacer, pero sin morbo ni concesiones a la derecha, sino para que las siguientes etapas sean más sólidas.
El progresismo colombiano necesita pasar del entusiasmo inaugural a un nivel superior de madurez, sin repetir 2022 como nostalgia, sino convertirlo en método. No depender de un solo liderazgo, sino hacer que sus ideas centrales –lucha contra la corrupción, trabajo digno, justicia social, educación pública, reforma agraria, salud territorial, paz, democracia y ser Potencia Mundial de la Vida– puedan continuar en nuevos nombres, nuevas formas de organización y en una mayoría social todavía más amplia.
El primer gobierno de izquierda no necesita ser idealizado, pero tampoco puede dejarse convertir en escarmiento. Su sentido histórico se disputa ahora: en la memoria, en la conversación pública, en el día a día, en la organización territorial y en la forma como las fuerzas democráticas entiendan la elección que viene. El país no está obligado a elegir entre idealización y arrepentimiento. Puede escoger una vía más difícil y fecunda: defender los avances, corregir lo necesario y convertir la primera experiencia de gobierno popular en el inicio de un ciclo de transformaciones profundas, capaz de abrir para Colombia una segunda oportunidad sobre la tierra.
Ahí está la tarea. No se puede volver al punto cero ni permitir que quienes gobernaron durante décadas con exclusión, violencia y privilegio se presenten ahora como árbitros morales del cambio. Pero, sobre todo, no se puede permitir que el cansancio de una primera etapa cierre la ventana histórica que tanto costó abrir.
* Magíster en políticas públicas e ingeniero constructor. Analista y asesor político.
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